El gobierno de Eduardo Rodríguez despliega una intensa campaña en el Congreso, en el seno de los gremios fabriles y sectores de la sociedad civil promoviendo la aceleración de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. En los últimos días, la Cancillería hizo saber que hará todo lo posible para que […]
El gobierno de Eduardo Rodríguez despliega una intensa campaña en el Congreso, en el seno de los gremios fabriles y sectores de la sociedad civil promoviendo la aceleración de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. En los últimos días, la Cancillería hizo saber que hará todo lo posible para que Bolivia sea parte de la negociación «oficialmente» (por ahora es sólo observador), en tanto que el representante del gobierno boliviano en esta materia Julio Alvarado organiza «cursos de capacitación intensiva» para negociadores de propiedad intelectual con financiamiento de la embajada de Estados Unidos.
Paralelamente, las acciones gubernamentales son apoyadas por las grandes empresas exportadoras como Ametex, una de las pocas que se beneficiará con el TLC, para convencer a los trabajadores de las bondades de un acuerdo comercial con Norteamérica, el mercado ‘más grande del mundo’. Ese trabajo de lobby intenso con los gremios comienza a dar algunos frutos, pues la Federación de Fabriles emitió un comunicado llamando a todos sus afiliados a solidarizarse con los trabajadores de empresas exportadoras interesados en los acuerdos comerciales con el extranjero.
La última acción del gobierno de Rodríguez a favor del TLC es la publicación de una cartilla informativa en la que afirma que Bolivia no puede desarrollarse ni crear más empleos porque posee un mercado pequeño. ‘Necesitamos abrir otros mercados para nuestros productos y generar más empleos’, indica la publicación, como si el desarrollo dependiera de los mercados y no de las mejoras que se hagan en el plano de la competitividad industrial.
En el documento en cuestión, el gobierno es enfático al asegurar que el TLC no impedirá a Bolivia tomar decisiones soberanas en todas las materias, ya sea en el Congreso o en la futura Asamblea Constituyente. Pero las autoridades no dicen toda la verdad, tal y como lo demuestra una reciente investigación divulgada en Estados Unidos.
TLC contra la soberanía de los Estados
La ONG estadounidense Public Citizen advirtió a los representantes de Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia que el TLC con Estados Unidos (AFTA, por sus siglas en inglés) extiende los derechos de los inversionistas más allá de los parámetros fijados en el acuerdo comercial de los países del norte (TLCAN), constituyéndose en una clara amenaza para las soberanía y autodeterminación de los estados.
En un documento de 128 páginas denominado ‘Capítulo 11 del TLCAN y los litigios de Inversionistas contra Estados: Lecciones para los Tratados de Libre Comercio en las Américas’, Public Citizen afirma que el AFTA es una extensión controversial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglos en inglés), ya que amplía las posibilidades de los inversionistas de acceder a los tribunales ‘inversionista-Estado’, un fenómeno creciente y preocupante a nivel mundial.
Hasta el momento, los intereses corporativos han presentado 42 casos en el marco del TLCAN. Once de ellos se han conciliado con pérdidas gubernamentales por un total de 35 millones de dólares por concepto de indemnizaciones mientras que otros 28 mil millones de dólares en demandas aún esta pendiente, entre ellos una demanda por 325 millones de dólares presentada por una empresa estadounidense que produce almíbar de maíz rico en fructosa (HFCS por su siglas en inglés), un sucedáneo del azúcar muy temido por los azucareros peruanos por la amenaza que representa para mercado local.
Algunas empresas presentaron demandas contra los países de América Latina bajo reglas similares consignadas en los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). El informe cuenta 37 casos TBI pendiente contra Argentina, la mayoría presentadas por empresas privadas de servicios públicos que reclaman contra las medidas de emergencia gubernamentales (congelación de tarifas, por ejemplo) que el país debió tomar para enfrentar la crisis financiera y social de 2001.
En 2004 la empresa estadounidense Occidental Petroleum aprovechó del TBI con Ecuador para impugnar la cancelación de los reintegros de los impuestos al valor agregado (IVA) que decretó el gobierno. El panel arbitral del TBI determinó que Ecuador debía pagar a Occidental 71 millones de dólares más intereses.
Más privilegios en el TLC Andino
El gobierno boliviano se esmera en acelerar las negociaciones del TLC andino y sus representantes declaran que no firmar el acuerdo sería muy perjudicial para la economía. Sin embargo, se prevé que el TLC Andino, además de poner en peligro la producción agrícola interna y por tanto la soberanía alimentaria, también incluya cláusulas a favor del inversionista que se apliquen con retroactividad.
‘Estas provisiones de protección a inversionistas al estilo NAFTA y CAFTA erosionan el proceso democrático. Mientras el Presidente Bush habla de la nueva doctrina de promover la democracia agresivamente, de hecho sus Tratados de Libre Comercio están exportando los peores valores anti-democráticos al mundo’, reclamó Lori Wallach, directora del Observatorio de Comercio Global, abogada de la Universidad de Harvard y autora del informe de Public Citizen.
Los inversionistas extranjeros se están acostumbrando a usar el el sistema inversionista-Estado para desafiar decisiones legales de tribunales domésticos, políticas ambientales locales y estatales, contratos municipales, políticas de impuestos, regulaciones federales para sustancias controladas, políticas contra juegos, el fracaso presunto del gobierno de proporcionar derechos de agua, hasta la provisión de servicios postales públicos. En la mayoría de los casos el aspirante busca millones de dólares en daños y perjuicios, reclamando que las medidas de regulación y acciones gubernamentales legítimas redujeron sus ganancias.
Entre las controversias entre los Estados y las corporaciones se recuerdan, por ejemplo, el desafío de una empresa estadounidense, Metalclad Insulation Corporation, contra la municipalidad mexicana que le prohibió construir una planta de residuos tóxicos. Metalclad ganó el juicio y obtuvo una indemnización de 15,6 millones de dólares.
Las prohibiciones de manejo de residuos tóxicos han sido desafiadas tres veces. Una empresa norteamericana desafió la legislación canadiense que restringe algunos usos de la pesticida Lidane. Canadá prohibió el aditivo MMT, pero antes de que el caso concluyera el gobierno cambió la política y pagó 13 millones de dólares a una empresa estadounidense como compensación. La prohibición contra el aditivo de la gasolina MTBE también fue desafiado por una empresa canadiense.
Una regulación del estado de California ordena rellenar las minas agotadas con tierra, pero una empresa minera canadiense que quiere establecer una mina gigante de oro en el Valle Imperio, donde existen lugares sagrados para la Nación Indígena Quechan, impugnó la decisión y enjuició al estado. Se trata del primer caso bajo el NAFTA en el que una ley de un estado de Estados Unidos, cuya intención es la protección de los intereses culturales de los pueblos indígenas, ha sido calificada como una ‘violación del NAFTA’.
El United Postal Service (UPS), una corporación multinacional de correo, busca una indemnización de Estados Unidos de 160 millones de dólares porque cree que el gobierno de Canadá, que tiene control sobre el reparto de paquetes, socava sus ganancias posibles en el país.
‘Los representantes de los países andinos que negocian el AFTA tienen que tomar en cuenta que hay un peligro cada vez más grave para los gobiernos democráticos y para la soberanía de naciones. Las políticas locales y estaduales, y aun las decisiones legales de las Cortes, están atacadas por estas protecciones extremas para inversionistas que el TLC Andino implementaría’, advirtió dijo David Edeli, un analista de política para el Observatorio de Comercio Global. ‘Por ejemplo, la extensión de provisiones en el TLC Andino, como en los tratados bilaterales argentinos, podría significar que los gobiernos andinos ya no pueden limitar tasas injustificadas cobradas por empresas privatizadas en los servicios públicos’.
Mientras las provisiones de inversión del Capítulo 10 del CAFTA incluyen algunos cambios pequeños a la protección al inversionista bajo el NAFTA, el texto paralelo del AFTA extenderían el sistema de nuevos privilegios para los inversionistas en América del Sur.
Los privados en América Latina obtendrían el derecho extra de demandar compensación cuando las políticas de protección ambiental y de salud pública reduzcan sus ganancias. A diferencia del NAFTA y el CAFTA, el AFTA o TLC Andino incluye provisiones que permiten a los inversionistas demandar leyes que exigen el respeto a los recursos naturales y al medioambiente.
Según Wallach, ‘en vez de cambiar las absurdas reglas para inversionistas extranjeros del NAFTA, que otorgan derechos mayores a empresas extranjeras que a las empresas nacionales, CAFTA y AFTA extienden el modelo del NAFTA para la inversión, un modelo que ya consideramos una amenaza grave para las leyes más básicas de la salud y la seguridad del medio ambiente, y aun para la soberanía de nuestros gobiernos. No solamente resultaría en nuevos ataques contra las leyes de los Estados Unidos, ahora empresas grandes de los Estados Unidos van a tener otro método para someter a los países de América Central y América del Sur. Dado que sabemos que estos ataques son graves, es horrible pensar en los efectos que solamente uno o dos casos podrían tener en los Presupuestos Generales del Estado de los países andinos’.