El ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero necesita poner en marcha toda la maquinaria jurídica para culminar su intención de cerrar páginas web de descargas. Y para ello llevará a cabo reformas en varias leyes con el objetivo de equiparar la propiedad intelectual con un derecho fundamental. Pese a que la ministra de Cultura había […]
El ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero necesita poner en marcha toda la maquinaria jurídica para culminar su intención de cerrar páginas web de descargas. Y para ello llevará a cabo reformas en varias leyes con el objetivo de equiparar la propiedad intelectual con un derecho fundamental. Pese a que la ministra de Cultura había anunciado una solución que «contentaría a todas las partes», los expertos ya han expresado las primeras críticas y apuntan a que se ha creado una vía privilegiada para defender los intereses particulares de la industria de contenidos.
En primer lugar, según ha explicado el ministro de Justicia Francisco Caamaño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los cambios se aprobarán en un proyecto de ley complementario a la Ley de Economía Sostenible. Para conseguir que sea la Audiencia Nacional la que entienda de este asunto habrá que modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que requerirá mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y obligará al Gobierno a tirar de aritmética parlamentaria.
Por otro lado, para que el procedimiento pueda ir por la vía contencioso-administrativa, como pretende el Gobierno, habrá que modificar la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En palabras de Caamaño, se creará «un nuevo Artículo 122 en la Ley», que regule el procedimiento de protección de los Derechos Fundamentales de los españoles.
A ello hay que sumar la modificación de la ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de la Ley de Propiedad Intelectual anunciados en el primer avance de la Ley de Economía Sostenible en diciembre.
Una vía «privilegiada«
Para Javier de la Cueva, abogado experto en propiedad intelectual y nuevas tecnologías, estas reformas aprobadas por el gobierno suponen «una discriminación con el resto de los sectores económicos y productivos». Si se protegen los derechos de los autores, argumenta, «¿por qué no los derechos de las tintorerías, y por qué no de los garajes?»
A falta de conocer los detalles del texto, De la Cueva cree que el gobierno está «alterando la jerarquía de valores más elemental» al equiparar la propiedad intelectual con los derechos fundamentales. «No es un derecho fundamental», asegura, «y que un ministro de Justicia cometa una torpeza así, da una idea de en manos de qué tipo de legislador estamos».
«Esta equiparación», afirma De la Cueva, «es lo que propugnan desde siempre todos los sistemas oligopolios, y es un sistema de pensamiento muy antiguo: es el mismo que tenían los esclavistas en el siglo XIX, que ponían el derecho a la propiedad por encima de la libertad».
En su opinión, «el PSOE está repitiendo el espíritu de la ley Corcuera: para cuando ya se pueda impugnar esto, pasarán cuatro años». Para él, las reformas «responden a un plan preconcebido que es el de la industria del entretenimiento» y es un ejemplo más de cómo «la propiedad intelectual está fagocitando todas las estructuras económicas, y todos los derechos que puede».
Para el abogado experto en Derecho Público José Ramón Chaves, todos estos cambios tienen como objetivo mantener una «vía privilegiada para los titulares de propiedad intelectual» que «contarán con el brazo protector del Ministerio de Cultura para defender sus derechos». En su opinión, expresada en su blog, «los autores cuentan con una prerrogativa de tinte feudal, ya que la Corona (esto es, el Ministerio de Cultura) correrá en su auxilio y hará el trabajo sucio de cerrar las webs molestas o sospechosas».
Para otros expertos, como Carlos S. Almeida, el gobierno podría estar vulnerando con estas reformas el derecho constitucional a la libertad de expresión, recogida en el artículo 20, que no permite ningún tipo de censura previa y no contempla ningún supuesto de vulneración de la propiedad intelectual.
Por otro lado, explica Almeida en elmundo.es, «la propiedad intelectual no es una materia de la que deba conocer la jurisdicción contencioso-administrativa» y el Artículo 122 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa es «un procedimiento dirigido a proteger derechos fundamentales como el de reunión o manifestación». La modificación de esta ley sería otro intento por parte del ejecutivo de hacer de la propiedad intelectual un derecho fundamental lo que, en su opinión, «un insulto a la inteligencia«.