La Demarcación de los territorios Barí termina para el gobierno revolucionario en Caracas el martes 19 de septiembre de 2006, en la sala de reuniones del Ministerio del Ambiente. Esta demarcación sirvió para darle el espaldarazo jurídico final al proceso de despojo de los territorios indígenas. Un ecocidio y etnocidio contemporáneo iniciado por las petroleras […]
La Demarcación de los territorios Barí termina para el gobierno revolucionario en Caracas el martes 19 de septiembre de 2006, en la sala de reuniones del Ministerio del Ambiente. Esta demarcación sirvió para darle el espaldarazo jurídico final al proceso de despojo de los territorios indígenas. Un ecocidio y etnocidio contemporáneo iniciado por las petroleras y hacendados en el siglo pasado.
Despojo a sangre y fuego a favor de los hacendados que el etnógrafo francés Robert Jaulin en 1962 denominó La Paz Blanca, y que luego Salvador de la Plaza, ese mismo año, en una conferencia dictada en la Universidad Central de Venezuela denunció al Estado como cómplice de estos atropellos y asesinatos, y así se recoge en su libro El Problema de la Tierra:
Los incalificables sucesos ocurridos últimamente en la región de Perijá, en los que aparecen decenas de indígenas atropellados y asesinados para despojarlos de sus tierras, son una evidencia más de cómo la Ley de Reforma Agraria han sido incumplidas por los organismos y autoridades expresamente encargadas de realizar y de hacerla cumplir. Las tierras, bosques y aguas donde habitualmente moran los indígenas no son tierras baldías; sobre ellas les garantiza la Ley de Reforma Agraria el derecho de disfrutarlas. Las cercas de alambre de púas ya no pueden avanzar impunemente arrollando en su carrera los cuerpos de los indefensos descendientes de quienes, los primeros, sufrieron los zarpazos del sistema latifundista que la Ley de Reforma Agraria condena y por propósito tiene sustituirlo definitivamente en nuestro país (80:39-40).
1.- Las Donaciones
Hoy, en esta revolución el hacendado ha pasado de verdugo a salvador. Es el hacendado ahora, quien aparece donando porciones de sus extensas tierras bañadas de sangre inocente a algunas comunidades Barí encerradas entre los alambre de púas y portones con candados, en minúsculos espacios entre uno que otro verde potrero. No es el Estado quien expropiará por justicia social o por deuda histórica, o adquiere las bienhechurías de estos fundos para devolverle al pueblo Barí por lo menos una parte de sus territorios arrebatados a sangre y fuego por estos hacendados.
Quienes asesinaron a los indígenas Barí para arrebatarles todas sus tierras planas, hoy aparecen en el Informe Jurídico de la Comisión Regional de Demarcación del Estado Zulia del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN) de septiembre de 2006, como los dadores de tierras a los indígenas, de tal manera que a la comunidad Kogdakinkae un hacendado vecino le regaló 14 hectáreas de terreno, otro hacendado hizo una propuesta de donación de 10 hectáreas y un tercero de 10 hectáreas más a futuro también.
No queda claro en el informe si las 14 hectáreas que donó el buen hacendado es el espacio en donde la comunidad ya tenía asentados los destartalados ranchos de zinc que ante la carencia de palma y maderos sustituyeron sus chozas. Un minúsculo espacio resultante del despojo y la matanza de los indígenas Barí del río Kokoma (Santa Rosa) y contra la que el aguerrido Abokindou, padre de Daniel Arurí, se enfrentaba mientras la avanzada ganadera conocida como «correría de indios» a mediados de 1960 les asechaba. Hoy estas 14 hectáreas aparecen como «nuevas tierras» donadas por la gentil convivencia con el ganadero, porque en las coordenadas definitivas que encierran dicha comunidad realizada por la Comisión Técnica de MARN, que coordinó el licenciado Yul Lobo, la poligonal trazada sólo señala 14,20 hectáreas de superficie donde vivirán para siempre los moradores de esta comunidad. Por otra parte, según cuentan los indígenas, pareciera que las otras 20 hectáreas a ser donadas está en veremos.
Esta misma suerte también estuvo presente en las comunidades Buhaasagdari y Bolibom. A Buhaasagdari mediante conversaciones con uno de los hacendados vecinos se le restituyó 14,5 hectáreas a través de otra donación que los obliga a mantener acuerdos de convivencia, es decir los Barí de esta comunidad a partir de ahora no pueden seguir aspirando, ni reclamando las tierras que a través de la violencia les despojaron los hacendados.
A la comunidad Bolibom, también por acuerdos pactados de esta Comisión Técnica con dos hacendados vecinos les donaron en realidad 30 hectáreas y no 60 como se afirma en el expediente. Lo que no dice el informe jurídico es que ya esta comunidad poseía legalmente 64,25 hectáreas a través de un Título de Propiedad Colectiva otorgado por el Instituto Agrario Nacional (IAN) el 12 de agosto de 1987, después que un grupo de profesores de la Universidad del Zulia, de donde nació posteriormente la ONG Sociedad Homo et Natura, acompañó a los moradores de esta comunidad a recuperar este pedazo de tierra que para aquel entonces el hacendado vecino pretendía también deforestar, tirando sus viviendas y conucos al río Aricuaizá.
Los profesores Enrique Arenas y José Quintero Weir recogieron el dinero y las firmas de varios profesores de la Universidad del Zulia, entre ellas la de la Vice Rectora Académica, Imelda Rincón de Maldonado, para a través de un Remitido Público pagado en el diario Panorama de fecha 12 de diciembre de 1986 hacerle un llamado al Presidente de la República, en ese entonces, Dr. Jaime Lusinchi, y al Directorio del IAN para que de inmediato ordenaran la detención de este atropello y se entregara a la comunidad indígena ese pedazo de tierra, tal como en efecto ocurrió.
Otros de los pedazos de tierras a ser otorgados por el Presidente Chávez o por algunos de sus subalternos este 12 de Octubre, serán: 18,99 hectáreas para la comunidad Addoughbarí, y 48,77 hectáreas a la comunidad Dudukdarí, pero que en realidad son 76 hectáreas otorgadas por el IAN a través de un título Colectivo Gratuito el 28 septiembre de 1994 en el asentamiento campesino Sector Río Santa Rosa, es decir, que los Barí perdieron 27,23 hectáreas, y 130,43 hectáreas a la comunidad Senkae. Todos estos pueblos indígenas desde hace mucho tiempo viven en estos mismos reducidos espacios producto del despojo y el asesinato a manos de ganaderos.
Es necesario aclarar que la comunidad Senkae posee 120 hectáreas desde el 20 octubre de 1973 en tres parcelas de 40 hectáreas cada una ubicadas en el Asentamiento Campesino Río Negro otorgadas a través de Prendas Agrarias por el extinto Instituto Agrario Nacional cuando los tiempos de la dirigente agraria Adela Vílchez. Nadie sabe en dicha comunidad de dónde salieron las otras 10,43 hectáreas restantes que refleja el informe técnico, pues no existen ya que sólo fueron medidas las parcelas recuperadas por Adela Vílchez.
Otro de los despojos oficiales realizados por la comisión se realizó en la comunidad Asogbahkaek, donde la poligonal trazada por la comisión señala que poseen 211,83 hectáreas. Los Barí perdieron 53,83 hectáreas con esta demarcación ya que el IAN legalmente les entregó 264 hectáreas el 30 de noviembre de 1994, después que acompañamos a los indígenas en una lucha por recuperar parte del bosque que el hacendado García Núñez había anexado como parte de la superficie de su hacienda Caño Negro.
Como los Barí no tenían alambre de púas para cercar las tierras recuperadas, en un descuido de los indígenas el hacendado desforestó posteriormente un pedazo de las tierras demarcadas por el IAN y sembró pasto, los señores de esta comisión de demarcación se negaron a medir esas 53,83 hectáreas que el hacendado les robó en el año 1995.
A la comunidad Cañaguato o Campo Rosario no se le incluyó las 2.000 hectáreas otorgadas por el IAN a través de Títulos Provisional Colectivo Gratuito el 9 de noviembre de 1988, logradas después de realizada movilizaciones conjuntas para detener la invasión de ganaderos pudientes a estos espacios colindantes con la Ciénega Juan Manuel de Aguas Negras y Aguas Blancas entre febrero y abril de 1988 (Panorama, lunes 29/02/88:4-2 y 14/03/88).
El sustento teórico metodológico de la participación de profesores y estudiantes de la Universidad del Zulia y posteriormente de los grupos sociales en esta lucha solidaria con los pueblos Barí y Yukpa esta esbozado en un trabajo de ascenso de los profesores Haydée Álvarez, Cirilo Caraballo y Lusbi Potillo de nominado Investigación-Acción en las Labores de Extensión en la Sierra de Perijá. Justificación de una Metodología. Facultad Experimental de Ciencias. LUZ. Diciembre de 1994.
El caso más patético presentado en este Informe Jurídico, firmado por los abogados Maycolt Briñez, Carlos Trejo y Thayrí Acevedo, está en la comunidad Kumanda que fue dejada por fuera de la demarcación por oponerse a ser cercados como animales en tres potreros que el hacendado Gutiérrez había donado a la Comisión Técnica.
Este proceso de demarcación al margen de las leyes fue apresurado porque pretende o se pretendía trasladar al Presidente Chávez el 12 de Octubre a un acto electoral por los 10 millones de votos en la comunidad Saimadoyi. Acto que fue suspendido dado los contratiempos establecidos a raíz de la oposición que los líderes de la comunidad Kumanda hicieran a partir del 22 de agosto de 2006. Su movilización realizada entusiasmó a otras comunidades a rechazar dicha demarcación.
El domingo 17 de agosto en la sede da la ASOCBARIVEN todos los líderes de las comunidades manifiestan a través de una carta escrita la aceptación de la demarcación siempre y cuando se midan y se adquieran las bienhechurías de las haciendas y parcelas incluidas en la auto demarcación, y se deroguen por parte del Presidente Chávez las concesiones de carbón en la Sierra de Perijá, Cinco indígenas Barí son asignados únicamente para llevar a la Comisión Nacional dicha carta.
El martes 19 del mismo mes, la comisión enviada conformada por el Presidente de organización ASOCBARIVEN y algunos otros de sus operadores termina por aceptar a espaldas del pueblo Barí los términos expuestos por la Comisión Nacional de Demarcación en Caracas, y el 29, también de ese mes, en una asamblea Barí realizada en el marco de las fiestas patronales de San Miguel de Saimadoyi, informan estos señores que se realizará una nueva demarcación futura donde se incluirán las haciendas y se derogarán las concesiones de carbón. Pero en realidad la Minuta levantada en el Ministerio del Ambiente ese martes 19 de agosto expresaba todo lo contrario, en dos oportunidades el señor Sergio Rodríguez afirma que el Estado venezolano no se comprometía con entregar tierras a los indígenas sin terceros, es decir que no se adquiriría las bienhechurías de las haciendas solicitadas por los Barí; la primera posición del ingeniero Rodríguez se expresa inmediatamente después de referirse a la posición expresada por el pueblo Barí en la carta del 17/08/06, firmada por 150 dirigentes, y la segunda cuando en el transcurso del desarrollo de la Minuta se expresa la posición de los Barí presentes de que se midiera las haciendas. En esta última negativa se abre la posibilidad de que el Gobierno, podría adquirir alguna hacienda, sólo si en verdad corriera un real peligro la vida de la comunidad.
Esta última afirmación no es más que un acto de demagogia, por no estar presente en ningunos de los articulados de las leyes relacionadas con esta problemática en discusión, de lo contrario ya esta comisión o el Instituto Nacional de Tierra (INTI) hubiesen adquiridos las haciendas Paja Chiquita, Ceilán, Tizina, Medellín, Brasil, Kusare y Puerto Alegre para ser otorgadas a las comunidades Yukpa acosadas por los ganaderos de la cuenca del río Yaza a través del sicariato, casos este denunciado por la Sociedad Homo et Natura en las paginas web de aporrea.org, soberania.org, en el semanario Qué Pasa, diario Panorama y La Verdad y presentado además a la Comisión Nacional de Demarcación de Tierra en compañía del dirigente Yukpa Alirio Núñez, así como a la Dirección del INTI, Defensoría del Pueblo, Fiscalía de Machiques y Maracaibo y en una Sala Situacional de Miraflores, hasta el Diputado Arcadio Montiel tiene una copia del avalúo de la hacienda Paja Chiquita para ver si con sus buenos oficios logra convencer al INTI de comprar las bienhechurías al su presunto propietario Otto Chacín.
En una parte de la minuta el mismo señor Rodríguez manifiesta su desacuerdo con la demarcación realizada por la comisión regional Zulia, así mismo la representante del Ministerio de Educación, Antropóloga Gabriela Croes, Directora Nacional de Asuntos Indígenas, por ser esta una demarcación fraccionada que atenta con la cultura y el desarrollo vital del pueblo Barí, pero manifiesta firmar el acta ya que los representantes indígenas presente así lo habían aceptado.
Ante esta demarcación impuesta, no resuelve los problemas existentes, por el contrario, los agudiza. Los Barí de la comunidad de Bakugbarí han comenzado de nuevo a guerrear con los hacendados contiguos ocupando parte de la hacienda los Bohíos, porque ningún pueblo puede renunciar a la esperanza y menos a sus luchas libertarias, y se preparan después del acto político electoral del 12 de Octubre a demandar al Gobierno revolucionario por haber violado las leyes internas y los protocolos internacionales firmados por el propio Estado venezolano y que determinan que el derecho a la tierra, para los indígenas, está consustanciado con el derecho a la vida.
2.- Los hacendados ahora dadores de legalidad y del bienestar Barí
Para estos tres abogados contratados por el MARN no sólo los hacendados son ahora los dadores de tierras a los indígenas, sino los que a través de su majestad inducida por la mayéutica desarrollada por los miembros de la Comisión Técnica, otorgan la legalidad en estos momentos de revolución a los indígenas sobres las tierras que el Instituto Agrario Nacional les había entregados en tiempos de la denominada cuarta república.
Es ahora cuando los hacendados reconocen los títulos que el Estado entregó a los Barí y su libre tránsito:
«(…) 1. el cese del conflicto existente entre la hacienda Puerto Alegre y la comunidad Boriboum, mediante el cual dicha hacienda reconoce los derechos de posesión, dominio y propiedad de las bienhechurías que la comunidad detenta sobre un lote de terreno de sesenta y cuatro (64) hectáreas ubicadas dentro de una mayor extensión que forma parte de la hacienda antes mencionada y el cual está amparado por título provisional colectivo gratuito de fecha 12/08/1987 (…) 4. los miembros de la comunidad Boriboum podrán transitar libremente dentro de las áreas de las fincas antes mencionadas para con ellos mantener sus actividades ancestrales de caza, pesca y siembra».
También los hacendados asumen ayudar a los Barí y se resalta la armonía existente entre indígenas y hacendados, caso Kogdakinkaek:
«Esta comunidad como establecimos, tenía planteamientos muy específicos sobre todo, en continuar con el perfecto estado de armonía y convivencia que a través de los años han mantenido con los terceros que ocupan los espacios (…) 4. limpieza de la zona enmontada para que la comunidad pueda realizar sus cultivos. 5. contribución económica para lograr la acometida eléctrica para esta comunidad».
Lo que este informe oculta es el antecedente histórico que hoy determina esta supuesta paz contemporánea. Fue este grupo comandado por Abokindou los que sufrieron la mayor perdida del territorio ancestral, por ser límite con las tierras recién deforestadas por la avanzada de ganaderos y parceleros provenientes de Machiques, San José, Las Piedras, Calle Larga, La Villa del Rosario, la Cañada de Urdaneta y Maracaibo. Fueron los Barí de la cuenca del río Santa Rosa a los que les tocó enfrentarse primero a los hacendados que ya habían ocupado todas las tierras planas de los Yukpa vecinos de Machiques. Fueron diezmados y arrinconados a la parte alta de la Sierra de Perijá, algunos viven hoy en la comunidad Bachichidda, en Senkae o en Cujicito en la ciudad de Maracaibo, allí murió guerreando el hijo de Abokindou Abayayashimba, hermano de Daniel Arurí quien vive hoy en Karañakaek.
Hace algunos años, durante el gobierno regional de Arias Cárdenas casi todos los meses moría un niño de Kogdakinkaek, no tenían tierras donde sembrar, se alimentaban de la comida que el dueño de la hacienda Monte Rey, uno de los hombres más rico e influyente de Machiques, les entregaba (quien hoy bondadosamente dona 14 hectárea y quizás pagará el transformador para que en pleno siglo XXI al fin les llegue la luz eléctrica, que desde hace años alumbra los corrales de sus vacas), pues todos los hombres y niños trabajaban como jornaleros su hacienda. Muchas veces los más viejos no aguantaban el hambre y las enfermedades y los conseguían en los caminos de arena desmallados cuando regresaban exhaustos por las tarde a sus destartalados ranchos de zinc.
Derrotados y humillados, la soledad de vivir en lejanos territorios fraccionados, obligan a los abogados, sociólogos y antropólogos de la Comisión Técnica a considerar a Kogdakinkaek como la comunidad modelo de convivencia con terceros a partir de los títulos a entregar este 12 de Octubre por el Presidente Chávez. Crasa ignorancia.
Al fin de este capítulo contemporáneo de la lucha del pueblo Barí las comunidades quedaron encerradas en pequeñas islas rodeadas de haciendas por todas partes, fragmentado su territorio y dividido por la carretera Machiques Colón, y condenados a desaparecer por la dinámica económica capitalista impuesta por la productividad exigida por el Estado revolucionario, ya sea por los proyectos intensivos agropecuarios o por la minería del carbón que conlleva la infraestructura de la IIRSA, a este pueblo Amerindio no le queda sino la dinámica que hoy se sigue expresando en los líderes de las comunidades Kumanda y Bakugbarí.
Tenía razón Víctor Toledo Llancaqueo cuando en el año 2004 afirmaba que las demarcaciones de tierras indígenas han fracasado en América, pues no se puede resolver el reconocimiento a la propiedad colectiva de los territorios, tierras o hábitat indígenas por la vía de la propiedad contemplada en el derecho civil de los estados nacionales:
Sin embargo, los balances que hacen sus protagonistas indican que, en la práctica, la mayoría de los programas de demarcación territorial con financiamiento de la banca multilateral, terminaron siendo programas de titulación en pos de la seguridad jurídica de la propiedad no indígena y estatal, arreduccionando y constriñendo las territorialidades indígenas, y asimilándolas a los esquemas del derecho civil. (…) Pero la institución de la propiedad del derecho civil, clave de la doctrina liberal, muchas veces termina imponiendo su lógica sobre la realidad territorial indígena, introduciendo distorsiones, disfuncionalidades, e incluso catalizando etnocidios. El debate acerca de los derechos indígenas a la tierra como derechos sui generis no ha avanzado lo suficiente en la dogmática jurídica latinoamericana («Políticas Indígenas y Derechos Territoriales en América Latina. 1990-2004 ¿Las fronteras indígenas en la globalización?» Seminario Quito 26-28 julio 2004 CLACSO. Julio 2004: 26-28).
3.- Al Derecho y Al Revés del Informe Socioantropológico de la Comisión Técnica
Este es otro volumen de los tres tomos sobre los cuales se basó las comisiones regional, técnica regional y nacional de demarcación para sustentar lo que hoy se conoce como los Títulos Chimbos.
En líneas generales el documento en cuestión sirvió para no ser tomado en cuenta por los operadores de las comisiones Regional, ni Nacional, en especial por la Viceministra Nora Delgado, quien suponemos cumplía ordenes superiores de negar a cualquier costo la adquisición de las bienhechurías de las haciendas auto demarcadas por los indígenas y la derogación de las concesiones de carbón en el piedemonte de la Sierra de Perijá, y, por otra parte, para expresar por un lado algunas incoherencias conceptuales antropológicas y ya otras relacionadas con la vida y el devenir la propia etnia Barí. Estas últimas consideraciones serán expuestas en un próximo documento más detallado.
En la introductoria y en casi todas las partes del contenido, el documento expresa de varias manera la lucha histórica del pueblo Barí para detener el empuje terrófago de los hacendados y planes energéticos del Estado venezolano y transnacionales petroleras y mineras de dejarlos sin tierra alguna: «La historia Barí he estado condicionada por una persistente resistencia ante la cultura y los ímpetus de apropiación territorial de los labaddó o blancos, desde tiempos de la conquista hasta los días en que se escribe este informe» (06:6). Y para dejar constancia de esta realidad histórica anexa casi 100 páginas de los trabajos que Roberto Lizarralde y Stephen Beckerman han escrito para dar cuenta desde la antropología contemporánea del sangriento despojo del territorio Barí.
Esta realidad histórica y discursiva son elevadas a su nivel superlativo, que induce a los realizadores del informe, sociólogos Lismeiry Ávila, Patricia Carrillo y Yainet Medina y a los antropólogos Mauro Carrero, Daniel Castro y Guillermo Galindo, a soportar la teoría de la identidad, en este caso del pueblo Barí en su territorio y en su defensa ancestral «los Barí obtienen su identidad de la gran fuente de sus ecosistema material y de los modos ancestrales de apropiarse de él. Disociar el entorno con la cultura Barí produciría un daño irrecuperable a la cultura» (2006:10).
Los denominados mapas mentales cognitivos, ya en la parte metodológica, fueron utilizados por los sociólogos y antropólogos, siguiendo lineamientos legales de Estado, para determinar desde la memoria colectiva de los más viejos cual es en verdad el territorio ancestral del pueblo Barí.
Poro último, definen la territorialidad como elemento definidor de la etnicidad, además de lengua y el parentesco («etnicidad relacionada») suman a esta etnicidad la «etnicidad asociada»: «las relaciones entre la cultura y el espacio, como por ejemplo la relación entre espacio y familia, entre espacio, familia y poder político, ecosistema y modos de apropiación, ecosistema y modos de convivencia…» (06:13)
Pero ningunas de estas razones sirvieron para doblegar la posición pre establecida de la política de Estado que el Gobierno revolucionario tiene de no adquirir bienhechuría de hacienda alguna, por esta razón las incansables argumentaciones de los operadores del Ministerio del Ambiente el martes 19 de septiembre de no adquirir compromiso al respecto en nombre del Estado, ya que no se puede entregar títulos de propiedad colectiva a los Barí, posteriormente a los Yukpa y Wayúu, sin la presencia de terceros; esta es la posición que desde la entrega de los primeros títulos el 9 de agosto del año pasado públicamente señalan la Procuradora Nacional de la República, Marisol Plaza (ABN 12/08/2005 http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=15401&lee=9) y la Ministra del Ambiente Jacqueline Faría (El Mundo, Caracas 24 de octubre de 2005:10). De esta manera los técnicos, sociólogos y antropólogos fueron obligados por sus superiores a pedir tierras o potreros a los ganaderos verdugos.
Lo más curioso de todo el documento socioantropológico está en su introducción, pues antes de argumentar la importancia de la tierra para el desarrollo de la vida del pueblo Barí, da por sentado que estos no tendrán tales tierras, al afirmar que la «demarcación que se efectúa sobre sus territorios tiene» la importancia de «preparar a los Barí para una nueva época en la que deberán» «resolver directamente sus problemas con terceros«, esto se puede interpretar como el Estado venezolano no adquirirá las bienhechurías de las haciendas auto demarcadas, tal como en efecto Secretario General de la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras Indígenas, Sergio Rodríguez, dejo muy claro en la Minuta levantada en la reunión de la Comisión Nacional con los Barí el martes 19 de septiembre.
Pero lo más patético se expresa cuado afirma que la otra importancia fundamental de la «demarcación que se efectúa sobre sus territorios» está en que «abre caminos para resolver aquellos conflictos que han inquietado regularmente a los Barí en los últimos 200 años» y que «La Constitución Bolivariana está impulsando hoy, sin duda, las condiciones para la aparición de una nación Barí próspera e independiente» (06:6).Esta posición del Gobierno revolucionario de incluir en los territorios indígenas a los hacendados y a los mineros, y exigirle por tanto a los dirigentes indígenas la convivencia pacífica, es una ruptura con todas las luchas que indígenas y campesinos han desarrollado a lo largo de la historia de América Latina, y que de alguna manera recogía en Venezuela, siguiendo los lineamientos ideológicos dejado por la Revolución Mexicana la Ley de Reforma Agraria. Esta postura de la revolución bonita es mas bien la que adecos y copeyanos asumieron en la práctica para traicionar la Ley de Reforma Agraria, cuyo sujeto a defender era el campesino, en contraposición con la Ley de Tierra que defiende la productividad, que en última instancia no es otra cosa que la inversión capitalista en el campo, los monocultivos globalizados. Y el indio no entra en este circuito del mercado mundial, por esta razón la demarcación del hábitat y tierras indígenas ha servido para sanear el campo, dejar los grandes espacios de tierras para la minería, el gas y el petróleo, y la inversión de capitales agropecuarios; al indígena se le dejó los minúsculos espacios para su economía de subsistencia. Todo fue una farsa.Basar la teoría de la identidad y de etnicidad sólo en criterios de la territorialidad no es tan cierto que «no permite discusiones entre escuelas ni dan derecho a dudas» (06: 13), también es necesario revisar: 1.- Que tan cierto es que al morir los Barí eran «enterrados en sus sitios de habitación motivo por el cual la familia deja el bohío para desplazarse a otra zona para construir nuevamente la fundación de la comunidad» (06:19); 2.- El mapa que colocan en la página 20, donde aparece todo el estado Zulia y parte del noroeste de Colombia sombreado como «Posible ocupación ancestral Barí»; quizás por esta razón uno de los operadores del ministerio, Francisco Cedeño, el martes 19 de septiembre argumentaba, cuando los indígenas y algún funcionario de otro organismo solicitaban mayor espacio para el territorio Barí, si es que estaban exigiendo todo el estado Zulia. Esta revisión también es válida para determinar si «Pemenos», «Motilones» y «Barí» son los mismos, y si los Barí vivieron en el sitio arqueológico denominado Onia (06:20); 3.- Si la comunidad Boshí data desde 1700, si su lindero Norte «linda con la comunidad Saimadoyi, y si en verdad no solicitó ninguna hacienda» (06:32-33): 4.- Si Sabaseba habita la Sierra de Perijá al igual que «los Ishikbarí, Taibabioyis, Waibas» (06:32); 5.- Si es verdad que la mujer es la que determina la localidad del grupo familiar, pues hay muchos casos, además del de Cruz Marina, donde la mujer vive en la casa o en la comunidad del hombre, y que no es sólo «por razones de su trabajo» (06:53); 6.- Si Daniel Arurí es un «Chamán», pues lo Barí no tienen Chamanes, ni Daniel Arurí nació o «proviene de la comunidad Aruutatakae (La Campiña)», ni mucho menos «Karañakae significa Árbol Fuerte» (06:78), y el dibujo realizado en la pared de la escuela de la comunidad Karañakaek que aparece en la página 79 es tomado de un dibujo de Benito Askerayá y muestra un árbol de la mitología Barí en donde en el interior del centro del tronco no hay otra cosa que agua de donde salieron los ríos, si el árbol es grande, o los caños o arroyos si son más pequeños y 7.- Por esta razón, la espiritualidad o la cultura toda no se puede explicar a partir del territorio o «sus ecosistemas materiales», por esta razón no es del todo cierto que hay consenso entre los antropólogos, pareciera que se tratase de una opinión personal, así como de que todos los escritos sobre los Barí provienen de utilizar «herramientas teóricas marxistas» (06:17). Quedan algunas otras cosas no del todo compartidas que en algún otro escrito haremos referencia.
En fin este informe gubernamental, quizás sólo sirvió para señalar el camino de como palear la situación de la tenencia de la tierra en cada comunidad expresada en el Informe Técnico.
Sociedad Homo et Natura