Hace unos meses el gobierno decía que la crisis económica no afectaría a España. Más tarde admitió que sí y la semana pasada hizo público un drástico plan para reducir el déficit público, al cual le ha puesto cifras: unos 15.000 millones de euros en los próximos dos años, 5.000 en 2010 y 10.000 en […]
Hace unos meses el gobierno decía que la crisis económica no afectaría a España. Más tarde admitió que sí y la semana pasada hizo público un drástico plan para reducir el déficit público, al cual le ha puesto cifras: unos 15.000 millones de euros en los próximos dos años, 5.000 en 2010 y 10.000 en 2011. Días después ha anunciado también la reforma del mercado laboral para finales de este mismo mes de mayo.
De momento persisten dudas que aún han de ser aclaradas por parte del gobierno, con algunos ministros que en ocasiones se contradicen entre sí y con el presidente Zapatero que ha dado marcha atrás velozmente -el lunes 17 de mayo- en lo concerniente a la congelación de las pensiones.
Mientras aumenta la incertidumbre y el enfado entre la gente corriente, los medios de comunicación se encargan de repetir una y otra vez que el plan es necesario y que cuenta con el apoyo de los mercados, de las instituciones políticas y económicas de la Unión Europea y del gran empresariado en el ámbito nacional.
Parece que nadie piensa en anteponer el fuerte rechazo del pueblo a los recortes económicos, especialmente en el gasto social, a los intereses del capital y las expectativas de los líderes políticos de otros países y el Fondo Monetario Internacional.
El gobierno, secundado por los empresarios y los medios de comunicación, insiste sin descanso en que es preciso arrimar el hombro entre todos y hacer sacrificios. Al mismo tiempo se da a conocer que los beneficios de la banca y las grandes empresas, así como la fortuna de los más ricos, siguen aumentando. Se sabe además que crece la desigualdad entre éstos y el resto de la población, la cual alcanza una magnitud nunca antes vista.
Lo que cabe esperar con el plan de Zapatero
Es claro que las medidas supuestamente orientadas a resolver la crisis van a perjudicar aún más a la mayoría de la población, en gran parte ya castigada en los últimos tiempos, lo que ha expuesto de forma meridiana el economista Vicenç Navarro (http://www.vnavarro.org).
A los problemas y la angustia de los más de cuatro millones de desempleados, se va a añadir el descenso de los ingresos y del nivel de vida de los que tienen trabajo, la pérdida de prestaciones sociales, el empobrecimiento y la incertidumbre vital para todos los demás.
Aunque es lo menos importante, resulta cada vez más probable que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) saldrá del gobierno en las próximas elecciones generales. Por otro lado, es desde luego lamentable que el Partido Popular (PP) reciba en forma de votos el castigo que los votantes infligirán al PSOE, especialmente porque su política es aún peor que la del PSOE, porque se taparán sus casos de corrupción ahora más o menos visibles y porque la clase trabajadora recibirá más de lo mismo.
Puede que Zapatero pase a la historia como el líder socialista que traicionó al socialismo y a los intereses de la clase trabajadora, a la vez que como el defensor del capital y el aliado de los grandes empresarios en tiempos de crisis. Esto apenas tiene remedio, pero sí lo tiene que Rajoy se aproveche del desastre y encima siga por el mismo camino, el del afianzamiento del neoliberalismo, con lo que España se convertiría además en un pésimo ejemplo para otros países.
Gastos primordiales para la población
Es preciso en primer lugar desenmascarar el plan del gobierno y a continuación presentar a la sociedad una propuesta política radicalmente diferente a la de PSOE y el PP. Lo primero es mucho más fácil, aunque está el problema de alcanzar a muchos. No por ello hay que dejar de intentarlo.
Los presupuestos para el Estado español en el año 2010, aprobados por el Congreso de los Diputados, incluyen 7.694,86 millones de euros que corresponden al Ministerio de Defensa.
Esta cifra no es ni mucho menos el total de los gastos militares en los que incurre el Estado, ya que «el gasto militar real incluye no solamente el presupuesto del Ministerio de Defensa, sino también todas aquellas partidas militares que se encuentran repartidas por otros ministerios y que son inequívocamente militares.»
Conviene saber que esta ampliación a otros ministerios se ajusta a los criterios aceptados en la investigación sobre este asunto en todo el mundo, por lo que hay que incluir: «gasto de las fuerzas armadas, gasto del personal civil o militar con cargo al Ministerio de Defensa, gasto de funcionamiento de los programas militares, gasto en I+D e inversiones en armas, infraestructuras e instalaciones militares, pensiones y seguridad social del personal del Ministerio de Defensa, la ayuda militar y la participación en organismos o misiones militares al exterior». (http://www.centredelas.org/
El total de los gastos militares españoles, por tanto, asciende a 18.160,89 millones de euros, a pesar de que el PSOE declara, entre otros, los principios de «solidaridad, justicia social, paz y alianza de civilizaciones». (http://www.psoe.es)
Su política militar es secundada por el PP, que el pasado domingo 16 se rebautizaba ante la sociedad española, por boca de su líder Cospedal:
«Que no nos vengan hablando de gobiernos sociales y progresistas porque aquí el gobierno social y progresista se llama Partido Popular, porque somos el partido de los trabajadores, de los autónomos, de los pequeños y medianos empresarios, y el partido que protege a los pensionistas» (http://www.abc.es/agencias/
Déficit y reparto del sacrificio
El recorte del gasto público incluye una reducción de los gastos sociales. Los entendidos que no se sitúan en el campo neoliberal abrazado por PSOE y PP, ponen en duda el carácter progresista y solidario de esta medida, al tiempo que indican otro camino a seguir.
Alberto Montero, Alfredo Serrano, Arcadi Oliveres y otros apuntan como es lógico al gasto militar citado más arriba, la política fiscal regresiva, las exenciones en los juegos de azar, los abultados sueldos de los cargos de libre designación y otros gastos menores.
A los legos nos basta con escuchar las opiniones de los poderosos sobre las políticas económicas del gobierno del PSOE, para entender el meollo del asunto y sospechar de la justicia del reparto del sacrificio:
«El presidente del Santander, Emilio Botín, afirmó este jueves que la propuesta de reforma del sistema de pensiones y la reducción del gasto del Estado de 50.000 millones de euros hasta el año 2013 anunciadas por el Gobierno español son «necesarias y oportunas.» (http://www.intereconomia.com/
«El presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha expresado su apoyo a los recortes anunciados ayer por el gobierno para reducir el déficit.» (http://www.elpais.com/
Los miembros de esta clase social que no hacen declaraciones, las corroboran con sus éxitos económicos. Destaca el empresario más rico de España y entre los primeros del mundo:
«Amancio Ortega ya es el noveno hombre más rico del mundo, su fortuna aumenta en 6.700 millones respecto al año pasado», se anunciaba en marzo pasado (http://www.finanzas.com/
Sin embargo, no hace falta estar entre los diez más ricos del mundo para observar desde muy lejos los problemas de los millones de mileuristas y parados. Según El País, «los 584 consejeros ejecutivos y altos directivos de las empresas del Ibex 35 cobraron en 2009 una media de 989.000 euros, según los cálculos realizados por EL PAÍS con los informes de las propias compañías. Ese nivel es el más alto alcanzado nunca por ese colectivo.»
Según este diario, esto «supone 113 veces el salario mínimo, frente a las 97 veces de 2005. El salto es más espectacular entre los consejeros ejecutivos, la elite dentro de la elite. Su coste para las empresas ha pasado de 208 a 313 veces el salario mínimo en sólo cuatro años.»
«Un sistema tributario justo, inspirado en la igualdad y progresividad» (Constitución española, art. 31)
El gobierno ha anunciado una subida de los impuestos y también el Plan integral de prevención y corrección del fraude fiscal, laboral y a la Seguridad Social, de forma que se revive el ajado eslogan «Hacienda somos todos».
Por lo sucedido con el anterior plan de 2005, sobre el cual los inspectores advirtieron que no era suficiente para combatir dicho fraude, sino que incluso dificultaba esta labor, cabe colegir lo que pasará con éste: mucho ruido y pocas nueces, es decir, lo que conviene a las fortunas y perjudica a los trabajadores.
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado ha denunciado que los planes del gobierno dejan fuera «la fiscalidad de las Sociedades de Inversión de Capital Variable, Sicav».
Esta palabra cabalística se refiere a las sociedades «que sólo tributan un punto porcentual en el Impuesto de Sociedades, gozan de un trato fiscal privilegiado y son el instrumento preferido por las grandes fortunas, motivo por el que pueden defraudar cantidades mucho mayores que los pequeños contribuyentes.»
Por si alguien duda de la importancia de estas sociedades, hay que saber que «el patrimonio total gestionado por las Sicav al cierre del tercer trimestre de 2009 aumentó un 4,3 por ciento con respecto al volumen total contabilizado en el segundo trimestre, hasta alcanzar los 25.661 millones de euros.»
Políticas de austeridad
El presupuesto de la Casa Real para 2010, también aprobado por el Congreso y en el que de nuevo PP y PSOE unen sus políticas progresistas a favor de los más poderosos, es de casi nueve millones de euros (8.9), según informa la propia institución (http://www.casareal.es/
Habida cuenta de los añadidos (mantenimiento de inmuebles, parque móvil, gastos extraordinarios, etc.) y los trucos que habitualmente emplean los líderes de ambos partidos para camuflar los gastos totales, hay que escoger de momento la cifra de 25 millones de euros que ha estimado, por ejemplo, El Economista, hasta que la transparencia pase a ser otro de los principios progresistas aplicados y no sólo enunciados por los políticos españoles. (http://www.eleconomista.es/
Conclusión: no hay crisis, hay traición de la izquierda gobernante
En resumen: no se puede creer al gobierno del PSOE -ni al PP, ni al Banco de España, ni a sus pares en la Unión Europea- cuando se refieren a la crisis. No hay tal,
sino que hay un gasto tan absurdo, improductivo e inmoral como es el militar: en 2010 de más de 18.000 millones de euros;
un reparto tan injusta y exageradamente desigual de la riqueza, que se manifiesta en algunos ingresos que son 113 veces superiores a los más bajos;
una enorme y anticonstitucional diferencia en las aportaciones a la hacienda pública, de forma que se puede decir que cuanto más rico es el contribuyente menos aportaciones realiza según su capacidad;
y un gasto -aunque de mucha menor magnitud que los mencionados- pero también inmoderado, insultante y más que criticable, como el de la Casa Real, los profesores de religión, los cargos de asesores y asimilados, etc.
No tiene sentido y además repugna, aunque pase casi desapercibido, que las políticas del gobierno de un partido socialista, obrero y español sean apoyadas e incluso alabadas por los poderes económicos y políticos nacionales y extranjeros, mientras que la gente corriente las resiente y protesta, aunque muchos incluso temen hacerlo o simplemente se evaden de la realidad con los instrumentos que les proveen aquellos.
A la vista de lo que obtienen los poderosos gracias a la política del gobierno del PSOE, no hace falta ser Robespierre para declarar que éste y el del PP son del todo perjudiciales para los intereses de la mayoría de la población y aquél en particular un traidor para la clase trabajadora.
Se ha cuantificado grosso modo el coste de la crisis, el cual se puede afinar y completar de varias maneras sin que esto altere el resultado en lo sustancial. Sin embargo esto no es lo importante.
Lo que urge es deshacerse cuanto antes de la política actual y la que presumiblemente viene, con el fin de instaurar una que acuda al rescate de la clase trabajadora y no en apoyo de los más ricos.
Esta política ha de tomar las medidas necesarias para poner la economía al servicio de los intereses de la mayoría, humanizar las relaciones sociales dentro del Estado y fuera de él, abandonar la senda del neoliberalismo, el imperialismo y la Europa antidemocrática.
Con otras palabras, es necesaria una economía basada en el control público de la banca, de los recursos productivos y los servicios fundamentales del Estado para garantizar los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de toda la población.
Es preciso cambiar la legislación vigente por otra que elimine los privilegios extemporáneos mencionados.
Se ha de promover una política que renuncie al imperialismo y al militarismo.
Se trata, lisa y llanamente, de establecer un gobierno socialista sin más, o sea, sin «obrero», sin «español» y sin el apoyo real aunque disimulado del PP.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.