Fueron días intensos gracias a la realización de la Cumbre del G-20, que reunió en Río de Janeiro a las mayores economías del mundo. Hubo imágenes que iban desde el premier francés, Emmanuel Macron, paseando en traje y corbata por la vereda de la playa de Ipanema, al presidente Joe Biden, que llegó retrasado y quedó fuera de la foto oficial del encuentro.
Y eso para no mencionar al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, que ostentando un delantal de camarero sirvió albóndigas de bacalao preparadas por él en la cocina de un boliche popular en el barrio bohemio de Santa Teresa.
Lula da Silva apareció exuberante, sonriente en todas las fotos con mandatarios presentes, excepto en la que está saludando al radicalísimo derechista argentino Javier Milei. Ahí aparece un Lula de semblante cerrado.
Hubo buenos acuerdos comerciales con Brasil y otros países; algunos quedaron en suspenso, pero no fueron definitivamente rechazados. O sea: todo estaría plagado de buenas noticias, pero ahí surgió, el jueves 21 de noviembre, la noticia que hizo temblar los cimientos del país.
Ese día se supo que la Policía Federal, especie de FBI local, había enviado al Supremo Tribunal Federal (STF), la instancia máxima de justicia, una denuncia contra 37 personas, en un informe de más de 800 páginas. Además se informó de la prisión de cinco personas, entre ellas dos coroneles retirados y un general también retirado, Mario Fernandes, que integró el grupo de confianza del radical y desequilibrado ultraderechista Jair Bolsonaro, quien fue presidente de Brasil entre 2019 y 2022.
A Fernandes le tocaría explícitamente asesinar a Alexandre de Moraes, integrante del STF y quien en la época presidía el Tribunal Superior Electoral, que validó la victoria de Lula.
Se conocieron también los nombres de los indiciados por la Policía Federal y que ahora están bajo examen del Supremo Tribunal Federal, que decidirá cuándo enviará el caso a la Fiscalía General de la República, a quien toca formalmente presentar la denuncia al mismo STF o mandar la acusación a los archivos.
Además de Bolsonaro, entre los indiciados están sus asesores más poderosos y allegados, como el general Walter Braga Netto, quien luego de ocupar puestos de primera línea en su gobierno incorporó como vice su candidatura a presidente, así como otro poderosísimo general, Augusto Heleno; el teniente coronel retirado Mauro Cid, edecán del entonces mandatario y su hombre de confianza, hasta Paulo Figueiredo, que vive en Estados Unidos y es nieto del ex dictador João Batista Figueiredo.
Aprovechándose de su ascendencia, él trató arduamente de incentivar militares a sumarse al golpe que se tramaba, en noviembre y diciembre de 2022, para impedir que Lula da Silva asumiese la presidencia siguiendo los resultados de las urnas de octubre de aquel año, cuando por estrecho margen derrotó al desequilibrado ultraderechista.
Vale reiterar que entre los indiciados hay de todo, de altos integrantes de la Policía Federal al entonces comandante de la Marina, de asesores civiles a abogados, de un cura católico a un publicitario argentino.
Bolsonaro reaccionó a la noticia siguiendo su estilo único: dijo que el verdadero héroe, el defensor de la democracia, es él por no haberse adherido al movimiento. Faltó explicar por qué no denunció a los golpistas y por qué el acta que convocaba al golpe fue impresa en su despacho presidencial.
Además, quedan algunas otras pendencias por explicar. El plan golpista tenía previsto matar a Lula da Silva; al vicepresidente, Geraldo Alckmin, y a Alexandre de Moraes. Hay documentos que comprueban que quienes preparaban el asesinato de De Moraes hicieron seguidas rondas a su domicilio y lo siguieron varias veces. ¿Dónde estaba la seguridad del juez?
Sobran indicios de que luego del golpe, o sea, de impedir que Lula asumiese la presidencia, abría una especie de junta militar –Braga Netto y Augusto Heleno sin duda, y alguien más– que rápidamente asumiría el efectivo, transformando a Bolsonaro en una especie de muñeco inflado de aire.
¿Por qué no hay orden de prisión contra los dos, si la hubo contra otro conspirador con mucho menos peso e influencia, Mario Fernandes, también general reformado?
Juristas consultados por políticos y medios de comunicación explican que contra Fernandes había pruebas concretas presentadas por la Policía Federal y que ahora hay que esperar qué dicen la Fiscalía General y el STF sobre los otros 37 indiciados, a empezar por Bolsonaro.
Una sensación, sin embargo, se esparce por todo Brasil: a cada día que pasa, el desequilibrado ultraderechista se acerca más y más a las mazmorras.