I. Escribir una crónica mensual conlleva el peligro de repetir lo que muchos han ilustrado en días precedentes. Es este el caso del comentario sobre el ajuste presupuestario aprobado esta semana por el Congreso y anunciado con anterioridad. Entre el anuncio inicial y la aprobación nada a cambiado, excepto el anuncio por parte de Zapatero […]
I. Escribir una crónica mensual conlleva el peligro de repetir lo que muchos han ilustrado en días precedentes. Es este el caso del comentario sobre el ajuste presupuestario aprobado esta semana por el Congreso y anunciado con anterioridad. Entre el anuncio inicial y la aprobación nada a cambiado, excepto el anuncio por parte de Zapatero de un posible impuesto «Robin Hood» más pensado para tratar de recuperar imagen que como un aumento serio de cambio de la política fiscal.
No hacía falta ser muy perspicaz para prever que la deriva de la crisis se traduciría en un brutal recorte del gasto público y la presión, aún no concretada, por profundas reformas estructurales en derechos laborales y sociales. En los últimos meses la presión era ya insostenible por el efecto combinado de las presiones ejercidas desde los mercados financieros y las instituciones internacionales (FMI, OCDE y una UE que cada vez más parece una especie de marca germánica).
También era previsible que el primer gran recorte se realizara en las partidas anunciadas. Tampoco esto es nuevo. En anteriores crisis ya se realizaron recortes en los salarios públicos y en el sistema de protección al desempleo. Simplemente ahora se ha pasado de la mera congelación a la reducción drástica, así como a la congelación de las pensiones y los recortes en la aplicación de la ley de dependencia, las ayudas-bebé (una medida demagógica cuya eliminación está a todas luces justificada) y la ayuda internacional.
El que sean éstas y no otras las medidas aplicadas tiene que ver con dos cuestiones entrelazadas: su inmediatez y su aceptabilidad social. Siempre es más fácil recortar en una gran partida que expurgar en todo el presupuesto. Y siempre es socialmente más justificable cargar las tintas sobre un colectivo social, el de los funcionarios, que es percibido por el resto de la población como un sector privilegiado. Una política que utiliza las fracturas sociales entre la población trabajadora para desarrollar verdaderas políticas antisociales. Ni se puede negar la existencia de un estatus social diferenciado ni reconocer que en una parte del sector público prevalecen situaciones que merecen reflexión. Especialmente el diferente trato en materia de derechos sociales (que conduce a que una parte importante de funcionarios públicos sea atendido por la medicina privada) y, en algunos casos, el papel que han jugado los partidos en el poder a la hora de colocar a sus simpatizantes en determinadas áreas de la Administración. El hecho de que el acceso a muchos puestos de la función pública esté asociado a la posesión de una titulación académica contribuye asimismo a una cultura de clase media entre los empleados públicos que los diferencia del resto de trabajadores. Pero todas estas fracturas sociales no justifican ni la imagen parasitaria que se genera del sector ni que éste deba cargar con un ajuste injusto e inadecuado. La medida incluye recortes salariales y también reducción de plantillas (no ampliándolas y no cubriendo las bajas por jubilación), lo que en definitiva puede traducirse en una carga insostenible de trabajo y en un evidente deterioro de la calidad del servicio.
También en las otras partidas se ha tratado de minimizar la reacción social. Los recortes directos se producen en prestaciones aún no consolidadas, o se limitan a la congelación de pensiones. Aunque en este caso la percepción de que se ha producido un tijeratazo en derechos sociales es imposible de evitar. Y aunque con datos en la mano puede demostrarse que fue el PP quien aplicó recortes sostenidos del gasto social en el período aznarista, la imagen de Rodríguez Zapatero quedará indudablemente asociada a la de un presidente que realizó un duro ajuste presupuestario impuesto por las instituciones internacionales. Alguien que no hace mucho alardeaba de su éxito económico y que no ha podido impedir un fiasco de las proporciones actuales. Zapatero sigue la senda de Schröeder y otros políticos socialdemocrátas cuyo «realismo» les ha conducido a finiquitar la imagen social que constituía el mayor reclamo electoral de sus formaciones. Y seguramente su pretendida imagen de responsabilidad sólo le valdrá para mantener la confianza de sus más fieles servidores y el elogio interesado de unos medios de comunicación hoy más que nunca altavoces de los «diktats» de los focos de pensamiento neoliberal, pues es previsible una sangría electoral de una gran parte de electores perplejos. Nunca se puede decir que se haya llegado al final, pero la rendición de la socialdemocracia europea a las prescripciones de la economía neoliberal parecen indicar que realmente estamos presenciando el ocaso de una corriente que nació como un intento de presentar una propuesta de capitalismo de cara amable frente a la alternativa del bolchevismo.
II. Pueden hacerse muchas valoraciones sobre las medidas del gobierno. La mayoría tienen que ver con aspectos de equidad y justicia social. Aquí creo que hasta el mismo gobierno es consciente de la injusticia cometida y por ello en los últimos días se esfuerza en anunciar un pretendido impuesto a los ricos que, por lo que se comenta, parece que no llegará ni para pagar el envoltorio del chocolate del loro. Pero los partidarios de las medidas (de hecho la totalidad de las élites sociales del país) se aprestan a recordarnos que se trata de un sacrificio necesario para resolver los desequilibrios del país, de una purga que hay que tomar para restablecer la salud económica. O, en un tono más académico, que una vez más hay que sacrificar la equidad en aras de la eficiencia.
La eficiencia es siempre una cuestión vidriosa, por más que los economistas neoclásicos pretendan tener una medida incontrovertible basada en la aplicación de los criterios de Pareto. A menudo la eficiencia está en consonancia con el objetivo que se pretende alcanzar. Si el objetivo prioritario de la política económica es el pleno empleo o el crecimiento, parece claro que los recortes presupuestarios son todo menos eficientes. De hecho, tras el anuncio de las medidas todos los productores de proyecciones económicas han revisado a la baja las previsiones de crecimiento y elevado las de paro.
Si lo que se quiere es reducir el déficit a largo plazo tampoco ésa parece ser la vía adecuada. No sólo porque las medidas se anuncian como transitorias, sino porque los problemas del sistema fiscal español no son de exceso de gasto sino de déficit de ingresos. Basta con ojear los datos que ofrece Eurostat para observar que la recaudación fiscal española (sumando impuestos y seguridad social) ha estado sustancialmente por debajo de la media europea (incluso en 2007, el momento de mayor auge, estaba 4 puntos por debajo de la media; en 2009 esta diferencia se ha duplicado), particularmente en relación con los países desarrollados con los que el país trata de asemejarse (incluso el liberal Reino Unido tiene una carga fiscal superior). El nivel de España sólo se sitúa por encima de Irlanda (otro de los «tigres» a los que se ha obligado a aplicar un plan de ajuste) y de algunos países del Este. Lo que podríamos considerar «una atracción perversa».
Reducir el déficit por la vía del gasto es a la postre generar un empeoramiento de las condiciones de vida de la población, puesto que en términos generales el diferencial de ingresos tiene su contrapartida en un menor nivel de gasto social y en servicios como sanidad y educación. Cuando del análisis del gasto pasamos al de la estructura ocupacional, la mayores diferencias respecto al conjunto de la UE se experimentan en un «exceso» de empleo en la construcción -aunque ahora claramente reducido a causa de la crisis sectorial- y en un «déficit» ocupacional en sanidad y servicios sociales, clara muestra de la insuficiencia de las políticas sociales españolas. Recortar el gasto es pues alejarnos del nivel deseado. Lo que no quiere decir que no haya que recortar gastos superfluos y racionalizar el sector público. Curiosamente, cuando se habla de gastos superfluos todo el mundo piensa en los ostentosos coches oficiales (un buen símbolo para denunciar las prebendas de las castas políticas), pero se habla bastante menos del exagerado gasto militar (en tareas de comparsa del imperio) y aún menos de las subvenciones al sector empresarial. Por ejemplo, España es un país que gasta proporcionalmente más que el resto en subvenciones al empleo, algo que diversos estudios internacionales han mostrado que se trata de una subvención con pocos o escasos efectos reales.
Es por tanto acertada la propuesta de diversos grupos parlamentarios de izquierda de promover un ajuste vía impuestos y de plantear que ésta sí debería ser una de las reformas estructurales a emprender en los próximos meses.
Tampoco hay ninguna pista de que esta política vaya a permitir resolver los problemas estructurales de la economía española, resultado de un complejo cúmulo de determinantes (para el lector interesado, en las próximas semanas podrá consultar varias de las ponencias centrales que debatimos en las pasadas Jornadas de Economía Crítica en el número 9 de la Revista de Economía Crítica http://www.
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