Las medidas para salir de la crisis que ofrecen el PP y el PSOE, o formaciones como CIU y CC, provocarán una tercermundización duradera de la sociedad y un creciente deterioro democrático. Tal deterioro se ha reflejado en la reforma constitucional sin refrendo popular, en las propuestas de reducción del número de representantes públicos, […]
Las medidas para salir de la crisis que ofrecen el PP y el PSOE, o formaciones como CIU y CC, provocarán una tercermundización duradera de la sociedad y un creciente deterioro democrático. Tal deterioro se ha reflejado en la reforma constitucional sin refrendo popular, en las propuestas de reducción del número de representantes públicos, destinadas a deteriorar la pluralidad, y en el mayor protagonismo de instituciones europeas que no responden ante la ciudadanía.
El nuevo contrato social de facto conlleva la reducción de la masa salarial, el socavamiento de los derechos sociales, la privatización progresiva de las pensiones y la sanidad, los aumentos paralelos de la desigualdad y la pobreza y la articulación del empobrecimiento estructural del Estado, a través del harakiri fiscal que nos han impuesto.
Sin embargo, si queremos evitar la degradación permanente de las condiciones de vida, es absolutamente necesaria una profunda reforma fiscal de carácter progresivo. Habrá que revertir la grave irresponsabilidad que ha caracterizado buena parte de las políticas fiscales de los gobiernos del PP y el PSOE.
El bipartidismo ha asumido que nuestro sistema fiscal pierda progresividad, recaude mucho menos que los de nuestros vecinos de la Unión Europea (32.9% del PIB frente a 39.6%, en 2010), tolere un nivel de fraude fiscal enorme y, además, vinculó una parte del crecimiento de los ingresos fiscales al auge inmobiliario que precedió a la crisis y, de ese modo, agravó los efectos del estallido de la burbuja inmobiliaria.
La evolución de la fiscalidad y el deterioro salarial se han reforzado mutuamente para generar más desigualdad. Así, por ejemplo, del año 2000 al 2011, la parte de los salarios en el PIB se redujo desde el 50.8% hasta el 47.6%. Sin embargo, la parte del capital, el excedente bruto de explotación, pasó del 40% del PIB al 45.6%. Esto quiere decir que la parte del PIB correspondiente a los trabajadores se ha ido reduciendo y la parte empresarial se ha ido acrecentando. Y ello ocurre pese a que la población asalariada es cinco veces más numerosa que el empresariado.
La desigualdad también se ha visto favorecida por el hecho de que, durante los tres primeros años de crisis, de 2007 a 2010, la mayor participación del capital en la renta no se ha traducido en una mayor aportación de éste a las arcas públicas. Ha sucedido lo contrario: la recaudación proveniente de los asalariados y el consumo pasó del 78% al 90% de los ingresos fiscales del Estado (aumentó la parte del IRPF, la del IVA y los impuestos especiales y se redujo la aportación del Impuesto de Sociedades del 22.3% al 10.2% de la recaudación).
El bipartidismo ha favorecido la acumulación de beneficios empresariales, a costa de la adecuada financiación del estado del bienestar, y, cuando se ha puesto a recortar impuestos, ha beneficiado a los más adinerados, suprimiendo los impuestos de Patrimonio y Sucesiones, recortando más en el IRPF las contribuciones de los más ricos y, asimismo, reduciendo más el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades a las grandes empresas que a las pymes. La desfiscalización del Estado socava la viabilidad del estado del bienestar y agrava las desigualdades.
De este modo, el Impuesto de Sociedades pasó de recaudar 44.823 millones de euros (el 16.4% de los beneficios a que es aplicable), en 2007, a recaudar únicamente 16.198 millones (el 9.4% de los beneficios), en 2010. Un año después, las sociedades sólo pagaron el 11.6% de sus ganancias contables, una proporción inferior al 12.4% de la renta que pagaron las familias, e inferior, asimismo, al 12.5% del tipo nominal del Impuesto de Sociedades en Irlanda.
El secretario general de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, Francisco de la Torre, estima que, de 2007 a 2010, el capital y las empresas pasaron de aportar 65.155 millones de euros a las arcas públicas (a través del Impuesto de Sociedades y la parte correspondiente del IRPF) a 26.294 millones. Sin embargo, los asalariados incrementaron su aportación, a través del IRPF, de 52.282 millones a 57.000 millones, pese al fuerte aumento del desempleo.
El reciente estudio de Pilar Castellà Orradre sobre el tratamiento fiscal dado al capital y al trabajo en España muestra cómo las últimas reformas del IRPF han beneficiado más a los más adinerados. Por ejemplo, la reforma del Gobierno del PSOE que entró en vigor en 2007, rebajó la cuota a pagar en un 5.2% a quienes declaraban ingresos de 14.000 euros anuales y la redujo un 53.7% a quienes declaraban ingresos de 110.000 euros.
En 2010, mientras que los particulares defraudaron 1.543 millones de euros a las arcas del Estado, las grandes fortunas y las grandes empresas evadieron al fisco 42.711 millones de euros, el 71.8% del total del fraude fiscal. Los sectores más adinerados han sido los beneficiarios de la tolerancia con el fraude fiscal, las rebajas del IRPF y una parte importante de la caída en la recaudación proveniente del Impuesto de Sociedades.
La desfiscalización del Estado es producto de una política económica que viene de lejos. Según un estudio de Funcas, entre 1980 y 2008, el PIB de España se multiplicó por dos y la economía sumergida por cuatro. La economía sumergida representaba el 12.5% del PIB, en 1980-1985, y el 23.7%, en 2005-2008. Para esta última etapa, el volumen de economía sumergida supuso una pérdida de ingresos al Estado de casi 66.000 millones de euros anuales. Con estos ingresos, nuestro país no estaría perdiendo soberanía y calidad de vida al ritmo en que lo está haciendo hoy en día.
La Encuesta Financiera de las Familias, del Banco de España, detecta que, entre 2005 y 2009, el patrimonio del 25% más rico de los hogares creció un 20% y el del 25% más pobre disminuyó un 6.4%. Así que el país más desigual de la Unión Europea de los Quince sigue incrementando la injusticia de su sistema económico. Sólo los tres primeros años de crisis sumaron 1.400.000 nuevos pobres.
El bipartidismo y sus complementos nacionalistas nos dicen que no hay alternativas a las políticas que ellos aplican. Sin embargo, los técnicos de Hacienda, agrupados en Gestha, acaban de proponer un plan para recaudar 63.800 millones de euros y así poner fin a los recortes, iniciar políticas expansivas, impulsar la creación de empleo y converger con la presión fiscal de la Unión Europea. El bipartidismo y sus complementos no pueden aceptar esto porque carecen de proyecto de país. Su proyecto lo dictan los lobbys instalados en Bruselas y ellos se limitan a aplicarlo sumisamente, mientras saturan a la población con todas las variantes posibles de un mismo discurso: no hay y no habrá alternativas.
Pero sí que hay alternativas y, además, empiezan por una profunda reforma fiscal progresiva. Sin embargo, las alternativas sólo podrán implementarse si la ciudadanía da la espalda al bipartidismo, a la estrategia de la antipolítica divulgada por sus voceros mediáticos y también si los críticos no pican en el anzuelo de ese voto en blanco destinado a desactivar la respuesta política y a generar un conformismo que se cree inconformista.
Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida Canaria.
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