Generalmente, el control de precios se aplica a los productos de consumo final, pero no sobre los precios de la fuerza de trabajo, materias primas, maquinarias, etc. que se requieren para producirlos. Si los componentes del costo aumentan de manera incesante, pero los precios se dejan congelados, llega un momento en que los costos superan […]
Generalmente, el control de precios se aplica a los productos de consumo final, pero no sobre los precios de la fuerza de trabajo, materias primas, maquinarias, etc. que se requieren para producirlos. Si los componentes del costo aumentan de manera incesante, pero los precios se dejan congelados, llega un momento en que los costos superan el precio regulado y así ni siquiera las empresas de la economía solidaria podrían producir. Cuando la rigidez de los controles genera pérdidas, se desestimula la producción y reaparecen los problemas de escasez, caldo de cultivo perfecto para que surjan las perversas prácticas del acaparamiento y la especulación. De allí la importancia de revisar periódicamente la estructura de costos y mantener actualizados los criterios con los cuales se fijan los precios. Si esto se tiene claro por parte de los administradores de la ley, y se actúa de manera consciente, flexible y oportuna, no tiene por qué castigarse la producción, ni causar escasez, acaparamiento o especulación.
Impacto en la eficiencia
No todos los productores tienen el mismo costo, unos son muy competitivos y otros muy ineficientes. Estos últimos argumentarán que es injusto fijar el precio con base en los costos de los productores más competitivos. Pero si el PVP se fija con base en los altos costos de las empresas ineficientes, entonces se castigará al consumidor y se facilitará la obtención de ganancias extraordinarias a los productores que tienen menores costos.
Para favorecer al consumidor, la Ley establece que los precios se fijarán con base en los costos de los productores más eficientes. Pero en lugar de penalizar a los rezagados, más bien se les debe ayudar a mejorar su productividad, calidad y competitividad a través de incentivos de política agrícola, industrial y tecnológica, evitando así que quiebren o sean cerrados. En Venezuela es muy baja la densidad empresarial, predominan los monopolios y oligopolios, por eso se tiende a cartelizar y aumentar los precios de forma desmesurada. El aumento de la producción nacional requiere una política que estimule la creación de miles de empresas de la economía solidaria, sin fines de lucro pero sin vocación de pérdida, que compitan con las empresas capitalistas y las obliguen a bajar sus precios. Impacto sobre la especulación
No hay que confundir inflación con especulación. La inflación es un fenómeno económico que se manifiesta en un alza generalizada de los precios, debido a un aumento en los costos o por una expansión de la demanda derivada del aumento del consumo privado o del gasto del gobierno. Mientras que la especulación es una práctica ilegal que se concreta en la venta por encima del precio controlado, o en fraudes cometidos con el fin de obtener ganancias exorbitantes. Cuando ocurren aumentos de salarios, en el valor de las materias primas, maquinarias, etc., el incremento en los costos termina trasladándose a los precios. Pero cuando una empresa que recibe dólares preferenciales crea empresas de maletín, simula que son sus proveedoras, a través de ellas importa con sobreprecio, deja afuera el monto de dólares preferenciales equivalente a las mercancías que no ingresó y fija el PVP con base en el dólar paralelo para obtener escandalosas ganancias, allí se está cometiendo un delito de especulación y fraude a la Nación.
A la luz de esta diferencia, queda claro que la Ley de Precios Justos puede ser más útil para enfrentar la especulación que para abatir la inflación. Si la Sundee fiscaliza las empresas que reciben dólares del Cencoex o Sicad, habrá más transparencia en los verdaderos costos, se sabrá lo que se importa con dólar preferencial y, por lo tanto, no se puede vender como si se importara al dólar Sicad o paralelo. Pero la estrategia antiinflacionaria implica estimular la producción, corregir el déficit fiscal, prohibir la emisión de dinero sin respaldo y fijar una tasa de cambio que exprese la verdadera productividad del aparato productivo. Aumentar la oferta nacional de bienes y eliminar las presiones de demanda que surgen del financiamiento monetario del déficit fiscal, son condiciones elementales para derrotar la inflación.
El impacto sobre las Pymes
Una de las debilidades de las pymes se expresa en el crónico retraso de su contabilidad, información exigida por la Sundee en cada fiscalización. Este rezago que pudiera ser considerado solo como un ilícito administrativo, si no se reglamenta debidamente y se deja a la discrecionalidad del funcionario, puede dar origen a sanciones penales. En el caso del acaparamiento, para evitar cálculos arbitrarios que conduzcan a multas y penas injustas, se debe aprobar una providencia que deje claro cuál es el nivel de inventario razonable, de acuerdo a las particularidades de cada eslabón de la cadena. De allí la importancia de ofrecer programas de asistencia técnica a las pymes y de establecer normas transparentes que eviten decisiones sin sustento.
El impacto de esta Ley dependerá de la eficiencia con la que se aplique. Si se administra bien tendremos muy satisfechos a la mayoría de los consumidores que viven de un ingreso fijo, los cuales encontrarán en el mercado una abundante oferta de bienes y servicios de buena calidad y precios solidarios. A su vez, los empresarios tendrán asegurado a lo largo de toda la cadena de producción, distribución y comercialización un margen razonable de ganancias y podrán seguir operando en un mercado con un creciente poder de compra.
@victoralvarezr