Los reiterados ataques del gobierno de los Estados Unidos y de sus países aliados en contra de la nación venezolana, le han servido al gobierno de Nicolás Maduro como la excusa perfecta para justificar el fracaso de todas sus políticas económicas y sociales.
Ciertamente los intereses de la nación venezolana están siendo afectados por las numerosas sanciones que los gobiernos occidentales han tomado desde hace tres años con el fin de derrocar a Maduro.
En primer lugar, reiteramos nuestra posición de principios al enarbolar la soberanía de la nación y reivindicar que somos los venezolanos quienes debemos resolver, de manera autónoma, la profunda crisis que hoy atraviesa el país.
La solución soberana a la crisis implica rechazar no sólo el descarado intervencionismo de los gobiernos de USA y Europa, sino también la no menos aceptable intervención de gobiernos como el de Rusia y Cuba, que se han convertido en una especie de tutores de Maduro, que opinan y participan en escenarios de negociación internacional a nombre de Venezuela, una realidad vergonzosa que no tiene precedentes en nuestra historia.
El intervencionismo imperial de Occidente se inició en 1498 con la llegada de Colón a Macuro y desde esa época el territorio de Venezuela ha sido objeto de saqueo y despojo por parte de las distintas potencias que han encabezado a través de los siglos el capitalismo depredador del mundo occidental y “cristiano”.
Pero la lucha histórica por quitarnos de encima las cadenas de opresión del capital financiero occidental en ninguna circunstancia puede justificar que nos sometamos a las nuevas cadenas de explotación del naciente bloque capitalista oriental encabezado por China y Rusia.
Estos últimos países no tienen nada que ofrecer a la humanidad, pues sus sistemas económicos se fundamentan en una explotación capitalista del trabajo obrero tan brutal o más bárbara incluso que la existente en occidente. Sus sistemas políticos se caracterizan por la falta absoluta de democracia y participación popular, prevaleciendo mecanismos autoritarios y dictatoriales que reprimen y desaparecen a toda manifestación interna de disidencia política. Ni hablar de regímenes como el de Irán, donde prevalece el más atrasado fundamentalismo religioso que desconoce todo tipo de derechos políticos y sociales a la población femenina, o el de Turquía, que representa un guerrerismo trasnochado y peligroso que interviene militarmente en Siria, en Libia y en Armenia, en alianzas secretas con los Estados Unidos, mientras discursivamente se presenta como un gobierno “aliado” de Venezuela.
En segundo lugar volvemos a denunciar que el gobierno de Maduro no sólo no tiene nada que ver con el socialismo, sino que por el contrario, ha desarrollado un brutal paquete económico neoliberal que ha destruido todas las conquistas sociales logradas durante el período de Chávez, y en lo político ha modificado y violentado toda la legalidad democrática contemplada en la Constitución Bolivariana de 1999, instaurando un régimen abiertamente autoritario, que mediante diversos mecanismos violatorios de la constitución le ha permitido al poder ejecutivo presidido por Maduro controlar de manera absoluta todo el resto de poderes públicos.
La realidad de la economía venezolana a ocho años de gobierno de Nicolás Maduro se ubica como el peor desempeño del mundo y uno de los cinco peores resultados en la historia del capitalismo en los últimos setenta años. Una contracción de más del 50% del PIB en siete años; cierre del 60 % de las fábricas existentes para 1999; un salario mínimo de un dólar mensual y una canasta alimentaria de 300 dólares al mes; una sociedad que recibió un billón de dólares en el boom petrolero entre 2004-2008 y que sin haber pasado por una guerra tiene hoy una economía totalmente destruida. Resaltando la ausencia de un plan económico coherente y la adopción de medidas que se contradicen entre sí y que profundizan cada día el colapso de la economía venezolana.
La caída salarial de los últimos años alcanza niveles no vistos en ninguna de las experiencias neoliberales del continente, pues en comparación con los salarios reales de los años 2006-2007, el descenso alcanza hasta un 99% del mismo para 2020. Este abismal derrumbe de los salarios reales en un 99 %, es lo que explica la enorme migración de más de cuatro millones de personas que han salido de Venezuela en los últimos 6 años. El retroceso salarial de los trabajadores venezolanos es tan pronunciado que el salario en tiempos de la gran huelga petrolera del año 1936, 5 bolívares de salario diario (equivalente a 1,57 $ diarios por jornada), implica que hoy en 2020 un trabajador en Venezuela recibe como salario mensual un monto inferior[1] al que ganaba un trabajador petrolero en un día de trabajo hace 84 años.
El gobierno de Maduro, con el memorando 2792 del ministerio del trabajo de octubre de 2018, desconoció todas las contrataciones colectivas vigentes en la administración pública y en el sector privado, barriendo en un solo acto las conquistas obreras que se habían logrado durante el período de Hugo Chávez. La política del gobierno ha sido la de “aplanar” las tablas salariales, estableciendo diferencias mínimas entre los salarios iniciales y las escalas más altas de remuneración, violentando el principio constitucional de progresividad en los derechos laborales, desconociendo la antigüedad, la capacitación profesional y técnica, los grados de responsabilidad y la meritocracia de los trabajadores.
Si consideramos los puntos centrales de los programas neoliberales aplicados por los gobiernos de Pérez y Caldera entre 1989 y 1999, podemos comprobar la ejecución de los mismos por el gobierno de Nicolás Maduro:
– Liberación del control de cambio y libre flotación de la moneda con respecto al dólar. Desde 2017 el bolívar se devalúa a ritmo de hiperinflación.
– Libre importación de alimentos y otros productos libre de aranceles. Permisos de importación que se han otorgado a empresarios afines al gobierno.
– Liberación de precios de los alimentos y demás productos de la canasta básica. Cuando se establecen regulaciones de precios a una lista específica de productos, el monto necesario para adquirir dicha lista supera en más de 20 veces al salario mínimo oficial.
– Pulverización de los salarios reales, que en relación al dólar se han reducido entre un 96 % y un 99 % en 20 años.
– Mantenimiento del IVA como un impuesto regresivo que pecha a los consumidores.
– Procesos de privatización en ramas principales de industrias como petróleo, hierro, aluminio, oro, diamantes, y en servicios como la distribución de gasolina, que por ley se supone que está reservada al estado. El precio “no regulado” de la gasolina lo determinó el gobierno en 0,50$ x litro, introduciendo al dólar como moneda de uso oficial en el país.
– Flexibilización laboral casi total, con el memorando 2792 que desconoce los derechos laborales consagrados en la propia Constitución y en la LOTTT.
– Limitaciones de las políticas sociales denominadas “misiones”, las cuales tienen mayor efectividad en la capital Caracas, y son casi inexistentes en el resto de ciudades y pueblos.
Hoy se puede constatar cómo un gobierno que se suponía enfrentado al FMI y al neoliberalismo como modelo económico, ha implementado fielmente todos los puntos de su receta de las décadas de 1980-1990. La destrucción de los derechos laborales fundamentales alcanza niveles no vistos con anterioridad en las experiencias más emblemáticas del neoliberalismo en América Latina.
El remate de toda esta política neoliberal aplicada por el gobierno del PSUV-Nicolás Maduro lo ha coronado la llamada “Ley Antibloqueo”, aprobada recientemente por la ilegal Asamblea Constituyente, que permite privatizar todas las empresas públicas sin rendir cuentas ante ningún órgano constitucional.
Para enfrentar el programa neoliberal del PSUV Maduro-Cabello-Padrino, el único camino es la lucha por reivindicar los derechos democráticos consagrados en la Constitución de 1999. Desde la calle, desde las luchas populares en cualquier rincón del país, hay que mantener la exigencia de respeto a los derechos humanos, a los derechos laborales, por la independencia de los poderes públicos, por la abolición de la ley antibloqueo y la ley contra el odio, denunciar la inconstitucionalidad de proyectos económicos como el Arco Minero y las Zonas Económicas Especiales, y enarbolar un plan de emergencia para enfrentar la crisis económica y la pandemia del covid.
Queda la necesidad urgente de trabajar por la unidad de los que luchan y en la conformación de un Bloque Popular de oposición que desde las luchas sociales, desde la calle, se constituya en referencia política alternativa contra el madurismo y el guaidoismo.
1/ El salario mínimo en Venezuela está al 30 de diciembre de 2020, en 1.200.000 Bs. mensuales. Al cambio oficial de 1.089.058 bolívares por dólar, equivale a 1,10 dólares de ingreso mensual.