El Impuesto sobre el Patrimonio (IP) es un tributo que grava el conjunto de los bienes, la capacidad económica diferenciada de la renta de las personas. Igual que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), como su nombre indica, grava la renta. IP e IRPF n o son incompatibles y sí complementarios. […]
El Impuesto sobre el Patrimonio (IP) es un tributo que grava el conjunto de los bienes, la capacidad económica diferenciada de la renta de las personas. Igual que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), como su nombre indica, grava la renta. IP e IRPF n o son incompatibles y sí complementarios. Con el IP, aunque la liquidación del mismo no sea positiva, se detectan los bienes de una persona y, por lo tanto, sirve para conocer si su declaración de la renta justifica el incremento de la riqueza. El legislador lo ha comprendido al fijar entre los epígrafes del IRPF el que denomina ‘ganancias patrimoniales no declaradas’ que viene a ser una regularización de los flujos de renta diferentes a los anteriormente declarados.
El impuesto del patrimonio fue cedido a las comunidades autónomas, no sólo su recaudación, sino también su normativa y, por un mal planteamiento de coordinación fiscal, hay carencias de transmisión de datos entre las diferentes administraciones tributarias. Eso ha producido distorsiones y una competitividad a la baja en la composición de la base imponible, tipos, etc., así como una distorsión informativa que limita la capacidad inspectora para detectar fraudes. Se podría haber hecho una fórmula a la alemana por la que la recaudación se cediera a las Comunidades Autónomas (länder), pero teniendo una normativa común del impuesto para todas ellas y una coordinación y transferencia de datos automática. Pero así y todo, cuando se suprimió de facto en el año 2008, en todo el Estado Español la recaudación fue de 2.412 millones de euros, cifra que en el año 2013, con las modificaciones normativas introducidas por las comunidades autónomas y la decisión de la Comunidad de Madrid de bonificar el 100 % del impuesto, se ha convertido en 1.115 millones, cifra que sigue siendo importante.
La presión de los grandes detentadores de riqueza y ciertos círculos académicos ha defendido la limitación de su base imponible, la exención de determinados bienes y, por fin, la supresión de este impuesto con mucha fuerza, al mismo tiempo que defiende la dualidad del impuesto sobre la renta, que grava menos a las rentas de capital que las del trabajo y en todo caso supone el achatamiento de la progresividad del sistema tributario.
Y el impuesto sobre el Patrimonio forma parte del sistema fiscal y de la progresividad (o no) del mismo. Y la política tributaria y fiscal incide en la desigualdad. Cuestión esta última que se ha incrementado vertiginosamente en los últimos tiempos. El crecimiento de las rentas del capital por encima de las rentas del trabajo es, desde hace décadas, una constante y el sistema fiscal no lo ha corregido. Eso explica que en nuestro país, y en el conjunto de los países de la OCDE, haya disminuido el porcentaje que ocupan las rentas del trabajo en la Renta Nacional.
A finales de 2011 se volvió a reimplantar el impuesto sobre el patrimonio, pero manteniendo los problemas existentes, dado que es un impuesto cedido en las haciendas de régimen común o concertado con las haciendas forales. En un primer momento, las comunidades balear, madrileña y valenciana bonificaron el impuesto y decidieron incrementar su déficit o reducir prestaciones. Posteriormente, sólo la comunidad madrileña, durante el periodo de la Presidenta Aguirre, del PP, ha seguido con esa bonificación, que continúa en la actualidad.
Es hora pues, en estos momentos de nuevos gobiernos, de volver a situar este impuesto en la agenda de toma de posiciones.
Por un lado, el gobierno del Estado debe de pronunciarse sobre la vigencia del impuesto, tras su aprobación por tiempo definido. Pero, además, hay que dar una respuesta coordinada de las Comunidades Autónomas sobre la vigencia del impuesto, como instrumento de equidad y progresividad fiscal. Sería oportuno que desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera se consensuasen unas normas mínimas para evitar una desastrosa competitividad fiscal que no beneficia a nadie. Y sobre todo que los legisladores de la Comunidad de Madrid empezasen rompiendo esa carrera a la baja con este impuesto y restablecieran el impuesto en Madrid.
En estos tiempos de modernidad y preocupados como estamos por tener una sociedad inclusiva con mejora de prestaciones sociales e igualdad de oportunidades, se debe de fijar en normas lo que hasta ahora son discursos de escasa trascendencia. Y la implantación del impuesto de patrimonio en Madrid sería una buena contribución para pasar de las palabras a los hechos.
Santiago González Vallejo es economista de la Unión Sindical obrera (USO)
Este artículo se publicó originalmente en Mundo Obrero.
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