Tres años después del devastador sitio de las fuerzas de Estados Unidos contra Faluya, la economía y le infraestructura de esta ciudad iraquí están aún destrozadas y sus habitantes carecen de libertad de desplazamiento. Esta ciudad, 60 kilómetros al oeste de Bagdad, sufrió la operación Furia Fantasma en noviembre de 2004. Las condiciones humanitarias se […]
Las acciones militares se redujeron al mínimo, pero las autoridades locales y las estadounidenses no parecen pensar en poner fin a la agonía de sus más de 400.000 habitantes.
«Ustedes los periodistas dicen que en Faluya las cosas están bien», increpó a IPS Mohammad Sammy, voluntario de la Media Luna Roja iraquí. «¿Por qué no vienen a vivir a este paraíso con nosotros? Es fácil hablar para ustedes, ¿no?».
La ira generalizada se debe a que esta ciudad permanece totalmente cerrada y cercada por puestos de control del ejército. Parece una isla.
Infantes de marina (marines) estadounidenses asignan a los residentes documentos que incluyen datos biométricos de identificación para impedir que los no residentes ingresen en allí.
Desde el ataque de noviembre de 2004, que destruyó alrededor de 70 por ciento de Faluya, el ejército estadounidense sometió a los habitantes a escaneos de retina y a impresión de huellas digitales para elaborar un código de barras con su identificación.
«El aislamiento destruyó la economía local, que supo ser una de las más pujantes de Iraq», dijo a IPS Mohammad Al-Dulaymi, de la Universidad Al-Anbar. «Gente de las otras ciudades de la provincia de Al Anbar solía venir a Faluya a hacer sus compras al por mayor.»
«Pero ahora deben buscar alternativas y los comercios locales se mueren», explicó Al-Dulaymi.
Todos los residentes entrevistados por IPS estaban furiosos con la prensa por la paleta excesivamente positiva con que pinta la situación en Faluya. Por diferentes motivos, muchos tampoco quisieron ser citados.
El director de escuela Hatam Jawad dijo a IPS que «Faluya ha sido, quizá, la ciudad con mayor cobertura mediática durante la ocupación» iniciada en marzo de 2003 por una coalición internacional encabezada por Estados Unidos.
«La gente está cansada de gritar y de quejarse en televisión sin sentir que haya cambios en su lamentable situación. Algunos de ellos temen represalias de la policía por contar la verdad», añadió.
Muchos residentes relataron a IPS que oficiales del ejército y la policía iraquí, respaldados por Estados Unidos, detuvieron a varias personas por hablar con la prensa.
«No te voy a decir si es bueno o malo vivir en Faluya», dijo a IPS Shakir Naji, abogado de 55 años.
«¿Por qué no preguntas el precio de los productos básicos y lo evalúas tú mismo? El queroseno para la calefacción cuesta casi un dólar por litro, un tarro de gas propano, 15 dólares, y todavía no llegó el invierno, cuando los precios se van al doble», añadió.
Los servicios de electricidad y agua funcionan al mínimo. Setenta por ciento de los iraquíes no acceden a agua potable, según un informe de la organización humanitaria Oxfam Internacional divulgado en julio.
Desde el sitio de 2004, barrios enteros siguen destruidos y sin agua ni electricidad. La mayoría de los comercios siguen cerrados
«Dependemos del sector privado para el suministro de electricidad», dijo a IPS Fatima Saed, cuyo marido fue detenido en 2005 y aún no ha sido liberado.
«En mi situación, pagar 50 dólares al mes por la electricidad es una tragedia porque tengo que recortar la calidad y la cantidad de alimento que compro para mí y mis hijos», señaló.
«A principios de mayo de 2007, la Oficina Central de Estadísticas y Tecnología de la Información del Ministerio de Planificación divulgó una encuesta según la cual 43 por ciento de los iraquíes viven en la ‘pobreza absoluta'», según el informe de Oxfam.
«La pobreza es consecuencia del desempleo, que afecta probablemente a más de 50 por ciento de la población activa», prosigue la cita.
El Hospital General de Faluya, ubicado cerca del río Eufrates, aún funciona, pero con un mínimo de especialistas y suministros. El único médico que accedió a hablar con IPS pidió reserva de su identidad.
«El administrador del hospital es un buen hombre y hace todo lo posible por mejorar los servicios, pero el Ministerio de Salud nos sigue tratando como terroristas», señaló.
«Padecemos la corrupción del Ministerio y la ignorancia del gobierno del primer ministro Nouri Al Maliki acerca de la situación en la provincia de Al Anbaresta «, protestó.
«No tenemos suficientes medicamentos y el equipamiento que nos traen los proveedores sigue en sus cajas. Todo esto parece consecuencia de los contratos corruptos que tiene la provincia. Es imposible trabajar en estas condiciones», subrayó.
Las personas que vienen al hospital para un tratamiento o cirugía parecen estar desesperados por la imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas.
«Tenemos que comprar algodón, vendas, medicamentos y todo lo que necesitamos en farmacias privadas», relató Muath Tahir, de 35 años, un maestro que debió someterse a una operación de apendicitis tres días antes.
«Los que pueden van a un hospital privado en busca de mejor atención, pero mi salario de 230 dólares no cubre ni siquiera mis necesidades básicas. Es imposible vivir en esta ciudad», se quejó.