Traducido del francés para Rebelión por Susana Merino
Por tercer año consecutivo, el gobierno canadiense ha faltado a sus obligaciones jurídicas al no tener en cuenta las repercusiones humanas del Acuerdo de libre comercio entre Canadá y Colombia, adonde existe, desde hace 50 años, un conflicto armado que ha costado la vida de por lo menos unos 220 mil colombianos, la mayor parte de ellos civiles. El informe silencia las repetidas agresiones que cobran vidas y territorios especialmente en aquellas regiones codiciadas por terceros por su potencial económico. Esa situación ha forzado el desplazamiento de 5,7 millones de habitantes: se trata del mayor desplazamiento causado por la violencia en el mundo, después del producido en Siria.
El informe del gobierno se centra obstinadamente en la reducción de las tarifas y los intercambios comerciales e ignora totalmente los vínculos entre las inversiones y los derechos de las personas. El gobierno llega a la conclusión de que «es imposible relacionar directamente el TLC Canadá – Colombia con la situación de los derechos humanos en Colombia».
Las organizaciones de la sociedad civil (ONG) sospechan que el gobierno federal no tuvo nunca la intención de analizar seriamente las repercusiones del TLC en los derechos humanos. Las ONG consideran además que el actual estado de esas relaciones constituye un sustituto inútil y vacío, algo que siempre reclamaron durante las negociaciones del acuerdo: es decir un estudio sobre el impacto sobre los derechos humanos independiente, imparcial y completo.
En efecto el informe anual sobre los derechos humanos y el libre comercio del gobierno canadiense no respeta la metodología incluida en los Principios directrices aplicables a los estudios de impacto de los acuerdos comerciales y de inversión sobre los derechos humanos de la ONU. De acuerdo con esos principios dichos estudios deben: ser realizados por un grupo de especialistas independientes del poder ejecutivo que negocia o ha negociado los términos del acuerdo comercial o de un acuerdo de inversiones; emplear una metodología no discriminatoria; promover la participación abierta; ser realizados con total transparencia; exigir a las partes interesadas en la rendición de cuentas.
Los tres informes de Canadá sobre los derechos humanos y el acuerdo de libre comercio con Colombia no son ni independientes, ni transparentes y apenas le dan una ubicación superficial a los observadores externos.
En el primer informe del 2012 se exponían algunos útiles principios metodológicos a seguir durante el transcurso de los años subsiguientes, entre ellos un análisis de los derechos de las personas involucradas por el conjunto de los sectores económicos contemplados en el TLC incluidas las industrias extractivas. Sin embargo hasta hoy día no ha sido publicado ningún análisis de este tipo. Los posteriores informes del gobierno canadiense señalan que las inversiones extranjeras no se enmarcan en el informe pese a que la protección de las inversiones constituye parte fundamental del TLC, permitiéndoles a los inversores demandar al gobierno colombiano ante los tribunales internacionales.
Restringiendo el contenido del informe a las reducciones tarifarias y a los intercambios comerciales, el gobierno de Canadá evita tener que rendir cuentas sobre situaciones de litigio. Por ejemplo sobre gran cantidad de tierras destinadas a la explotación de sus riquezas naturales incluidas las monopolizadas por empresas canadienses, en que las comunidades autóctonas afrocolombianas se hallan permanentemente expuestas a amenazas, agresiones y asesinatos. En 2009 la suprema corte de justicia colombiana evaluó que la tercera parte de los pueblos autóctonos corre el riesgo de desaparición física y cultural debido a los conflictos armados, los desplazamientos forzosos y la usurpación de tierras a causa de los megaproyectos especialmente centrados en la explotación de los recursos naturales. Sin embargo el gobierno federal colombiano se ha cuidado muy bien de pedirles cuenta a las empresas extractivas respaldadas por el TLC, 42 empresas en total inscritas en la Bolsa de Toronto cuyas actividades se centran en la explotación aurífera y la minería incluyendo a la Pacific Rubiales, la mayor empresa petrolera de intereses extranjeros en Colombia.
Existe asimismo una creciente inquietud en lo relativo al destino cada vez más precario de los sindicalistas. En 2013 fueron asesinados 26 activistas y jefes sindicales, es decir 4 más que en 2012. En el último año los sindicalistas han sido objeto de más de otros 200 ataques, amenazas y secuestros. Las minas y las canteras han sido los sectores más castigados. A pesar del Acuerdo de cooperación existente en el campo laboral. Un acuerdo paralelo sobre el que el gobierno canadiense mantiene absoluto silencio.
El pretendido proceso de consulta con los actores intervinientes para la elaboración de este informe se parece en todos sus aspectos al del año anterior. Un llamado a participar fue discretamente publicado en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores y en el de Comercio y Desarrollo, pero con el exiguo plazo de seis días hábiles. Es comprensible por lo tanto que no se hayan realizado aportes. Además el anuncio del proceso de consulta no fue hecho público ni difundido en español, lo que impidió toda participación significativa de la sociedad civil ni de las colectividades colombianas directamente afectadas por el comercio y las inversiones canadienses.
El proceso de redacción de informes del gobierno canadiense, profundamente deficiente, pone en evidencia su carácter de parte integrante del problema no de su solución. Este proceso ha producido tres informes vacíos que ignoran negligentemente la manifiesta crisis colombiana, rechazando analizar sus vínculos con los intereses privados combinados y que no hacen más que demostrar la falta de mecanismos eficaces que obligarían al gobierno canadiense a rendir cuentas sobre sus responsabilidades en materia de derechos humanos en la negociación de dichos acuerdos.
Ante esta preocupante situación no es para menos hallarse inquieto ante el futuro Acuerdo de libre comercio entre Canadá y Honduras que intenta poner en marcha el gobierno, dado que la desastrosa situación de los derechos humanos en Honduras es muy similar a la que prevalece en Colombia