A más de dos años del lanzamiento del Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza, los movimientos sociales de América del Sur afinan su discurso e imponen un eje común a sus acciones: la lucha contra la desigualdad social y las críticas a un modelo económico que consideran freno para el desarrollo. El Llamado […]
A más de dos años del lanzamiento del Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza, los movimientos sociales de América del Sur afinan su discurso e imponen un eje común a sus acciones: la lucha contra la desigualdad social y las críticas a un modelo económico que consideran freno para el desarrollo.
El Llamado (GCAP, por su sigla en inglés) nació como una campaña de un año en el Foro Social Mundial de 2005, que se desarrolló en la meridional ciudad brasileña de Porto Alegre.
Las 200 organizaciones y movimientos sociales que lo integran definen al GCAP como «una de las mayores alianzas organizadas por ciudadanos y ciudadanas en todo el mundo». Actúan en más de 100 países, con el objetivo de que los gobiernos cumplan sus compromisos para combatir la miseria en la que viven más 1.000 millones de personas.
Por iniciativa de las organizaciones de América Latina y el Caribe a la campaña actual se le incluyó la frase «Alianza por la Igualdad», ya que ésta última es para la región «tan importante como la lucha contra la pobreza», dijo a IPS Jair Barbosa Jr, del Instituto de Estudios Socioeconómicos (Inesc), actualmente a cargo de la Secretaría Ejecutiva del GCAP en Brasil.
Esa desigualdad no sólo se manifiesta en la injusta distribución de la renta sino también en la discriminación hacia las mujeres, los homosexuales y las minorías.
«Finalmente conseguimos conectar el tema de la pobreza con la desigualdad social. Aunque ambas caminan juntas, la desigualdad es más desestructurante que la pobreza», señaló la coordinadora del Inesc, Iara Pietricovsky.
La campaña del GCAP en Brasil se centró este año en la cuestión del género, «porque la pobreza en Brasil es mayoritariamente femenina», indicó Barbosa. Cerca de 65 por ciento de los pobres y 70 por ciento de los analfabetos de este país son mujeres.
Este año Brasil anunció que había logrado, una década antes de lo previsto, reducir la pobreza extrema a la mitad, una de las metas contempladas por los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados en 2000 por la Organización de las Naciones Unidas, y que debían alcanzarse en 2015.
Según datos oficiales, entre 1990 y 2005 el número de brasileños con ingresos de menos de un dólar diario se redujo 52 por ciento. Aunque Pietricovsky reconoció que disminuyó la pobreza, subrayó que «las autoridades todavía están en deuda en el tema de un efectivo combate contra la desigualdad».
Una traba para lograr una mayor movilización en torno a las metas del GCAP, dijo Barbosa, es que se hace difícil reunir todas las luchas de los movimientos sociales «bajo el paraguas del combate a la erradicación de la pobreza».
En Argentina, en cambio, los problemas para alcanzar ese objetivo tuvieron su origen en las elecciones presidenciales previstas para el 28 de octubre.
Jorge Carpio, del Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos, que coordina el Llamado en ese país, lamentó que la campaña electoral «lejos de potenciar el debate lo opaca».
Pero, aunque «no se logró todo lo necesario», reconoció como un avance el haber insertado el tema en la sociedad civil a través del Foro Nacional contra la Pobreza, integrado por 17 personalidades de la cultura, la religión y los derechos humanos.
Según datos del gubernamental Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el primer semestre de este año 23,4 por ciento de la población argentina vivía bajo la línea de pobreza, con un 8,2 por ciento de personas en estado de indigencia.
En Perú, donde la pobreza afecta a 44,5 por ciento de sus 27,2 millones de habitantes, y la indigencia a 16 por ciento, el GCAP optó por un mensaje más político.
Los activistas tomaron parte en movilizaciones para exigir el cambio del modelo económico neoliberal que se instauró durante la presidencia de Alberto Fujimori (1990-2000), y que según afirman continúa aplicando el actual mandatario, Alan García, quien llegó al poder en julio de 2006.
«La política gubernamental concentra la riqueza y produce pobreza todos los días en forma de falta de dignidad en el trabajo, despidos, salarios bajos y empobrecimiento dramático de las escuelas, hospitales y otros servicios sociales, y esto continuará mientras no cambie el modelo económico», dijo a IPS el coordinador del GCAP en Perú, Héctor Béjar.
Las organizaciones sindicales, sociales y políticas han formado un comité con una plataforma única, que demanda una nueva política gubernamental y a la cual se han incorporado los miembros del capítulo local del GCAP.
El 11 de junio se realizó una multitudinaria movilización en la que hicieron escuchar sus reclamos maestros, obreros de la construcción y mineros. Se convocó a una nueva jornada de protesta para el 9 de noviembre.
«No tenemos esperanzas de que el gobierno y los grupos dominantes cambien por voluntad propia. Por eso nos sumamos a estas movilizaciones», dijo Béjar.
En Chile, las acciones para concretar los objetivos del Llamado están a cargo de la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales, Acción y el Consejo de Todas las Tierras, una organización de indígenas mapuches liderada por Aucán Huilcamán.
Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica de 2006, 13,7 por ciento de los 16,5 millones de chilenos son pobres y 3,2 por ciento indigentes.
El presidente de Acción, Miguel Santibáñez, dijo a IPS que el menor impacto logrado en la región por la campaña global se explica por el diferente tratamiento que brindan a este tema las organizaciones no gubernamentales de los países ricos y pobres.
En América Latina, agregó, la lucha contra la pobreza está «institucionalizada» y su foco son los problemas concretos de la población en materia de pensiones, salud, vivienda, educación, derechos laborales o daño ambiental producido por las industrias extractivas.
Esa vocación de trabajo constante y específico hace que la movilización sea más reposada, señaló Santibáñez. Las ONG de Europa y otras regiones, en cambio, tratan la pobreza como tema genérico, sin distinguir problemas puntuales, lo cual posibilita las respuestas masivas, agregó.
El capítulo chileno del GCAP organizó el año pasado un seminario sobre mecanismos innovadores de financiamiento al desarrollo, cuya importancia fue «haber dado a conocer públicamente por primera vez el tema en este país», dijo Santibáñez.
En Colombia, la pobreza afecta a 49 por ciento de la población, según el gobierno, y a 66 por ciento de acuerdo con estimaciones privadas.
Se realizaron varias movilizaciones, entre ellas una contra la desconexión de los servicios públicos a quienes no podían hacer frente a sus costos en las zonas marginales de la occidental ciudad de Medellín. Participaron unas 14.000 personas con la consigna «O comemos o pagamos».
En esa ciudad, con más de dos millones de habitantes, «unas 80 mil familias se encuentran sin servicios de agua, luz, teléfono o gas, interrumpidos por una de las empresas con mayor rentabilidad en América Latina», dijo a IPS Alberto Yepes, coordinador de Colombia sin Pobreza.
El 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, los activistas de los países sudamericanos, a excepción de Perú, no realizaron movilizaciones sino actos apuntados a la reflexión y el análisis.