La implacable ofensiva para terminar de liquidar el sistema público de pensiones en favor de las AFP, que en estos días se presenta con el ropaje de ‘cierre de la ley 20530’, y la cancelación consiguiente de beneficios adquiridos por muchas personas a lo largo de su vida, y que supone también una reforma de […]
La implacable ofensiva para terminar de liquidar el sistema público de pensiones en favor de las AFP, que en estos días se presenta con el ropaje de ‘cierre de la ley 20530’, y la cancelación consiguiente de beneficios adquiridos por muchas personas a lo largo de su vida, y que supone también una reforma de la Constitución para hacer posible este atropello (amenaza que a partir de allí se extenderá a todo derecho), en una componente esencial del programa neoliberal y de la base moral (o inmoral) en que se sustenta. No hay nada de extraordinario en que sean los mismos defensores de las empresas mineras depredadoras y reacias a pagar impuestos, los que insisten hasta la majadería, que los jubilados son el principal problema del Perú.
El concepto de fondo es que la vejez y los fondos de retiro son gasto puro e inútil, que lo pagamos los demás con nuestros impuestos. Pero para llegar a esta conclusión contundente, previamente el Estado se sirvió de los recursos acumulados por las cotizaciones de los trabajadores y los desfalcó simple y crudamente, como hizo con otras cuentas de la Seguridad Social, que no era plata suya, sin que nadie haya sido procesado y sancionado por esta responsabilidad histórica. Peor aún, los ex presidentes, parlamentarios y partidos que hicieron estos actos ilegales, siguen en el poder y luchando por ser gobierno. Y tienen la raza de querer resolver sus trapacerías retirando los derechos de los perjudicados.
En los 90, además, amparando intereses financieros que veían en las jubilaciones futuras un dinero facil para lograr grandes utilidades, el mismo Estado forzó el traspaso de la mayoría de activos, especialmente de los de más altos ingresos y a los más jóvenes (que demorarán más en cobrar su dinero), al régimen privado e individualizado de las AFP, que a pesar de las expectativas que se hicieron ha funcionado deficientemente como rentabilizador de las cotizaciones, poniendo en peligro las pensiones de largo plazo, y obligando a varios salvatajes estatales y sobre todo a que se imponga un complot lobbista en el parlamento para impedir el libre movimiento de los cotizantes de un sistema de pensiones a otro. El liberalismo crucificado para salvar al capital financiero.
Obviamente, el efecto AFP fue cortar el círculo de retroalimentación de las pensiones públicas, donde los activos financiaban con sus aportes a los pasivos. De pronto no hubo ningún respaldo financiero para las personas que tenían derecho, por el trabajo de toda su vida y los descuentos que recibieron sobre sus remuneraciones, a cobrar sus beneficios. De esto se valió el Estado además para congelar y minimizar las pensiones de la 19990 que carecía de un mecanismo de ajuste y actualización, al punto de hacer casi equivalentes jubilación e indigencia. Los de la 20530 tuvieron efectivamente mejores defensas, aunque nuevamente los gobernantes inventaron argucias como la de los ‘aumentos no pensionables’, para sacarle la vuelta al texto explícito de la ley vigente.
La trampa, que algunos héroes de lugar común y de la resonancia de las campañas mediáticas, ignoran, es que el Estado debe a los fondos de jubilación una barbaridad de dinero, con sus respectivos intereses, muchísimo más grande que ese 20% del presupuesto anual que el premier Ferrero, en medio de sus gallos característicos, afirma que no puede seguir pagándose, porque de otra forma el Estado ‘colapsaría en los próximos años’. El manejo en este tema es tan alevoso que las cifras de lo que se tomó sin pedir permiso de la 19990 y la 20530, están ocultas y refundidas, y no se presupuestan ni se consignan en la cuenta nacional, a pesar que es obligatorio hacerlo. El argumento conchudo es que no se hace, porque no podrá ser pagado. Y, entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con la deuda externa? En uno y otro caso es plata ajena, que se gastó y no se puede reponer sin sacrificar necesidades esenciales. Pero alguien imagina que el Estado podría decirle a un acreedor serio: no tengo plata, despéjame la plaza o te sacó con la guardia de asalto. ¿Y por qué con los viejos sí lo hace?
Cuando uno tiene un conjunto de deudas que lo sobrepasan: ¿qué hace? Consolida todos los pasivos, establece su deuda total y propone un plan de pagos en plazos realistas al conjunto de acreedores, y les dice además que no lo ahorquen porque si no, dejará de cumplir y todos saldrán perjudicados. Pero en el caso del Estado peruano es diferente. Este escoge los acreedores con los que quiere quedar bien y se olvida de las otras deudas. A los primeros les paga hasta con la sangre y sacrificando efectivamente necesidades de la población. A los segundos los trata a palos, los culpa de la crisis y exige al parlamento un cambio constitucional para consagrar el despojo.
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Pero no te olvides de los vivos de la 20530.
Porque es por esos que se ‘colapsa’, por lo menos según la demagogia, disfrazada con didáctica de profesor de primaria, del ministro Carlos Ferrero. Por ‘vivos’ se podría entender los que irregularmente se acogieron a la ley y/o lograron beneficios que no les correspondía, utilizando para eso sus propias posiciones en el poder del Estado: ministros, parlamentarios, jueces y fiscales, presidentes y gerentes de empresas públicas, etc. ¿Cuántos son lo que están en situación de ilegalidad?, ¿por qué evitan hasta hoy publicar una lista con estos tramposos, como lo hacen con la gente que no paga impuestos o no cancela sus multas?, ¿a quiénes se protege? Más aún, porqué motivo no se ha actuado hasta ahora a través de un procurador para retirarles las pensiones a las que las perciben incorrectamente y para que devuelvan lo que cobraron sin corresponderles. Porque es evidente que para sancionar una falta administrativa de este tipo, no se requiere ningún cambio constitucional.
Ahora si por ‘vivos’ se quiere entender a los jubilados que teniendo el derecho acreditado, reciben pensiones encima, por ejemplo, de los 10 mil soles, y se les tacha así porque existen otras de 200 soles; entonces en todo caso estos ‘vivos’ no son más de 258 y así tuvieran el ingreso de Toledo no harían colapsar ninguna cosa. ¿Cuántos funcionarios de este gobierno, empezando por el presidente y el premier que llevan adelante la campaña justiciera contra la 20530, ganan sobre los 10 mil soles? Tal vez habría que preguntar nomás: ¿cuántos sobrinos de Toledo tienen actualmente ese ingreso de fuente del Estado? Y por cierto con 2 mil o 3 mil toledistas dorados, no ha terminado aún de colapsar el Estado. Sin hablar de lo que cuesta el parlamento.
Ah, por supuesto, si de solidaridad se trata, ahí sí, podríamos concordar que para que un jubilado no gane 50 veces más que el más pobre y un maestro 105 veces menos que el presidente; se establezca que los que reciben sus ingresos del presupuesto fiscal no puedan sobrepasar una relación de diez a uno, entre el más alto y el más bajo. Si esa fuera la discusión seguramente otra sería la mirada del país sobre sus gobernantes.
El universo de jubilados que están sobre los 3,500 soles de tope que plantea el gobierno para las jubilaciones, asciende a unas 10 mil personas. De estos, 258 están sobre 10 mil soles; 245 entre 8 y 10 mil; 2,712 entre 5 y 8 mil soles; 6,500 entre 3 mil 500 y 5 mil. La enorme mayoría de la 20530 está debajo del límite, más de 300 mil personas. Este grupo es en realidad el que más cuesta, de la misma forma como en el Estado pesa la planilla de educación. O sea que si Ferrero está hablando en serio, su puntería está en estos, que son los pobres, pero cuestan. Por eso es que se dan el lujo de hablar primero de colapsos, luego de sueldos excesivos y más tarde que lo que le van a quitar a los de arriba se lo van a pasar a los de abajo, de la 19990, que quiere decir que no les urge tanto ese dinero y pueden disponer de él para ver si dividen a los jubilados, lo que no han conseguido.
¿Por qué decimos que con la coartada de los sueldos altos y las vivezas, se quiere atacar a los que ganan menos? Muy simple. Porque se les quita el efecto espejo, de actualización, y se les introduce en un plano inclinado para que se nivelen hacia abajo con los del otro régimen que están a la merced de los días en que el Estado se le ocurre incrementarles unos soles. Se está haciendo un homogenización no para mejorar sino para abaratar el paquete de 300 mil peruanos en la 20530 y condenarlos definitivamente a la cuasi mendicidad de los de la 19990.
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Hay otro motivo del que poco se habla. Todos los que iban hacia la 20530 pero todavía están activos y que representan un número interesante de personas con ingresos actuales probablemente aún más interesantes, van a quedar fuera de ese sistema en extinción. Con lo cual se está empujando a todos ellos a la migración hacia las AFP. Un regalo que hace Toledo a estas empresas que están en plena discusión para ver si sacan dinero del país y donde consiguen aumentar sus fondos.
El Perú que viene hace unos meses de discutir la propuesta de permitir la desafiliación de las AFP y la libre elección de sistemas pensionarios, resulta un poco más allá metiendo en el túnel a parte de su fuerza de trabajo calificada al tubo de estas empresas que no era lo que ellos habían elegido y para lo que habían estado cotizando.
Dígannos, si esta no es una burda manera de actuar en favor del interés privado contando la historia de los colapsos, la justicia, la solidaridad, etc., que en boca de este gobierno suena aún más mentirosas que de costumbre.