El parlamento de India aprobó una ley que garantiza 100 días de empleo al año a todos los hogares rurales. Pero algunos expertos la critican por considerar que es impracticable y alienta la corrupción.
«Ésta es la norma más importante para los millones de pobres de India aprobada desde la independencia en 1947», dijo a IPS Prabhat Patnaik, profesor de Economía de la Universidad Jawaharalal Nehru y uno de los impulsores de la ley.
La Ley Nacional de Garantía de Empleo Rural, inspirada por los partidos comunistas que integran la coalición de gobierno, promete un empleo remunerado a todo hogar del campo que incluya adultos dispuestos a desempeñar trabajos manuales de baja calificación.
La intención de la norma aprobada el martes es aliviar la pobreza en las postergadas áreas rurales de este país, en el que 72 por ciento de sus 1.100 millones de habitantes viven en la pobreza, según el censo de 2001.
Patnaik sostuvo que, dada su enorme escala, el programa podría ser considerado uno de los grandes pasos dados hasta ahora en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio, entre los que figuran reducir a la mitad la población pobre y hambrienta del mundo para 2015.
En esencia, explicó, el gobierno se compromete a gastar 10.000 millones de dólares al año –poco más de uno por ciento del producto interno bruto– para asegurar a los hogares rurales al menos 60 rupias (1,5 dólares) diarias por un mínimo de 100 días al año.
«Hubiera preferido que el programa se basara sobre los individuos más que sobre los hogares», dijo Patnaik, quien atribuyó algunos de los claroscuros de la norma a las intensas negociaciones y presiones que concitó.
El economista derechista Surjit Bhalla dijo que la ley abrirá paso a una corriente de corrupción generalizada a través de la «falsificación de registros» que, aseguró, es una práctica muy común en India.
Pero Patnaik sostuvo que una ley de tal alcance y con tan ambiciosos objetivos no podía dejarse de lado por el temor a la corrupción, que, dijo, «está por todos lados»,
Sin embargo, añadió, «este país ya tiene leyes para contrarrestarla, como la del derecho al libre acceso a la información, aplicadas para controlar a las autoridades. Tomará tiempo que el proceso adquiera fluidez, pero finalmente ocurrirá».
El programa fue diseñado por trabajadores sociales y economistas, entre ellos Patnaik y Jean Dreze, profesor de la Escuela de Economía de Delhi natural de Bélgica.
Todos ellos están afiliados al Consejo Asesor Nacional que asiste a la presidenta de la coalición de gobierno y líder del Partido del Congreso, Sonia Gandhi, que controla la minoría mayor en el parlamento y que gobernó durante la mayor parte de la vida independiente de India.
Muchas de las recomendaciones originales del Consejo fueron diluidas por burócratas ansiosos de limitar las facultades del gobierno. Uno de los principios de la ley es la universalidad en la atribución de los beneficiarios.
La norma asigna al gobierno la obligación de suministrar empleo a los aspirantes o, de lo contrario, pagarles un subsidio. La aplicación tendrá diferencias en los distintos estados de India.
Patnaik opinó que la asignación mínima debió haberse dejado al libre albedrío dentro de los diversos estados, en lugar de fijarlo de manera uniforme en 60 rupias. Algunas jurisdicciones con gobiernos de izquierda, como el meridional estado de Kerala, ya cuentan con un salario mínimo que duplica esa cifra.
Un punto clave de la ley es la atribución de su implementación a organismos locales elegidos en las urnas y organizaciones no gubernamentales, al contrario de otros programas de alivio a la pobreza estrechamente controlados por los gobiernos nacional o de los estados.
Unos 200 de los 600 distritos del país, incluidos 150 ya cubiertos por un programa preexistente denominado «alimentos por trabajo», serían los primeros en aplicar la ley, que se ampliaría gradualmente en los próximos cinco años hasta cubrir todo el país.
Decidir qué hogares se beneficiarán es una materia aún vaga, dados los diferentes criterios para medir la pobreza.
Según el Banco Mundial, más de 30 por ciento de los indios viven con menos de un dólar diario, pero economistas de este país creen que la proporción sería, en realidad, de 40 por ciento, y que la mayoría de esa población reside en áreas rurales.
De cualquier manera, la asignación propuesta en la ley suma un promedio de 12 dólares mensuales para una familia condenada a la pobreza, lo cual, según los críticos de la ley, resulta insuficiente.
Pero el ministro de Desarrollo Rural, Raghuvansh Prasad Singh, indicó en el debate parlamentario que se trata de un comienzo en un proceso dirigido a acabar con la pobreza rural y proteger a los hambrientos.
Una de las consecuencias de la norma previstas por el experto Dreze es la reducción de la cantidad de emigrantes del campo en busca de empleo en las ciudades, travesía que con frecuencia es el preámbulo de explotación.
La ley también cumpliría con el cometido de contrarrestar las inequidades de género, otro de los objetivos de desarrollo de la ONU, pues una gran proporción de los beneficiarios de la garantía de empleo serán mujeres.
Por último, la ley abrirá posibilidades para mejorar la infraestructura rural, dado el potencial de uso de trabajo intensivo de los beneficiarios en obras públicas, añadió Dreze.
En las últimas dos décadas, la clase alta «se transplantó, literalmente, en el primer mundo sin siquiera solicitar visa», y llegó la hora de compartir parte de la riqueza, según el experto.