Es importante que las entidades inviables sin ayudas públicas sean reestructuradas y adjudicarlas a los agentes privados más sólidos FRANCISCO GONZÁLEZ, presidente BBVA (13-03-2010) La reforma de las cajas de ahorro es la mayor entrega de recursos al capital financiero privado (…) Y lo quieren justificar, además, con una situación crítica de las cajas, […]
sean reestructuradas y adjudicarlas a los agentes privados más sólidos
FRANCISCO GONZÁLEZ, presidente BBVA (13-03-2010)
La reforma de las cajas de ahorro es la mayor entrega de recursos
al capital financiero privado (…) Y lo quieren justificar, además,
con una situación crítica de las cajas,
consecuencia de una operativa bancarizada y especulativa.
(CAYO LARA, 04-04-2011)
Dentro de las reformas que el Gobierno nos presenta como inevitables está la privatización de las cajas de ahorro públicas, que ha venido facilitada por medio de diferentes acuerdos y decretos en el último año entre el PSOE y el PP.
Hay que recordar que en los tres últimos años el Gobierno del PSOE compró activos inmobiliarios a la banca, avaló a sus operaciones, o facilitó que el conjunto de bancos tuvieran acceso ilimitado al crédito por parte del Banco Central Europeo. En ésta, como en otras ocasiones en las últimas décadas, el conjunto de la banca solo subsistió gracias al apoyo del Estado. A pesar de todo ello, durante los años 2009 y 2010 la actividad crediticia cayó.
Posteriormente, preparando la reconversión de las cajas de ahorro, el Gobierno creó el FROB (Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria).
Utilizando todo tipo de legislación, y a través de otras medidas implementadas por el Banco de España (BDE), el Gobierno ha obligado a diferentes uniones entre las cajas que, en pocos meses, han pasado de ser 45 a 17 tan solo.
El 26 de junio pasado, un año después de la creación del FROB, el BDE considera prácticamente concluido el proceso de reestructuración de las cajas de ahorros. Sin embargo, se mantienen las dudas sobre la solvencia de las mismas (así como sobre otros bancos privados) por parte del capital financiero internacional. Por ejemplo, la agencia Moody’s exponía en diciembre pasado su opinión de que los bancos españoles sólo habían recogido en sus balances la mitad de las pérdidas afloradas, ocultando en sus cuentas el resto.
Por cierto, hay que decir que, tanto esta agencia como otras del sector, valoraban más positivamente la solvencia de varias cajas españolas que la de algunos de los principales bancos privados, como por ejemplo el Bankinter, dominado por la familia Botín; el Banco de Andalucía (del Popular), o el Banco Pastor (donde es accionista Amancio Ortega).
Por tanto, los conglomerados financieros internacionales presionan al Gobierno para agilizar la «limpieza» de la banca durante este año.
Entonces, el Gobierno aprueba la última ley, el Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, «para el reforzamiento del sistema financiero». En este caso, el PP se abstuvo. Esta última ley es la que socialmente va a ser más difícil de digerir y, como todos sabemos, en pocas semanas hay elecciones. Esta abstención entronca, por tanto, con la demagógica y cotidiana labor opositora del PP.
EN QUÉ CONSISTE EL DECRETO DE FEBRERO.
Se obliga a que las cajas alcancen un capital líquido del 8% de los activos ponderados como riesgo. Una cifra que se amplía hasta el 10% para aquellas entidades que no coticen en Bolsa o no tengan una presencia en su capital de, al menos, el 20% de inversores privados.
Esta liquidez ‘a la vista’ no la poseía casi ninguna de las cajas en marzo, pero tampoco varios bancos privados.
La ministra de Economía explicó en rueda de prensa los objetivos del decreto:
«El 30 de septiembre tendrán que haberse cumplido esos requerimientos de capital adicional (…) Si una entidad (…) desea solicitar apoyo financiero por parte del FROB, podrá hacerlo y tendrá que presentar, en ese caso, un plan de recapitalización (…) La presencia del FROB en el capital de las entidades es una presencia de carácter transitorio (…) Se permitirá [posteriormente] la recompra de esos títulos según condiciones de mercado sin necesidad de que medie un procedimiento competitivo (…) El FROB adquirirá únicamente acciones de Bancos (…)».
Con este procedimiento se fuerza a las cajas a acudir a la Bolsa para capitalizarse. Si no pueden hacerlo, ahí estará el FROB con dinero de todos los contribuyentes, pero recordemos que el FROB solo podrá ayudar a los bancos. Se obliga, como vemos, a la privatización de las cajas en cualquier caso. Posteriormente, el banco se venderá «según condiciones de mercado, sin necesidad de que medie un proceso competitivo». Es decir, se venderá ‘a dedo’ a determinados bancos escogidos para ello.
Nadie se cree que en la mayoría de las todavía cajas haya una ola de inversiones masivas a través de la Bolsa o del capital privado. El Jefe de inversión de renta variable europea de JP Morgan opinaba a finales de marzo lo siguiente, dividiendo todos los grupos bancarios en tres:
«El primero está integrado por Santander y BBVA… representan una oportunidad de inversión. Sí, pero en una perspectiva de tres a cinco años, porque hay cierto nerviosismo acerca del incremento de créditos incobrables… La segunda, obviamente es la de los bancos de tamaño medio, como Banco Popular o Sabadell. Estas entidades están en una posición mucho más dura, porque tienen más exposición… Por último, están las cajas de ahorros,… si el mercado puede vislumbrar por fin que va a haber una reestructuración de las cajas, eso va a dar una señal muy alentadora; permitirá a los mercados tener más confianza en que los bancos españoles podrán absorber las pérdidas crediticias que están por venir en España».
Parece que el capital privado no tiene prisa en tomar posiciones como accionista respecto a las cajas. Si acaso, puede haber inversiones de este tipo en las más solventes o mayores. Se espera a que el FROB (el Estado) sanee las cajas para comprarlas después. La vieja historia que se repite: privatización de beneficios y socialización de pérdidas ¿Nos suenan Banca Catalana y RUMASA en los años 80 con el Gobierno del PSOE de Felipe González?
CONSECUENCIAS DE LA REFORMA
Si el crédito no ha fluido con las anteriores medidas por las cuáles se ha puesto a disposición de los bancos decenas de miles de millones de euros, ahora esto tampoco va a suceder. Ya lo ha avisado Fernández Ordóñez, presidente del BDE:
«[2011] será unos de los años más duros (…)». Según El País (06-04-2011), afirmó en una conferencia que el crédito no crecerá. Lo mismo han dicho otras destacadas personalidades…
El crédito no fluirá, además, porque disminuirá la competencia en el sector, al producirse una concentración desmedida del poder financiero en manos de menos agentes. Las cajas están restringiendo ahora, aún más que en los tres últimos años, la concesión de créditos porque implica el consumo de unas reservas que les son necesarias para alcanzar el nivel mínimo de capital exigido con la última ley.
Esto es lo que está detrás de la aceleración de entrada en concurso de acreedores en los últimos meses de gran número de empresas. El número de concursos mercantiles creció en España un 10% en el primer trimestre del año 2011, en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. Por su parte, el número de trabajadores afectados por la insolvencia de las empresas en este trimestre creció un 29%.
El desencadenante de estos procesos tiene que ver con la no refinanciación de los préstamos, a su vez refinanciados en 2008 y 2009 en los compases iniciales de la recesión, cuando cajas y bancos todavía entonces presentaban posibilidades para hacerlo y los trucos contables todavía les permitían esta posibilidad.
CAJAS Y BANCOS SIGUEN OCULTANDO AGUJEROS EN SUS LIBROS.
En enero, los bancos publicaron resúmenes de sus datos contables, las que fueron definidas como tripas internas de su contabilidad. En base a las peticiones que han hecho las cajas al FROB (que se desprenden de dichos informes), y al dinero aportado ya por el Estado a las cajas, el BDE cuantificó en 25.570 millones de euros la cantidad que sería suficiente para sanear las cajas (2,5% del PIB español).
Ahora bien, las contradicciones son evidentes. En enero, súbitamente, en cuestión de días, el destape de sus cuentas elevó de un día para otro la tasa de morosidad en los créditos al ladrillo, del 11’4% al 17’5% del total de los mismos. Un reconocimiento (aunque pequeño y limitado) de lo que Moody’s expuso en diciembre.
Sin embargo, los propios datos suministrados por cajas y bancos, cotejados con los del Gobierno y del BDE, no encajaban entre sí. Joaquín Maudos, catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia, pulverizó en un artículo esclarecedor todos esos datos, presentados entonces como las verdaderas tripas internas de las cuentas bancarias.
Maudos demostró (Cinco Días, 11-02-2011) cómo la morosidad (créditos cuyas letras no se pagan) ascendería a 77.000 millones de euros, y no a los 42.000 millones declarados por la banca con el «destape» de enero. A su vez, la «exposición potencialmente problemática» sería de casi 208.000 millones de euros.
El artículo concluye:
«…Es más que evidente que en los próximos días habrá que revisar sustancialmente al alza la tasa de morosidad en el ladrillo… ¿Por qué el volumen de crédito al ladrillo [a las inmobiliarias] que han declarado hasta ahora las entidades que se han desnudado suma 242.000 millones de euros y, sin embargo, la cifra que reportan las estadísticas del BDE… suman 421.000 millones de euros a construcción y actividades inmobiliarias?… Me temo que la supuesta transparencia no es suficiente y que habrá que esperar a ver lo que dicen los datos auditados».
Es decir, las cuentas del ‘destape’, las ‘tripas internas contables’, o como se las quiera llamar, siguen siendo cuentas muy poco creíbles. Es decir, va a hacer falta más dinero para sanear las cajas. Por eso el capital privado se resiste a entrar en todas ellas
UN PAÍS EN VENTA.
En enero había 421.000 millones de euros apuntados en los libros contables de cajas y bancos, tan sólo en préstamos a inmobiliarias y a promotores. Pero tenemos que recordar que el precio real de mercado de estos «activos» es mucho más bajo que el de los libros contables.
Hasta ahora, el Gobierno y el sistema financiero no han permitido la debacle de la mayor parte de las grandes inmobiliarias, realmente insolventes a todos los efectos, lo que hubiera puesto en duda la propia viabilidad del conjunto del sistema financiero. Se dieron facilidades para refinanciar los créditos a inmobiliarias (y también a particulares).
Además, bancos y cajas han entrado como accionistas en muchas de las inmobiliarias, fruto de los acuerdos llevados adelante para refinanciar los millonarios créditos de éstas.
Esta es una de las razones que está detrás de que los precios de la vivienda en el Estado español hayan caído con mucha menos intensidad que en Irlanda, donde, el colapso de los bancos ha quedado al descubierto antes.
El Gobierno insiste en que todos los bancos y cajas españoles cumplirán con los «test de solvencia» que van a realizar desde la UE este verano, que obtendrán la liquidez suficiente para cumplir con el decreto de febrero y con la UE.
Una parte de ese dinero lo lograrán de la venta de participaciones industriales, que ya han comenzado a «malvenderse» de forma rápida y necesitada al mejor postor. Solo en empresas cotizadas, los bancos y cajas tenían presencia por valor de 40.000 millones de euros a finales de 2010. De ellos, unos 30.000 corresponden a las cajas (5,8% de las acciones de la Bolsa española).
Pero hace falta más dinero aún, y los «activos potencialmente problemáticos» van a ser cada vez más «realmente problemáticos», según el estancamiento que predicen todos los organismos internacionales se vaya constatando y el derrumbe de los precios inmobiliarios se profundice.
Entre 1997 y 2007 el crecimiento de los precios inmobiliarios fue del 500% (El País, 13-03-2011), crecimiento potenciado y auspiciado por la alianza de constructoras, inmobiliarias y, sobre todo, bancos, que se hicieron de oro a base de endeudarnos durante décadas.
Desde la que fue primera ministra de vivienda de Zapatero, Trujillo, hasta todos los bancos de inversión extranjeros, todos, opinan que los precios de las propiedades inmobiliarias están sobrevalorados entre un 25% y un 50%. Si este ajuste se llevase ahora a efecto, el sistema financiero español en su conjunto (incluyendo al BBVA y al Santander) se vendría abajo de forma descontrolada.
Pero para evitar eso, con ayuda del decreto del Gobierno de febrero y, sobre todo, con el dinero de todos los contribuyentes, eso no debería suceder…
En definitiva, hay una cantidad de dinero ficticio ligado a propiedades inmobiliarias cuyo valor de mercado ha descendido (y va a hacerlo mucho más), pero esas propiedades aparecen apuntadas en los libros contables de bancos y cajas con su precio inicial. El Gobierno del PSOE decide avalar ese dinero ficticio con los recortes en pensiones, gastos sociales, incremento de impuestos… Pero no tiene capacidad para hacerlo con toda la banca: elige sanear las cajas públicas, privatizándolas y entregando su mercado, y lo mejor de sus balances, a la banca privada, incrementando de esta manera la solvencia de ésta última. No lo olvidemos, el Gobierno del PSOE decide políticamente adoptar estas medidas. Podía haber hecho justamente lo contrario, que es la alternativa que defendemos al final del artículo.
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS.
El contexto internacional es el de un estancamiento, o crecimiento lento, durante los próximos años. Esto, junto al ajuste del estado del bienestar, el crecimiento de los impuestos con que sufragar el endeudamiento rápidamente creciente del Estado y, finalmente, la falta de inversiones nuevas en el Estado español en el corto plazo, probablemente crearán una espiral aún más dramática para centenares de miles de familias que están aguantando todo lo posible el pago de sus hipotecas crecientemente onerosas.
Con la subida del euribor de final de marzo, se encarece en 600 euros anuales la revisión de la hipoteca para aquellos a quiénes les cumpla hacerlo en esa fecha. Pero la previsible tendencia a subir los tipos de interés, iniciada ya por parte del BCE, va a hacer que a su vez el euribor crezca aún más a lo largo de todo el 2011. Es decir, probablemente, a aquellos a quienes les toque revisar la hipoteca a finales de año les cueste hacerlo varios centenares de euros más sobre los 600 euros ya mencionados.
Cinco Días (14-02-2011) decía lo siguiente sobre la renta disponible de los hogares:
«Es el motor de crecimiento de la demanda privada, que en España supone dos terceras partes del PIB y, por tanto, el principal activador del crecimiento económico…La remuneración de los asalariados solo llega al 47’6% de la riqueza generada [PIB], dos puntos largos menos que en 2009… La población protegida por el seguro [de desempleo] y el subsidio es cada vez menor…La renta percibida por los desempleados [cayó]… de 1.083 euros en septiembre de 2008… [a] en diciembre de 2010, ligerísimamente por encima de los 800 euros mensuales».
Los mercados, a principios de abril, pusieron contra las cuerdas a Portugal, obligándola a pagar intereses superiores al 10% a cinco y diez años vista. Finalmente, Portugal se encomendó al fondo de rescate europeo y a las autoridades de la eurozona ¿Adivinamos de qué país son los bancos propietarios de la casi tercera parte de la deuda portuguesa y que, por tanto, se van a ver afectados en su rentabilidad? Exacto, son del Estado español.
¿Tendrán estos bancos (Santander y BBVA por ejemplo) ilusiones en que el Gobierno sanee rápidamente (a ser posible, en menos de un año, como dice el decreto de febrero) las cajas, separando los activos ‘buenos’ de los ‘malos’? ¿Garantizando, como dijo la ministra Salgado «la recompra de esos títulos según condiciones de mercado sin necesidad de que medie un procedimiento competitivo«? Hay que darse prisa: 2011 es el año en el que la economía española (sobre todo su banca) más créditos va a refinanciar en los mercados internacionales ¿Será por eso también que Botín le pidió a Zapatero que continuara un año más? Puede ser.
Así, tenemos que ya están sometidos a dramáticos planes de intervención al servicio de los grandes grupos financieros: Grecia, Irlanda y Portugal ¿Hay alguna barrera que se interponga entre los grandes especuladores y la economía española? No, no la hay.
«La batalla de Portugal ha terminado. Ahora empieza la batalla por España (…) Los 15.000 millones de capital que necesita la banca, según el Gobierno, se van a quedar cortos (…) Una lenta crisis va a cocerse entre 12 y 24 meses», aseguró en Expansión (08-04-2011) Bill Blain, bróker para la banca francesa, la segunda prestataria del Estado español, gente que está muy interesada en saber de qué van estas cosas.
QUÉ ALTERNATIVA A LA PRIVATIZACIÓN DE LAS CAJAS.
Increíblemente incluso desde un punto de vista capitalista, hay tal sometimiento al capital financiero por parte de la mayor parte de los Gobiernos, que se acepta sin rechistar el que el conjunto de deudas usureras generadas en los últimos años lastren el funcionamiento de la economía real durante décadas.
Es insultante que, mientras el Estado está respaldando con decenas de miles de millones de euros los activos bancarios basados en precios artificiales del suelo, los banqueros sigan maquillando sus libros contables presentando beneficios obscenos: el conjunto de los bancos ganaron casi 18.000 millones de euros en el 2008; ese año, sólo el Santander ganó 8.876 millones de euros y más de 9.000 millones en 2009; el BBVA ganó 4.606 millones en 2010, subiendo con respecto a los 4.210 millones del 2009. Como hemos explicado, una gran parte de este beneficio sólo ha sido posible con el recurso al regalo de créditos al 1% del Banco Central Europeo. Éste les facilitaba a los bancos españoles créditos al 1% para que ellos los invirtieran en los mercados monetarios, logrando rentabilidades de entre el 5-8%, y hasta de más del 10%, especulando contra la deuda de Portugal, Grecia o del propio Estado español. Es decir, especulando contra nuestras pensiones y nuestro bienestar. Deben pagar por ello.
Un Gobierno que llegó al poder gracias a los votos de la mayoría de los trabajadores, («gobernaré para los más débiles» dijo Zapatero) debe desconocer las actuales deudas hipotecarias de las familias obreras, que están ligadas al precio artificial del suelo (y no a su valor real) originado en el boom inmobiliario, que ahora se está derrumbando. A pesar de ello, el pago de los intereses usurarios desencadena todo tipo de tragedias familiares para poder llegar a final de mes a millones de familias.
El ejemplo que debemos seguir es el de Islandia donde, por dos veces, el pueblo rechazó someterse a los dictados de los bancos y pagar durante décadas una deuda que ellos no generaron.
Como el Gobierno del PSOE está entregado a los intereses capitalistas, desde el conjunto de la izquierda, empezando por IU, debemos defender una alternativa viable para resolver nuestros problemas.
«Nacionalizar las cajas permitiría que fluyera el crédito para pymes, autónomos y familias» ha afirmado Cayo Lara en diferentes ocasiones. A esto hay que añadir beneficios inducidos que se pierden con la privatización, como los más de 2.000 millones de euros que en los últimos años iban ligados a la Obra Social de las cajas semipúblicas: en ayudas sociales, actividades culturales…
Es necesario, por tanto, constituir un sistema único de créditos e inversiones (empezando por la unificación de las cajas de ahorros), para poner la economía al servicio de la inmensa mayoría de la sociedad y no al de las 200 familias más ricas. Ello implicaría decretar asimismo la expropiación de los bancos privados, que han sido untados con todo tipo de ayudas públicas en las últimas décadas, con el objetivo de concentrar todo el crédito en manos del Estado. Una banca pública que dominase el sector financiero español anularía los intereses abusivos que ha cobrado hasta ahora, otorgando hipotecas baratas, favoreciendo con sus recursos financieros los planes e inversiones del Gobierno.
Para prevenir procesos de corrupción, la gestión debe ser llevada democráticamente entre el Gobierno, los sindicatos de clase y los propios empleados de la banca.
A mediados de abril, el compañero Cayo Lara, refiriéndose a Telefónica afirmó: «Creemos que esta compañía tiene que volver a ser una empresa pública, a estar en manos del Estado». IU iba a pedir en el Congreso la nacionalización de la compañía. Últimamente, en otras ocasiones, Cayo Lara ha defendido la nacionalización de otros sectores estratégicos. Correcto. Tenemos que profundizar en esta alternativa.
Pero sería imposible una política así sin contar con los recursos fundamentales de la economía, actualmente en manos de unos pocos centenares de potentados. Un Gobierno que practicase una política auténticamente socialista, que subiera al poder, y no sucumbiera a las presiones del capital, se encontraría (como estamos viendo en el caso de Venezuela) con una huelga de inversiones y una evasión de dinero a mansalva mucho mayor que la existente actualmente.
La nacionalización de la banca debe enmarcarse en un plan general para el conjunto de la economía controlando las palancas fundamentales de ésta, única manera de «democratizar la economía», tal como venimos diciendo en IU desde hace muchos años. En un contexto donde la inversión privada está estancada, sólo un Gobierno que practique una política socialista puede acabar con el desempleo existente para 4’7 millones de personas, incrementar drásticamente su inversión en infraestructuras, posibilitando una sanidad, educación y pensiones de calidad.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.