El temor a perder el control político-económico sobre los países del Tercer Mundo que durante décadas ha ejercido el sistema capitalista encabezado por Estados Unidos y Europa, motivaron que estos países impusieran sus recetas en la pasada cumbre del G-20 para tratar de salvar sus privilegios. La situación no es nada halagüeña pues la crisis […]
El temor a perder el control político-económico sobre los países del Tercer Mundo que durante décadas ha ejercido el sistema capitalista encabezado por Estados Unidos y Europa, motivaron que estos países impusieran sus recetas en la pasada cumbre del G-20 para tratar de salvar sus privilegios.
La situación no es nada halagüeña pues la crisis financiera-económica global por la que atraviesa el capitalismo, el desprestigio actual de los organismos internacionales financieros (FMI y Banco Mundial impuestos por Washington en 1944 tras los acuerdos de Bretton Woods al finalizar la Segunda Guerra Mundial), los acuerdos para crear nuevas instituciones bancarias y la posibilidad de regular el poder del dólar propuesto por varios países del orbe, están haciendo peligrar prerrogativas y controles de los poderosos.
El pasado 24 de marzo, en Caracas se anunció el establecimiento del Banco del Sur con un capital inicial de 10 000 millones de dólares que se incrementará en el futuro con la incorporación de nuevos socios y servirá para financiar distintos tipos de proyectos para el desarrollo de los países miembros. Como otro paso hacia la integración latinoamericana los firmantes son Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Anteriormente se creó el Banco del ALBA, integrado por Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela que cuenta con un capital de más de mil millones de dólares y se utiliza para préstamos a los Estados miembros que incursionan en obras de infraestructura, servicios de salud, educación, desarrollo social y cultural. En estos dos bancos, los miembros aportan según sus posibilidades pero todos tienen el mismo peso en las votaciones.
La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, (ALBA), junto a acuerdos regionales de integración como PETROCARIBE, PETROSUR, ha ayudado a muchas naciones a solventar en parte la enorme crisis global.
En los primeros días de abril se formó el Banco Binacional Irán-Venezuela que según sus presidentes, Mahmud Ahmadineyad y Hugo Chávez, «es el resultado del establecimiento de una nueva estructura financiera internacional que dejará de lado los vicios y las injusticias del modelo capitalista que procura la explotación de los países y los condena al coloniaje». Asimismo, tendrá capacidad para actuar tanto en Irán como en todo el Oriente Medio, Asia y en Europa.
En los próximos meses se instalará el Banco Ruso-Venezolano con similares funciones y ya labora el Fondo de Financiamiento Estratégico Chino Venezolano.
El llamado de China (poseedor de las mayores reservas de divisas y de bonos del Tesoro estadounidense) a adoptar una nueva moneda de reserva internacional para reemplazar al dólar, estabilizar el clima monetario mundial y proteger sus gigantescas reservas cambiarias acabó de intranquilizar a Estados Unidos. Rusia también hizo declaraciones en el mismo sentido.
El gobernador del Banco del Pueblo de China, Zhu Xiaochuan, había anunciado que su país quería reemplazar al dólar, designado como moneda de reserva con un estándar diferente bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El gigante asiático expresó a fines de marzo la inquietud por su inversión en Estados Unidos en momentos que la principal economía mundial se enfrenta a una profunda recesión.
Ante estas circunstancias y hechos, Estados Unidos y Europa decidieron darle todo el apoyo al casi moribundo Fondo Monetario Internacional en el intento por revivir a un organismo desprestigiado ante la mayoría de los pueblos y gobiernos del mundo por la imposición de sus políticas neoliberales y de libre comercio que han llevado a la pobreza y la miseria a millones de personas en el orbe y que ha sido uno de los causantes de la crisis económica mundial.
En la reunión de Londres, ante numerosas protestas populares y represiones policiales, las potencias occidentales con apoyo de algunos países denominados emergentes, apostaron por salvar el libre comercio, la propiedad privada, la recuperación del dólar como moneda internacional, las políticas neoliberales ya fracasadas y, sobre todo, la forma de control financiero que han ejercido sobre las naciones pobres mediante los mecanismos del FMI y el Banco Mundial.
En esa dirección el G-20 triplicó las reservas del FMI en 750 000 millones de dólares para convertirlo en una especie de Banco Central del mundo que interviene en última instancia para supuestamente evitar el derrumbe de sus miembros acosados por la crisis recesiva global.
Según los analistas, de la misma forma que los bancos centrales de las metrópolis estadounidenses y europeas pilotean los «rescates» de empresas y bancos quebrados (con dinero público y garantía estatal), el FMI va a cumplir ese rol a escala de los gobiernos de los países «emergentes» y «subdesarrollados» del Sur periférico.
Se le esta otorgando al FMI las funciones de contralor general para que el dinero prestado vaya prioritariamente en auxilio de los bancos quebrados e intentar salvar al sistema financiero capitalista, y a la vez monitorear el cumplimiento de las obligaciones, o sea, las condicionantes que conllevan el otorgamiento de los préstamos.
Además, le asignaron otros 250 000 millones en nuevas emisiones de giros y a instituciones multilaterales de desarrollo como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otros 100 000 millones.
Algunas migajas se le entregarán a las naciones emergentes presentes en la cita y sobre todo a varias de Europa del Este que hoy se encuentran sumidas en graves situaciones económicas como Lituania, Letonia, Hungría, Ucrania, Rumania y República Checa que a la Unión Europea le es necesario salvarlas para su estabilidad.
En los años venideros se prevé entregar alrededor de 50 000 millones de dólares a los 50 países más pobres del planeta lo cual es una minucia si se conoce que África pagó en los últimos años 30 000 millones de dólares solo por el servicio de su deuda externa.
Desde 1944 Estados Unidos y Europa mantienen un pacto para controlar las actividades del FMI y del BM, al imponer Washington los directivos en el BM y los europeos los del Fondo sin que medie oportunidad para que algún país del Tercer Mundo pueda obtener esos puestos.
Además, estos organismos disfrutan de inmunidad jurídica total, y por tanto no se les puede realizar reformas sin la aprobación de Washington y otros países ricos que ostentan la enorme mayoría de los votos por ser los máximos acreedores.
Los dos entes financieros no ofrecieron soluciones para contener la crisis de los créditos hipotecarios en Estados Unidos ni fueron capaces de realizar un aviso ante la situación financiera mundial que se avecinaba.
El Fondo Monetario desde hace 65 años obliga a que los países en desarrollo apliquen medidas económicas que han beneficiado en todo momento a las capas adineradas de la sociedad y a las grandes compañías. Las naciones que se niegan a cumplir sus directivas son apartadas o ignoradas en el otorgamiento de créditos.
Cuando estalló la crisis de la deuda externa a principios de la década de 1980 el Fondo obligó a sus deudores a realizar ajustes profundos en sus programas sociales, abrir las puertas a las transnacionales, impulsar la privatización en detrimento de industrias y servicios públicos, lo que en su conjunto conllevó al saqueo de las riquezas, a la elevación de la pobreza y a una mayor desigualdad social en esas naciones.
Las profundas crisis que tuvieron lugar a fines del pasado y presente siglos en Asia y América Latina provocadas por las medidas de libre comercio y globalización neoliberal llevaron al borde del colapso a varias economías de esas regiones.
Para librarse de esas ataduras económica-políticas, Malasia y Tailandia liquidaron sus deudas con el FMI y apostaron por la independencia fiscal, línea que fue seguida por Brasil, Venezuela y Argentina. Las solicitudes de empréstitos al organismo internacional cayeron estrepitosamente pues muchas naciones prefirieron acumular reservas internacionales sobre su comercio exterior.
Entonces la crisis para el Fondo no se hizo esperar ya que sus ingresos mayormente proceden de los altos impuestos que imponen a los préstamos otorgados que casi siempre van a los países en vías de desarrollo los cuales se convierten en eternos deudores.
Por tanto resultaba enormemente necesario salvar al moribundo FMI, y además que no se analizara ni se tomaran medidas efectivas para eliminar el secreto bancario, la necesidad de lograr una moneda internacional que reemplace al desgastado dólar, ni contrarrestar las acciones proteccionistas en tiempos de crisis, por citar algunas cuestiones medulares que afectan a la economía internacional.
Por eso resultan tan apologéticas y faltas de credibilidad las declaraciones del primer ministro inglés, Gordon Brown cuando al término de la reunión relámpago del G-20, que solo duró unas horas, enfatizó que «se acabó el Consenso de Washington» al referirse a las tesis neoliberales que dominan la economía mundial desde mediados de los años 80 impuestas por Estados Unidos y Europa.
Lo cierto es que con el enorme suero monetario introducido al FMI, los creadores del Consenso de Washington quieren continuar dominando y controlando al mundo en una versión capitalista que no tiene nada de nueva, y tratar de contrarrestar las políticas nacionalistas e integradoras que están surgiendo en varias regiones del mundo y en especial en América Latina.
Esperemos para ver cuanto les dura la euforia.