Traducido para Rebelión por J. A. Julián
Introducción
Permítanme que comience enumerando una serie de importantes conceptos políticos planteados por el gobierno de Lula en Brasil. El primero es que la misión del gobierno consiste en garantizar los intereses de los «mercados» financieros (operadores financieros, banqueros, especuladores, acreedores, etc.) antes de abordar cualquier tipo de política o reforma social o económica. El segundo es que sólo el sacrificio de los trabajadores de salarios más bajos, los campesinos sin tierra y los funcionarios jubilados hace posible que el gobierno ponga su presupuesto en orden y de sostén al crecimiento económico. El tercero consiste en que el concepto de «intervención del Estado» es un término interclasista que puede ser discutido con independencia de los intereses de clase de quienes detentan el poder y de las clases sociales que se benefician de la intervención estatal. Por último, está el problema del papel central que tienen las instituciones decisorias no elegidas -como el FMI, el Banco Central o los Ministerios de Finanzas y Comercio, así como los bancos internacionales- en el establecimiento de los parámetros de las políticas macro y socioeconómicas de los regímenes electorales, socavando sus intentos de actuar democráticamente y convirtiendo en sus programas preelectorales en «falsedades pragmáticas» postelectorales.
Los ideólogos de la ortodoxia neoliberal y los actuales regímenes de «centro-izquierda» latinoamericanos siguen este método, que es también el que utiliza el gobierno de Lula en Brasil. Centraré aquí mi reflexión en los aspectos relacionados con la reforma agraria (o la falta de ella), el establecimiento de políticas públicas (autoritarias o democráticas), la intervención estatal (¿quién hace qué y en favor de quién?), el cambio estructural a diferencia del clientelismo estatal, y la política exterior (independiente o dependiente).
Reforma agraria
Lula se reunió con el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), igual que lo hizo el anterior presidente, Cardoso, antes y después de su elección como presidente. En las dos ocasiones prometió solemnemente la entrega de tierras a 430.000 familias antes del final de su primer mandato. Según declaraciones de Joao Pedro Stedile, secretario general del MST, (27.12.2004) el presidente Lula ha dejado repetidamente de cumplir su palabra. En el primer año, se logró el asentamiento de alrededor de 20.000 familias en explotaciones agrarias expropiadas. En el segundo año, el número ascendió a unas 30.000, mientras otras 200.000 familias permanecían abandonadas en sus precarios cobijos hechos de plástico.
Las principales ONG, las organizaciones de campesinos, la conferencia nacional de obispos y casi todas las organizaciones populares de la sociedad civil han condenado la incapacidad del gobierno de Lula de promover la justicia social. Ninguna de las recomendaciones en materia de reforma agraria realizadas por él MST, los ecologistas o la iglesia católica han tenido impacto alguno en las políticas oficiales. Leyendo las entrevistas realizadas con líderes campesinos, obispos y gente de la iglesia, ONG y agrónomos, no he encontrado ninguna opinión que indicase que la política agraria de Lula es diferente de algún modo de las sus elitistas predecesores.
La democratización de las políticas públicas
Lula gobierna por decreto, o mediante alianzas con los partidos derechistas del Congreso. Hasta ahora ha ignorado totalmente las opiniones mayoritarias progresistas expresadas por las organizaciones populares de la sociedad civil. Se ha negado a consultar o a tener en cuenta a la amplia mayoría de dichas organizaciones progresistas en cuestiones como (a) la copresidencia, junto al Gobierno Bush, del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) (b) el envío de tropas brasileñas para apuntalar el régimen títere pro estadounidense de Haití; (c) el apoyo a la utilización de organismos genéticamente modificados;(d) la ayuda a la expansión de la agroindustria de la soja y de la producción de vacuno en la selva húmeda amazónica, que ha conducido a la reciente destrucción de más de 3 millones de hectáreas de selva; y (e) la imposición de un incremento real del salario mínimo de sólo 1% en dos años. Todas y cada una de las principales políticas implementadas por Lula lo ha sido sin participación alguna de la sociedad civil o siquiera de la minoría crítica de su propio partido. El PT tiene como modelo al FMI, con el que firmó un acuerdo renovable en 2003 y 2004. Algunas diferencias críticas con las políticas regresivas de Lula en materia de salarios y pensiones han conducido a la expulsión de un senador y tres congresistas de su propio partido y a la suspensión y amenazas de sanciones de otros dentro de un grupo parlamentario que pone objeciones a la línea neoliberal de Lula. Éste, lejos de democratizar las políticas públicas como prometió en su campaña electoral, preside un gobierno autoritario y elitista que utiliza técnicas de relaciones públicas para mejorar su imagen.
Algunos de los defensores de Lula afirman que éste ha cambiado el papel del Estado en el sentido de adoptar un papel más «activista» en cuestiones económicas y sociales, a la vez que renuncia a las privatizaciones. No obstante, las políticas explícitas de su ministro de Finanzas, Palocci, consisten precisamente en la privatización de todos los sectores de la economía. Como primera medida, ha permitido la apertura a la inversión privada extranjera de todos los sectores de la infraestructura, suprimiendo o flexibilizando las regulaciones de éstos, y prometiendo vender franjas enteras de los lucrativos sectores del petróleo, el gas, la electricidad y las finanzas. Cualquier estudioso que esté dispuesto consultar las publicaciones financieras brasileñas, o incluso la prensa especializada en lengua inglesa (Financial Times, The Economist, The Wall Street Journal) se dará cuenta de que Lula ha sobrepasado en mucho a sus más neoliberales predecesores, algo de lo que el propio Lula hace alarde públicamente. En un momento dado, Lula llamó al ex presidente Cardoso -y a otros- «cobarde» por no atreverse a recortar las pensiones de jubilación de los funcionarios de clases medias.
El Estado brasileño participa activamente en la promoción de la agroindustria y las exportaciones minerales, en beneficio de las grandes compañías. Éstas reciben en torno al 85-90% de los créditos y subvenciones del Estado, en detrimento de las pequeñas explotaciones familiares fuertemente endeudadas que producen para el mercado interior. El Estado muestra una total pasividad en la persecución de los grandes propietarios y sus escuadrones de la muerte: más de 90 activistas campesinos fueron asesinados en 2003, y cerca de 80 lo fueron en 2004, incluyendo más de dos decenas de activistas del MST. La represión continúa en 2005 y hasta la fecha varias decenas han perdido la vida, incluyendo una activista religiosa de nacionalidad brasileño-estadounidense. La Comisión Pastoral de la Tierra, establecida por la iglesia católica, ha hecho públicos informes detallados en los que muestra la participación de la agroindustria y la ausencia de condenas judiciales.
Los antecedentes de clase y los intereses personales de los principales responsables de las políticas económicas del gobierno de Lula nos indican mucho sobre las políticas pro agroindustria y antipopulares de éste. El puesto clave de gobernador del Banco Central lo ocupa Henrique Meirelles, ex presidente del Fleet Boston Global Bank, que votó en su día al candidato del presidente Cardoso (Jose Serra) en las elecciones presidenciales. Se trata de un neoliberal militante, responsable de la implementación de las medidas dictadas por el FMI de reducción de pensiones, congelación de salarios mínimos y pago de la deuda y sus altos intereses conexos. Luiz Fernando Furlan, millonario presidente de la corporación agraria Sandia, preside el Ministerio de Comercio y Desarrollo. Roger Rodríguez, ministro de Agricultura, preside la asociación brasileña de agroindustria y está estrechamente asociado a la compañía transnacional Monsanto. Entre otros, obtuvo la legalización de los cultivos de organismos genéticamente modificados. Antonio Palocci, ministro de Finanzas, es un ex trotskista reconvertido a las teorías de Milton Friedman que ha dado su apoyo entusiasta al mercado libre y que ha recibido el porcentaje más alto de aprobación en una encuesta realizada entre las élites empresariales (85%). El «Estado activista» de Lula iguala, e incluso sobrepasa, a cualquier otro gobierno latinoamericano o europeo en cuanto a representación de los intereses de las élites empresariales. La composición socioeconómica del gobierno de Lula explica porqué éste ha pagado ya más de 40.000 millones de dólares a los acreedores extranjeros, a la vez que recortaba las pensiones de la gran mayoría de empleados públicos en 2003 y 2004. Las regresivas políticas en materia de salarios mínimos no tiene nada que ver con el plan «salvación de la seguridad social», tal como proclama demagógicamente Lula, sino que se trata de la acumulación de un excedente presupuestario exorbitante con el cual pagar a los poseedores de bonos del Estado, que es una de las primeras prioridades de este gabinete representante de los grandes negocios.
Las políticas sociales compensatorias (Programa Hambre Cero) proclamadas por Lula han resultado ser un fracaso total y absoluto. Las cestas de la compra apenas han alcanzado al 10% de la población que sufren desnutrición. El Programa está administrado por los principales jefes políticos locales del partido de Lula y está plagado de corrupción, favoritismo político e ineptitud burocrática. Frei Betto, amigo personal de Lula y principal defensor del Programa Hambre Cero, dimitió y, según algunos de sus amigos y asociados, deplora profundamente la forma cómo se está llevando el Programa y su escaso impactos.
La brecha entre las deterioradas condiciones sociales y educativas y las pretensiones de gasto del gobierno de Lula se manifiestan en las frecuentes huelgas de enseñantes, trabajadores médicos y sociales, y estudiantes y pacientes, en demanda de mejores condiciones laborales, de mejores salarios y de limitación de las subvenciones al sector privado. Los economistas aseguran que los costes administrativos de alto nivel, la incompetencia burocrática de los responsables nombrados por Lula -que hace que mucha parte de los fondos asignados no serían distribuidos- y los sistemas de subcontratación, que se hallan en manos amiguetes políticos corruptos, consumen la mayor parte de los gastos sociales.
El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) era el encargado de promover una «nueva política industrial», en oposición al «neoliberalismo». Carlos Lessa, ex director y uno de los más respetados economistas keynesianos de Brasil, dimitió de su puesto recientemente precisamente porque consideraba imposible llevar acabo una estrategia industrial nacional en el contexto de las políticas neoliberales dictadas por los Ministerios de Finanzas y Comercio y por el Banco Central. El nuevo director, Guido Mantega, es un gacetillero político, capaz de utilizar una retórica estatalista a la vez que financia los cada vez más grandes conglomerados, nacionales y extranjeros, que dominan la economía brasileña. Las tasas de quiebra entre los pequeños y medianos agricultores e industriales han alcanzado niveles cada vez más altos y se espera que se acelere gracias a las políticas de libre mercado de Palocci, Furlan y compañía.
La pólítica exterior de Lula
En materia de política exterior, el gobierno de Lula ha indicado repetidamente que está totalmente a favor de la generalización del libre mercado. La principal crítica del gobierno contra el ALCA consiste en acusar a Estados Unidos de no suprimir sus subvenciones a las exportaciones agrícolas y de restringir las cuotas a las exportaciones agrícolas y siderúrgicas brasileñas. Por lo que respecta a Brasíl, ésta fue la principal disputa dirimida en Cancún. En posteriores reuniones celebradas entre el ministro de Asuntos Exteriores, Amorin, y el representante del Ministerio de Comercio estadounidense, Zoelnick, acordaron continuar las conversaciones con el fin de reducir las diferencias en el marco de un acuerdo general dentro del ALCA que Amorin calificó de «ALCA bajo en calorías». Todo ello esta documentado públicamente, aunque los apologistas de Lula pasan por alto estas cuestiones cuando aseguran que Brasil socava el ALCA, afirmación que sorprende a casi todos los funcionarios brasileños especialistas en comercio. Lula ha dado su apoyo a la actual puesta en práctica del ALCA país por país que está realizando el gobierno de Estados Unidos, mediante acuerdos bilaterales con Perú, Chile, Ecuador y Colombia.
La decisión del gobierno de Lula de enviar 1.500 soldados a Haití en 2004, con el fin de defender a un gobierno títere e ilegal impuesto por las armas de Estados Unidos es una clara indicación de la oportunista política de Brasil, consistente en dar satisfacción a los intereses hegemónicos estadounidenses con objeto de lograr el apoyo de este país para conseguir un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Un general brasileño manda las fuerzas de ocupación en Haití siguiendo las directrices políticas del Departamento de Estado de EE UU y de los «asesores» del Pentágono. Bajo el mando de este brasileño, docenas de parlamentarios y cargos públicos elegidos que apoyaron al ex presidente Aristide han sido asesinados, heridos o hechos prisioneros por las nuevas fuerzas policiales, militares y paramilitares «reformadas». Centenares de seguidores de Aristide habitantes de los barrios de chabolas han sido asesinados, y en dichos barrios reina el terror. Los principales grupos independientes de derechos humanos y la mayor parte de los activistas sociales han condenado las violaciones a los derechos humanos que tienen lugar bajo el régimen títere y la fuerza de paz que mandan los brasileños, enviada por las Naciones Unidas. Lula no sólo defendido su papel en esta ocupación colonial sino que ha prometido repetir dicha acción si se lo vuelve a pedir Estados Unidos.
En cuanto a las relaciones con Venezuela, hay poco bueno que decir. El ministro de asuntos exteriores de Lula, Amorin, organizó el grupo «Amigos de Venezuela» con el fin de mediar en el conflicto interno entre el gobierno elegido y la oposición autoritaria. Dicho grupo estaba compuesto por países hostiles al presidente electo Chávez, y entre ellos estaba Estados Unidos, que participó, por mediación de la agencia oficial National Endowment for Democracy, y de su aliado sindical AFL-CIO, del embajador estadounidense y de la CIA, en la planificación del golpe contra Chávez. Tanto el presidente Lagos de Chile como Fox de México son neoliberales resueltos que no tiene ninguna afinidad con Chávez. Pero, ¿y Brasil? Brasil legitimó a la oposición golpista mediante su oferta de intermediación entre un presidente elegido y una oposición cuyo único objetivo era el derrocamiento del gobierno. Cuando Chávez manifestó sus quejas por la naturaleza sesgada de dicho grupo de «amigos» y pidió la inclusión de otros países menos hostiles, Lula y Amorin lo rechazaron. «Amigos de Venezuela» es un epitafio a un gambito político brasileño decididamente poco amistoso.
Alternativas reales
¿Cuáles son las alternativas reales a las políticas neoliberales de Lula y su gobierno? En primer lugar debemos rechazar cualquier lectura determinista que retire los parámetros de las políticas de las manos de Brasil y los ponga en manos los mercados financieros. Las alternativas comienzan en primer lugar por cambiar la composición del gobierno, los intereses de clase que sirve, su ideología y la composición del Consejo económico y social (dos tercios de cuyos miembros representan a las empresas), así como la coalición con partidos derechistas. Dado un gobierno democrático de izquierdas dotado de una agenda reformista, existe un gran número de alternativas, presentadas por la mayor parte de los principales economistas y portavoces de las organizaciones de la sociedad civil popular de Brasil.
En primer lugar, se debería poner un límite o realizar una moratoria del pago de la deuda exterior. En segundo lugar, se deberían aprovechar los beneficios por el cambio de moneda extranjera y establecer una tasa a las exportaciones y ventas de minerales y a sus ingresos. En tercer lugar, se debería imponer una tasa a las transacciones financieras, en particular a las «inversiones» especulativas, introducir una política de recaudación de impuestos efectiva que afecte a los beneficios de capital de los ingresos de la élite brasileña. Asimismo, la nacionalización de las minas, los servicios públicos, las comunicaciones, los bancos y otros sectores lucrativos.
Con todo ello el gobierno podría disponer de un fondo de reserva de 100 000 a 200 000 millones de dólares por año con el que financiar una reforma agraria que disminuyese el desempleo, tanto el declarado con un encubierto, del 40% a menos del 10% en cuatro años, que incrementase la producción alimentaria para consumo local y que redujese la pobreza (en su mayor parte, pero no exclusivamente, concentrada en el campo), que proporcionase las herramientas (tierra, créditos y asistencia técnica) para una mejora colectiva, en lugar de proporcionar cestas gubernamentales de alimentos para unos pocos. Éstos ingresos añadidos podrían utilizarse para financiar empresas públicas productivas que vinculasen la agricultura y la minería a la industria, añadiendo valor, creando empleos y mejorando el nivel de éstos. La renacionalización podría tener como resultado la obtención de 15.000 millones de dólares en beneficios, que permitirían una reducción en el coste entre los servicios públicos y podría poner la electricidad, el agua potable y la energía al alcance de millones de familias pobres y de pequeñas y medianas empresas privadas.
Una política industrial basada en la propiedad pública de sectores económicos estratégicos daría prioridad a la producción de bienes de consumo popular y a la financiación de viviendas, seguridad social, escuelas públicas y otras medidas destinadas a reducir las grotescas desigualdades que siguen creciendo bajo en régimen de Lula (el número de millonarios ha pasado de 76.000 a 85.000 entre 2003 y 2005).
No hay evidencia empírica que justifique los supuestos que los ‘lulistas’ manejan para justificar sus políticas pro empresariales y sus nombramientos de altos cargos empresariales. La situación económica de Brasil no estaba en puertas del colapso, estaba estancada; y su posición financiera era vulnerable a los especuladores y ha seguido dependiendo de la entrada de ‘dinero caliente’. El crecimiento del 4,5% en 2004 se basó en gran parte en la volatilidad de los precios de las materias primas.
Por encima de todo, hay muchas alternativas al sistema de toma de decisiones de arriba abajo que practica Lula, el FMI y sus ministros empresarios. Las organizaciones de la sociedad civil, como el MST, muchas de las organizaciones de base y los sindicatos disidentes de izquierda practican una democracia asamblearia que constituye un ‘micro modelo’ de democracia efectiva.