En cuánto política pública, la Reforma Agraria en Brasil tuvo un carácter esencialmente antipopular. En los años de plomo, funcionó como una contrarreforma para combatir la adquisición espontánea de las tierras vírgenes de la Amazonia por los espoliados de otras regiones del país (1). De 1990 para acá, la Reforma Agraria, bajo el control del […]
En cuánto política pública, la Reforma Agraria en Brasil tuvo un carácter esencialmente antipopular. En los años de plomo, funcionó como una contrarreforma para combatir la adquisición espontánea de las tierras vírgenes de la Amazonia por los espoliados de otras regiones del país (1). De 1990 para acá, la Reforma Agraria, bajo el control del Estado, pasó a ser orientada por el Banco Mundial y acaba cumpliendo la misma función social. A través de la intervención del gobierno federal, fue implantado un programa conocido como «Nuevo Mundo Rural», que estimulaba la compra de tierras para fines de Reforma Agraria, bajo el argumento de que, de ese modo, se agilizaría la desapropiación de áreas bajo conflicto y se contemplaría, con algunas inversiones, la formación de un nuevo concepto de «agricultura familiar». El objetivo del programa era aproximarse de aquellos pequeños productores familiares de regiones que presentaban condiciones favorables para su integración en un mercado ya dominado por el capital transnacional, fundamentalmente, como eje de las cadenas productivas del agronegocio, sea produciendo materia-prima para las agroindustrias, sea produciendo alimentos para el mercado interno. Pero la intención real por detrás de todo eso era transformarlos en trabajadores flexibles.
La reforma agraria de los gobiernos petistas
Lula da Silva y Dilma Rousseff, por su turno, condujeron bajo el neo-desarrollismo, un ciclo de expansión del capital apoyado por el padrón exportador de especialización productiva (2), que elevó el monocultivo del agronegocio a la máxima potencia, al lado de la minería y de otras formas de «producción destructiva», que mueven el sector energético y de la construcción civil, responsables por la formación de la infraestructura necesaria para el desarrollo de estas ramas de la economía. A través de voluminosos recurso públicos destinados al capital privado -oriundos principalmente del Fondo de Amparo al Trabajador y traspasados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BANDES)-, el Estado pasó a componerlo orgánicamente, convirtiendo a las empresas privadas de esos sectores en verdaderos «players» globales. Al mismo tiempo, intensificó las inversiones en la nueva «agricultura familiar», a través del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF), especialmente entre aquellos considerados más «dinámicos» y con capacidad de integrarse al mercado. Incluyendo allí algunos asentamientos rurales, sobre todo en las regiones del Sur y Sudeste, que, juntas, no suman el 20% del total de asentamientos del país, dando forma y colorido al «nuevo mundo rural» que Fernando Henrique Cardoso apenas diseño.
Los gobiernos petistas no solo redujeron de sobremanera las inversiones en la creación de nuevos asentamientos -cuyo presupuesto, en 2010, presentó un pasivo de de R$ 800 millones para la obtención de tierras (IPEA, 2012) -, sino que nada hicieron para revertir el cuadro de abandono de la mayor parte de estas áreas, sin infraestructura básica mínima. Conforme a los datos del Sistema de Informaciones de Proyectos de Reforma Agraria (SIPRA) y del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), elaborados por IPEA, de los 8.759 asentamientos rurales formados entre 1990 y 2011, 52,6% están en fase inicial de ejecución. Si sumados a los 29,5% de los asentamientos en fase de ejecución, tenemos 85,7% de los asentamientos gestionados por el INCRA sin infraestructura productiva y social, más 7.500 asentamientos en situación de precariedad (IPEA, 2012, p. 268), que obliga a los asentados a someterse a distintas formas de proletarización.
Además de eso, en el último año, volvió a escena el Programa de Emancipación de los asentamientos que, en 2000, fue elaborado como política de gobierno de Fernando Henrique Cardoso y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta medida, prevista por el Estatuto de la Tierra (1964), buscaba dar «autonomía» a los asentados rurales de la Reforma Agraria, por medio de la concesión del dominio de la tierra para las áreas ya consolidadas, creadas hace más de 10 años. A pesar de realizar algunas experiencias, el programa no tuvo aire. Ahora, según relatos de los asentados en todo el país, los asentados con más de 10 años están recibiendo vales bancarios para pagar por la tierra y por los beneficios hechos por el Estado para que «emanciparan», compulsivamente. Al lado de los ya consolidados y «emancipados», los demás asentamientos, antes incluso de poseer las condiciones mínimas necesarias para competir con los demás «agricultores familiares», entraron, en condiciones obviamente inferiores, a la agudísima disputa por espacios en el mercado agropecuario, hoy ultra-monopolizado por el capital transnacional.
La reestructuración del INCRA: fragmentación de las demandas y desfiguración del asentado
La Reforma Agraria, institucional y emprendedora, funciona como el más profundo golpe que se podría dar sobre la Reforma Agraria popular, un golpe mucho más poderoso de aquel asestado por la dictadura. Por ejemplo, la reestructuración por la cual pasa el INCRA, o «nuevo INCRA», como viene siendo llamada la «modernización administrativa» del sector, que irá a descentralizar las actividades relativas a la Reforma Agraria hacia otros órganos federales y municipales. Las inversiones en la mayoría de las vías de acceso al mercado por los asentados para colocar la producción, pasará a ser responsabilidad de los municipios, que deberán recibir recursos del gobierno federal por medio del PAC-Equipamientos. La construcción de casas en los lotes se dará por medio del programa «Mi Casa, Mi Vida», a cargo del Ministerio de las Ciudades, así como la conexión de luz, que vendrá del programa «Luz Para Todos» del Ministerio de Minas y Energía; el agua para las familias del semiárido, deberá ser responsabilidad del Ministerio de Integración Nacional. De modo general, esa reestructuración política del órgano federal, impactará sobre las formas de organización y de lucha de los movimientos sociales del campo, una vez que fragmente su agenda de reivindicaciones y su lucha sindical. Las medidas dan el tiro de gracia que faltaba a la lucha por la Reforma Agraria, un paso decisivo en la desfiguración total del «asentado» que luchó por la tierra para huir de la condición proletaria y, ahora, se ve de nuevo en un proceso de proletarización, lanzando sus instrumentos de organización y de lucha a un desafío igualmente nuevo, bajo el riesgo de volverse anacrónicos.
Delante de este cuadro, hacen coro los detractores de la Reforma Agraria, en tanto móvil de lucha popular. Figuran allí desde históricos representantes de la derecha ruralista del país hasta apologetas del neo-desarrollismo, muchos de los cuales, no sorprendentemente, tienen sus orígenes ideológicos en el marxismo evolucionista. Todos acaban coincidiendo en el encerramiento institucional y mercadológico de la Reforma Agraria. Por eso, condenan las ocupaciones que violen la propiedad productiva, así como juzgan anacrónica e innecesaria la lucha por la tierra del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), un movimiento que habría cumplido su ciclo histórico, debiendo entonces replegarse a la función de gerente/emprendedor de los negocios relativos a los asentamientos existentes.
MST, conquistas y contradicciones internas
En tres décadas de actuación intensa, el MST acumula conquistas memorables, cuyas positividades legadas a las nuevas generaciones de luchadores sociales de Brasil y del mundo son innumerables e incuestionables. Entre ellas, se destacan primeramente, la determinación de una militancia que se animó a organizarse todavía en los años finales de la dictadura militar, para combatir el latifundio improductivo y enfrentar la violencia desmedida de los latifundistas por todo el país, herencia persistente del pasado colonial y de la nefasta consecuencia social de la llamada «Revolución Verde». Anclado en la ideología desarrollista y socialista al mismo tiempo, el MST, junto a la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), el Partido de los Trabajadores (PT) y la Central Única de los Trabajadores (CUT), se disponía a realizar las «tareas en retraso». En tres década de existencia, rompió el aislamiento moral y real que el orden impuso a sus difíciles causas y ganó expresividad nacional. A duras penas, se hizo representar en cada uno de los 23 estados brasileros y en el Distrito Federal, procurando reorganizar, en nuevas bases, la vida de millares de familias de trabajadores rurales y urbanos, primero en la ardua disputa por la tierra, después en el proceso de su ocupación productiva y reproductiva. En un escenario político y económico particularmente turbulento, el MST se consolidó como el mayor y más combativo movimiento social del país y, merecidamente, las acciones que realizó despertaron, más allá del odio de la burguesía latifundista, el reconocimiento de las más respetables organizaciones sociales internacionales. Otro resultado, menos obvio, pero tan o más importante de que la conquista de la tierra, está en los numerosos instrumentos de formación educativa y política (3) que el MST creó con el fin de posibilitar que toda su base, sin excepción, sin discriminación racial, generacional, de género, saliera de la ignorancia y recobrase la dignidad robada por el mundo del capital.
Pero, en ese mismo período, el MST viene renovando, en escala ampliada, la estructura de impenitentes contradicciones internas, pues, como vimos, su dinámica refleja, para bien o para mal, una complejidad en la cual se basan expectativas y objetivos sociales contradictorios. El propio proceso interno del MST viene sufriendo cambios significativos, en función de sus relaciones con el Estado y con el capital, de su difusa objetividad desarrollista. La presión que viene sufriendo para «presentar resultados prácticos» aparta el movimiento de horizonte socialista y lo conduce a la reproducción de un pragmatismo que tiende a tornarse jerárquico y estructural. Lo más grave es que genera, a su interior, la semilla de la lucha de clases, ya que asentados y acampados, así como asentados prósperos y precarios, no poseen las mismas expectativas, ni la misma pauta de actuación cotidiana.
Una muestra de ese proceso puede ser comprobada en los números que siguen. Por ejemplo, durante la década de 1990, las ocupaciones de tierra aumentaron progresivamente, saltando de 50 ocupaciones, en 1990, para 856 en el final de la década, destacándose los años 1997, 1998 y 1999 -trienio pos masacres de Corumbiara (1995), y Carajás (1996), y luego de la marcha del MST realizada en 1997, que reunió a más de un millón de trabajadores y trabajadoras. Entre 2003 y 2004, fueron realizadas 540 y 662 ocupaciones de tierras, respectivamente, pero desde entonces, ese número no para de caer, al punto que en 2010, se realizaron apenas 184 ocupaciones de tierras. El número de familias que participó de las ocupaciones tiene un desempeño similar. O sea, de una participación creciente que, en 1999, alcanza a 113.909 familias en ocupaciones de tierras, en el año 2010 se registran solamente 16.936 familias en acciones similares.
Agotamiento del papel emancipatorio y condiciones para retomarlo
Ante el cuadro, arriesgamos a afirmar que este movimiento se aproximó de la fundación de una sociabilidad alternativa, de transición, y de formación de un nuevo sujeto más consciente de su papel protagonista en la historia del país. Se aproximó, pero no confirió el resultado revolucionario de ese direccionamiento.
Observamos que, en el plano político-institucional, con el agravante de las afinidades ideológicas que preserva con el PT y la CUT, el MST agotó definitivamente su papel emancipatorio. Eso no quiere decir que no pueda retomarlo. Por ello, es preciso reconocer la necesidad de retomar e incluso recrear formas más ofensivas de lucha, algo que ya ocurre, de modo puntual, por iniciativa de su militancia más combativa. Nos referimos a la lucha de las mujeres, especialmente, las acciones articuladas y ejecutadas por ellas, en todo Brasil, a partir del 8 de marzo de 2006. Nos referimos a las luchas de ocupación que no necesariamente tienen un carácter reivindicativo, pero que enfrentan y denuncian el aspecto esencialmente destructivo del capital representado por grandes trasnacionales como a Vale, Aracruz, Monsanto, Stora Enzo, Cutrale, etc. Infelizmente, tales acciones vienen siendo muy criticadas por un pragmatismo legalista en el interior del propio movimiento.
De la misma forma, es necesario que el MST retome el principio de autonomía política, desvinculando lo que serían sus propios objetivos de los objetivos neo-desarrollistas del petismo o de cualquier otra forma política de reproducción del capital. Tal paso es fundamental todavía para que el MST, en cuanto movimiento de organización de masas, consiga enfrentar la realidad precaria de su base social flexible, proletarizada y precarizada, en muchos sentidos, porque no consigue reproducirse, ni siquiera como campesino parcialmente libre, en sus lugares. Eso no puede ser considerado un auto-fracaso de naturaleza política, sino como el resultado de una gran ofensiva económica del capital neoliberal en el campo, que somete a todas las demás formas de producción y de relación social a su propia lógica. En estas condiciones, el movimiento sólo tiene una alternativa si tuviera la efectiva pretensión de mantenerse en el campo de la emancipación socialista, una alternativa societaria radical: retomar para sí la lucha por la tierra contra (y no con) el capital, potencializar la conciencia de clase de sus propios proletarios, jamás negar, como si fuese un simple desvío del recorrido, las evidencias de esa condición explosiva de su base social.
* Maria Orlanda Pinassi es profesora de la FCL/UNESP de Araraquara; Frederico Daia Firmiano es profesor de la Fundación de Enseñanza Superior de Passos/Universidade del Estado de Minas Gerais-FESP/UEMG. Este texto contó con la contribución de Silvia Beatriz Adoue.
Notas
(1) Ver al respecto Octávio Ianni. «Colonização e contra-reforma agrária na Amazônia. Petrópolis», Editora Vozes, 1979.
(2) Jaime Osorio. América Latina: el nuevo padrón de especialización productiva, estudio de cinco economías de la región. In: Carla Ferreira; Jaime Osorio; Mathias Luce (Orgs.). «Padrão de reprodução do capital: contribuições da teoria marxista da dependencia». São Paulo, Boitempo, 2012.
(3) Cerca de 350 mil integrantes del MST ya frecuentaron cursos de alfabetización, enseñanza fundamental, media, superior y cursos técnicos. Por año, hay aproximadamente 28 mil educandos y 2 mil profesores comprometidos en procesos de educación. Destacamos el papel de la educación agroecológica, en asociación con universidades públicas (son 5 mil educandos en estas instituciones) y con la Escuela Nacional Florestan Fernandes que, desde 2005, viene recibiendo militantes del propio MST y de otros movimientos sociales de Brasil, de América Latina y del mundo entero.
Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa
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