Recientemente se ha producido en la Unión Europea la primera iniciativa ciudadana europea sobre la gestión pública del agua que han recogido ya, más de millón y medio de firmas. La iniciativa ciudadana europea es el instrumento que los habitantes de los países de la Unión Europea tienen desde el año 2012 para intervenir […]
Recientemente se ha producido en la Unión Europea la primera iniciativa ciudadana europea sobre la gestión pública del agua que han recogido ya, más de millón y medio de firmas. La iniciativa ciudadana europea es el instrumento que los habitantes de los países de la Unión Europea tienen desde el año 2012 para intervenir en la agenda política europea.
Como consecuencia de esta iniciativa, el comisario europeo del Mercado Interior. Michel Barnier, anunció que el agua quedaba excluida de la propuesta de la directiva europea sobre concesiones, que es la norma que regula los contratos de las Administraciones y las empresas privadas para la prestación de servicios de interés público.
Ha sido un gran triunfo de aquellos que defendemos que el agua es un derecho básico para la vida del ser humano, y en consecuencia, debe alejarse del mundo privado y ser un bien que esté garantizado por el Estado. Ni el agua ni los servicios de saneamiento deben estar sujetos a fórmulas de de cooperación público-privada ni, mucho menos ser privatizado.
Ha sido una práctica habitual de la Comisión Europea el de obligar y exigir a los países de la Unión y sobre todo, a todos aquellos que han solicitado ayudas, a imponerles entre una de sus obligaciones la privatización de su sistema público de agua potable, como estamos viendo actualmente en Grecia, donde entre las condiciones impuestas esta la privatización de las sociedades de gestión de agua y saneamiento de Atenas y Salónica.
Esto mismo ha venido obligando el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sobre todo en América latina, como por ejemplo en Cochabamba (Bolivia) donde se dieron concesiones de agua en el año 2000 a una multinacional norteamericana, la cual impuso que los beneficios debían pagarse en dólares. Lo primero que hizo, fue subir el precio del agua un 50%. Como consecuencia toda la ciudad se sublevó y la multinacional tuvo que abandonar la ciudad y el país.
El economista John Stuart Mill, sustentaba la tesis de que la gestión del agua es un monopolio natural que debe estar en manos públicas. Este economista de finales del siglo XIX, aviso que las inversiones necesarias para sostener servicios como los del agua y el del saneamiento, hacían de ellos un negocio que solo puede llevarse a cabo ventajosamente a una escala tan grande que haga casi ilusorio la libertad de competencia. Stuart Mill considera que el tema del agua es mucho mejor tratarlo de inmediato como una función pública.
¿Es un negocio el agua potable de las ciudades? SI. En primer lugar, es una actividad que deriva siempre en monopolio. El precio de la concesión, lo acaba marcando la propia empresa, además el nivel de cobro de los recibos es prácticamente total, por lo que permite a las empresas disponer siempre de importantes cifras de financiación. El nivel de mantenimiento de las instalaciones en manos privadas es mínimo, por lo que en la práctica supone un deterioro de las instalaciones y de la calidad del agua y del servicio. Las empresas privadas si entran es este tipo de negocios es porque normalmente se les garantiza un beneficio alrededor del 10% anual.
Las principales multinacionales del agua son francesas y británicas. Es España destacan Agbar, Acciona y Aguas de Valencia. Lo que se está viendo es que muchas ciudades que habían privatizado sus sistemas públicos de agua, lo están volviendo a asumir, ante el fracaso del servicio privado. Caso emblemático es la ciudad de París, sede de las más importantes multinacionales de agua. París remunicipalizó su servicio de agua en el año 2010. En el año 2011, la empresa municipal «Eau de París» consiguió un beneficio de 35 millones de euros, lo que le permitió un recorte de tarifas del 8% y además siguió invirtiendo en el mantenimiento de su red de agua.
La propia ciudad de Berlín, que era una de las pocas ciudades alemanas de gestión privada del agua, está dando marcha atrás. El ayuntamiento berlinés, compró el 50% de las acciones que estaban en manos de la multinacional británica RWE y ahora hace lo mismo con la multinacional francesa Veolia, para así lograr el cien por cien de su capital y gestionar públicamente el agua de Berlín.
En nuestro país, más de un 50% de la gestión del agua está en manos privadas y la tendencia es a aumentar. Muchos ayuntamientos y comunidades autónomas intentan vender sus sistemas públicos de agua. Dos son los casos más llamativos, por un lado, el intento de privatización del canal de Isabel II en Madrid, empresa pública con beneficios y que es modelo de gestión del agua.
El segundo caso, es la privatización en Cataluña por parte de la Generalitat de la empresa pública Aigues del Ter-Llobregat. Concesión valorada en mil millones de euros por un periodo de cincuenta años y que fue ganada por Acciona pero que ha provocado una guerra jurídica entre esta y Agbar.
Como vemos, la presión para la privatización en los países del sur de Europa aquejados por la crisis económica va en contra de las decisiones, que se están tomando en los países centrales de Europa. El consumo humano de agua representa el 10% del total de agua consumida, por ello la garantía del derecho humano sobre el agua pasa por la propiedad y la gestión pública democrática y transparente, de un bien que es esencial para la vida.
Tras el éxito de la iniciativa ciudadana europea, ahora debemos pedir que se incluya en la legislación comunitaria el derecho humano al agua y al saneamiento. Así, podremos frenar esta sin razón de los procesos privatizadores de servicios públicos de agua que se están dando en nuestro país.
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