En vigor desde el 11 de noviembre, la nueva ley de trabajo desregulariza el mercado laboral. Con un 5% de aprobación, el gobierno no solamente gobierna sin el pueblo, gobierna contra el pueblo.
El muro ha caído. Brasil es el favorito de la izquierda. Se cree en él. Luiz Inácio Lula da Silva, líder carismático del Partido de los Trabajadores (PT), ex metalúrgico y sindicalista, resultó elegido presidente. Por primera vez en 2002, después, por segunda vez, en 2006. Su protegida, Dilma Rousseff, le sucedió en 2010. Todo indica que Brasil está en el buen camino. Ya no se le puede tachar de ser aquel eterno «país de un futuro y que seguirá siéndolo», por retomar las palabras atribuidas al general De Gaulle, que no son msino el eco irónico de otras palabras, «Brasil, tierra de futuro», que había profetizado en 1941 Stefan Zweig. Brasil, a su vez, iba a conocer sus Treinta Gloriosos.
Desgraciadamente, todo quedó en nada. La presidenta Rousseff fue destituida por un nuevo modelo de golpe de Estado: militar, sino mediático y jurídico antes de convertirse en parlamentario. Michel Temer, su anterior compañero de equipo, se hizo con el poder. Para detener el avance de las investigaciones judiciales en torno a la corrupción generalizada era necesario apartar a la Presidenta que, sin embargo, había sido elegida por 62 millones de votos. A partir de ese momento nos hemos dado cuenta de que en Brasil la democracia, establecida en 1988 tras dos décadas de dictadura, no es la regla, si no más bien la excepción histórica. Las pruebas de corrupción contra Temer, sus ministros y una buena parte de los cargos electos del Parlamento y del Senado son abrumadoras. A pesar de todo, no prosperaron los dos intentos que recientemente se pusieron en marcha para destituir a Temer, el primero en agosto, acusado de corrupción pasiva, y el segundo en octubre, acusado de obstrucción a la justicia y organización de banda criminal. En estos tiempos de austeridad radical, con un techo de gasto para los próximos 20 años (!!), el gobierno se ha dedicado a comprar su apoyo entre los cargos electos. A fin de cuentas, habrá costado poco menos de 20.000 millones de reales (5.250 millones de euros), que habrían podido invertirse en salud, educación, ciencia y tecnología. El pueblo sufre. Desde el final de los Juegos Olímpico, Río de Janeiro se ha convertido en una zona insegura en la que afloran violencias multiformes, guerras entre bandas de traficantes de drogas, «operaciones» que se han vuelto crónicas de la policía militar, la cual lanza los carros de combate contra las favelas, y un comercio informal que se extiende por las aceras frente a los escaparates de las tiendas en quiebra. La sensación de inseguridad se ha instalado en la ciudad.
Con un 5% de aprobación, el gobierno no solamente gobierna sin el pueblo, gobierna contra el pueblo, el cual no sólo ha perdido su voz y sus derechos, si no también toda esperanza. Efectivamente, para asegurar el triunfo de su golpe de Estado Temer se apoyó a la vez en los sectores más retrógrados del país (los grandes propietarios rurales) y en los sectores más avanzados (los empresarios urbanos). El resultado es una política social, cultural y ecológica desastrosa. En las zonas rurales asistimos al retorno con fuerza de las oligarquías y de políticas que buscan restablecer el régimen laboral del siglo XIX -la decisión de suavizar la definición de trabajo esclavo y la reducción de los medios de control de ese trabajo son sintomáticas de las relaciones de poder que vinculan las facciones «ganaderas» con Brasilia. En la ciudad asistimos a la más pura y dura derogación de los derechos laborales. La nueva ley de trabajo, que entró en vigor el 11 de noviembre, hará de Brasil el laboratorio del neoliberalismo. Lo que fue Chile bajo la dictadura de Pinochet, después de que Estados Unidos apoyase el golpe de Estado, lo será Brasil bajo el gobierno de Temer. Al no haber sido elegido ni haber sido candidato en las elecciones de 2018, no tiene nada que perder y no necesita al pueblo para gobernar. El apoyo de los «partidos fisiológicos» [1], de su base parlamentaria y de los parlamentarios corrompidos le sobra para mantenerse en el poder, evitar su destitución y, a largo plazo, incluso la prisión. A partir de la semana que viene será posible la externalización de todas las actividades de una empresa. De un día para otro todos los empleados, sin excepción, podrán perder su estatus de empleados y verse obligados a retomar su trabajo al día siguiente como autónomos, es decir, habiendo perdido todos sus derechos adquiridos. En nombre de la modernización, la reforma de la ley de trabajo brasileña contiene, entre otras barbaridades, el final de la contribución sindical obligatoria, la posibilidad de una jornada laboral de 12 horas, la posibilidad de negociar las condiciones laborales directamente entre empleados y sociedades en un nivel inferior al que determina la ley. La nueva legislación permitirá además que la remuneración del trabajo sea inferior al salario mínimo (249 euros). Asimismo, a partir de ahora los despidos no tiene que estar autorizados por los sindicatos y el ministerio de Trabajo. Aún hay más, se ha aprobado la posibilidad del trabajo discontinuo para todos los oficios, es decir, se podrá contratar a los empleados para trabajar tan sólo unas horas. Con todo, el artículo más chocante de la nueva ley es el que permite trabajar a las mujeres embarazadas en condiciones completamente insanas. Según el gobierno de Temer y la élite económica, este conjunto de medidas va a permitir la recuperación económica del país, ya que garantizan una seguridad jurídica a los empresarios. Sostienen que los empleados no van a perder sus derechos porque habrá una negociación directa entre trabajadores y empresarios. No obstante, sabemos que las relaciones laborales son asimétricas y que la «correlación de fuerzas», por emplear un vocabulario marxista de la década de 1950 aún de moda en Brasil, es tal que los trabajadores tienen todas las de perder y posiblemente lo perderán todo.
Varios economistas brasileños afirman que la reforma causará una crisis económica y social sin precedentes. En un país donde la concentración de la riqueza es ya considerable, la nueva ley de trabajo va a disminuir todavía más el poder adquisitivo de los pobres y a reducir la ya de por sí débil capacidad de inversión del Estado brasileño, por lo que se verá obligado a aumentar la deuda pública. La situación es tensa. Brasil se encamina peligrosamente al precipicio. Todo puede suceder, incluido lo peor.
[1] N. del t.: En Brasil, la expresión «partidos fisiológicos» se refiere a aquellos partidos que viven del dinero público procedente de sus cargos sin los cuales, al no tener base social, no existirían.
Dany-Robert Dufour es filósofo francés y Frédéric Vandenberghe y Carlos Gutierrez son sociólogos brasileños.
Fuente: http://www.liberation.fr/debats/2017/11/20/bresil-le-nouveau-labo-neoliberal_1611339
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