El secuestro del oro venezolano en las bóvedas del Banco de Inglaterra, en Londres, ha sido desde el principio un caso político. No solo porque el gobierno de Boris Johnson ha decidido reconocer a Juan Guaidó como supuesto «presidente interino» de Venezuela, sino también porque compete a las autoridades judiciales del Reino Unido en una serie de decisiones que, al cierre de esta nota, aún se discuten.
La Corte Suprema del Reino Unido dictaminó el año pasado que Guaidó debería ser reconocido como jefe del Estado venezolano, siguiendo la posición del gobierno británico, por lo que le tocaba a aquél tener la autoridad de determinar el futuro de las 31 toneladas de lingotes auríferos.
Actualmente, el asunto vuelve a los tribunales del Reino Unido, mientras el gobierno de Johnson, próximo a salir tras su anunciada renuncia, acaba de reafirmar su reconocimiento de Juan Guaidó. No se espera que la próxima administración cambie de posición ante la cuestión.
La audiencia de esta semana se centraría en si el reconocimiento de Juan Guaidó por parte del Reino Unido como representante del Estado venezolano le permite transferir los activos del Estado venezolano al «gobierno interino» de Guaidó.
Así, los tribunales tienen que decidir si pueden ignorar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que fallaron como inválidos los nombramientos de la oposición extremista para una junta ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV).
Sarosh Zaiwalla, socio del bufete de abogados Zaiwalla & Co. que representa al BCV constitucional, dijo en declaraciones a SwissInfo que «está en juego la cuestión de si los tribunales ingleses pueden juzgar la validez de las decisiones tomadas por el tribunal supremo de otra nación soberana», y añadió: «Este caso siempre se ha sentado en la intersección de la ley y la política, y esta audiencia no es diferente».
Es decir, se está pidiendo a los tribunales del Reino Unido que legitimen el acto de piratería dineraria que comenzó en 2019.
RECAPITULANDO UN ROBO INSTITUCIONALIZADO
John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional del expresidente Donald Trump, y quien recientemente confesó ante las cámaras de CNN que había planificado golpes de Estado, publicó un libro hace poco en donde contaba que el exsecretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, estaba «encantado» de congelar el oro de Venezuela en apoyo de los esfuerzos de desestabilización de Estados Unidos contra el gobierno del presidente Maduro, cuando comenzó el «proyecto Guaidó» en 2019.
El periodista británico John McEvoy, quien ha seguido este caso desde su inicio, ha solicitado información sobre las relaciones entre Estados Unidos y Reino Unido referidas al oro secuestrado, pero no ha tenido éxito en desclasificar los archivos que refieren el asunto. En un hilo de Twitter dice: “El Ministerio de Asuntos Exteriores británico se niega a divulgar información sobre la presión de Estados Unidos para congelar el oro, que está valorado en aproximadamente 2 mil millones de dólares”.
- En esta tribuna se han reseñado y analizado otros trabajos de McEvoy sobre los actos de injerencia y desestabilizadores del Estado británico contra Venezuela.
La institucionalidad británica le respondió al periodista:
«Según la Sección 27 (1) de la Ley por la Libertad de la Información (FOIA, sus siglas en inglés) reconoce la necesidad de proteger la información que podría perjudicar las relaciones entre Reino Unido y otros Estados si se diera a conocer. En este caso, si se publica información relacionada pudiera dañar nuestras relaciones con Estados Unidos de América».
Ese dinero en oro se podría gastar en los esfuerzos del gobierno venezolano por paliar los efectos negativos de la pandemia del covid-19, tal como la defensa del BCV ha argumentado ante las autoridades judiciales británicas. La Relatora Especial sobre Sanciones Unilaterales de la ONU, Alena Douhan, ha instado al Reino Unido a devolver el oro para que Venezuela pudiera comprar medicamentos y suministros. Los reclamos tanto a nivel nacional como internacional han sido desatendidos.
Por su lado, la opacidad total y la corrupta administración con la que Guaidó y su secta política han manejado recursos provistos por Estados Unidos se ha conocido de manera pública por actores que han estado dentro de su «interinato» claramente anti-institucional y por otros voceros mediáticos.
Los escándalos en torno al manejo de dinero estatal venezolano robado por Estados Unidos, vía sanciones unilaterales ilegales, para otorgárselo al antichavista se han regado entre la opinión pública británica, pues los costos legales de la pugna rondan los 7 millones de dólares. «Casi la mitad de este dinero fue enviado a una serie de pagos a Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, la firma legal que representa a Guaidó en el Reino Unido», escribe McEvoy en una investigación anterior.
El mismo periodista refiere que la junta ad hoc del BCV (secta Guaidó) está usando millones de dólares, originalmente saqueados por el gobierno estadounidense, “para financiar su difunto gobierno paralelo” y a sí mismos. Según los datos más recientes, han saqueado de las cuentas congeladas al Estado venezolano unos 148 millones de dólares.
Entre otras cosas, Guaidó ha usado ese dinero para financiar invasiones mercenarias en Venezuela con fines destituyentes y magnicidas, tal como fue el caso de la Operación Gedeón. El oro pirateado en el Banco de Inglaterra también pudiera usarse con esos propósitos.
Reino Unido, por su lado, promueve sus intereses energéticos en Venezuela usando de pivote a la oposición cercana al «proyecto Guaidó». En momentos signados por una crisis de materias primas a escala global, a raíz de la guerra total desenfundada por Washington contra Rusia, los intereses británicos en el petróleo y el gas venezolanos pudieran estar motivando a los poderes judiciales en involucrarse en la agenda desestabilizadora contra la República Bolivariana en el marco de la disputa por el oro secuestrado.
Es muy probable que el fallo de los tribunales den carta blanca al antichavismo para que haga uso del oro en el Banco de Inglaterra, lo que confirmaría dos cosas: primero, que eso de la «separación de poderes» es una entelequia sin fundamento aún en el país que parió la idea del liberalismo político; y por último, que la misma institucionalidad que dice promover la democracia y los derechos humanos se encuentra desnuda ante el resto del mundo, confirmando su carácter de despojo y latrocinio oficializado respecto al Sur Global, cuando no ante su propia población occidental.