Desde finales del 2015 los movimientos sociales han venido movilizándose constantemente en Brasil. Gran parte de la sociedad brasileña mediante las centrales sindicales, los movimientos populares, de estudiantes, de organizaciones de juventud, mujeres, negros, LGBT [Lésbicas, Gays, Bisexuales y Transexuales], indígenas, pastorales de las iglesias, así como la intelectualidad democrática, se pronunciaron en contra del […]
Desde finales del 2015 los movimientos sociales han venido movilizándose constantemente en Brasil. Gran parte de la sociedad brasileña mediante las centrales sindicales, los movimientos populares, de estudiantes, de organizaciones de juventud, mujeres, negros, LGBT [Lésbicas, Gays, Bisexuales y Transexuales], indígenas, pastorales de las iglesias, así como la intelectualidad democrática, se pronunciaron en contra del juicio político perpetrado contra Dilma Rousseff. Se sumaban amplios sectores democráticos de la sociedad civil, del mundo jurídico, intelectual y cultural del país. De acuerdo con el Frente Brasil Popular, sectores golpistas de la derecha, a través de un grupo de parlamentarios, liderados por el diputado federal Eduardo Cunha intentaron llevar a cabo un golpe político. Junto a esta acusación se desarrollan otras líneas de actuación vinculadas a la casación del mandato de Cunha, acusado de corrupción y desvío de dinero público y el fin del ajuste fiscal promovido por el gobierno federal. Rousseff fue suspendida de sus funciones el 12 de mayo cuando el Senado decidió juzgarla por presunta manipulación de las cuentas públicas en 2014 (año de su reelección) y a inicios de 2015. El proceso había sido abierto en diciembre de 2015, y tras recorrer un largo camino por la cámara baja y la cámara alta del Congreso, de recolección de pruebas, presentación de testimonios y otras diligencias por parte de una comisión especial del Senado; Rousseff fue hallada culpable y destituida por más de dos tercios del Senado. Entre tanto, el presidente interino, Michel Temer, permanecerá a la cabeza de mando del país sudamericano hasta finales de 2018, pese a la enorme aura de antipopularidad que le rodea ante la evidente implementación, en el poco tiempo que lleva en el poder, de políticas económicas profundamente marcadas por recortes presupuestarios y la privatización de servicios y beneficios para el ciudadano común.
A este respecto, el MST, el movimiento social más importante del Brasil, ha manifestado el rechazo a lo que denominan un «golpe parlamentario» abogando por la restauración de la democracia en Brasil. Para el movimiento la solución a la crisis política, económica y social del país necesita de cambios fundamentales en el sistema político brasileño que garantice la inclusión de las personas en los procesos de toma de decisiones del país y la participación popular en los asuntos de interés nacional, como en las reformas estructurales, impedido históricamente por la clase dominante. Del mismo modo miles de personas protestan en las calles en las principales ciudades de Brasil contra el ya denominado «golpe blando», siguiendo la estela del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Hoy como ayer, la movilización social sigue en Brasil, quizá con más ahínco, al margen del silencio que le dan los medios de comunicación en la autocomplaciente Europa.
José Antonio Mérida Donoso es profesor de historia y lengua y literatura
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