Traducido del portugués para Rebelión por Alfredo Iglesias Diéguez
La condena en primera instancia del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por el reaccionario juez Sérgio Moro, difundida el 12 de julio de 2017, expresa una evidente parcialidad jurídica espectacularizada mediáticamente, una clara negación de principios básicos del derecho y un plan predeterminado de criminalización deliberada de los dirigentes petistas, que perdieron el apoyo del gran capital, su principal aliado en el período durante el que estuvieron al frente del gobierno federal.
La condena de Lula tiene lugar al día siguiente de la aprobación, por el Senado Federal, de la contrarreforma laboral, el más brutal ataque a los derechos de la clase trabajadora de los últimos tiempos. La iniciativa del juez Moro, ampliamente anunciada en los medios de comunicación burgueses, parece querer sacar del foco de atención las embestidas del gobierno y de los capitalistas contra los trabajadores, la juventud y los sectores populares.
El mismo día en que Lula fue condenado, Geddel Vieira Lima, brazo derecho de Temer, fue puesto en prisión domiciliaria, Aécio Neves continúa libre y actuando en el Senado y Michel Temer, a pesar de todo, consigue aunar apoyos en el Congreso Nacional, procurando de ese modo evitar, a cualquier precio, su caída. Las operaciones de combate a la corrupción dirigidas por la policía federal y por sectores de la judicatura, especialmente la operación Lava Jato, demuestran que hay una dirección política de cuño sesgadamente reaccionario. El objetivo de esas operaciones no es el poder económico corruptor. Los acuerdos de clemencia [1] y las insignificantes multas impuestas a las grandes empresas envueltas, en relación con los presupuestos que manejan, demuestran que el objetivo de las operaciones no es combatir la raíz económica de las relaciones promiscuas entre empresarios y las diferentes facciones del Estado burgués. No podría ser así. La justicia burguesa actúa, esencialmente, para mantener el orden presidido por el capital. Y la corrupción es una práctica endémica del capitalismo.
Hasta ahora, el principal «crimen» ya constatado del ex presidente Lula, desde el punto de vista político y de los intereses de la clase trabajadora, fue la decisión de gobernar con el programa y los métodos de la burguesía. La conciliación petista fue una pieza fundamental para el fortalecimiento de los monopolios nacionales e internacionales, del agronegocio y del sistema financiero. Lula y el resto de los líderes petistas actuaron como verdaderos lobistas al servicio de la expansión de los negocios de capitalistas nacionales en América Latina y África. Esa opción política del PT implicó el abandono de las señas de identidad históricas de la izquierda brasileña, como la reforma agraria, la centralidad de la lucha de masas, el respeto a la democracia de base, el fortalecimiento de la educación y de la salud pública, así como la lucha contra las privatizaciones y a favor de la soberanía nacional. Para hacer valer el programa orientado a fortalecer el capitalismo monopolista en Brasil, los gobiernos petistas adoptaron el papel de domesticadores de los sindicatos y los movimientos populares, aparte de verse envueltos en toda una red de corrupción intrínseca a la democracia burguesa.
Así pues, al mismo tiempo que el PCB repudia la condena jurídica del ex presidente Lula, insiste con fuerza en el hecho de que el líder petista está siendo una más de las muchas víctimas en el avance del conservadurismo y en el fortalecimiento de la derecha que está íntimamente relacionado con la decisión del PT de priorizar las alianzas con el gran capital y el cretinismo parlamentario.
En la actual coyuntura, marcada por la crisis económica y las disputas en el seno del Estado, la burguesía realiza una verdadera táctica de guerra contra los trabajadores. A fin de mantener sus beneficios, atraer inversiones extranjeras y mantener la economía brasileña supeditada a los centros imperialistas, la burguesía brasileña adoptó un programa de recorte de derechos laborales, sociales y políticos de los trabajadores. Una gran parte de los capitalistas ya no están interesados en la política de conciliación, por lo que la acción desarrollada por el capital está orientada a establecer por la fuerza un nuevo nivel de reproducción del sistema en el que la recuperación del crecimiento económico descanse sobre la brutal desvalorización de la fuerza de trabajo, lo que se consigue destruyendo los derechos laborales y sociales. Por esa razón, sin ninguna duda, la perspectiva de conciliación de clases representada por Lula y el PT es una perspectiva desfasada y una falsa alternativa para la lucha de los trabajadores. El mismo Lula, días antes de su condena, realizaba unas declaraciones según las cuales, en caso de ser elegido en 2018, no anularía las reformas impuestas por el gobierno golpista de Temer.
Insistimos, por tanto, en la necesidad de hacer avanzar la lucha y la organización popular desde este mismo momento y más allá de la perspectiva electoral. Lo único que va a hacer posible anular la reforma laboral, impedir la aprobación de la reforma de las pensiones y la garantizar los derechos democráticos de los trabajadores será la presión y la organización de los movimientos de los trabajadores y de la juventud. En este sentido, el PCB continuará reforzando las manifestaciones, frentes e iniciativas unitarias que, realmente, se contrapongan a los ataques y al programa de recortes y retrocesos de la burguesía brasileña.
¡Por la reorganización de la clase trabajadora, sin conciliación!
¡Por la derrota del gobierno golpista, con anulación de las contrarreformas!
¡Por el Poder Popular y el Socialismo!
La condena de Lula tiene lugar al día siguiente de la aprobación, por el Senado Federal, de la contrarreforma laboral, el más brutal ataque a los derechos de la clase trabajadora de los últimos tiempos. La iniciativa del juez Moro, ampliamente anunciada en los medios de comunicación burgueses, parece querer sacar del foco de atención las embestidas del gobierno y de los capitalistas contra los trabajadores, la juventud y los sectores populares.
El mismo día en que Lula fue condenado, Geddel Vieira Lima, brazo derecho de Temer, fue puesto en prisión domiciliaria, Aécio Neves continúa libre y actuando en el Senado y Michel Temer, a pesar de todo, consigue aunar apoyos en el Congreso Nacional, procurando de ese modo evitar, a cualquier precio, su caída. Las operaciones de combate a la corrupción dirigidas por la policía federal y por sectores de la judicatura, especialmente la operación Lava Jato, demuestran que hay una dirección política de cuño sesgadamente reaccionario. El objetivo de esas operaciones no es el poder económico corruptor. Los acuerdos de clemencia [1] y las insignificantes multas impuestas a las grandes empresas envueltas, en relación con los presupuestos que manejan, demuestran que el objetivo de las operaciones no es combatir la raíz económica de las relaciones promiscuas entre empresarios y las diferentes facciones del Estado burgués. No podría ser así. La justicia burguesa actúa, esencialmente, para mantener el orden presidido por el capital. Y la corrupción es una práctica endémica del capitalismo.
Hasta ahora, el principal «crimen» ya constatado del ex presidente Lula, desde el punto de vista político y de los intereses de la clase trabajadora, fue la decisión de gobernar con el programa y los métodos de la burguesía. La conciliación petista fue una pieza fundamental para el fortalecimiento de los monopolios nacionales e internacionales, del agronegocio y del sistema financiero. Lula y el resto de los líderes petistas actuaron como verdaderos lobistas al servicio de la expansión de los negocios de capitalistas nacionales en América Latina y África. Esa opción política del PT implicó el abandono de las señas de identidad históricas de la izquierda brasileña, como la reforma agraria, la centralidad de la lucha de masas, el respeto a la democracia de base, el fortalecimiento de la educación y de la salud pública, así como la lucha contra las privatizaciones y a favor de la soberanía nacional. Para hacer valer el programa orientado a fortalecer el capitalismo monopolista en Brasil, los gobiernos petistas adoptaron el papel de domesticadores de los sindicatos y los movimientos populares, aparte de verse envueltos en toda una red de corrupción intrínseca a la democracia burguesa.
Así pues, al mismo tiempo que el PCB repudia la condena jurídica del ex presidente Lula, insiste con fuerza en el hecho de que el líder petista está siendo una más de las muchas víctimas en el avance del conservadurismo y en el fortalecimiento de la derecha que está íntimamente relacionado con la decisión del PT de priorizar las alianzas con el gran capital y el cretinismo parlamentario.
En la actual coyuntura, marcada por la crisis económica y las disputas en el seno del Estado, la burguesía realiza una verdadera táctica de guerra contra los trabajadores. A fin de mantener sus beneficios, atraer inversiones extranjeras y mantener la economía brasileña supeditada a los centros imperialistas, la burguesía brasileña adoptó un programa de recorte de derechos laborales, sociales y políticos de los trabajadores. Una gran parte de los capitalistas ya no están interesados en la política de conciliación, por lo que la acción desarrollada por el capital está orientada a establecer por la fuerza un nuevo nivel de reproducción del sistema en el que la recuperación del crecimiento económico descanse sobre la brutal desvalorización de la fuerza de trabajo, lo que se consigue destruyendo los derechos laborales y sociales. Por esa razón, sin ninguna duda, la perspectiva de conciliación de clases representada por Lula y el PT es una perspectiva desfasada y una falsa alternativa para la lucha de los trabajadores. El mismo Lula, días antes de su condena, realizaba unas declaraciones según las cuales, en caso de ser elegido en 2018, no anularía las reformas impuestas por el gobierno golpista de Temer.
Insistimos, por tanto, en la necesidad de hacer avanzar la lucha y la organización popular desde este mismo momento y más allá de la perspectiva electoral. Lo único que va a hacer posible anular la reforma laboral, impedir la aprobación de la reforma de las pensiones y la garantizar los derechos democráticos de los trabajadores será la presión y la organización de los movimientos de los trabajadores y de la juventud. En este sentido, el PCB continuará reforzando las manifestaciones, frentes e iniciativas unitarias que, realmente, se contrapongan a los ataques y al programa de recortes y retrocesos de la burguesía brasileña.
¡Por la reorganización de la clase trabajadora, sin conciliación!
¡Por la derrota del gobierno golpista, con anulación de las contrarreformas!
¡Por el Poder Popular y el Socialismo!
Nota del traductor
[1] Un acuerdo inscrito en un programa de clemencia permite a las empresas que forman parte de un cártel y que pongan en conocimiento de las autoridades competentes la existencia de manejos anticompetencia, ofreciéndole la posibilidad de investigar desde dentro el cártel y sus manejos, la exención de la multa que pudiera corresponderle o la imposición de una multa mínima en relación con la que debería corresponderle.
Fuente: https://pcb.org.br/portal2/15039
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar la autoría, al traductor y Rebelión como fuente de la traducción.