Durante las más de tres décadas de gestión de Saddam Hussein la economía iraquí permaneció «cerrada», o bloqueada tras la Guerra del Golfo en 1991 por el padre del actual presidente Bush. Antes de abandonar apresuradamente Irak el 28 de junio, el jefe de la disuelta Autoridad Provisoria de la Coalición ocupante, Paul Bremer, dijo […]
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Antes de abandonar apresuradamente Irak el 28 de junio, el jefe de la disuelta Autoridad Provisoria de la Coalición ocupante, Paul Bremer, dijo que uno de sus mayores logros fue transformar el país ocupado en una economía de mercado, con tasas de interés y aranceles bajos y leyes de inversión extranjera de corte liberal.
En mayo de 2003, Bremer señaló que Irak era un «país abierto a los negocios», y durante su administración de trece meses dijo haber promovido grandes cambios en el marco regulatorio y legal, firmando contratos de largo plazo y designando comisiones supervisoras por periodos de varios años.
En todo momento el ex cónsul de Bush habló de una economía «para los iraquíes» y para aquellas empresas que quisieran invertir en la tareas de la «reconstrucción» de Irak (léase infraestructuras, carreteras, aeropuertos y edificios destruidos por los bombardeos, etc).
Sin embargo, y al igual que sucedió con el nuevo gobierno iraquí en el plano político, la tal «apertura» económica no se trató nada más que de una fachada legal detrás de la cual EEUU y sus corporaciones transformaron a Irak en un coto cerrado de sus fechorías económicas.
El Instituto de Estudios Políticos, un centro de investigación académica con sede en Washington, calculó que la administración Bremer aprobó unos 100 decretos que otorgaron a las corporaciones estadounidenses «un virtual reinado sobre la economía iraquí».
La mayoría de los contratos para obras de la reconstrucción fueron asignados a consorcios norteamericanos, los que se aseguraron las áreas más rentables del mantenimiento y los proyectos de infraestructura, con poca inversión y ganancias faraónicas posibilitadas por la falta de controles regulatorios, bajísima tasa de impuestos y mano de obra «africanizada» para tareas no especializadas.
El Instituto de Estudios Políticos señaló que los decretos puestos en marcha por la administración Bremer (que no serán modificados por el actual gobierno, ni por el que asuma si hay comicios) «excluyen a los iraquíes de los esfuerzos por la reconstrucción» de su propio país, la mayoría de cuyos pobladores «no han logrado cubrir sus necesidades básicas».
Por su parte el Instituto Sociedad Abierta, que preside el financista estadounidense George Soros, sostuvo que la Autoridad Provisional de la Coalición comprometió «poco antes de disolverse» miles de millones de dólares en «proyectos mal concebidos», con la intención de que esos contratos se mantuvieran vigentes con cualquier gobierno que asumiera en Irak.
La Junta de Revisión de Programas, organismo de gestión de las finanzas iraquíes controlado por EEUU, aprobó en una única reunión gastos por casi 2.000 millones de dólares en fondos pertenecientes al país ocupado militarmente por las tropas estadounidenses.
«Con tanto dinero disponible para regalar en efectivo y tan poca planificación, será imposible evitar la corrupción y el desperdicio», señaló Svetlana Tsalik, la experta que investiga el uso de los fondos iraquíes en el Instituto Sociedad Abierta.
El gobierno de Allawi no dispone del control de los fondos que utilizaba la Autoridad Provisional de la Coalición, quien manejaba a su antojo el Fondo de Desarrollo creado por el Consejo de Seguridad de la ONU, en mayo, con la finalidad de controlar el uso del dinero obtenido, entre otras fuentes, por ventas de petróleo, dijo Tsalik.
El Consejo de Seguridad de la ONU -dando otra muestra de complicidad con Washington- ordenó el 8 de junio al nuevo gobierno cumplir con las obligaciones asumidas por el Fondo de Desarrollo antes del 30 de junio, situación que obliga a la nueva administración a cumplir con el cronograma de pagos y obligaciones establecido por Bremer.
«El Fondo recaudó 20.000 millones de dólares y, cuando la Autoridad Provisional de la Coalición encabezada por Bremer traspase la administración a un nuevo gobierno, quedarán allí menos de 3.000 millones de dólares», señaló, en aquel momento, la funcionaria de Sociedad Abierta.
«Dos mil millones de dólares se gastaron hace poco en una sola reunión de la Autoridad. Así que, aunque cuente con el control formal de la economía, el nuevo gobierno tendrá mucho menos dinero que gastar», agregó.
Además -señaló Tsalik- la Autoridad Provisional dejó un legado presupuestario de cientos de «expertos y asesores» estadounidenses en los 29 ministerios y en otros departamentos gubernamentales, quienes ejercen una influencia decisiva sobre todas las áreas.
«Sabemos que esos asesores permanecerán en los ministerios, pero considero difícil saber cuánto poder detentarán. No constituirán un poder oficial, sino extraoficial, reforzado por el hecho de que Estados Unidos mantendrá 140.000 soldados en Iraq», concluyó la experta.
Medios especializados consignan que instituciones financieras de estudios internacionales, que sirven de fachada a Washington para la aplicación de sus políticas, comenzaron a operar en Irak tras la asunción de John Negroponte como súper-embajador en ese país, asumiendo la riendas del poder real que antes detentaba Bremer.
El experto en asuntos iraquíes de la Universidad de Michigan, Juan Cole, señala que el nuevo embajador de Estados Unidos, John Negroponte, tendrá bajo su control los 18.300 millones de dólares en asistencia al país árabe.
El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, «controlará la fuerza militar de la coalición», por lo que «no habrá mucho espacio real para la soberanía», agrega el especialista Cole.
La idea de Washington parece estar centrada en la inclusión de Irak en el circuito de explotación financiera por medio de una nueva deuda externa, creando nuevos planes de endeudamiento y créditos para la reconstrucción digitados por los consorcios financieros norteamericanos, y con instituciones dependientes del Tesoro norteamericano como el FMI y el Banco Mundial.
Por medio de un acuerdo alcanzado entre el Club de París e Irak, el 21 de noviembre pasado, Washington, el gerenciador de los recursos y la economía iraquí, consiguió la condonación del 80% de la deuda iraquí, estimada en unos 120.000 millones de dólares.
Esta condonación se articula en «tres fases» para garantizar que Irak respete la condición exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, por lo tanto, que los recursos liberados se destinen a la «reconstrucción del país», cuya tajada superior de negocios están bajo control de la corporaciones estadounidenses.
O sea que la condonación no beneficia al pueblo de Irak, sino a la administración norteamericana que, de esa manera, se evita destinar los recursos petroleros al pago de intereses y capital, y tiene las manos libres para generar nuevos endeudamientos con sus entidades financieras a partir de los «negocios de la reconstrucción»
Con la nueva administración, controlada en forma efectiva por John Negroponte, se estima que el polo del «nuevo endeudamiento iraquí» (y su consiguiente obtención de beneficios por pago de intereses y capital) será concentrado por megagrupos y bancos de inversión estadounidenses con sede en Wall Street, aunque sus tentáculos y vasos comunicantes se extiendan por todo el planeta.
Esto quiere decir que, bajo la presión de Washington, las instituciones crediticias internacionales y los megragrupos financieros «re-otorgarán» créditos al «Estado iraquí» (controlado por EEUU), con los cuales se financiarán los contratos de la «reconstrucción de Irak», hegemonizados, principalmente, por consorcios norteamericanos, y, subalternamente, por corporaciones europeas, rusas, japonesas y chinas que participan del «botín de guerra».
Esos créditos, por medio de los cuales se pone en marcha el «gran negocio financiero» de la ocupación, se cancelarán (al igual que los contratos con las armamentistas y prestadoras de servicios) con el petróleo esquilmado al pueblo iraquí, que ya ha ofrendado la sangre y la vida de 100.000 civiles al nuevo «negocio bélico» de Washington.
De esta manera -y avalando lo señalado por el experto Juan Cole- se consumarían los dos presupuestos complementarios de la conquista militar de Irak: el control político y la explotación económico-financiera del territorio conquistado.