Se ha señalado que en la legislatura que inició el 20 de julio se presentará por parte de algunos congresistas de derecha proyectos de ley de porte legal de armas argumentando, como lo hace el representante a la Cámara Miguel Polo Polo, la necesidad de “defender la propiedad privada, la vida y la familia de los colombianos” o en palabras del también representante Juan Carlos Wills, quien ya radicó un proyecto de ley sobre la materia, que cada colombiano que pueda se le entregue un arma y pueda garantizar su propia seguridad ante una “situación que está viviendo el país de absoluta inseguridad”. Por su parte, en Argentina, el candidato de derecha a la presidencia, Javier Milei, estar “a favor de la libre portación de armas” y dentro de sus principales propuestas se encuentra “desregulación del mercado de las armas de fuego para permitir el uso legítimo y responsable de armas por parte de los argentinos”.
La adquisición, la posesión y el empleo de armas de fuego es un tema asociado al deterioro del disfrute de los derechos humanos, razón por la cual el Consejo de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lo han abordado desde el derecho internacional de los derechos humanos. Así, el Alto Comisionado presentó en el 53er periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebrado entre el 19 de junio y el 14 de julio de este año, el informe Efectos que tienen la adquisición, la posesión y el empleo de armas de fuego por parte de personas civiles, el cual contiene elementos primordiales que deben ser tenidos en cuenta en el debate que se propone abrir en el legislativo colombiano y que está presente en las elecciones argentinas.
En primer lugar, el informe revela datos importantes sobre las consecuencias negativas en los derechos humanos como consecuencia de la adquisición, posesión y uso de armas de fuego por civiles. Por ejemplo, al año se producen aproximadamente 250.000 muertes por arma de fuego; en América del Norte, Centroamérica y América del Sur se presenta la mayor proporción de homicidios por arma de fuego a nivel mundial; los EE.UU., Groenlandia y Uruguay presentan las tasas más altas de suicidios con armas de fuego; y las lesiones por armas de fuego tienen como consecuencia a largo plazo la discapacidad, la pérdida del trabajo y el deterioro de la calidad de vida. También debe destacarse cómo el ACNUDH recuerda que la violencia por arma de fuego tiene efectos discriminatorios ya que afecta a comunidades con relación a su condición socioeconómica, además repercute con frecuencia de manera desproporcionada sobre minorías raciales y étnicas, y, así mismo, formas específicas de violencia cometidas con estas armas, como la violencia de pareja, aflige desproporcionadamente a mujeres y niñas, siendo las armas legales las más usadas en casos de violencia doméstica en la Unión Europea.
Posteriormente, el documento examina la disponibilidad de las armas de fuego, indicándose que una elevada disponibilidad de armas de fuego para la población civil en un Estado tiene consecuencias importantes en la oferta para los civiles de los Estados vecinos. Frente a la demanda de armas de fuego, el miedo a la victimización se ha convertido, según estudios, en el motivo principal para que los civiles adquieran armas de fuego. Recordando el Alto Comisionado que “la idea de que las armas de fuego refuerzan la seguridad debe contrastarse con las investigaciones que demuestran que su presencia en los hogares aumenta el riesgo de lesiones para todas las personas que viven en ellos”.
Significativa es la referencia hecha a la responsabilidad que tienen los fabricantes, distribuidores y minoristas por las armas de fuego que llegan al mercado ilícito. A manera de ilustración, el estudio reseña que en Estados Unidos los afectados por violencia con armas de fuego demandaron a fabricantes por suministrar más armas que las que se podían vender en el mercado legal (muchas de ellas con un mayor grado de potencia y letalidad, algo apetecido por los delincuentes) y por la existencia de canales de distribución que eran funcionales a usuarios finales de la delincuencia y a los mercados ilícitos. Por otra parte, la comercialización busca llegar a compradores ‘específicos’, como son los grupos racistas y de extrema derecha: “Parece que en algunos casos los fabricantes e intermediarios de armas de fuego han recurrido a técnicas comerciales para atraer a ideologías racistas y a milicias de extrema derecha”, se lee en el informe.
Finalmente, al recapitular las obligaciones de los Estados y las responsabilidades de las empresas, el Alto Comisionado expone que la obligación de reducir la proliferación de armas de fuego forma parte del deber estatal de adoptar medidas adecuadas para abordar las condiciones generales en la sociedad que puedan suponer amenazas directas a la vida o impedir el disfrute del derecho a la vida digna. Así mismo, señala que “además de reducir el suministro de armas de fuego, los Estados deben abordar la demanda”, lo que implica que se hagan “intervenciones socioeconómicas integrales, entre otras, para reducir la desigualdad y la discriminación estructural”. También recuerda que los Estados deben adoptar las medidas adecuadas para impedir las prácticas de comercialización que, entre otras, fomenten la demanda de armas de fuego a través de publicidad que distorsiona la relación existente entre armas de fuego y seguridad, al igual que la comercialización que promueve el racismo o la violencia e igualmente deben modificar patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, en proyección de poder lograr eliminar los prejuicios y prácticas que estén basados en funciones estereotipadas de los hombres.
Con relación a las empresas, estas deben adoptar políticas de derechos humanos, incluyendo la debida diligencia, para “identificar, evaluar, prevenir y mitigar las consecuencias negativas reales y potenciales sobre los derechos humanos”. Llama la atención en el informe la referencia a cómo los grupos de interés y las asociaciones de industrias de armas de fuego ejercen una amplia presión contra la legislación de control de armas de fuego, teniendo información la Oficina del Alto Comisionado sobre lo que al parecer es el apoyo de uno de esos grupos a “asociaciones en todo el continente para fomentar un menor control de las armas de fuego”.
Entre las recomendaciones del Alto Comisionado a los Estados, que deben estar muy presentes en el Congreso colombiano y en las elecciones presidenciales argentinas, se tienen la necesidad de revisar la legislación sobre armas de fuego a fin de restringir la adquisición, la posesión y el empleo de armas de fuego por parte de civiles; incluir en la elaboración, aplicación y revisión de las leyes y políticas sobre armas de fuego a las víctimas de la violencia por armas de fuego, a sus representantes y a la sociedad civil; adoptar medidas para reducir el número de armas de fuego en circulación, entre otros medios formulando políticas específicas de amnistía; y adoptar medidas adecuadas para impedir la comercialización mediante anuncios publicitarios que tergiversan la relación existente entre posesión de armas de fuego y seguridad. Frente a estas dos últimas recomendaciones en el escenario nacional, la política de paz total apunta a la reducción de las armas de fuego en circulación; de otra parte, deben adelantarse acciones para que los medios de comunicación no presenten las noticias de civiles evitando con un arma de fuego un robo como un acto de heroicidad o una apología a la legítima defensa armada, de igual manera debe regularse la forma en cómo partidos políticos, congresistas y generadores de opinión difunden estos hechos y otros en sus redes sociales, en tanto no en pocas ocasiones rayan en la promoción de la violación de los derechos humanos y en la incitación a la violencia y al odio contra determinados sectores sociales o grupos poblacionales, algo a lo que parecen inclinarse cada vez más los políticos de derecha en nuestra América.
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