Texto de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), firmado por diferentes asociaciones profesionales de Brasil, en el que se denuncia la situación en que se encuentra Brasil como consecuencia del desgobierno de su presidente.
La población brasileña es objeto de una política de muerte.
Mientras la mayor parte del mundo adopta medidas para proteger a sus poblaciones, promoviendo la vacunación, imponiendo el aislamiento social, pagando la renta mínima y produciendo campañas para aclarar la importancia del uso de mascarilla y gel de alcohol, en Brasil, el presidente de la República hace exactamente lo contrario. Estimula aglomeraciones, dificulta la compra y distribución de vacunas, cuestiona el uso de mascarilla como medida de prevención del contagio, fomenta el uso de medicamentos contraindicados por estudios robustos ya publicados por la comunidad científica. Además, promueve un ambiente de persecución y vergüenza para los investigadores e instituciones brasileñas que promueven el conocimiento científico necesario para enfrentar los graves problemas derivados de la pandemia.
Institucionalmente, el gobierno federal sigue actuando, tratando de evitar que gobernadores y alcaldes tomen medidas de protección contra la propagación del virus, a pesar de que es consciente de que el sistema de salud en Brasil se ha derrumbado.
Las acciones y omisiones del Gobierno Federal y el Parlamento brasileño, que no procesan más de sesenta solicitudes de juicio político (“impeachment”), ni legislan estableciendo medidas para proteger la vida, tienen como resultado directo la muerte de unos 3.000 brasileños por día.
Se estima que en julio de 2021 Brasil alcanzará las 500.000 muertes. Este abrumador número no es un resultado necesario de la pandemia, sino de esta política que niega la ciencia y expone a la población a la muerte.
En la actualidad, por primera vez en su existencia, el Sistema Único de Salud, que atiende a todas las mujeres y hombres brasileños, está próximo a colapsar en todo el país. Los responsables de los hospitales públicos y privados informan a diario que el suministro de oxígeno para las personas hospitalizadas no es suficiente y que en unos 15 días se acabarán los medicamentos necesarios para proceder con las intubaciones. Los cuerpos se amontonan y la gente espera en largas filas para certificar las muertes.
El caos está instalado
En un país continental como Brasil, en el que se ubica el principal bosque responsable de la continuación de la vida humana en la tierra, esto significa una catástrofe humanitaria y ambiental de proporciones mundiales. Ya existen estudios que demuestran el compromiso del nivel freático debido a los entierros producidos a gran escala, ante esta aterradora mortalidad. El movimiento de personas a otros países, frente a las mutaciones más agresivas que presenta el SARS-COV 2, puede significar la repetición de la realidad brasileña en otros lugares del mundo.
La gestión adoptada deliberadamente en nuestro país puede comprometer, concretamente, la continuidad de la vida humana en la Tierra.
Internamente se realizaron numerosas denuncias, pero chocan con el sistema de apoyo político organizado con los órganos de fiscalización y el Poder Legislativo, lo que motivó a la AJD y a otras entidades de la sociedad civil a tomar medidas en el ámbito del sistema internacional de protección de los Derechos Humanos.
Se han presentado varias peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Penal Internacional, sin que a la fecha se hayan llevado a cabo los procesos de investigación, ni se hayan tomado medidas para proteger efectivamente la vida de las personas en nuestro país.
Ante este escenario catastrófico, exasperados e indignados por la inercia de nuestras instituciones, al límite de nuestras fuerzas ante la violencia institucional que representa esta gestión por la muerte, las organizaciones y entidades suscritas, en AUTÉNTICA SOLICITUD DE AYUDA, RUEGAN que los organismos internacionales de regulación de los Derechos Humanos a manifestarse de inmediato en relación con las solicitudes ya formuladas, a fin de obligar la toma de medidas que protejan la vida de los brasileños por parte del Gobierno Federal y el Parlamento brasileño.
Firman el documento:
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) Valdete Souto Severo, presidente.
Asociación Americana de Juristas – Rama Brasil (AAJ)
Asociación Brasileña de Ergonomía (ABERGO)
Asociación Brasileña de Estudios Laborales (ABET)
Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD)
Asociación Brasileña de Salud de los Trabajadores (ABRASTT)
Asociación Brasileña de Terapeutas Ocupacionales (ABRATO)
Centro Brasileño de Estudios de la Salud (CEBES)
Comisión Brasileña de Justicia y Paz/CNBB.
Comité de Defensa de la Democracia y el Estado de Derecho Democrático
Comité Panamericano de Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana – COPAJU
Departamento de Salud Colectiva – Facultad de Ciencias
Médicas, Unicamp (DSC/FCM/Unicamp)
Foro de Accidentes de Trabajo (FÓRUMAT)
FRENTE AMPLIO EN DEFENSA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES (representando a 54 instituciones y movimientos sociales)
Grupo de Estudio TRAGES (Trabajo, Gestión y Salud/UFG) Grupo de Extensión e Investigación Docentes de Trabajo y
Salud (TRASSADO/UFBA)
Grupo de Trabajo de Salud del Trabajador (DVRT/PAIR), de la Sociedad Brasileña de Fonoaudiología (GT-ST/SBFa)
Instituto de Trabajo Decente (ITD)
Laboratorio Interinstitucional de Subjetividad y Trabajo (LIST) – Departamento de Psicología (DPI) – Universidad Estatal de Maringá (UEM)
MARCHA MUNDIAL POR JUSTIÇA CLIMÁTICA/ MARCHA MUNDIAL DO CLIMA
MNCCD – Movimento Nacional Contra Corrupção e pela Democracia
Nueva Central Sindical de Trabajadores (NCST) Observatorio Sindical Brasileño – Clodesmidt Riani (OSBCR)
Pastoral Operaria (PO)
Programa de Posgrado en Ciencias de la Rehabilitación (PPG- REAB/UFBA)
Programa de Posgrado en Salud, Medio Ambiente y Trabajo (PPSAT/UFBA)
Red de Protección a la Ciencia Irerê
Red de Salud y Trabajo de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES)