Como corresponde a las noticias favorables a los pueblos de América Latina, la decisión soberana ecuatoriana no ha merecido la atención y el tratamiento suficiente de los multimedias. Estarían bailando por algún sueño. Que se sepa el 20 de noviembre es el día de la Soberanía en Argentina, pero quizás ahora también lo sea en […]
Como corresponde a las noticias favorables a los pueblos de América Latina, la decisión soberana ecuatoriana no ha merecido la atención y el tratamiento suficiente de los multimedias. Estarían bailando por algún sueño.
Que se sepa el 20 de noviembre es el día de la Soberanía en Argentina, pero quizás ahora también lo sea en Ecuador. Y no porque conmemoren la defensa de un río interior sino porque su presidente resolvió no pagar la deuda ilegítima.
En efecto, hacía un año y cuatro meses que Rafael Correa había formado la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público, CAICP, que investigó el intrincado panorama de la deuda. La comisión estuvo presidida por Ricardo Patiño, que el año pasado fuera ministro de Economía. Y contó con asesores externos, entre ellos los argentinos Espeche Gil, el ex juez Salvador María Lozada, Alfredo Carella y el profesor Alejando Olmos Gaona, hijo del cronista parlamentario Alejandro Olmos que investigó durante veinte años la deuda argentina.
El 20 de noviembre pasado, los miembros de la CAICP entregaron en mano al jefe de Estado las conclusiones, luego que las 30.000 fojas en 19 carpetas fueran llevadas hasta el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, Ciespal.
Según esos números, entre 1982 y 2000 el país pagó por capital e intereses 76.000 millones de dólares, recibiendo por desembolsos 66.000 millones. A la hora de explicar la diferencia, los estudiosos dijeron que se pagaron intereses usurarios, deudas prescriptas, refinanciaciones ruinosas, autopréstamos, etc. Como en otros casos latinoamericanos, las maniobras fueron llevadas adelante por los presidentes, ministros de Economía, autoridades bancarias de adentro y de afuera, y los directorios del Banco Mundial y el FMI, llevados a rienda corta por el Departamento del Tesoro.
Algunas presidencias como la de Febres Cordero, Sixto Durán y Jamil Mahuad son las más sospechadas. Y no parece que a Correa vaya a temblarle el pulso a la hora de pedir su investigación y juzgamiento. «Buscaremos no solo sancionar a los responsables, sino también no pagar la deuda ilegítima, corrupta e ilegal. Su peso debe ser trasladado por partes iguales a los responsables de adquirirla con título espurios, chantaje y traición», dijo el presidente en el acto realizado en el Ciespal.
Aunque la expresión se ha desgastado por aplicarse a hechos que no tenían esa envergadura, hay que decir que la actitud de Correa supone un «hecho histórico». Es la primera vez que un mandatario audita la deuda y manifiesta que pagará la legal. Desde los encuentros latinoamericanos y caribeños de 1985, promovidos por Fidel Castro, que se aguardaba una decisión de ese signo reparador. Muchos presidentes de distintos países cacarearon con que la deuda era una hipoteca e hicieron alguna promesa, pero a la hora de la verdad pagaron esa cuenta fraudulenta con recursos escamoteados a sus pueblos.
30 por ciento menos
Habrá que ver si Correa cumple con su palabra de investigar y juzgar a los responsables políticos y financieros de la operación que tanto perjudicó a su país. Tendrá que vérselas también con los bancos internacionales que intervinieron con refinanciaciones, plan Brady, emisión de nuevos títulos Global 2012, 2015 y 2030, tales como el Salomon Smith Barney y JP Morgan Chase. Este es conocido por los argentinos porque es el que elabora el índice de «riesgo país» con el que se encarece el crédito internacional a quienes califican mal por no asumir plenamente las recetas del capital internacional.
Es posible que el presidente mantenga esa posición digna ante los banqueros externos. A poco de asumir, en abril de 2007, decidió la expulsión del representante del Banco Mundial, el brasileño Eduardo Somensatto. Y antes había finiquitado la relación con el FMI y dispuesto que Petroecuador denunciara a la Occidental Petroleum (Oxy) por sus desastres producidos en la explotación en la región andina.
Con esos antecedentes y la auditoría recibida el 20 de noviembre, más el anuncio de no pagar la deuda ilegítima, que alcanzaría a 4.000 millones de dólares, un 30 por ciento del total, se puede deducir que hay altas chances de que Correa cumpla su palabra.
Si así fuera sería paradojal que un economista de clase media, formado en colegios católicos y con sendos pos grados y doctorados en la Universidad de Lovaina (Bélgica) y la Universidad de Illinois (EE UU) haya sido el encargado de abrir la puerta del no pago de los fraudes en el continente. Este drama comenzó en 1982 con la moratoria de pagos de México y dio lugar a algo más que la «década perdida» pues luego siguieron los ´90, de crudo neoliberalismo. Recién ahora hay una época de cambios, o como dijo precisamente Correa, «un cambio de época».
¿Con quién se generó el primer problema serio tras los anuncios de no pago? ¿Acaso con Washington? No. Lamentablemente el cortocircuito fue con Brasilia, molesta porque Quito decidió no abonar un crédito del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo). El enojo fue tan grande que el presidente Lula y el canciller Celso Amorim decidieron llamar en consulta a su embajador en Quito, Antonino Marques Porto. Resulta que ese banco dio a la constructora brasileña Odebrecht un crédito de 286 millones de dólares para financiar la construcción en Ecuador de la planta hidroeléctrica San Francisco. La central dejó de funcionar por fallas de su construcción y Correa ordenó la expulsión de Odebrecht y el embargo de sus bienes.
Ante esas medidas apropiadas, Itamaraty reaccionó retirando el embajador y creando un grave conflicto. La defensa de los monopolios brasileños hace que Lula aparezca en varios lugares con posiciones antipopulares. Ya había pasado con Petrobras en Ecuador, Bolivia y Argentina.
¿Por qué los otros no?
La actitud del gobierno de Ecuador de investigar y depurar la deuda externa se corresponde con su política soberana en otros terrenos. Por ejemplo, en 2007 apretó a multinacionales petroleras que hasta ese momento se llevaban la parte del león y les impuso otro criterio de asignación de ganancias en los yacimientos que explotaban en asociación con Petroecuador. Todo lo que exportara por sobre los 25 dólares el barril sería 99 por ciento para el Estado y 1 por ciento para las empresas. City Oriente de EE UU, Petrobras, Repsol y otras firmas se pusieron como locas.
En el plano político el gobierno cumplió en impulsar inmediatamente una elección constituyente para que una Asamblea elaborara una nueva Constitución, lo que empezó a debatirse en noviembre pasado en el complejo Ciudad Eloy Alfaro del cantón Montecristi, en la provincia costera de Manabí. A fines de septiembre de este año la nueva Carta Magna fue plebiscitada por la población, a instancias de Alianza País, el partido-coalición del presidente que ha ganado cuatro elecciones desde que en noviembre de 2006 se impuso en el ballottage al multimillonario Alvaro Noboa.
Estrenando la Constitución, la Corte Electoral ha convocado a elecciones generales, que incluye obviamente al presidente y vice, para abril de 2009, donde Correa irá por la reelección.
Con decisiones como la que adoptó en materia de deuda externa es obvio que la política ecuatoriana y los comicios venideros estarán altamente polarizados. Alrededor del jefe de Estado se aglutinan los sectores populares y progresistas, y en su contra los conservadores y reaccionarios, no sólo de Ecuador sino de la región, como se vio el 1 de marzo último. Las tropas de Colombia bombardearon un campamento de las FARC en Ecuador y luego invadieron el lugar y remataron a los heridos. Ese fue un golpe no sólo dirigido a la guerrilla colombiana sino también a Correa y a Hugo Chávez, a quienes Alvaro Uribe acusó de socios de los rebeldes.
La pregunta que queda picando es por qué el mandatario de Ecuador puede auditar la deuda externa y depurar la parte fraudulenta, decidiendo el no pago para asignar esos recursos a fines sociales, y el resto de los gobiernos afectados no lo hace. Cristina Fernández contó con detalles su conversación con Barack Obama. ¿Correa no la llamó para explicarle lo de la auditoría? ¿Por qué no lo llama ella, entonces, y le pide un consejo de político y de economista porque aquí la deuda anda por los 180.000 millones de dólares?.