El más reciente anteproyecto de Presupuesto General de la Nación en Colombia denota de manera inconfundible los aspectos que son primordiales para el Estado colombiano, en donde el pago del servicio de la deuda pública figura incluso por encima de los derechos fundamentales de los y las colombianas, bajo los argumentos de las reglas fiscales […]
El más reciente anteproyecto de Presupuesto General de la Nación en Colombia denota de manera inconfundible los aspectos que son primordiales para el Estado colombiano, en donde el pago del servicio de la deuda pública figura incluso por encima de los derechos fundamentales de los y las colombianas, bajo los argumentos de las reglas fiscales cuantitativas que se han configurado en el marco de la violencia simbólica de la ley y la norma, con un blindaje constitucional en razón de las lógicas austeritarias del sistema neoliberal.
Este austeritarismo se ha visto reforzado tras la elección de Iván Duque, en tanto se ha evidenciado un incremento del asesinato de líderes sociales -violencia física-, y las múltiples reformas estructurales sobre temas pensionales, tributarios y laborales, entre otros, que concretizan una violencia estructural en el país, en tanto entran a formar parte del andamiaje legal que imbuyen a la sociedad a una determinada visión del mundo y ocasionan una violencia simbólica que se interioriza en las personas.
La violencia simbólica y estructural de la sostenibilidad fiscal en Colombia
El blindaje constitucional del pago del servicio de la deuda pública y del control fiscal ortodoxo ha desembocado en la configuración de un sistema que violenta los derechos de los y las colombianas por medio del argumento de una pretendida sostenibilidad fiscal que prioriza e invisibiliza las causas y consecuencias del servicio de la deuda pública y pretende establecer unos rangos de gasto fiscal sin recurrir a la discusión de la legitimidad, legalidad y sostenibilidad de las acreencias emitidas por el Estado de Colombia.