Hoy se están haciendo en España, tanto por el Gobierno español como por los gobiernos de las Comunidades Autónomas, enormes recortes de derechos sociales adquiridos por la población española (como la congelación de las pensiones, así como la reducción de fondos públicos para la sanidad, la educación, los servicios sociales y otros servicios del Estado […]
Hoy se están haciendo en España, tanto por el Gobierno español como por los gobiernos de las Comunidades Autónomas, enormes recortes de derechos sociales adquiridos por la población española (como la congelación de las pensiones, así como la reducción de fondos públicos para la sanidad, la educación, los servicios sociales y otros servicios del Estado del Bienestar, que suponen una reducción de los derechos sociales, pues la evidencia muestra que tales recortes están afectando negativamente a la calidad de tales servicios), que se están realizando bajo la excusa (no hay otro término para definir la argumentación que se está utilizando para justificar tales reducciones) de que así lo exigen los mercados financieros. La expresión «la presión de los mercados determina la necesidad de hacer tales recortes» es la más utilizada y promovida por los establishments políticos y mediáticos del país. Pero la evidencia muestra que ello no es cierto. Es fácil de ver que los mercados no están pidiendo que se hagan los recortes en estas transferencias y servicios públicos.
Si leemos los Informes, por ejemplo, de las agencias de valoración de bonos públicos (que no son necesariamente santos de mi devoción), vemos que lo que señalan es la necesidad de que los Estados reduzcan el déficit y la deuda pública. Y hay muchas maneras de reducir el déficit y la deuda pública. La reducción del gasto público social no es la única ni la más eficaz para reducirlo. En lugar de congelar las pensiones, por ejemplo, a fin de obtener una reducción del gasto público de 1.500 millones de euros, se podrían haber alcanzado los mismos ahorros mediante la cancelación, por ejemplo, de nuevas inversiones del Estado en equipamiento militar que incluye, entre otras medidas, la compra de 24 helicópteros de combate llamados Tigre. O en lugar de recortar 600 millones de euros para los servicios a las personas con dependencia se podría haber eliminado el pago a los profesores de religión católica en el sistema público de enseñanza, ahorrando la misma cantidad.
O en lugar de variar la orientación de los recortes dentro del presupuesto público, podría haberse aumentado el ingreso de fondos al Estado (tanto central, como autonómico), revirtiendo los recortes de impuestos que han beneficiado predominantemente a las rentas superiores. Si se recuperara, por ejemplo, el nivel de imposición que tenía el impuesto de sociedades de las grandes empresas (que facturan más de 150 millones de euros al año y que representan sólo el 0,12% de todas las empresas de España), volviendo al nivel impositivo que tenían antes de que Aznar y Zapatero les redujeran tal nivel, el Estado ingresaría 5.300 millones de euros más de los que recibe. Si el impuesto sobre las grandes riquezas (que ingresan más de 120.000 euros al año) recuperara el mismo nivel que tenía antes de que Aznar y Zapatero lo redujeran, el Estado también recogería 2.500 millones de euros más. Y si se recuperara el impuesto de sucesiones se obtendrían 2.552 millones de euros más.
Otra alternativa podría ser eliminar el fraude fiscal de las grandes familias, las grandes empresas y la banca, que representa el 71% de todo el fraude fiscal existente en España. Con ello, el Estado ingresaría 44.000 millones de euros más. Y otra alternativa podría haber sido corregir la gran regresividad en la imposición de las empresas en que éstas tienen un nivel impositivo efectivo del 17%, mucho más bajo que el nivel impositivo de las medianas y pequeñas empresas, y mucho más bajo que el nivel impositivo de los empleados y trabajadores en nómina, 37% (para el salario medio de 22.802 euros en España).
Todos estos datos, procedentes en su mayoría del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda del Estado español, muestran que hay alternativas sobre cómo reducir el déficit que ni siquiera están siendo consideradas en los establishments políticos y mediáticos del país. El hecho de que se estén reduciendo las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar en lugar de recortar otros ítems menos populares o aumentar los ingresos al Estado (sin que afecte a lo que paga en impuestos la gran mayoría de la población), no tiene nada que ver (repito, nada que ver) con la presión de los mercados financieros. Tiene que ver única y exclusivamente con el distinto grado de influencia sobre el Estado español de distintos colectivos y clases sociales que existen en España.
¿POR QUÉ SE HACEN LOS RECORTES EN LUGAR DE APLICAR OTRAS ALTERNATIVAS?
¿Por qué, pues, se hacen estos recortes? Y la respuesta es fácil de ver, aunque raramente el lector lo verá en los mayores medios. Es el enorme dominio de las derechas neoliberales existentes en las instituciones europeas, el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) que, con la complicidad de los partidos socialdemócratas gobernantes, han construido el euro según el dogma neoliberal que intentaba reducir al máximo el papel del Estado. De ahí que se eliminaran las medidas más importantes que los Estados (de lo que pasó a ser la Eurozona) tenían para protegerse de la especulación de los mercados financieros. Estas medidas consistían en tener bancos centrales que imprimieran dinero con el cual comprar deuda pública del Estado, forzando así la bajada de los intereses de tal deuda. Pero ahora los Estados de la Eurozona no pueden hacer ni lo uno ni lo otro. Están totalmente desprotegidos, Y de ahí que la deuda pública de tales Estados (incluyendo ahora Francia y pasado mañana la misma Alemania, y si no se lo cree, espere unos meses) esté sujeta continuamente a la especulación. Y para reforzar esta vulnerabilidad, al Banco Central Europeo también se le prohibió que transfiriera moneda a los Estados y/o comprara su deuda pública. Lo hizo recientemente a regañadientes en el caso de España e Italia, y los intereses de la deuda pública española e italiana bajaron. Pero hubo una protesta que forzó la interrupción de tal media. El BCE puede sólo ayudar a la Banca privada, pero no a los Estados.
EL PROBLEMA ES LA FALTA DE PROTECCIÓN DE LOS ESTADOS FRENTE A LA ESPECULACIÓN DE LOS MERCADOS
¿Y por qué las derechas neoliberales desean tal vulnerabilidad de los Estados? Porque, en realidad, tales derechas desean debilitar al Estado del Bienestar, eliminar la protección social y abaratar los salarios. Los intereses financieros y la gran patronal quieren la privatización de las transferencias como pensiones públicas, y de los servicios públicos del Estado del Bienestar, como la Sanidad, prohibiéndoles a los Estados que se endeuden, forzándoles a tener el déficit cero o cercano a cero. De nuevo, podría reducirse el déficit subiendo los impuestos. Pero esto no ocurrirá, pues el capital tiene mucho más poder que el mundo del trabajo.
Y los datos hablan por sí mismos. Las rentas del capital han ido aumentando a costa de que las rentas del trabajo han ido disminuyendo. Nada menos que Nouriel Roubini, el economista al que se le atribuye el haber predecido la crisis financiera, lo reconoció en las páginas del Wall Street Journal (15.09.11). Decía tal economista que el fenómeno más llamativo de lo que ha estado ocurriendo ha sido «una radical redistribución del ingreso desde el trabajo al capital, desde los salarios hacia los beneficios». Y añadía este autor que esta redistribución era una de las mayores causas del enorme problema de falta de demanda, causa de la Gran Recesión.
Las medidas adoptadas por los gobiernos de la Eurozona (y de la UE-15), incluyendo el gobierno español, encaminadas a reducir los salarios y la protección social, con el debilitamiento y reducción tan notable del estado del bienestar, siguen este objetivo, utilizándose como excusa (de nuevo, no hay otra manera de definir la argumentación utilizada para definir tales medidas) que tales medidas son necesarias para incrementar la competitividad (véanse mis artículos cuestionando esta tesis, en la sección Economía política de mi blog www.vnavarro.org) y para calmar a los mercados, argumentos que carecen de evidencia que los avale. Los mercados financieros no son calmables, pues son especulativos por definición. El problema no son los mercados, sino la falta de protección de los Estados frente a la especulación de los mercados, vulnerabilidad que ha sido diseñada para debilitarlos y debilitar la protección social, reducir el Estado del Bienestar y privatizarlo.
EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN
Tal promoción de los intereses del capital a costa de los intereses del mundo del trabajo exige una complicidad mediática, que presenta a las políticas que se están desarrollando (que incluye recortes sociales y prohibición a los estados de que se endeuden) como inevitables y necesarias. La presentación de la reforma de la Constitución y de la Ley Orgánica que la complementa en España siguen esta línea. Las dos se han presentado como inevitables y necesarias, cuando la evidencia es contundente y robusta de que no sólo son innecesarias, sino que son incluso contraproducentes, pues serán utilizadas para reducir todavía más al Estado del Bienestar español, el más poco financiado de la Eurozona y de la UE-15. España tiene el gasto público social por habitante más bajo de ambas comunidades. Y esta reducción del gasto público, incluyendo el gasto público social, contribuye a disminuir la demanda, causa de la gran recesión.
El argumento que machaconamente se utiliza por voces favorables a tales medidas es que la reducción del déficit a niveles tan bajos como las Cortes Españolas aprobaron hace unos días no tiene porque significar la reducción del gasto público social. El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, el Sr. Rubalcaba ha estado subrayando este punto repetidamente. Tal postura ignora que la única manera de que tal medida no signifique una reducción del gasto público (del cual, el gasto público social es el mayor porcentaje) sería mediante un enorme aumento de los ingresos al Estado (equivalente a un 7% del PIB), lo cual es difícil que ocurra, debido al enorme poder de los colectivos que no están contribuyendo al Estado en la medida que lo hacen sus homólogos en otros países. Es este enorme poder que explica como, durante el periodo de gobierno socialista, no se ha llevado a cabo el desarrollo de las políticas alternativas a los recortes, detallada en la primera parte del artículo. Y este mismo poder es el que causó que la entrada de España al euro (que exigía la reducción del déficit del Estado por debajo de un 3% del PIB) se hizo a base de reducir (primero en términos absolutos y después en términos relativos) el gasto público social, de manera que el déficit social de España ( que se mide por la diferencia de gasto público social por habitante entre España y el promedio de la UE-15) era mayor en 2007 que en 1993, año en el que se empezaron las políticas de austeridad conducentes a la entrada de España en el euro.
Una última observación referente al papel de los medios de información y su rol en promocionar las políticas que se están aplicando. El País acaba de publicar una encuesta de Metroscopia (12.09.11) en la que señala que hay más españoles (56%) que favorecen los recortes de gasto público social que la subida de impuestos (31%), hecho que El País parece interpretar como el apoyo de las políticas de recortes que se ha estado haciendo. Tal dato es tendencioso y sesgado, carente de credibilidad, pues no tiene la especificidad que requiere. El término impuestos es demasiado genérico, pues no señala quien paga estos impuestos. Si se preguntara en España, la pregunta ¿qué favorecería usted para reducir el déficit del Estado, reducir los fondos públicos para las pensiones, para la sanidad pública, para la escuela pública, para los servicios domiciliarios para las personas con dependencia, para las escuelas de infancia (entre otras transferencias y servicios públicos) o que se revirtieron las bajadas de impuestos de las grandes familias, grandes empresas y de la banca que han ido ocurriendo en los últimos quince años?, la respuesta sería abrumadora a favor de la segunda alternativa. Tal pregunta no se ha hecho en España. Se ha hecho en EE.UU. y el porcentaje favorable a esta última alternativa ha sido de 82% (sí, repito 82%). Y ello en EE.UU. Creo que en España sería incluso mayor.
EL PROBLEMA NO ES NI FINANCIERO NI ECONÓMICO. ES POLÍTICO
Es un profundo error el que el PSOE, que jugó un papel determinante (apoyado por los partidos a su izquierda) en el establecimiento del Estado del Bienestar en España, haya aprobado la reforma constitucional y la Ley Orgánica que la complementa y que afectará negativamente al Estado del Bienestar, dificultando la corrección del enorme déficit social de España. Y es incluso peor cuando se opone a que tal reforma se ponga a referéndum. He escrito extensamente el porque ambas decisiones son además de profundamente equivocadas, antidemocráticas. Y tengo que admitir que me ha sorprendido la falta de voces críticas a tales medidas dentro de tal partido. Tal situación está reforzando la impresión de que el PSOE es un partido de cargos políticos, junto con otros miembros que están esperando ocupar cargos políticos. Esta percepción puede que sea errónea, pero se está generalizando y está haciendo un enorme daño al socialismo español. La ausencia de voces críticas dentro de tal partido hará muy difícil la necesaria renovación y cambio profundo que el socialismo español necesita.
Estos últimos años hemos estado viendo el enorme descenso del apoyo electoral y de la militancia de los partidos socialdemócratas en la Unión Europea como resultado, no de la falta de atracción del socialismo en democracia, como las derechas maliciosamente interpretan el descenso electoral de tales partidos, sino del distanciamiento de tales partidos del socialismo, llevando a cabo políticas, como las realizadas por el Gobierno Zapatero en respuesta a la crisis, que significan una rotura con aquel proyecto, un proyecto que continua siendo tan válido hoy como ayer. Según la última encuesta de valores de la Unión Europea, nada menos que el 68% de la población de los países de la UE estarían de acuerdo en vivir en sociedades en que los recursos se distribuyeran según la necesidad de los ciudadanos, y que estos se financiaran según la habilidad de cada uno. El distanciamiento de las élites gobernantes de estos partidos socialdemócratas gobernantes hacia los principios del socialismo explica su descenso electoral. El hecho real de que el gobierno del PP sea incluso peor no es causa movilizadora suficiente para muchos electores socialistas que están indignados con las políticas llevadas a cabo por un partido al cual depositaron su voto. Esta es la realidad que las élites dirigentes ignoran a un coste elevadísimo para el socialismo en España. Los partidos socialdemócratas están perdiendo rápidamente su capacidad de estimular cambios a favor de las clases populares. Y España es, por desgracia, un ejemplo más de lo que está ocurriendo en la Unión Europea. En lugar de ser parte de la solución, se han convertido en parte del problema. Así de claro.