Fallas de abastecimiento en productos básicos, sobreprecios a niveles alarmantes, acaparamiento. Estos son los tres elementos básicos que han alertado a los venezolanos desde finales del año pasado sobre la activación de una guerra o sabotaje económico, con el fin político de dar al traste con la Revolución Bolivariana. El Gobierno del presidente Nicolás Maduro […]
Fallas de abastecimiento en productos básicos, sobreprecios a niveles alarmantes, acaparamiento. Estos son los tres elementos básicos que han alertado a los venezolanos desde finales del año pasado sobre la activación de una guerra o sabotaje económico, con el fin político de dar al traste con la Revolución Bolivariana.
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha denunciado esta conspiración incluso desde antes de asumir su mandato en abril pasado. «Ellos están buscando lo que llaman un evento extraordinario. Tengo confianza en el pueblo, en la lealtad que tiene por la memoria y legado del comandante Hugo Chávez. Nuestro pueblo no se va a dejar confundir», dijo durante su campaña electoral.
En los últimos días, ha anunciado medidas para enfrentar esta guerra, como la conformación de un Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía y la preparación de un mercado alternativo para el suministro de divisas y de un nuevo sistema aduanal y portuario para optimizar las importaciones. Además, aprobó un plan excepcional de compras de alimentos, que aportará al país más de 3,5 millones de toneladas de alimentos para los próximos diez meses.
Estas acciones están acompañadas por planes de fiscalización de organismos como el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) y la Superintendencia Nacional de Precios Justos (Sundecop). «Estos operativos deberían hacerlo todos los días. A veces uno viene a comprar y las cosas están muy caras. Es una buena medida», señaló esta semana la señora Beatriz Ricaurte, durante un plan efectuado en el mercado de Quinta Crespo, en Caracas, gracias al cual pudo adquirir azúcar que estaba acaparada.
Pero ningún esfuerzo será suficiente sin el acompañamiento del pueblo organizado. Y por eso, el mandatario ratificó este jueves el llamado a las comunas, consejos comunales y a la ciudadanía en general a dar la batalla por la estabilidad económica, a condenar las acciones de desabastecimiento y a garantizar la paz para el país.
En esa tarea están inmersos desde hace casi siete meses los más de 12.000 venezolanos que forman la Red de Defensores de la Seguridad y Soberanía Alimentaria. «Vimos la ofensiva económica que se venía, con un estímulo a la inflación y el acaparamiento, que genera una demanda irregular de los productos porque causa zozobra y la gente sale a buscar cosas que no consigue o que cree que no va a conseguir», contó Óliver Rivas, miembro de la Comisión Operativa Nacional del grupo.
Ante esto, decidieron dar el debate sobre los mecanismos con los que cuenta el pueblo y cómo organizarse para defenderse del ataque que atribuyen, sin duda, a la burguesía nacional y a un sector del empresariado.
De las 700 personas que participaron en aquel encuentro fundacional en febrero, hoy suman más de 12.000 defensores, con presencia en 197 municipios del país. Son adultos y jóvenes, mayoritariamente mujeres, algunos pertenecientes también a otros colectivos, pero que decidieron unirse para proteger su derecho a acceder a productos básicos.
La red actúa desde dos aspectos: la formación, para entender «cómo funciona el mecanismo que aplica ese sector empresarial contra la mayoría trabajadora», y la inteligencia social, que les permite apoyar la fiscalización, en articulación con Sundecop, Indepabis y la Superintendencia Nacional de Silos Almacenes y Depósitos Agrícolas (Sada).
Los signos de la guerra económica
La receta del sabotaje económico se expresa, de acuerdo con la experiencia de la Red, en falta de producción de los artículos regulados, acaparamiento, especulación y desvío a las redes informales.
«Uno de los argumentos que utilizan (los opositores) es que el Gobierno no ha podido controlar la inflación. Eso encierra una trampa. Hablar de inflación en abstracto pasa por creer que nadie influye en el sobreprecio y aumento progresivo de los precios de los productos, cuando realmente quienes inflan los precios son los grandes productores y distribuidores de este país», enfatizó Rivas.
Por tanto, «si la distribuidora o el frigorífico vende a los pequeños expendios con sobreprecio, evidentemente las bodegas y carnicerías van a aumentar todavía más. Por supuesto, cuando llega al consumidor, está a precios excesivos». Por eso, instan a los comerciantes a denunciar a los distribuidores que pretenden venderles los productos con valores especulativos.
Alerta que esto no debe confundirse con «una circunstancia inflacionaria normal de una economía en transición, sino que forma parte de una ofensiva política orquestada que tiene como objetivo desmovilizar la base social del chavismo, desmoralizar al pueblo y llevarlo a una situación de desesperación y desesperanza donde vea a la opción de la derecha como la salvación».
Es la misma receta aplicada en otras naciones donde se han instaurado gobiernos populares. Por ello, destaca que no basta con los fiscales del Estado.
También rechaza el argumento de que la situación actual se debe a falta de divisas, dado el control de cambio que existe en el país desde 2003. «Ha habido entrega de divisas especialmente para superar esa aparente deficiencia. Vemos que los productos regulados no aparecen pero sí las versiones no reguladas», comentó Rivas, y puso el ejemplo de la ausencia de arroz normal mientras sí se consigue el parbolizado, o la cerveza, que aunque tiene componentes importados, jamás ha faltado en los comercios. «No hay problemas de divisas para producir toallines pero sí para el papel higiénico», apuntó.
Además, desestima el efecto del control de precios por parte del Estado, pues recordó que los montos se fijan de acuerdo con la estructura de costos, lo que les garantiza una ganancia justa.
Sobre el desvío de los productos a las redes informales, indicó que la raíz siguen siendo los distribuidores, que incluyen mafias que llevan los productos a la frontera. «Hemos acentuado nuestro seguimiento y control», afirmó.
En el caso de la red pública, que abarca casi 40% de la distribución de alimentos, comentó que el Ministerio de Alimentación, como parte de la lucha contra la corrupción, ha intervenido gran cantidad de Mercalitos en barrios que presentaban irregularidades. A esto se suman los muchos privados que usan este mecanismo para evadir la regulación.
¿Cómo actúa la Red de Defensores?
Si usted detecta ventas con sobreprecios o acaparamiento en un comercio, puede formular la denuncia a la Red de Defensores vía correo electrónico ([email protected]) o Twitter (@defenso_alimento), especificando su nombre y apellido, el establecimiento, número de información fiscal, ubicación, la irregularidad, el producto y su presentación.
La Red contacta al responsable del Indepabis o Sundecop en la región, para activar la fiscalización de manera expedita. Al llegar al establecimiento, se constata la falla, se levanta un acta que activa el procedimiento sancionatorio y se somete el artículo a venta supervisada al precio regulado.
Dependiendo de la investigación, pueden imponerse multas, en función de las dimensiones del establecimiento, y proponer un procedimiento expropiatorio.
«Mucha gente tenía reservas sobre convocar a la gente a asumir la batalla económica, porque pensaban ingenuamente que podían actuar de manera desordenada, con abusos, saqueos, etc. No ha pasado nunca. Es un ejercicio del poder popular concreto. No hubo excesos, escaramuza ni amedrentamiento. Revela la fuerza de la organización popular», expresó Rivas.
También apoyan al Sada en la verificación de la recepción de productos de las 60.000 empresas vinculadas con alimentos que tienen registradas. «Parte de esta guerra económica pasa porque hay empresas de maletín, con la intención de solicitar dólares», comentó.
Listos para la gestión comunal
Unos 150.000 rollos de papel higiénico, 10.300 kilogramos de harina de maíz, 39.000 de azúcar, 25.000 de caraotas, 15.000 de arroz y 2.600 de margarina estaban acaparados en el Mercado de Mayoristas de la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, entidad donde el gobernador Henri Falcón es partidario de la derecha.
El presidente Maduro lanzó un ultimátum este jueves: Todas aquellas empresas que acaparen productos alimentarios serán intervenidas y enfrentarán un proceso de expropiación. «¡Ya basta! No lo vamos a permitir. Que se creen empresas comunales. Yo estoy seguro de que la comunidad, con capacidad para distribuir y comercializar, va a respetar al pueblo», advirtió.
Para el coordinador de la Red de Defensores de la Seguridad Alimentaria, el pueblo organizado está listo para efectuar esta tarea con eficiencia. «O tomamos medidas para que estas empresas que se sumaron a la conspiración escarmienten o van a sentir que tienen el campo abierto. Si no quieren generar una gestión económica honesta, moderada, dentro de la sana lógica, sino que se suman a la conspiración y ganan comercialmente a partir de ello, el Estado tiene toda la potestad para poner esas empresas bajo gestión popular», estimó Rivas.
Además, instó a los ciudadanos, a tomar conciencia de la forma en que consumen, reflexionar sobre lo que realmente necesitan y a no comprar por encima de lo que requieren en realidad, pues de esa forma también contribuyen con el desabastecimiento. «No podemos hacerle el favor a la campaña de escasez programada», apuntó.