Desde el mismo momento en que participamos de la fundación y legalización ante el Consejo Nacional Electoral del Partido Socialismo y Libertad, hemos utilizado todos los espacios políticos, electorales, laborales, educativos y populares para expresar con toda claridad que somos una organización con un perfil socialista y revolucionario, que lucha y luchará por alcanzar un […]
Desde el mismo momento en que participamos de la fundación y legalización ante el Consejo Nacional Electoral del Partido Socialismo y Libertad, hemos utilizado todos los espacios políticos, electorales, laborales, educativos y populares para expresar con toda claridad que somos una organización con un perfil socialista y revolucionario, que lucha y luchará por alcanzar un gobierno de las y los trabajadores junto con los sectores campesinos y populares; que luchamos por un modelo económico libre de la explotación y en armonía con la naturaleza y la preservación de toda forma de vida; bajo un régimen político basado en la democracia obrera que brinde las más amplias libertades democráticas, y de respeto profundo a los derechos humanos para el conjunto de la población.
También hemos afirmado con gran responsabilidad -aún a riesgo que muchos de los honestos seguidores del fallecido Hugo Chávez o del actual presidente Nicolás Maduro pudieran resentir nuestras declaraciones-, que el modelo de «Socialismo de Siglo XXI» que ellos pregonaron y desarrollaron durante estos años, ha sido una farsa que nada tiene que ver con el verdadero socialismo revolucionario y que lastimosamente hoy, en medio de una pavorosa crisis recurre al engaño y las restricciones de las libertades democráticas para implementar un ajuste económico de corte antiobrero y antipopular que agrede a toda la población trabajadora, elimina grandes conquistas obtenidas con la lucha y el esfuerzo del pueblo y ponen en riesgo la soberanía nacional.
Es por eso que hoy, cuando los venezolanos y las venezolanas discutimos en los círculos familiares, en los puestos de trabajo, con los vecinos, en los sitios de estudio y por supuesto en las inclementes y humillantes colas que a diario nos toca hacer para proveernos de los artículos de consumo básico, sobre cuál es la salida y quién debe ponerse al frente del país para atajar esta caída por el despeñadero al que nos ha llevado este modelo disfrazado de socialismo; desde el Partido Socialismo y Libertad queremos hacerle conocer al conjunto de la población nuestras reflexiones y nuestras propuestas sobre cómo y de la mano de quiénes podemos salir de la crisis.
El modelo económico y político del gobierno se agotó. Fracasó
Millones de compatriotas confiaron en que el modelo ofrecido por el fallecido Hugo Chávez redimiría a la población venezolana de siglos de explotación y discriminación. Muchos se ilusionaron cuando efectivamente durante los primeros años de su gobierno se obtuvieron conquistas sociales de diversa índole y se empezó a disfrutar de derechos que en el pasado habían sido conculcados. La razón de esta realidad residía en que el pueblo estaba movilizado, reclamaba y luchaba a brazo partido para que de inmediato se cumplieran sus expectativas.
Con el tiempo, el propio gobierno se encargó de desactivar la movilización que empezaba a serle incómoda, relegando el discurso de la democracia protagónica y participativa. En cambio, fortaleció su imagen mesiánica, construida sobre la base de utilizar los recursos de la espectacular bonanza petrolera de los últimos años para comprar lealtades, conciencias y votos para las diferentes coyunturas electorales. Fueron tantos los recursos que ingresaron al país, que permitió a la atornillada camarilla burocrática que ocupa los altos cargos de gobierno enriquecerse, gracias a la corrupción. Muchos de ellos se dedicaron a acumular los suficientes capitales como para convertirse en los nuevos burgueses de la era del «socialismo del siglo XXI».
La economía del país siguió anclada a la renta petrolera y el festín de las multinacionales tuvo continuidad a partir del mismo momento en que el gobierno, con la firma de Hugo Chávez, rubricara la política de empresas mixtas, mediante la cual se permitió a la Chevron, Repsol, Total, ENI, Halliburton, a los magnates chinos, iraníes, rusos, entre otros, que se quedaran con el 40% de las ganancias de dichas empresas petroleras, con contratos por 40 años.
Esta tragedia tuvo su complemento con una política de despilfarro, que no privilegió la diversificación económica, la producción agropecuaria a gran escala para atender la demanda interna, y muy por el contrario quiso cubrir la creciente demanda con una espiral importadora que terminó de arruinar la economía nacional, enriqueciendo a una minoría de grandes importadores, ligados tanto a Fedecámaras como a la nueva burguesía emergente.
Definitivamente ni el gobierno de Chávez ni mucho menos el de Maduro, jamás intentaron en verdad romper con las pesadas anclas que atan la economía venezolana al modelo capitalista prevaleciente en la nación. En algunos casos se estatizó propiedades de terratenientes o empresas, no porque así lo quisiera el gobierno del PSUV sino porque así lo impusieron los trabajadores, como sucedió en Invepal y Sidor, sólo para colocar dos ejemplos, pero no se pudo ejercer en ninguna de ellas el verdadero control democrático por parte de los trabajadores de la administración y la producción de las empresas.
Y en los casos en que los trabajadores y los campesinos no estuvieron al frente de la lucha por la nacionalización de las empresas, las compras forzadas se dieron porque los mezquinos intereses del gobierno así lo exigían para poner dichas empresas en manos de sectores de la burguesía roja interesados en ampliar los negocios bajo su control. Lo que sí fue claro en ambos casos, es que el gobierno terminó comprando e indemnizando a sus propietarios y colocó al frente de las empresas estatizadas a burócratas que tenían por misión desactivar la lucha de la clase trabajadora, eliminar los sindicatos y los contratos colectivos, y desmantelar las empresas como hoy se hace evidente en todas ellas.
Se impuso un control cambiario, necesario para impedir la fuga de capitales, pero que gracias al manejo burocrático sin control popular, terminó siendo una pesadilla al servicio de la corrupción y el enriquecimiento ilícito de los altos jerarcas políticos, testaferros y empresas fantasmas que robaron más de sesenta mil millones de dólares mediante sobrefacturación de importaciones, y participaron de una fuga de capitales superior a los doscientos mil millones de dólares. El fracaso de ese modelo salta a la vista y se expresa en cifras. Una acelerada devaluación combinada con la más alta tasa de inflación del continente, que licuó los salarios de la masa trabajadora. Caída de la producción, cierre de empresas y despidos a niveles insostenibles. Crisis y caída de la producción agropecuaria. Desabastecimiento generalizado de productos de la canasta familiar y consolidación en Venezuela de una economía de puertos en la que se importa la mayor parte de lo que consume. Un espectacular escalamiento de la deuda externa de la nación y de PDVSA que nos resta toda posibilidad de soberanía. Caída de la calidad de vida de las familias de los trabajadores y sectores medios de la producción, retrotrayéndonos a épocas que ya se consideraban superadas.
En medio de este caos económico y gracias a la depresión de los salarios provocada por la devaluación y la inflación, ha florecido en los últimos quince años una nueva capa de ricos y multimillonarios que lo han logrado en virtud al control que tienen de las finanzas públicas, de Pdvsa, de las empresas del Estado y de la galopante corrupción. De igual modo, otros sectores de la economía alcanzan altísimas ganancias como acontece en el sector bancario y de los seguros, así como los grandes conglomerados económicos con carácter monopólico, cuyo caso más significativo es el Grupo Polar que obtiene fabulosas y groseras utilidades.
La MUD ofrece una falsa «salida»
En este contexto, los sectores de la burguesía que fueron desplazados del gobierno y del control del aparato estatal, no han escatimado esfuerzos para retomar el control de los recursos de la nación y gobernar como lo hicieron en el pasado, al servicio de los ricos y de los empresarios locales e internacionales. En todos sus intentos siempre han buscado el atajo y han recurrido a mecanismos que no implique la participación protagónica y decisiva del pueblo.
La MUD siempre ha tenido como norte capitalizar el descontento con el gobierno, bien sea electoralmente o por la vía de los paros patronales y otras maniobras antidemocráticas. Nunca vimos a esos partidos, «moderados» o «radicales» llamando a movilizarse en favor de los derechos económicos y sociales de los trabajadores y el pueblo. Si hacemos memoria, así ocurrió desde abril de 2002 cuando se quiso utilizar una movilización para encubrir un criminal golpe de Estado. En los últimos años, cuando se abrió con fuerza la crisis económica internacional y nacional, nunca tuvieron como preocupación defender en las calles la capacidad adquisitiva de los salarios. No los vimos luchando al lado de los trabajadores petroleros denunciando y combatiendo el modelo de las empresas mixtas entre el Estado y las multinacionales petroleras con el que se ha venido perdiendo la soberanía sobre nuestro principal recurso. Por el contrario avalaron esta apertura petrolera al gran capital multinacional.
Henrique Capriles, Leopoldo López, Antonio Ledezma o María Corina Machado denuncian la política económica del gobierno, hacen propaganda incansable sobre la inviabilidad del modelo económico, y reclaman divisas para los empresarios, aún mayor libertad para las grandes empresas capitalistas. Pero no se atreverán jamás a colocarse al frente de la movilización de los trabajadores en defensa de salarios dignos, del derecho a la negociación de contratos colectivos, contra el endeudamiento externo, o por cárcel para los sobrefacturadores de importaciones. La apuesta de la MUD es por un modelo neoliberal, subordinado al FMI y el BM. De ahí que ellos estén de acuerdo con la sustancia y objetivos del ajuste que aplica Maduro, por ellos no dicen nada contra el aumento del precio de los alimentos, del transporte, o de la gasolina y los servicios públicos, aunque quisieran que los ritmos de aplicación del ajuste fueran otros.
La MUD le teme al pueblo movilizado, porque saben que serán rebasados cuando millones reclamen con vehemencia lo que les corresponde. ¿Acaso no han sido los empresarios que respaldan a la MUD quienes más provecho han sacado de la actual crisis económica, el desabastecimiento, la especulación y el robo de las divisas junto a los funcionarios del gobierno y la nueva boliburguesía? Esos partidos y los empresarios que les apoyan se frotan las manos de felicidad al saber que Nicolás Maduro y el PSUV se están encargando de aplicar un durísimo plan de ajuste antipopular, que les permite a ellos esperar pacientemente al proceso electoral para lograr un recambio negociado, gracias a que el chavismo se ha encargado de la parte más difícil del ajuste.
Y cuando recurrieron en cierta forma a la movilización de amplios sectores de la población descontentos con el gobierno, como aconteció entre febrero y abril de 2014, fue imponiendo un programa político que no tenía nada que ver con las necesidades urgentes de la población y gritando a destiempo y en forma irresponsable la consigna «fuera Maduro» que no contaba con el aval de la mayoría de la población. Debido a que no había consignas contra el ajuste, ni se daba expresión a las más sentidas exigencias sociales y económicas de la población, nuestra organización no participó en dichas protestas, pero sí denunciamos por todos los medios los violentos atropellos que desde los aparatos represivos y grupos parapoliciales se desarrollaban.
Los resultados de esa aventura, plagada de acciones violentas aisladas de las masas, no se hicieron esperar. Decenas de personas murieron, centenares de procesados judicialmente, y otros tantos siguen tras las rejas abandonados a su propia suerte. El saldo fue negativo para la población que se atemorizó, y relativamente fortaleció al gobierno que se envalentonó para reprimir y se creyó en mejores condiciones para aplicar el doloroso plan de ajuste que hoy soporta la mayoría de la población. Esos son los resultados de las políticas irresponsables, equivocadas y propatronales de la oposición.
Por todo lo anterior, la dirigencia política de la oposición está incapacitada política y moralmente para ser una alternativa de cambio. Ya ellos gobernaron en forma desastrosa, tienen gestiones nefastas en alcaldías y gobernaciones, y si ahora se pronuncian contra el gobierno y su modelo económico, social y político, no es para reivindicar los derechos del conjunto de la población, sino para defender sus particulares intereses.
No es casual que hoy, cuando la situación es insostenible, cuando estamos sufriendo los peores efectos de la pavorosa crisis económica y cuando el gobierno desata la más brutal cacería política, el recorte de las libertades políticas y la criminalización de la protesta, es cuando la oposición muestra la hilacha. Guarda silencio, no convoca a la calle y todos sus voceros aúpan la «unidad» pero para las elecciones, de las cuales ya se sienten vencedores, mientras que el pueblo y los trabajadores se comen un cable. Esa es su filosofía, esa es su política.
Repudiemos el intento gubernamental de castrar los derechos democráticos de la población
Aunque el Presidente Chávez, Maduro y la dirigencia del Psuv enlodaron hasta más no poder los conceptos de revolución y socialismo, ello no puede ser obstáculo para que quienes estamos del lado de la clase trabajadora y del pueblo nos pronunciemos en favor de reivindicar una verdadera salida de la mano de los trabajadores y los más pobres de la sociedad, sin la vieja y nueva burguesía, sin la corrupta burocracia estatal, que ha infiltrado a las organizaciones sindicales, estudiantiles y populares.
Plantearse una salida a la actual crisis, incluyendo la lucha por un nuevo gobierno surgido de la iniciativa y decisión colectiva de la población es un derecho inalienable que ningún gobierno puede anular. En el caso de los trabajadores y de los partidos que nos reivindicamos del campo del socialismo revolucionario, es una obligación resaltar el derecho que tiene la población a rebelarse políticamente para enfrentar a cualquier gobierno cuando este se evidencia como anti-popular, genuflexo ante las multinacionales y las potencias extranjeras, cuando es violento y atenta en forma alevosa las libertades democráticas y los derechos humanos del conjunto de la población.
Ni el presidente Maduro ni la cúpula del PSUV desde la Asamblea Nacional, las gobernaciones, las alcaldías y los concejos legislativos regionales pueden restringir ni criminalizar el derecho de la población y de los partidos políticos a presentar sus propuestas, sus programas y a plantearse como alternativa de gobierno ante la debacle a la que ellos nos han conducido.
Es perverso demonizar la lucha política y propio de regímenes antidemocráticos catalogar y judicializar como golpista o terrorista a aquellos que presenten propuestas de gobierno opuestas por el vértice a las que ofrece la actual casta burocrática y al servicio de la burguesía roja-rojita instalada en el poder.
La acción política, al fin y al cabo, solo es posible si incluye la posibilidad de postularse como alternativa de poder. Ese es un derecho histórico y ningún gobierno puede liquidarlo. ¿Acaso el chavismo no apareció en la escena política nacional protagonizando una rebelión militar, en una acción aislada del conjunto de la población que desgraciadamente se cerró con víctimas fatales, heridos y privados de libertad?
Nosotros reivindicamos la acción revolucionaria de los pueblos, ese es un derecho que se ha ganado la humanidad y nadie lo podrá regimentar, disciplinar o aplastar, como lo pretende el gobierno.
Levantémonos contra el plan de ajuste en la perspectiva de luchar por un gobierno de los trabajadores
Basados en la larga tradición revolucionaria del pueblo venezolana que data desde las épocas de la rebelión anticolonial en la que participó Simón Bolívar, en las extensas y duras luchas contra las dictaduras militares de principios y mediados del siglo pasado, y en la gloriosa revolución democrática del 13 de abril de 2002, llamamos a la población a movilizarse, a ganar las calles, o cualquier escenario político como las elecciones, para confrontar al gobierno y su antipopular plan de ajuste, y en ese movimiento forjar los nuevos organismos que se postulen como alternativa de poder.
La misión histórica de la clase trabajadora como factor de poder aún no se ha materializado en Venezuela. Sin embargo los largos años de lucha, las experiencias acumuladas, las inconmensurables conquistas obtenidas deben ser el aliciente para que la clase trabajadora, acompañada de los sectores pobres de la ciudad y el campo, avance, no se deje chantajear ni atemorizar, y particularmente no vuelva a caer en la trampa de depositar su confianza y la conducción política en elementos y partidos políticos que representan a la burguesía, sea esta tradicional y proimperialista como la agrupada en la MUD, o en la nueva burguesía roja y los burócratas del PSUV que detentan el poder político actualmente en Venezuela.
Proponer y alcanzar la independencia política es la tarea primordial que hay que consolidar en la conciencia de la clase trabajadora venezolana si de verdad queremos salvaguardar al pueblo venezolano de nuevas traiciones, de nuevas frustraciones. Llegó la hora en que la clase obrera debe cumplir su papel de protagonista central en la solución de la crisis. No confiemos en cuentos de camino que se ofrecen desde la derecha o desde el PSUV. La derecha ya gobernó, mientras que la burocracia actual del Psuv es una enemiga irreconciliable del poder de los trabajadores y el pueblo organizado.
Aquellos que, considerándose la izquierda del chavismo, proponen que el presidente Maduro reemplace a los ministros y corrija el rumbo, sólo producen mayor confusión entre el pueblo descontento, al intentar sembrar expectativas en una dirección política totalmente quebrada política y moralmente. Esa vía está totalmente agotada y no existe la menor posibilidad de rectificación por parte de Maduro y Diosdado. Los revolucionarios y socialistas tenemos la obligación de levantar un proyecto alternativo para enfrentar el ajuste y proponer un gobierno de los trabajadores y el pueblo organizado.
No dudemos, demos un paso al frente. Venezuela tendrá futuro si la clase obrera se coloca a la vanguardia de la lucha política y social, si construye su propio partido revolucionario orientado por un programa de la lucha por el poder para la clase trabajadora, por un gobierno sin capitalistas, burócratas ni corruptos.
* Orlando Chirino y Miguel Ángel Hernández son miembros de la dirección nacional del Partido Socialismo y Libertad (PSL).
Fuente: http://web.laclase.info/content/el-pueblo-tiene-derecho-a-buscar-una-salida-revolucionaria/