El problema de la vivienda, que también ha alcanzado ya a nuestros vecinos galos, ha sido afrontado por el gobierno de ese país de una forma drástica y ejemplar: ha decidido promulgar una ley que transformará en efectivo y exigible ante la jurisdicción competente el derecho constitucional de todo ciudadano a una vivienda digna. Ahí […]
El problema de la vivienda, que también ha alcanzado ya a nuestros vecinos galos, ha sido afrontado por el gobierno de ese país de una forma drástica y ejemplar: ha decidido promulgar una ley que transformará en efectivo y exigible ante la jurisdicción competente el derecho constitucional de todo ciudadano a una vivienda digna. Ahí es nada.
Francia ha decidido, así, dar un salto adelante en el reconocimiento de los derechos sociales de sus ciudadanos y dar contenido efectivo a uno de los artículos que, si bien suele estar presente en la mayor parte de las constituciones contemporáneas, lo está casi a título de inventario pues no se le reconoce naturaleza de prestación, como en el caso de la sanidad o la educación, sino de mera directriz para los poderes públicos.
La movilización social promovida por un colectivo de personas sin hogar, agrupadas en un movimiento denominado Hijos de Don Quijote, ha conseguido que el gobierno francés asuma su responsabilidad en el problema de la vivienda en Francia, pues no de otra cosa se trata, y promueva la aprobación de esta ley que entrará en vigor antes del próximo 22 de febrero, fecha en la que el Parlamento concluye los trabajos de la actual Legislatura.
A partir de entonces será de aplicación inmediata para aquellos casos más urgentes: las personas sin hogar, los trabajadores pobres y las mujeres solas con niños. Y no será hasta finales de 2012, margen temporal que se da así mismo el ejecutivo francés para la construcción del suficiente número de viviendas sociales (unas 600.000 según estiman las autoridades galas), cuando el derecho será plenamente exigible por todos los ciudadanos.
Todo ello para enfrentar un problema que en Francia afecta a entre 80.000 y 100.000 personas que duermen en la calle, a casi un millón que no tienen residencia fija y a más de tres millones que viven en condiciones insalubres e indignas. Si a eso se le une que, precisamente, entre septiembre de 2005 y septiembre de 2006 se han construido en Francia cerca de medio millón de viviendas, la cifra más elevada en los últimos 20 años, el caldo de cultivo se encontraba en estado óptimo para que en ese país, de fuerte tradición reivindicativa, se articulara un movimiento social que exigiera soluciones definitivas ante un problema tan grave.
La encomiable respuesta del ejecutivo francés, si bien probablemente derivada de la confluencia de elecciones presidenciales y legislativas en este año, no debe ser menospreciada y, en mi opinión, debe ser calificada como valiente.
El tránsito de una política pública de la vivienda en la que la inacción por parte de las autoridades y la disminución de los recursos presupuestarios destinados a la construcción de viviendas sociales han constituido la tónica generalizada en los últimos años, a otra política en la que la disposición de una vivienda social ya no depende del resultado de un sorteo sino que constituye un derecho exigible por los ciudadanos es un avance importante.
Pero, además, esta medida sienta un precedente que difícilmente puede ser ignorado en otros países, como España, en donde el problema de la vivienda acabará convertido en un problema político de primera magnitud -más allá de los personales y económicos- a poco que exista una mayor organización de los colectivos que están reclamando, como en Francia, el derecho a una vivienda digna.
Basta con señalar que, a pesar de que el número de viviendas construidas anualmente en régimen libre se ha más que duplicado entre 1996 y 2005, sin embargo, el número de las construidas en régimen de protección pública ha seguido una tendencia descendente a lo largo de las dos últimas décadas. Y, así, si en 1980 se construyeron en España en torno a 120 mil viviendas de protección oficial, en 1996 esa cifra se había reducido a cerca de 80 mil y en 2005 se construyeron pocas más de 60 mil. Y ello en un contexto, sobre todo durante los últimos años, en los que el precio de la vivienda se ha disparado y en el que el número de viviendas vacías y secundarias llega casi a los seis millones y medio según el último censo de población y viviendas del año 2001 (actualmente deben ser muchas más). Y donde, además, existen más de 30 mil personas sin hogar que duermen cada noche en las calles.
Si ante la gravedad de la situación de la vivienda en España, la ciudadanía no toma nota del caso francés y decide tomar las calles para reclamar que, por fin, el artículo 47 de la Constitución deje de ser papel mojado y se convierta efectivamente en un derecho es que mereceremos todo lo que nos pasa.
Alberto Montero Soler ([email protected]) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y colaborador habitual de Rebelión. Puedes visitar su blog «La otra economía» en la página de elotrodiario.com