Ya tenemos aquí el tan esperado rescate bancario y, como no podía ser de otra forma, llega dando una nueva vuelta de tuerca sobre la economía española y, más concretamente, sobre los trabajadores del sector y sobre el conjunto de los contribuyentes. Hasta ahora, la condicionalidad asociada al rescate, contenida de forma convenientemente difusa en […]
Ya tenemos aquí el tan esperado rescate bancario y, como no podía ser de otra forma, llega dando una nueva vuelta de tuerca sobre la economía española y, más concretamente, sobre los trabajadores del sector y sobre el conjunto de los contribuyentes.
Hasta ahora, la condicionalidad asociada al rescate, contenida de forma convenientemente difusa en el Memorándum de Entendimiento, había afectado al conjunto de la economía tanto por la vía de los ajustes asociados a la persecución draconiana de un equilibrio fiscal imposible como por la de las reformas estructurales centradas en el mercado de trabajo y destinadas a quebrar cualquier tipo de capacidad negociadora de los trabajadores. Una condicionalidad que se ha convertido en la línea directriz de una política económica que empuja de manera suicida a la economía española hacia un abismo sin fondo, tal y como acaban de poner de manifiesto las previsiones recién publicadas de la OCDE para el año 2013.
Pero en el Memorándum también se decía que el rescate tendría implicaciones sobre el sistema financiero y que éste debería verse sometido a un proceso de reestructuración. Dada la hipertrofia adquirida por el mismo durante su proceso de cebado de la burbuja inmobiliaria, esto era, hasta cierto punto, lógico y esperable. Nadie puede dudar de que era necesaria una reestructuración del sistema financiero que eliminara parte de su excedente de capacidad y lo readecuara a las necesidades de una economía en proceso de desapalancamiento.
Pero, claro, hay reestructuraciones y reestructuraciones y la que se nos ha impuesto es de las que, más que ayudar a una transición suave y a amortiguar sus costes sociales y personales, deja a los pies de los caballos a los trabajadores, convirtiéndolos en moneda de cambio de unos beneficios que difícilmente aparecerán en una economía en caída libre como es la española. Aunque eso no debe quitar el sueño a la Comisión que sabe que detrás de las instituciones rescatadas se encuentra el erario público y, por tanto, el dinero de todos los contribuyentes por si aquéllas no pueden devolver por sí mismas los fondos recibidos.
Y es que, si algo no debemos olvidar, es que los préstamos del presente son los recortes sociales del futuro; así de torcidos son los renglones con los que escribe la troika sus pactos mefistofélicos y sólo de esa forma puede calificarse la reestructuración llegada desde Bruselas en el día de ayer cargada de argumentos para la indignación. Veámoslos.
En primer lugar hay algo que, aunque pudiera parecer una cuestión meramente nominal, creo que no lo es. Hablamos de ayudas para instituciones nacionalizadas a las que se aporta fondos públicos directamente y a las que se respalda el monto del rescate con el dinero de nuestros impuestos y, sin embargo, sigue sin plantearse ningún tipo de participación pública activa en la gestión de las instituciones, no sólo por ejercer mínimamente el derecho de propiedad, sacrosanto en el capitalismo, sino para reconducir su actividad hacia la recuperación del crédito. Pues no, se les entrega el dinero de todos y se les permite que sigan con su negocio, que si no responden ya lo hará el resto de españoles por ellos.
En segundo lugar, nos encontramos con que tan sólo cuatro instituciones van a recibir, en total y de momento, una inyección de 67.000 millones de euros de ayudas públicas (37.000 millones aportados por Europa y 30.000 millones aportados por España, tal y como recoge el comunicado de prensa de la Comisión Europea), es decir, más del 6% del PIB español, mientras se recortan cada día derechos sociales que afectan al bienestar de todos nosotros porque, según nos dicen, no hay recursos para atenderlos.
Las preguntas, entonces, son claras: ¿por qué motivo estas instituciones deben ser rescatadas y no se podía permitir su quiebra y que fueran los accionistas y acreedores quienes cargaran con el coste de la mala gestión? ¿Es realmente sistémica Bankia como para que se le inyecten 36.000 millones de euros? ¿Cuánto de sistémicos tienen NovaGalicia o Catalunya Caixa para que nos cuesten 10.000 y 14.000 millones de euros, respectivamente? Y ya el colmo es el caso de Banco de Valencia que, en lugar de dejarlo quebrar, se lo sanea completamente con dinero público por valor de 7.000 millones de euros y se vende a CaixaBank por 1 euro. Ahora que cada cual piense lo que quiera de la operación.
Si ninguna de las entidades rescatadas tenía carácter sistémico, ¿qué podría justificar entonces que no se les dejara quebrar? Eso nos lleva al tercer argumento para la indignación. La única razón que podría esgrimir el gobierno para legitimar el rescate sería su voluntad de proteger los puestos de trabajo del sector intentando que la reestructuración fuera lo menos traumática posible. Pero tampoco es el caso. Lo que acaba de hacer Bruselas con la aquiescencia del gobierno, que es quien avala los planes de reestructuración de cada entidad, es cortar por lo sano y facilitar que las empresas traten de conseguir beneficios por la vía de despedir masivamente trabajadores. Es decir, nuevamente el empleo se convierte en la variable de ajuste del sistema, su única vía para recomponer la tasa de ganancia.
¿Qué más da si para conseguir beneficios Bankia tiene que despedir a 6000 personas o NovaGalicia a 2500? ¿Por qué no probamos a hacer los números del rescate sobre otros parámetros y dividimos los 1.000 millones de euros aprobados para Bankia en el plan de rescate entre los 6000 despedidos? El resultado no puede dejar indiferente a nadie: por cada despido Bankia recibirá de Bruselas 3 millones de euros que es, paradójicamente, casi la misma cantidad que se llevó Miguel Blesa al abandonar Caja Madrid (2,7 millones de euros). Ahora, si lo deseamos, podemos devolver el análisis a los parámetros financieros convencionales y relacionar las ayudas con los ratios de capital y las provisiones o podemos, por el contrario, preguntarnos cuánto, de esos tres millones de euros por despido, se destinará a pagar la respectiva indemnización de cada trabajador. ¿Correrán todos ellos la misma suerte que Blesa? Un Blesa que, para más inri, se enorgullecía en su comparecencia parlamentaria de haber multiplicado el balance del banco por seis como si eso no tuviera nada que ver con la quiebra de la institución, como si el incremento de cantidad no tuviera ningún tipo de relación con la calidad.
Eso sí, en cualquier caso que sepan esos trabajadores que serán inmolados por una causa superior y que, por tanto, «su sacrificio no será baldío», como ha declarado Goirigolzarri, porque sus despidos se harán en aras de una «auténtica refundación» del banco nacionalizado. Ofrecer un consuelo de esa naturaleza a 6.000 trabajadores a punto de ser despedidos es de una inmoralidad que raya en lo obsceno.
Y, para concluir, hay algo que todos deberíamos tener meridianamente claro: nada garantiza que con estas reformas se puedan obtener beneficios o, si lo prefieren lo digo en roman paladino, lo más probable es que todas estas ayudas tengan que ser devueltas con el dinero de los contribuyentes. Y es que con las limitaciones a las que se ha sometido a las instituciones rescatadas tanto en términos de negocio (centrado en las pymes y particulares cuya situación financiera es de todos conocida), como geográficas (lo cual no deja de ser sorprendente: Bruselas ha restringido el derecho de establecimiento a nivel autonómico para estas cuatro entidades. ¿Podría salir alguien de este gobierno a explicarlo, por favor?) o para la captación de financiación, mucho tendría que cambiar la coyuntura económica para que las entidades pudieran generar los beneficios necesarios para cubrir el monto del rescate. Así que, por lo que pueda pasar, vayan pensando que de aquí a unos años la factura de estas «ayudas» la tendremos sobre la mesa para digerirla entre todos. Y, si no, al tiempo.
Alberto Montero Soler (@amonterosoler) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y presidente de la Fundación CEPS. Acaba de publicar junto a Juan Pablo Mateo el libro «Las finanzas y la crisis del euro: colapso de la Eurozona», en Editorial Popular. Puedes leer otros textos suyos en su blog La Otra Economía.
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