Ilustración de Tomy
Las cosas no le han salido bien al presidente Elías Antonio Saca, principal aliado de Estados Unidos en Centroamérica e impulsor de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Washington (TLCCA-RD).
En pleno rechazo al TLC que ya lleva año y medio de entrada en vigor, más de 15 organizaciones sociales convocaron a una manifestación y expresaron su preocupación por la difícil situación económica que atraviesan las familias salvadoreñas, en su mayoría de escasos recursos.
El movimiento social de El Salvador ha estado protestando por el alto costo de la vida, y exigen al régimen de Antonio Saca que
controle los precios de la canasta básica y de todos los productos en general.
Armando Flores, del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) calificó de impresionante el alza constante de precios mientras, las autoridades «siguen sin hacer algo» para detenerlos, sobre todo la harina, frijol, maíz, huevo, lácteos y otras decenas de productos.
Para Flores, el frijol, el maíz y el arroz son esenciales en la dieta familiar y están controlados por empresas privadas y transnacionales que mueven los precios a sus beneficios sin importarles la población.
El Salvador se ha convertido en uno de los países que contradicen las loas lanzadas por Estados Unidos a favor de las virtudes y los beneficios que conllevan los TLC para las naciones en desarrollo.
Al cabo de año y medio de haber firmado el Tratado, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) advirtieron sobre el alto costo que representa para El Salvador los problemas de desnutrición.
En algunas regiones, sobre todo en las áreas campesinas, la desnutrición crónica alcanza entre el 40 y 50 % de la población con costos que equivalen al 7,4% del Producto Interno Bruto (PIB). Para el PMA y la CEPAL estos datos son el «reflejo de la historia nutricional del país, que ha afectado la salud, educación y producción de toda su población»
Mientras el régimen de Saca es el único de América Latina que mantiene un contingente militar en Iraq en apoyo a la ocupación estadounidense, los problemas internos continúan creciendo en el país.
Las pandillas, denominadas Maras, continúan proliferando por todo el país debido a las malas condiciones sociales, y los asaltos y asesinatos se han convertido en una «epidemia» de difícil solución.
Un estudio de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) reveló que el 78 % de la población carece de seguro médico estatal o privado y el 90% de los más pobres no cuenta con ese beneficio.
El presidente de la República garantizó antes de suscribir el TLC que crecerían en espiral los nuevos puestos de trabajo pero el desempleo se mantiene aún como una tarea pendiente pues según cifras de organizaciones sociales y sindicales la cifra se ubica en 66.70% y en 54% los que no lo han podido encontrar desde hace más de un año. Las oportunidades de trabajo para los salvadoreños en los últimos tres años han disminuido en un 46.10%.
Estadísticas de la Organización de Naciones Unidas muestran que en esta nación centroamericana de un total de 8 000 000 millones de habitantes, el 40,8 % está por debajo de la línea de pobreza.
La atención pública salvadoreña que tradicionalmente ha estado en crisis por desinterés estatal, se agravó con la entrada en vigor del TLC pues pocos meses después fue firmada la Ley de Creación del Sistema Nacional de Salud que contiene fundamentalmente elementos privatizadores.
Según el Colegio Médico, sindicalistas del sector y organizaciones sociales y políticas esa ley conspirará con el derecho de los ciudadanos a disponer de atención médica y ese servicio solo podrá ser pagado por las personas adineradas.
FUSADES explicó que la mayor parte de los salvadoreños tampoco cuentan con la protección de otros programas de seguridad en el área de salud y el 85% de la población rural carece de la más mínima atención médica. Enfermedades oftalmológicas, estomacales, cardiovasculares y de cáncer golpean prolíferamente a los ciudadanos según el Programa Rural de Salud Visual de la Fundación para el Desarrollo de la Mujer.
Junto al incremento del desempleo y los precios de los alimentos, el régimen ha aprobado la siembra de 600 000 manzanas de caña de azúcar como materia prima para la fabricación de agrocombustible (etanol) que se extrae de la fermentación de azúcares o del almidón de la biomasa del maíz, cebada, mijo, sorgo, centeno, avena, y de desechos agrícolas y forestales.
Miguel Alemán, representante de la Confederación de Cooperativas de la Reforma Agraria (CONFRAS), denunció que con el TLCCA que la agricultura nacional pronto sucumbirá ante las importaciones de productos provenientes de Estados Unidos. Alemán agregó que dentro de tres años, en el país solo se consumirán las importaciones provenientes de Estados Unidos y los sectores productores de arroz, lácteos, frijol y maíz blanco serán los primeros en desaparecer.
Ricardo Navarro, presidente del Centro de Tecnología Avanzada de El Salvador (CESTA), rechazó la fabricación extensiva del etanol y advirtió que instalar esas plantas generará graves problemas sociales porque implicará dejar de producir alimentos para la población.
Además, CESTA y FUCADES denunciaron que las transnacionales, amparadas en el TLC, se adueñarán de grandes extensiones de tierra para la siembra de caña lo que disminuirá las producciones nacionales de alimentos y con la introducción de modernas maquinarias para atender los sembrados, no se crearán nuevos empleos sino que se utilizará mano de obra temporal, mientras el hambre aumentará entre los campesinos los cuales continuarán emigrando hacia las ciudades o al exterior.
Cuando Saca concluya su gestión a principios de 2009 le dejará un gris panorama a sus coterráneos salvadoreños y además un Tratado que solo sirve de Libre Comercio a Estados Unidos y sus transnacionales.