Traducido para Rebelión por Felisa Sastre
A pesar de los desastrosos resultados socioeconómicos del primer año de la puesta en práctica de su programa neoliberal, Da Silva ha decidido continuar, desarrollar y profundizar en esas políticas, tanto en el ámbito doméstico como en el internacional..
La política exterior de Da Silva es una continuación de su política interna, y ésta lo es de aquélla. A principios de 2004, Da Silva anunciaba planes para la privatización de las infraestructuras de Brasil, para ampliar el papel de Brasil como exportador de materias primas, aumentar su dependencia de los mercados exteriores, continuar con la austeridad interior y con los altos intereses con el fin de complacer a los bancos extranjeros y nacionales, y a los especuladores; para aprobar una versión moderada del ALCA y avanzar en el papel de Brasil como exportador de materias primas a China. Siguiendo estas políticas neocoloniales, el régimen de Da Silva se ha embarcado en una política exterior que incluye el envío de 1.500 miembros de las fuerzas armadas brasileñas a Haití para proteger al régimen títere de EE.UU., colocado en el poder por los marines estadounidenses; ha movilizado a 15.000 soldados en la frontera de Colombia en coordinación con el régimen terrorista de Uribe; mantiene unas relaciones diplomáticas mínimas con el gobierno de Chávez en Venezuela y con el de Castro en Cuba, y una política de «puertas abiertas» para las inversiones de los especuladores de Estados Unidos y Europa. A todo ello, se suman los crecientes vínculos con China que se basan en las importaciones de productos manufacturados y la exportación de materias primas minerales y agrícolas.
La política económica de Lula en el 2004
Lula se ha reafirmado en la continuación de su política neo-liberal de apoyo al FMI, y ha expresado su respaldo incondicional al equipo económico neoliberal durante 2004. Abierta y contundentemente ha rechazado las exigencias de Joao Pedro Stedile y del, supuestamente izquierdista, Partido de los Trabajadores de girar hacia la izquierda o cambiar su gobierno.
Durante los primeros cuatro meses de 2004, la producción industrial ha bajado un 1.2% en relación con el último trimestre de 2003, aunque entre enero-marzo de 2004 hubo más días laborables que en el período octubre-diciembre de 2003. A pesar de los más bajo intereses internacionales de la historia, Brasil mantiene los índices más altos del mundo- con un tasa de más del 16%-, y amenaza con subirlos para atraer capitales especulativos y cortar cualquier posible recuperación. Aunque el crecimiento anual ha sido positivo, los sectores que experimentaron el mayor incremento fueron los de suministros en manos extranjeras (electricidad, telecomunicaciones), que han presionado al gobierno de Lula con éxito para aumentar las tarifas, lo que ha ocasionado el aumento de beneficios para las multinacionales y la subida de los costes para los consumidores. Durante el primer trimestre de 2004 en relación con el mismo periodo de 2003, las compañías eléctricas han experimentado un enorme crecimiento de sus beneficios netos del 94% y las de telecomunicaciones del 53,2% a pesar del descenso del número de líneas telefónicas en servicio a causa del aumento del paro. Otros sectores, como el acero, los productos químicos y el papel muestran significativos descensos de beneficios netos aunque las materias primas para la exportación como el mineral de hierro y la soja han continuado creciendo – hasta la caída brusca de las exportaciones a partir de abril (Financial Times, 12 mayo de 2004, pp.6 y 21).
En gran medida, el estancamiento continuado de Brasil, a pesar del boom de las exportaciones agro-minerales, se debe a la congelación de las inversiones públicas, tal como Celso Furtadi puso de manifiesto en un discurso el 4 de mayo de 2004. Al mismo tiempo, el régimen de Da Silva ha conseguido el beneplácito del FMI al renovar su acuerdo para seguir con sus políticas monetarias restrictivas y la apertura de los mercados que han permitido a los especuladores de ultramar y a los poseedores de obligaciones » recibir en 2003 los reintegros más altos de todos los mercados emergentes » (Financial Times, 29 de marzo de 2004, p. 11). Los pronósticos para el resto de 2004 no son favorables: los ingresos por exportaciones, que crecieron el 12 % en 2003, pueden caer si baja el precio de las exportaciones más importantes del Brasil (soja, zumo de naranja y mineral de hierro) debido al enfriamiento de la economía en China y a la bajada de los precios en un 30 %. Las tasas de intereses globales suben en EE.UU., Asia y Europa, y presionan sobre la entrada de capitales, y la volatilidad de los mercados del petróleo y las crisis de energía probablemente van disminuir la demanda mundial y van a causar que Brasil dé una vuelta de tuerca a los programas de austeridad para alcanzar los objetivos de superávit presupuestario que les ha marcado el FMI. Tal como ha señalado Cesar Benjamin, 2003 no ha sido un año de «crisis» (tal como alegan los apologistas de Lula), sino que fue un año óptimo para el crecimiento, y, debido a la política neo-colonial y neo-liberal de Lula, Brasil lo ha desaprovechado. Habida cuenta de la disminución de las expectativas de crecimiento de la exportación y el continuo debilitamiento del mercado interior, es previsible que Da Lula profundice en las concesiones al capital, abarate los costes del trabajo, conceda más rebajas de impuestos a los inversores, vaya más allá en la desregulación de la explotación medioambiental y negocie un acuerdo con EE.UU. sobre el ALCA.
Las «lecciones» que Lula ha sacado de los desastres económicos de 2003, son las de moverse más a la derecha y ofrecer Brasil al mejor postor, no sólo de EE.UU. sino de Europa, China y quienquiera que pueda estar interesado. En marzo, hasta el PMDB- el socio derechista de la coalición – criticó la extremadamente restrictiva política monetaria neo-liberal del Gobierno, la ausencia de inversión pública, y la concentración del crédito en los grandes exportadores en detrimento de los pequeños empresarios locales.
Para pagar las campañas electorales y publicitarias de Da Silva en los medios de comunicación, se ha acusado a Jose Dirceu, consejero clave del gobierno, de estar implicado gravemente en la aceptación de sobornos de mafias de delincuentes. En un intento de dar » un barniz moral » a su régimen, Da Silva prohibió el bingo en todo el país – lo que llevó al paro a miles de trabajadores y a la prohibición de uno de los pocos entretenimientos que tienen los trabajadores mal pagados.
Aún con la oposición de todo el espectro político, desde el Partido Liberal, PSDB, PMDB, PTB, PCB, PS, los neo-liberales que dirigen la política económica del régimen cuentan con el apoyo incondicional de Da Silva: Paolocci, Dirceu, Meirelles (presidente del Banco Central) constituyen un equipo unido, unido en las actuales políticas ortodoxas neo-liberales y en las del futuro. Este «gobierno de unidad de clase» se enfrenta a las continuas exigencias de sustituir a Paolocci-Meirilles planteadas por el PT («Articulación de la Izquierda») y de algunos dirigentes del MST. Estas «súplicas» han caído en oídos sordos porque Lula es el supuesto y poderoso defensor del neo-liberalismo y por ello apoya a Paolocci y Meirilles. Hasta la derechista Federación de Industriales de Sao Paolo ha criticado el extremismo del régimen al aplicar «la política de ajuste monetario» del FMI y las altas tasas de intereses que justifican que los inversores prefieran tener sus fondos en una cuenta bancaria o lo gasten en lugar de invertir, cuando existe un alto desempleo y bajos niveles de consumo (Latin American Economy and Business, marzo 2004, p.11).
Aunque la inflación está bajando, el paro continúa creciendo: desde el 10% en diciembre de 2003 al 12% en febrero de 2004. Durante el año 2004, Da Siva ha viajado al exterior con un gran acompañamiento de ejecutivos de las más importantes empresas para buscar nuevas oportunidades para la exportación y potenciales inversores dispuestos a apoderarse de los activos brasileños. Las estadísticas de 2003 demuestran que las siete más grandes compañías privatizadas han obtenido beneficios nunca alcanzados, de más de 14.000 millones de reales (algo menos de 5.000 millones de dólares), la mayoría de los cuales fueron transferidos al exterior en lugar de reinvertirse en el país. Las altas tasas de interés han sido una lucrativa fuente de enormes beneficios para las elites bancarias del país y del extranjero. Las altas tarifas han aumentado los beneficios de las compañías de gas, electricidad y telecomunicaciones. El índice de beneficios del sector bancario fue del 21% mientras que el de los sectores no financieros lo fue del 15,6%.
Está claro que los bancos privatizados y sus nuevos propietarios son los principales beneficiarios del régimen de Da Silva. Más aún, han proporcionado » la base de apoyo» para la decidida búsqueda de Lula en 2004 de nuevos inversores extranjeros, de más privatizaciones y de la continuada bajada de los aranceles comerciales. Las consecuencias han sido el aumento de las transferencias al exterior, una mayor dependencia de los oscilantes precios de las materias primas y una mayor vulnerabilidad a las inversiones especulativas. El problema consiste en que mientras los precios de las materias primas han descendido a mediados de 2004 y las tasas de interés han subido en EE.UU. los capitales especulativos han perdido las ganas de invertir y la «recuperación» brasileña no se va a producir. Además, al tener que hacer frente a los grandes pagos de la deuda, quedan pocos recursos interiores y estatales para «animar» la recuperación. Brasil, con las políticas neo liberales llevadas a cabo por Lula y su predecesor (Cardoso), ha sufrido un brusco retroceso en términos comparativos en los últimos seis años: desde el octavo puesto entre las mayores economías del mundo al décimo cuarto. Durante el periodo 1998-2004, el de mayor auge de las políticas neo liberales de Cardoso-Lula, el crecimiento del Producto Interior Bruto medio de Brasil ha sido del 1.4%, situándose en el lugar 164 entre 178 países (Global Invest, mayo de 2004).
En abril el gobierno de Da Silva anunció un plan de inversión y de financiación de 5.100 millones de dólares para las grandes empresas. El plan – que comprende toda la política de suministros – prevé exoneraciones fiscales a los industriales que compren maquinaria nueva, subvenciones estatales para la investigación en empresas privadas, campañas internacionales de comercialización con financiación pública, una mayor desregulación para las empresas, que incluye drásticas reducciones en los programas gubernamentales de salud y de seguridad, desregulación ambiental y control de las importaciones. El gobierno ha previsto también financiación adicional para subir el sueldo de los funcionarios y para asentar a campesinos sin tierra- en gran medida obligado por el movimiento masivo de ocupación de tierras. Sin embargo, incluso la realización de este programa de mínimos es muy improbable que tenga algún impacto, habida cuenta de que el Ministro de Economía, Paolocci, ha asegurado a los banqueros que el Gobierno mantendrá la previsión de superávit del 4,25 % del PIB de su presupuesto inicial, así como la ortodoxia neoliberal durante lo que queda de la Presidencia de Lula (Financial Times,1 de abril de 2004, p.2).
Relaciones entre Brasil y China: La subordinación se amplía
El Régimen de Da Silva, sus partidarios y no pocos de sus críticos de «izquierda» han elogiado, como medida progresista, la profundización de las relaciones con China. Desde 1998, el comercio bilateral entre los dos países se ha más que duplicado. En 2003, las exportaciones brasileñas a China se incrementaron un 80%, hasta alcanzar los 4.500 millones de dólares. China, en la actualidad, es el tercer mayor socio comercial ( con un comercio bilateral que ha alcanzado los 7.900 millones de dólares en 2003). Brasil ese año tuvo un superávit comercial de 2.385 millones de dólares. Aunque el modelo comercial de Brasil con China le conduce a un ciclo nuevo de dependencia en la producción de materias primas y distorsiona más aún el modelo de desarrollo. Las «nuevas inversiones» que Lula busca en China son principalmente para financiar carreteras, puertos y ferrocarriles con el fin de asegurar el suministro de materias primas. La mayor beneficiaria de este comercio es la recientemente privatizada compañía de mineral de hierro, Compania Vale do Rio Doce.
No obstante, las limitaciones de la estrategia agro-mineral de Lula se han hecho patentes en la primera mitad de 2004. Entre marzo y abril, el precio de la soja y del mineral de hierro bajó cerca del 20 % cuando los dirigentes chinos decidieron enfriar el recalentamiento de la economía. Los importadores chinos, según se informó, se encontraban sobre abastecidos y cancelaban o renegociaban los precios, incluso cuando los envíos de soja desde Brasil se encontraban ya cerca de la costa. Además, China canceló las importaciones de cuatro de los más importantes abastecedores de Brasil (Noble Grain, Cargill Agrícola, Irmaos Trevisan y Bianchini). Las autoridades chinas se negaron a aceptar 59.000 toneladas de soja «roja» por «razones de salud basándose en que contenía altos niveles de antibióticos, pesticidas y otros productos químicos que podían ser nocivos para los consumidores». Lula es un gran promotor de la agricultura química. Se estima que Brasil tendrá una pérdida de más de 1.000 millones de dólares en su comercio debido al enfriamiento de la economía china.
Mientras Lula tiene previsto una inversión de 40.000 millones de dólares en empresas mixtas con China para mejorar el transporte de las materias primas hacia China, no existen previsiones semejantes en la economía doméstica para financiar a los pequeños agricultores, cooperativas y la reforma agraria. Resulta una ironía que, cuando Lula se encontraba en China, hablara de «seguridad alimentaria» y «lucha contra el hambre» mientras su propia política agrícola se enfocaba hacia las exportaciones agrarias, y su abandono de la reforma agraria producía inseguridad alimentaría y provocaba el hambre entre millones de campesinos y obreros rurales. La realidad es que Lula viajó a China con 400 de los capitalistas más ricos de Brasil, y su visita se programó para servir a sus intereses. Tanto las empresas agrarias como la minería exigen poca mano de obra, y en la práctica no aportan valor añadido en los productos que exportan. La estrategia de Lula hacia China es típica de su estrategia económica global, y del estancamiento interno y de las mayores desigualdades que genera. Es poco probable que los trabajadores brasileños se beneficien de la venta de artículos manufacturados a China, ya que las firmas industriales brasileñas trasladan su producción a China. EMBRAER, el cuarto mayor fabricante de aviones del mundo se ha unido a una firma china para fabricar allí, donde los salarios están por debajo de un tercio de lo que se paga a los trabajadores brasileños. Marcopolo, Petrobras y otras empresas están proyectando establecer empresas en China. Las ventajas del mercado de China no «gotearán hacia abajo», hacia los trabajadores y campesinos brasileños. Al contrario, «la manía de la soja» que ha impulsado Lula, ha conducido a la enorme expansión de las grandes plantaciones de productos para la exportación, a adentrarse en la selva tropical, a la expulsión de los pequeños productores y a la absorción de tierras sin cultivar, aptas para la reforma agraria que debería beneficiar a los trabajadores rurales sin tierra
La crisis social se agrava
Según la Secretaría de Comercio Exterior, en el primer trimestre de 2004 Brasil tuvo un superávit comercial de 6.170 millones de dólares. Este superávit en su mayor parte ha ido a los bolsillos de las elites agrícolas y mineras y a los financiadores locales y extranjeros de la deuda brasileña.
En contraste con los generosos pagos (30.000 millones de dólares) a los bancos extranjeros durante la primera mitad de 2004, y el récord de beneficios de los exportadores agro-minerales, Lula ha ofrecido un aumento real del 1% en el salario mínimo mensual, de 240 a 260 reales (3 reales=1 dólar USA), lo que equivale aproximadamente a 86 dólares al mes, uno de los más bajos de Sudamérica. La justificación de Lula, basada en que el gobierno no podía «permitirse» un aumento más alto, ha sido ridiculizada por todos los partidos de oposición e incluso por algunos miembros de su propio partido. Hasta los partidos conservadores propusieron que se incrementara hasta los 275 reales al mes. La política de Lula sobre el salario mínimo supone una burla de sus promesas de «doblar el salario mínimo en cuatro años». De hecho, incluso con una baja inflación, el salario mínimo en el mejor de los casos va a permanecer inalterado durante de la presidencia de Da Silva, condenando a más de 4,5 millones de trabajadores a vivir al borde de la indigencia.
La promoción de Lula de la estrategia de exportación del sector agro-minero, sumamente mecanizado y con alta inversión de capital, el bajo nivel de inversión pública, la disminución del nivel de vida, han debilitado el mercado interior y han exacerbado el paro. En mayo de 2004, se alcanzaron las cifras más altas de paro- 13,1% según datos del Instituto Brasileño de Estadística y Geográfico (IBGE). Peor todavía, los índices de paro se han incrementado entre 2003 y 2004. El IBGE señala también que el salario medio real en abril de 2004 era de 868,50 reales (280 dólares), con una bajada del 3,5% respecto a abril de 2003. La tasa de desempleo en el área metropolitana de Sao Paulo se ha mantenido entorno al 20%. Una muestra de la gravedad de la crisis del paro en Sao Paolo es la convocatoria de 30 puestos de trabajo para los servicios del metro, a la que se han presentado126.000 solicitudes, lo que significa más de 4.000 aspirantes para cada puesto.
En el discurso más importante que pronunció durante su visita a China, Lula pidió a las Naciones Unidas y al G-7 que se unieran en una cruzada contra el hambre. Las palabras de Lula fueron las típicas de su retórica de «relaciones públicas», con el fin de mantener su imagen de portavoz de los pobres del Tercer Mundo. La realidad brasileña del crecimiento del hambre y de la inseguridad alimentaria durante su mandato contradicen sus palabras en los foros internacionales. La bajada del nivel de vida, la concentración de la propiedad de la tierra, la disminución de las pensiones, el aumento del empleo «basura» mal pagado, el alza de los precios de los productos alimenticios, que se basan en la importación, han contribuido a una bajada del consumo de alimentos y han reducido la seguridad alimentaria. Aunque aceptáramos las muy cuestionables estimaciones del gobierno, que considera que 53 millones de brasileños sufren «inseguridad alimentaria»- es decir, malnutrición-, el Plan Cero de Lula ni tan siquiera ha conseguido alimentar a una sexta parte de la población en el pasado año y medio. Desde el punto de vista estructural, el Plan constituye un completo fracaso, ya que no ha cambiado la estructura de la propiedad de la tierra o los sistemas de producción y de distribución que son los responsables del hambre. El Plan Hambre Cero se mantiene, en el mejor de los casos, como un «programa de caridad» para controlar a los potenciales votantes pobres. En lugar de eliminar la pobreza, el Plan ha enriquecido a sus administradores, ha dado lugar a corrupciones y ha reforzado las tradicionales relaciones de clientelismo entre patrones y obreros.
Habida cuenta de los grandes superávit de 20.000 millones de reales en el comercio y de 41.000 millones en los fondos de la seguridad social en el primer trimestre de 2004, es evidente que existen fondos disponibles para aumentar sustancialmente el salario mínimo, para incrementar la inversión pública con el fin de crear puestos de trabajo y para financiar la distribución de tierras. El problema real no es, como dice Lula, la «falta de recursos», sino la estrategia de política económica, y los intereses de clase a los que el régimen de Da Silva se ha sometido. Bajo su mandato, el superávit se ha distribuido entre los diferentes sectores de la clase dirigente: financieros locales y extranjeros, exportadores de productos agro-minerales y gigantescas compañías petroleras, químicas y de manufacturas en manos extranjeras.
En 2002, el trabajo recibió el 50% de la renta nacional, en 2003 bajó al 36% , ya que más de dos tercios de la renta nacional se concentró en los beneficios, intereses y rentas de la clase capitalista. La verdadera causa de la pobreza progresiva se encuentra en la creciente concentración de la riqueza que ha sido la consecuencia de las «relaciones carnales» entre el régimen de Da Silva y las clases capitalistas.
Para mantener el dominio del capital, Da Silva ha propuestos una nueva legislación que pretende debilitar la capacidad de los obreros para convocar huelgas, mediante un sistema obligatorio de arbitraje entre empresarios y trabajadores (Financial Times, 16 de abril de 2004, p. 5.) Estas leyes contra los trabajadores incluyen una mayor «flexibilidad» para el despido y la contratación de obreros, los contratos temporales, menores indemnizaciones por despido, y otras medidas diseñadas para aumentar el poder y los beneficios de las empresas. El CUT y Forza Sindical, las dos mayores confederaciones de sindicatos, están de acuerdo porque les dará más poder para «gestionar» los fondos de pensiones sindicales y se les facilitará un control centralizado de los sindicatos aunque pierdan las deducciones fiscales automáticas que ahora tienen.
La destrucción del bosque tropical
La tasa récord de deforestación de la selva tropical amazónica con el antiguo presidente Cardoso continúa bajo la presidencia de Lula. Entre mayo de 2002 (con Cardoso) y mayo de 2003 (con Lula) se han destruido cerca de 24.200 kilómetros cuadrados de bosque tropical brasileño. La deforestación está estrechamente ligada a la estrategia económica de Lula. La promoción de la expansión de las exportaciones de soja y carne a Asia y Europa ha ocasionado incursiones profundas en la Amazonia. La reducción del presupuesto y del personal que gestiona el medio ambiente por las políticas de ajuste estructural, ha suavizado la ejecución de las normas medioambientales, en particular las relativas a las talas ilegales. Para evitar la expropiación de grandes latifundios, el Instituto de Reforma Agraria (INCRA) está asentando a trabajadores sin tierra en la selva tropical o en zonas adyacentes. Bajo el mandato de Lula, se han deforestado más de 3.500 millones de hectáreas en la Amazonia. Y el ritmo, probablemente, se va a acelerar debido a los nuevos acuerdos comerciales de Lula con China, que incluyen aumentar las exportaciones de soja, azúcar y carne. Como ha señalado un medioambientalista al referirse a la enorme extensión de las explotaciones de ganado, Lula va a convertir la Amazonia en una gran fábrica de hamburguesas. No existe relación alguna entre las vehementes declaraciones de Lula sobre «la preservación del bosque tropical» y sus estrategias neoliberales para la exportación agraria basadas en la deforestación.
La crisis social, la delincuencia y la militarización
Al mismo tiempo que las políticas neoliberales de Lula agudizan la pobreza, aumentan el paro e incrementan las cifras de la «economía sumergida» hasta cerca del 50% de la mano de obra, la delincuencia alcanza unos niveles sin precedentes. El tráfico de drogas proporciona medios de vida, directa o indirectamente, a millones de brasileños pobres, incapaces de vivir con un salario mínimo de 80 $ USA al mes.
La violencia entre bandas, asaltos a gran escala en las playas y la delincuencia en las calles son endémicos. Para enfrentarse a la delincuencia existen dos talantes: el conservador, que se basa en aumentar la represión policial, militarizar las barriadas de bajos ingresos, y endurecer las penas de prisión para los delincuentes; y el progresista que, como alternativa a la delincuencia, propone la inversión en la creación de puestos de trabajo y en vivienda para aumentar los ingresos y facilitar el acceso a salarios dignos.
El Régimen de Lula ha aumentado las fuerzas policiales, y en mayo de 2004 militarizó las favelas más grandes de Rio de Janeiro (FT. 5 de mayo de 2004, p.2 ). Las cárceles se encuentran atestadas y los disturbios son frecuentes ya que la represión aumenta los índices de encarcelamiento pero no logra bajar los de delincuencia.
La política de Lula de «soluciones alternativas» para el bajar el paro es, también, totalmente inadecuada. Su gobierno ofrece crear empleo por medio de subvenciones a los empresarios (Programa de Primer Empleo). En los 6 primeros meses de 2004 sólo se han creado 725 puestos de trabajo (FT, 5 de mayo de 2004, p.2). En segundo término, prevé «reclutar» 30.000 soldados muy jóvenes para el ejército mediante un acuerdo entre los ministerios de Trabajo y Defensa y las organizaciones empresariales. Sin los recursos y la experiencia adecuados, los militares no pueden financiar y formar a los nuevos reclutas para empleos civiles pero, habida cuenta del compromiso del régimen de Lula para el pago de las obligaciones de la Deuda, no existen recursos para obras públicas a gran escala que podrían tener impacto en los crecientes millones de jóvenes sin empleo. Finalmente, la política contra la delincuencia tiene un dirección exclusiva: más represión, más violencia y una mayor inseguridad ciudadana.
La Reforma Agraria: Lula y el Movimiento de los Sin Tierra (MST)
El mayor fracaso del régimen de Da Silva se sitúa en el sector de la Reforma Agraria. A pesar de las repetidas promesas a los trabajadores rurales sin tierra, el gobierno de Lula ha expropiado muchas menos explotaciones agrarias que su predecesor, Fernando Cardoso. Entre enero y abril de 2004, el gobierno de Da Silva ha proporcionado tierras a sólo siete mil familias frente a la promesa de hacerlo con 115 mil familias al año. En sus primeros 16 meses de gobierno, Lula ha asentado a 21.000 familias sin tierras en lugar de las 230.000 prometidas. Como consecuencia de sus falsas promesas y falta de voluntad para llevar adelante la causa de los 24 millones de obreros del campo más explotados, el 27 de marzo el MST (Movimiento de los Trabajadores sin Tierra) lanzó una campaña nacional de ocupación de tierras. A finales de abril, 33.411 familias habían ocupado más de 135 latifundios en 20 Estados. Pernambuco, uno de los Estados más pobres, fue testigo de 32 ocupaciones que afectaron a 8.000 familias- algunas estimaciones hablan de más de 200.000 familias- que ocuparon las tierras en las circunstancias más elementales, a la espera de las actuaciones del INCRA para expropiar las tierras y asentar a las familias. El Instituto Nacional de Reforma Agraria ha seguido las instrucciones de Da Silva de «respetar la ley» y se ha negado a acelerar los procedimientos de expropiación, mientras que el reaccionario sistema judicial ha puesto en marcha innumerables dilaciones legales de forma que los propietarios de las tierras bloquean el proceso mediante continuos recursos.
Da Silva ha fracasado en llevar a cabo la Reforma Agraria porque es incompatible con su estrategia de exportaciones agrarias, por sus vínculos con los propietarios de las explotaciones y con las multinacionales de la industria agraria. Dieciocho meses después, es evidente que existen cinco contradicciones básicas entre las necesidades de los sin tierra y el régimen de Da Silva.
- La contradicción entre la política de concentración y centralización de la producción en manos de la elite agro-exportadora y las exigencias de los sin tierra que piden la redistribución de las tierras y la expansión del mercado interior.
- La existente entre la concentración del crédito financiero y comercial, del transporte y de la asistencia técnica en las elites de la industria agraria y su denegación a los beneficiarios de la reforma agraria.
- La de privilegiar y legalizar la expansión de la industria agraria frente a la criminalización de las acciones sociales y de la ocupación de tierras por los trabajadores del campo que no las tienen.
- La contradicción existente entre las masivas transferencias de riqueza del Gobierno a los bancos extranjeros y nacionales y las drásticas reducciones de los servicios y de la inversión públicos para los pequeños productores, los proletarios del campo y las comunidades indias y negras.
- Y la contradicción entre la subordinación de Brasil a la división imperialista del trabajo y el esfuerzo de los trabajadores sin tierra, cooperativas y pequeños campesinos para profundizar y ampliar las relaciones con el mercado interior.
Da Silva ha exacerbado la polarización en el interior de la estructura de clases brasileña y en la economía- entre los exportadores y los productores locales, entre los financieros y los obreros, entre los propietarios privados de los medios de producción y los empleados públicos. Esta polarización es más evidentemente aguda en la zona rural donde los exportadores agrarios reciben el 90% del crédito y muchos incentivos para la exportación, con un crecimiento cercano al 20 % al año, mientras que los pequeños productores y las cooperativas que producen alimentos para el mercado interior se encuentran al borde de la ruina y sus ingresos se estancan. Privados de recursos, teniendo que competir con alimentos de importación subvencionados, las cooperativas que han surgido a consecuencia de la reforma agraria se enfrentan a un futuro desastroso.
Los problemas de los movimientos agrarios- incluido el MST- no residen sólo en la falta de avances de la reforma agraria, sino en las políticas concentradas en las exportaciones agrarias que amenazan con dar al trate con los progresos conseguidos en los últimos veinte años.
El régimen de Da Silva ha reunido al conjunto más formidable de empresarios agro-industriales de los últimos años, que cuentan con su apoyo incondicional.
El apoyo de Da Silva al ALCA «descafeinado», que implica su firma de nuevos acuerdos comerciales y de inversión con China es muy revelador de la firme alianza estratégica con las clases agrarias más hostiles a la reforma agraria y a los pequeños productores para el mercado local.
El problema de los movimientos agrarios (gentes sin tierra y pequeños productores) es esencialmente político: el Régimen de Lula representa a los empresarios agrícolas mientras que las clases campesinas rurales no tienen representantes o líderes. La estrategia de los sin tierra al dar «apoyo crítico al gobierno de Lula» (Entrevista con Joao Petro Stedile , París, 9 de mayo de 2004) ha tenido un efecto boomerang. El apoyo a Lula ha reforzado su alianza con la elite de los empresarios agrícolas mientras que ha debilitado a los movimientos de oposición social y política.
Durante casi 15 meses los movimientos agrarios se han estancado, centenares de miles de obreros sin tierra estuvieron «acampados» esperando la respuesta de Lula a las presiones del «izquierdista» Partido de los Trabajadores y de los «amigos del MST» en el Gobierno (Betto, Rossetti). Fueron momentos de sufrimiento, espera, desilusión y, finalmente, de frustración, que condujeron a una serie de ocupaciones de tierras concretas, al margen de la dirección central del MST. La confianza de la dirección nacional del MST en sus «estrechas relaciones» con Lula para asegurar cambios positivos ha sido una trágica ilusión con resultados muy negativos para todos los afectados. En el entorno del MST existe un creciente rechazo de la alianza de Da Silva con las clases dominantes, el FMI y los bancos extranjeros. En junio de 2003, menos de un tercio de la población apoyaba la política económica de Lula. Los empleados públicos organizaron huelgas y 50.000 funcionarios llevaron a cabo una marcha hacia Brasilia; miles de veteranos del PT abandonaron el partido. Miembros disidentes del PT, expulsados del partido, han creado uno nuevo en mayo de 2004: el Partido del Socialismo y de la Libertad, y el PSTU ha organizado la «Coordinadora de Insurrecciones Populares» pero el MST no participa en ninguno de estos nuevos movimientos cuyas políticas comparte. La dirección nacional permanece vinculada a la impotente, y oportunista, fracción «articulación de la izquierda», incapaz de influir en el Gobierno de Lula pero que, sin duda, sirve para debilitar el crecimiento de un movimiento político progresista capaz de ofrecer una alternativa a las políticas ultra liberales del régimen de Da Silva.
Resulta difícil imaginar de qué manera los líderes del MST- tras 18 meses de ataques salvajes a los salarios de los trabajadores, a las pensiones, a las condiciones de trabajo, al salario mínimo y a la reforma agraria- pueden justificar el «apoyo crítico» al régimen de empresarios y financieros agrícolas más reaccionario de la reciente historia de Brasil.
El movimiento de ocupación masiva de tierras del MST en abril y mayo de 2004 supone un importante paso adelante, un reconocimiento de que nada progresista puede esperarse del Régimen de Da Silva. Sin embargo, cuando se produjo la ocupación de tierras, Da Lula las ignoró por completo: estaba en China con 400 banqueros, empresarios agrícolas e industriales, firmando acuerdos para ampliar sus mercados, y sus beneficios, y ofrecer lucrativos contratos a sus contrapartes chinas. Da Silva tiene previsto invertir decenas de miles de millones de reales en empresas mixtas con China para la promoción de las exportaciones agro-minerales. Mientras tanto, tiene todavía pendiente asignar alguna financiación significativa para las tierras sin cultivar ocupadas por los activistas del MST.
Los problemas políticos a los que se enfrenta el MST no pueden resolverse con insurrecciones sociales -aunque siempre será mejor que esperar a que algo cambie por la vía de la elección de un político neo-liberal. Los movimientos sociales como el MST en Brasil no pueden confiar en los partidos que se presentan a las elecciones, y en particular en aquellos, como el PT, tan profundamente incrustados en el capitalismo institucional. La política electoral ha corrompido y absorbido a todos los partidos de izquierda en los últimos 30 años, y el PT no es una excepción. La elección política no se plantea entre convertirse en socio o aliado de un partido electoral o en permanecer actuando como un simple movimiento social, sino en desarrollar un partido-movimiento con políticos no electoralalistass para la toma del poder del Estado, a lo largo de un proceso complejo y prolongado.
El problema más agudo que afecta a todos los movimientos sociales en Latinoamérica es el de cómo convertirse desde las protestas sectoriales o nacionales en una estrategia para la construcción de un partido político que acceda al poder del Estado. Carentes de un partido propio, y dependiendo de las estrategias electorales del PT, el MST ha vuelto a lo que sabe hacer mejor: organizar levantamientos populares (ocupación de tierras) y protestas sociales. Sin embargo, es poco probable que la vieja táctica militante de «organizar a las masas y presionar al Estado» sirva para enfrentarse las políticas globales del Gobierno de Lula, decidido a llevar a cabo la transformación de Brasil en «un compañero» neo–liberal de las elites chinas y en un apéndice del imperialismo estadounidense y europeo.
Una vez más, resulta evidente al analizar en detalle todos los aspectos del Gobierno de Lula (sus vínculos estructurales, políticos y estratégicos) que los gobiernos «progresistas» surgidos de las urnas, inevitablemente, acaban integrándose a través de la subordinación a los sistemas imperialistas. La consecuencia es que a los movimientos sociales y a sus miembros se les impide alcanzar sus objetivos mínimos. En Ecuador, los sindicatos de trabajadores del sector petrolífero y el CONAIE(1) a través de su movimiento político, el Pachacutic, se alió con Lucio Gutiérrez quien, una vez llegado al poder, se adhirió a la privatización del petróleo, al FMI, al ALCA y al Plan Colombia, reprimió a los obreros del petróleo e ignoró las necesidades de los movimientos indígenas. Las consecuencias: un gran debilitamiento de los sindicatos del petróleo, un desacreditado Pachacutic, y la debilitación de las bases de la CONIE.
En Bolivia, Evo Morales, líder del movimiento cocalero del partido MAS (Movimiento por el Socialismo), tras algunos progresos electorales giró hacia la derecha. Evo Morales se mantuvo al margen de la insurrección urbana de octubre de 2003, apoyó al régimen pro-imperialista y neo liberal de Carlos Mesa y jugó un gran papel en dividir y atacar cualquier movilización a gran escala para pedir la nacionalización del petróleo. Evo Morales se encuentra motivado por la idea de ganar las elecciones presidenciales de 2007 y ha copiado la estrategia de Lula de unirse a las multinacionales y al modelo político neo-liberal.
El MST no ha sufrido el mismo desastre de la CONAIE porque sólo unos pocos de sus miembros han llegado al Gobierno y ello les ha permitido conservar la suficiente autonomía para mantener la lealtad de sus afiliados. Como consecuencia de la ostensible alianza estratégica de Lula con el capitalismo de los exportadores agrarios, de las finanzas y de la industria, todas las encuestas muestran una disminución lenta pero continua de su popularidad. Una encuesta del Instituto Sensu muestra la caída del apoyo desde el 45% al 41% entre febrero y marzo de 2004. Otra, de marzo de 2004, señala que el 46 % de los encuestados considera que Lula está tomando «el camino equivocado». A finales de junio, estaba claro que Da Silva no va poder controlar por mucho tiempo el Congreso, tal como han demostrado los escándalos de corrupción, algunas de las medidas relativas a la elección de los líderes del Senado y la prohibición del bingo. En junio, sólo un tercio del electorado apoyaba la política económica de Lula. Para finales de año podría estar muy cerca del índice cero. El impotente «izquierdista» PT ha demostrado su compromiso total de apoyar hasta el final al régimen de Lula, en parte porque se ha integrado en el aparato estatal y no tiene otra alternativa política seria. La cuestión capital es si el MST continuará ignorando a la opinión pública mayoritaria, a la mayoría de los sindicatos de funcionarios, al 21% de los parados de Sao Paulo, a los 200.000 obreros rurales acampados en las autopistas y a los partidos alternativos de izquierda (partido Socialismo y Libertad y el PSTU) que apoyan una reforma agraria radical. Hasta ahora, la dirección nacional del MST persiste en argumentar que el problema es Paolucci, el Ministro de Economía y que, si se le obliga a dimitir, Lula será más «receptivo» al MST, lo que evidencia el rechazo a reconocer los enormes vínculos estructurales existentes entre el gobierno de Lula y el capital financiero y las clases dominantes. Señalar a una sóla persona (apoyada por Lula), no constituye un análisis válido. Responsabilizar a Paolucci de la reaccionaria política monetaria, de inversiones, comercial, presupuestaria, agraria y de empleo es señal de una miopía aplastante. El problema es el régimen y hasta que el MST vuelva a sus raíces de políticas de clase es probable que se mueva entre las acertadas movilizaciones sociales y el fracaso en tomar iniciativas políticas. Muchos de nosotros esperamos que, más pronto que tarde, el MST rompa con el régimen pro-imperialista de Da Silva y contribuya de forma significativa a poner en marcha un partido político alternativo extra-parlamentario con los millones de trabajadores en paro, los campesinos sin tierra los obreros y funcionarios desilusionados con Lula.
Conclusión: Opulencia en medio de la miseria
A mediados de junio de 2004, el Presidente Da Silva se reunió con su estrecho aliado, el multimillonarios Fernando Arruda y con 15 otros grandes capitalistas para establecer las prioridades económicas del Estado. Pocos días después, Fernando Arruda celebraba su cumpleaños con 8.500 invitados, 300 de los cuales llegaron en sus aviones privados a la finca. A finales de junio, Da Silva rechazó los intentos de subir el salario mínimo mensual de 240 a 270 reales (de 77 a 88 $ USA), y defendió un aumento real del 1,5% hasta los 83 $, con el argumento de que 5 $ más al mes para los empobrecidos y hambrientos trabajadores era una medida contraria a su austeridad presupuestaria.
Nada simboliza mejor el obsceno servilismo de Da Silva hacia los super-ricos como Fernando de Arruda – malgastando millones de reales en una fiesta de cumpleaños- que el arrogante desprecio presidencial hacia la lucha de los pobres por sobrevivir con 2 dólares día.
Cada mes, el régimen de Da Siva ofrece más evidencias de que sus políticas están aumentando las desigualdades: en 2003-2004 el número de millonarios creció desde 70.000 a 85.000 mientras la inmensa mayoría de los trabajadores sufrían una bajada de del 12% en su nivel de vida. Para continuar con el saqueo de los recursos nacionales de Brasil, Da Silva tiene previsto el 15 de agosto subastar al capital extranjero las regiones petrolíferas con unas reservas conocidas de 6.600 millones de barriles (de acuerdo con los datos de la compañía estatal de petróleo, PetroBras), que suponen el 50% de las reservas existentes, en una operación que será, seguramente, recordada por los historiadores como » como el gran robo del petróleo». César Benjamin se pregunta: «¿Qué adjetivos merece un gobierno que actúa así?». Podemos sugerirle algunos como «traidor», o «entreguista», pero hasta el peor de los epítetos se quedaría corto para describir su desvergonzada traición a muchas generaciones futuras de brasileños.
1.- Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador.