Aunque no haya ningún argumento económico que lo justifique, el Gobierno quiere imponer una nueva regresión social en materia de pensiones. Trabajar cada vez más tiempo equivale a poner en tela de juicio el gran avance civilizatorio que ha hecho que la jubilación deje de ser la antesala de la muerte para convertirse en un periodo de actividad liberado del yugo del capital.
Por ello el Gobierno ha decidido imponer un retraso en la edad de jubilación combinándola con un incremento de dos años de la edad legal [para poder jubilarse con una pensión completa] y la aceleración del aumento del periodo de cotización. Estas medidas se aplicarán muy rápidamente, ya que el cambio de la edad legal comenzará en septiembre de 2023 y el periodo de cotización de 43 años será efectivo a partir de 2027. El aumento de la edad legal penalizará sobre todo a las personas que empezaron a trabajar pronto, y las medidas anunciadas para compensarlo sólo afectarán a un número mínimo de ellas. Dado que la edad media de incorporación a la vida activa es superior a los 22 años, el aumento de la duración del periodo de cotización hará que muchas personas tengan que retirarse después de la edad legal de jubilación para percibir una pensión completa, y pesará aún más sobre quienes tengan carreras incompletas. Mantener el sistema de «larga carrera» significará que las personas que empezaron a trabajar entre los 16 y los 18 años tendrán que cotizar durante 44 años para poder jubilarse a los 60 años.
Los argumentos utilizados para intentar justificar estas medidas han variado constantemente. El Macron del primer quinquenio se opuso a ella. He aquí lo que dijo en su conferencia nacional del 25 de abril de 2019, al término del “Gran Debate Nacional”: “Francamente, sería hipócrita retrasar la edad de jubilación… Cuando se está poco cualificado, cuando se vive en una región con dificultades industriales, cuando uno mismo tiene dificultades, cuando se tiene una carrera fracturada, buena suerte para llegar a los 62 años[1]”. En cualquier caso, explicó, no es necesaria una “reforma paramétrica” (retrasar la edad de jubilación y/o aumentar el periodo de cotización), ya que los regímenes de pensiones no presentan problemas financieros. Y después quiso imponernos una reforma sistémica con la implantación de un sistema por puntos que agravaría las injusticias y sería un auténtico monstruo burocrático.
Tras el abandono de este último proyecto, nos explicó que era necesario trabajar más tiempo para liberar recursos que permitieran financiar la transición ecológica, el futuro de la protección social, etc. El hecho de que los recursos liberados por tal medida, el 0,5% del PIB al año, sean irrisorios comparados con las necesidades solo de la transición ecológica, el 5% del PIB al año, no parece inquietarle demasiado. Además, como muestra un estudio publicado en 2021 por el laboratorio Théorie et évaluation des politiques publiques[2], “el alargamiento de la vida laboral prolonga la duración de las cotizaciones a la caja de pensiones. Desgraciadamente, también parece aumentar los gastos relacionados con las bajas por enfermedad” debido al deterioro del estado de salud de las personas de más edad, un fenómeno que afecta especialmente a las mujeres. El deseo de reducir el gasto en pensiones conduce, por tanto y en concreto, a un aumento del gasto en seguros de enfermedad.
La escasa repercusión del argumento del Gobierno en la opinión pública, que por otra parte ve aumentar la cantidad de regalos fiscales a las familias más ricas y a las y los empresarios, le ha llevado a cambiar de tono y volver al argumento clásico de todas las medidas regresivas en materia de pensiones: el sistema corre riesgo de quebrar, por lo que es necesario trabajar más tiempo para salvarlo. Para ello, intenta apoyarse en el último informe del Conseil d’orientation des retraites (COR). Sin embargo, el COR no sólo indica que el sistema de pensiones es actualmente excedentario, sino que el déficit anunciado hasta 2032 se estima, según las convenciones contables, entre el 0,4% y el 0,7% del PIB, lo que es una minucia comparado con el peso de las pensiones, casi el 14% del PIB, y representa sólo alrededor del 1% de la masa salarial.
Además, las cifras de este déficit no son reales porque se basan en hipótesis muy cuestionables. Así, para llegar a esta cifra, el COR se ve obligado a prever un aumento del desempleo del 5% en 2027, previsión del Gobierno, al 7% en 2032 y para las décadas siguientes. Así pues, el COR basa su cálculo del déficit en la previsión de una recesión entre 2027 y 2032 y abandona cualquier perspectiva de pleno empleo a partir de entonces. Otro supuesto es que la tasa de empleo de las mujeres se mantendrá constantemente 8 puntos por debajo de la de los hombres en el grupo de edad de 25 a 54 años, a pesar de que Francia sólo ocupa el puesto 25 de 38 países de la OCDE a este respecto. Se descarta así cualquier perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres, que permitiría también mejorar los recursos de los fondos. Por último, cabe señalar que el propio gobierno es responsable del aumento de este déficit: las exenciones de cotizaciones sobre los salarios bajos y las horas extraordinarias concedidas a los empresarios, que aún no se compensan totalmente con cargo a los presupuestos del Estado, restan cerca de 0,1 puntos del PIB a los recursos del sistema, y las medidas de ahorro adoptadas en el ámbito de las retribuciones de los funcionarios tienen consecuencias negativas sobre las cotizaciones que las financian.
El objetivo del Gobierno es estabilizar el porcentaje de las pensiones en el PIB en el 14%, aunque el porcentaje de pensionistas en la población aumente. Se prevé que pase del 18,5% actual al 27,5% en 2070.
El Gobierno se basa en esta proporción demográfica para justificar sus planes. Sin embargo, el problema no es tanto el aumento del porcentaje de personas mayores en relación a la población total como la carga económica que suponen todas las personas (llamadas) inactivas -pensionistas, jóvenes, parados, etc.- para quienes producen la riqueza desde un punto de vista monetario, las personas activas ocupadas.
Esta ratio, conocida como tasa de dependencia económica, se ha mantenido estable durante los últimos cincuenta años, a pesar de que el número de pensionistas no ha dejado de aumentar y la tasa de desempleo, que depende de las políticas económicas aplicadas, ha alcanzado máximos históricos. No hay ninguna tragedia en perspectiva, y no querer aumentar la parte de las pensiones en el PIB significa prever para el futuro un descenso de las pensiones en relación con los ingresos de las y los trabajadores y, por tanto, un nuevo retroceso del nivel de vida durante la jubilación.
Pero, más allá de eso, tanto el gobierno como el COR consideran que la distribución de la riqueza producida es inmutable: el reparto entre salarios y beneficios no cambiaría durante el próximo medio siglo, a pesar de que la parte de los salarios en la riqueza creada ha caído cinco puntos en comparación con la media de los Treinta Años Gloriosos y de que los beneficios de las grandes empresas están alcanzando niveles récord. Se excluye cualquier aumento de las cotizaciones a pesar de que, según el COR y sus hipótesis de déficit, un ligero aumento bastaría para equilibrar el sistema de pensiones a largo plazo: en 2032, entre 1,4 y 1,9 puntos según los escenarios de productividad y sobre la base de la convención contable denominada «equilibrio por el Estado», que es la menos favorable.
El único elemento positivo es el aumento de la pensión mínima de 100 euros mensuales, una medida que probablemente debería afectar a todos los pensionistas y el compromiso de que quien gane el salario mínimo (SMIC) tendrá una pensión igual al 85% dicho salario, una promesa que data de… 2003. Esta pensión mínima está condicionada a haber realizado una carrera completa. Si no es así, será menor. Además, no se indica que esta pensión mínima se revalorizaría como los hace el SMIC.
Las consecuencias de retrasar la edad de jubilación son bien conocidas. Ya en la actualidad, muchas personas se ven excluidas del mercado laboral antes de poder beneficiarse de su jubilación, pues las empresas tienden a deshacerse de las personas de más edad. Según la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), el 32% de las personas de la generación nacida en 1950 ya no tenían empleo el año anterior a su jubilación, un porcentaje más elevado en el caso de las mujeres que en el de los hombres. Estas personas estaban desempleadas, discapacitadas o enfermas. Como no perciben ninguna pensión, a menudo dependen de las prestaciones sociales mínimas. Cualquier aumento de la edad de jubilación no haría sino agravar esta situación. La introducción de un índice, que supuestamente hará visible la posición de las y los trabajadores de más edad en las empresas, lamentablemente no cambiará esta situación, como ha demostrado el índice sobre la igualdad entre mujeres y hombres, que no ha tenido ningún efecto sobre la situación concreta de las mujeres en las empresas.
El plan del Gobierno es tanto más inaceptable cuanto que la esperanza de vida disminuye. Ha pasado de un trimestre al año en la década de 2000 a un mes al año en la actualidad. Pero, sobre todo, según Eurostat, el instituto europeo de estadística, en 2020 la esperanza de vida con buena salud al nacer será de sólo 63,9 años para los hombres y 65,3 años para las mujeres. Ya vemos lo que supondría una ampliación del tiempo de trabajo, sobre todo desde que se han suprimido los CHS-CT [Comité de higiene de seguridad y de las condiciones de trabajo]. El gran avance civilizatorio que supuso el sistema de pensiones por reparto fue hacer de este periodo de vida, no la antesala de la muerte, sino una fase de la vida en la que, mientras se goza de una salud relativamente buena, poder dedicarnos a actividades sociales libres. Es este progreso el que todas las reformas neoliberales ponen en entredicho al querer hacernos trabajar cada vez más para la mayor rentabilidad del capital.
Notas:
[1] Citado por Jean-Marie Harribey, https://blogs.alternatives-economiques.fr/harribey/2022/12/19/les-sept-perfidies-de-la-reforme-des-retraites-2023
[2] Mohamed Ali Ben Halima, Camille Ciriez, Malik Koubi, Ali Skalli ¿Retrasar la edad de jubilación provoca un desbordamiento del seguro de jubilación al seguro de enfermedad? El efecto de la reforma de las pensiones de 2010 sobre las bajas por enfermedad, https://hal-cnam.archives-ouvertes.fr/hal-03507914v2/document.
Traducción: viento sur
Fuente: https://vientosur.info/el-sinsentido-de-la-reforma-de-las-pensiones/