Desde que el Presidente Bush lanzó su proyecto para modificar las leyes de pensiones de EE.UU, Chile y su sistema jubilatorio han estado presentes en el debate. Se asegura que el ex ministro pinochetista José Piñera es uno de los asesores de la reforma republicana. Entre otras publicaciones, The Washington Post, The New York Times […]
Desde que el Presidente Bush lanzó su proyecto para modificar las leyes de pensiones de EE.UU, Chile y su sistema jubilatorio han estado presentes en el debate. Se asegura que el ex ministro pinochetista José Piñera es uno de los asesores de la reforma republicana. Entre otras publicaciones, The Washington Post, The New York Times y The Economist se han referido al ejemplo chileno para destacar sus supuestos éxitos o para advertir de sus falencias. Estella James, ex consejera de Clinton, en el Washington Post -«Cómo se hizo en Chile: las cuentas de AFP y sus requisitos ocultos»- (El Mercurio, 16 de Febrero 2005) se declara a favor de las cuentas individuales al modo chileno y quiere verlas funcionando en EE.UU. Advierte, no obstante que es ilusa la afirmación de Bush de que la privatización les daría más independencia a los jubilados, y reduciría las obligaciones financieras del gobierno.. Invoca la experiencia chilena para concluir que se necesitarán importantes recursos públicos para el período de transición de un sistema a otro y para subsidiar a los pensionados perjudicados. Por su parte, el articulista del New York Times, Larry Rother, tituló sin ambajes su reportaje, «El fracaso de los fondos privados en Chile» y entre sus afirmaciones están que la pensión mínima garantizada para los imponentes privatizados no pasa de 140 dólares al mes, (un tercio del salario mínimo chileno) mientras que el gasto del gobierno en pensiones ha crecido hasta bordear el 25% del presupuesto fiscal, casi tanto como los items de educación y salud juntos. Habría que agregar que esto último se explica por el crecimiento del gasto en pensiones «asistenciales» que el gobierno otorga a una multitud de personas que llegando a la tercera edad ya no pueden trabajar y carecen de medios de vida, sin haber podido acceder a una jubilación por su trabajo. Estos subsidios son totalmente discrecionales y transitorios, dependen de los alcaldes y otros funcionarios públicos, lo que hace vulnerables a los beneficiados a toda clase de presiones políticas.
Desde luego Estelle James no menciona las circunstancias políticas que rodearon la contrareforma previsional. Fue en 1981 bajo la dictadura pinochetista, con miles de detenidos desaparecidos, fusilados, torturados, con las libertades públicas ahogadas, los sindicatos congelados, prohibidos los partidos políticos, exilados forzadamente sus opositores, expulsados de las universidades sus críticos y con los medios totalmente censurados. Sin posibilidad de debate público, con una información sesgada y una fuerte presión de los empresarios y de la dictadura, los trabajadores que, aparentemente podían optar por el antiguo, fueron forzados a entrar en el nuevo sistema, junto a los que empezaban a trabajar por primera vez. Sin embargo, no todos cedieron y una parte, aunque minoritaria, rechazó el cambio y se mantuvo dentro de la antigua ley. Curiosamente, la dictadura dejó fuera de la privatización a los militares.
El tiempo ha demostrado que los resistentes resultaron premiados y están obteniendo pensiones muy superiores a las que otorgan las compañías dueñas de las AFP. (Administradoras de Fondos de Pensiones) Mientras la pensión promedio de las AFP llegó a $ 274.087 mensuales ( 472 dólares) la pensión INP quedó en $439.504 mensuales (757 dólares). Dicho de otro modo, el empleado que se cambió al sistema privatizado está recibiendo una pensión que es apenas el 62% de la que recibe su compañero de oficina que se mantuvo en el sistema público. Unos 21.000 empleados públicos ya jubilaron en las AFP y todos los días maldicen el momento en que les creyeron a la dictadura que iban a estar mejor. Entretanto unos 157.000 funcionarios que ya han cumplido o están próximos a cumplir la edad para retirarse, se resisten a hacerlo para no sufrir un grave daño a su nivel de vida, con lo cual impiden involuntariamente el acceso de nuevos trabajadores en busca de empleo. Se ha formado un movimiento creciente de agitación entre aquellos empleados que han sufrido o van a sufrir lo que llaman «el daño previsional». El gobierno lo ha reconocido y dice que está estudiando una solución.
Un segundo problema que demuestra las serias falencias de la privatización es el grado de cobertura que otorga a la población trabajadora. Virtualmente toda la fuerza de trabajo está afiliada. Sin embargo, de un total de 6,15 millones de inscritos, sólo 2,7 millones son cotizantes regulares. Según el estatal Instituto de Normalización Previsional unos 3,5 millones de afiliados cotiza en promedio sólo 4,2 meses en el año. Esto quiere decir que un trabajador promedio necesitará trabajar y pagar durante casi 50 años, para poder completar los 240 meses de cotizaciones que se exigen como mínimo para acceder a la pensión. En esta situación se encuentra el 56%, esto es, la mayoría absoluta de los inscritos en las AFP quienes no tendrán derecho a acceder ni siquiera a una pensión mínima. José Piñera y sus Chicago Boys sabían que entre los pilares del sistema neoliberal están el alto desempleo estructural, la extensión del trabajo temporal y parcial y la facilidad empresarial para despedir, pero desestimaron sus efectos en la viabilidad del sistema. No dieron importancia a las quiebras y desapariciones de las pequeñas empresas, ni a la impunidad con que los patrones violan las normas laborales, compran fuerza de trabajo sin contratos o se apropian de las cotizaciones de sus empleados, sin entregarlas a las AFP a lo que están obligados. Desestimaron las continuas fluctuaciones económicas, inherentes al capitalismo, agravadas en su versión friedmaniana.
De lo anterior se deduce que las AFP sólo protegerán a una parte pequeña de sus cotizantes, aquellos que ocupan cargos gerenciales, ejecutivos o especialistas, cuyos altos ingresos les permiten elevadas cotizaciones. En consecuencia se avizora a mediano plazo un repunte de la extrema pobreza en el país y una agravación de la brecha entre una minoría y la mayoría, con una alta incidencia en la tercera edad y especialmente en las mujeres, que no contarán con ingresos para subsistir. El mundo de los negocios se opone cerradamente a financiar estas falencias, pues considera una conquista histórica el que la reforma haya eximido a los empleadores de toda contribución al fondo de pensiones. Desde luego la ley determina que el presupuesto público tendrá que hacerse cargo de financiar el complemento para obtener la pensión mínima, a aquel grueso contingente de trabajadores cuyos fondos no les alcance para obtenerla. Pero, para esa mayoría de trabajadores que no alcancen a cumplir veinte años continuados de cotizaciones, no está prevista hasta ahora ninguna solución. Esto quiere decir que, de una u otra forma, vuelve a plantearse la necesidad de una verdadera seguridad social universal, lo que demuestra el fracaso de los fondos de capitalización individual. El Banco Mundial, en el informe de su asesor Indermint Gill, reconoció las graves falencias del proceso privatizador en América Latina, al sostener que no aumentó la cobertura general del sistema y que ha resultado muy costosa para los trabajadores de bajos ingresos. También admitió el fracaso en otros de los objetivos declarados de las reformas: no haber asegurado el financiamiento del sistema, ni reducido la responsabilidad del gobierno, ni menos que las desigualdades entre los pensionados disminuyeran. En el caso chileno, los pinochetistas lograron sus propósitos en obligar a los trabajadores a costear las jubilaciones con su propio bolsillo y en crear para su propio lucro, un mercado privado de capitales a largo plazo, con dinero ajeno. En esta última finalidad, los principales beneficiados fueron las compañías transnacionales y grupos financieros chilenos.
Se hace mucho incapié en que las AFP han sido exitosas en administrar el dinero de los trabajadores, otorgándoles a sus cuentas rendimientos elevados por el dinero depositado. Pero, como ya se vió, por muy altas que hayan sido estas rentabilidades, ellas tienen muy poca incidencia en la acumulación final de los fondos, que individualmente dependen mucho más de los montos ahorrados individualmente y éstos a su vez, del nivel de los salarios recibidos. Sin duda, la alta tasa de crecimiento de la economía chilena (si nos olvidamos de los cinco años de recesión, desde la crisis asiática) ha sido un factor determinante en la rentabilidad de los fondos. A ello han contribuido los altos precios de las materias primas y alimentos que exportamos, sumado al notable incremento de la productividad y de la prolongada, intensiva y mal pagada jornada laboral chilena, una de las más largas del mundo. Así las tasas de ganancia de las 200 compañías más poderosas están entre las más elevadas del mercado mundial, mientras, la participación de los salarios en el valor agregado es una de las más bajas del mundo. En la desmesurada rentabilidad del capital en Chile cuenta también la reducida participación de los ingresos tributarios en el valor agregado. Esto explica la rápida acumulación de la riqueza privada en manos de un reducido número de sociedades anónimas y el consiguiente incremento del capital accionario y otros valores bursátiles. Tal es la razón que explica el entusiasmo que despierta en los círculos financieros el éxito del modelo chileno.
Por otro lado las técnicas de procesamiento de datos permiten el manejo a vostos reducidos de grandes flujos monetarios en un sinnúmero de cuentas individuales. Los métodos de selección de carteras financieras son ampliamente conocidos y todas las compañías financieras los aplican de forma similar. La administración de fondos no es una virtud exclusiva de la empresa privada. Una entidad pública o sin fines de lucro puede alcanzar los mismos resultados. También es factible establecer una seguridad pública relativa contra fraudes, por medio de estrictas regulaciones. El problema no está a nivel microeconómico, sino está en la evolución de la economía global, sometida a fluctuaciones y crisis financieras o productivas constantes que pueden resultar catastróficas para los ahorrantes voluntarios y peor aún, para los obligados, como son los afiliados al sistema privado que no pueden retirar sus fondos. En Chile, después de la crisis asiática de 1997 la economía se frenó bruscamente, cayó en recesión y la alta rentabilidad previa de los fondos se redujó drásticamente. No pocos empleados, forzados a jubilar en los momentos de caída de los valores bursátiles, vieron evaporarse de la noche a la mañana parte de sus ahorros, reunidos a costa de largos años de sacrificios. Del mismo modo, si la reforma privatizadora se hubiera implantado en EE.UU a comienzos de la administración Clinton, el hundimiento de la bolsa a fines del decenio habría sido desastroso para los trabajadores, especialmente para aquellos cuyos fondos fueron colocados en acciones tecnológicas que tuvieron alzas especulativas sin fundamento, para terminar en un derrumbe estrepitoso. En Chile, supuestamente para superar este problema se diversificaron las inversiones según el grado de riesgo, entregándole al afiliado la responsabilidad de elegir el tipo de fondo de su preferencia. Pero ni el trabajador más astuto, ni las compañías financieras más sofisticadas pueden impedir los riesgos de una inversión financiera dependiente de una globalización errática, cada vez más insegura e inestable.
La disponibilidad de un elevado excedente para inversión que generan las cotizaciones de los trabajadores no es tampoco un descubrimiento ni un atributo exclusivo de las AFP. En el antiguo sistema de reparto también se generaban superávits. En algunos casos sirvieron para financiar proyectos productivos del estado, como fué el caso de la industria forestal y otras obras de infraestructura pública. Pero, en su mayor parte esos fondos acumulados fueron colocados en préstamos hipotecarios a favor de los propios imponentes de las llamadas cajas de previsión, con lo cual decenas de miles de familias de trabajadores accedieron a la casa propia, además de sus pensiones. Las AFP colocan los fondos de los asalariados en acciones o bonos de empresas en las cuales ellas pueden ejercer un rol directivo, lo cual incrementa su poder económico y político. Por esta administración, cobran a los cotizantes comisiones que son mucho más onerosas que las comisiones corrientes de los demás agentes financieros por mantener cuentas de ahorro, Este privilegio ha llevado a bancos y compañías de seguros a presionar constantemente por entrar al negocio de las AFP, el cual está constituido como monopolio legal. Las AFP se han reducido en número, mediante fusiones y compraventas forzadas. Actualmente dos o tres de ellas, compañías transnacionales, controlan la totalidad de los fondos. Por su carácter monopólico y superconcentrado, la «industria privada» de las AFP goza de una de las mayores ganancias existentes en el país. Se comprende el interés del capital financiero de implantar el sistema en EE.UU.
José Cademartori
ExMinistro de Economía del Presidente Allende