El modelo de pensiones chileno instalado durante la dictadura de Pinochet obliga a los jubilados a buscar un trabajo para complementar las bajas pensiones que reciben cada mes.
A los 65 años, justo la edad establecida por la legislación chilena, Mario Villanueva decidió jubilarse. Después de 22 años ejerciendo como trabajador social en un hospital psiquiátrico, decidió apartar su labor como profesional del ámbito de la salud y dejar atrás las jornadas completamente dedicadas al trabajo. Sin embargo, no pudo abandonar definitivamente el mercado laboral porque su pensión no le permite llegar a fin de mes. Para complementar sus ingresos, da clases a la Universidad de Chile, en un diplomado de salud mental y psiquiatría comunitaria que, al menos durante un semestre, le permite vivir económicamente más tranquilo.
Mario cotizó durante más de 20 años (no fueron más porque la vida en la clandestinidad durante la dictadura no se lo permitió), por los que hoy recibe 245.000 pesos chilenos (330 euros), una cifra que no llega al sueldo mínimo en Chile (276.000 pesos chilenos, que equivalen a 370 euros). A pesar de que su salario como trabajador social llegaba a 1.200.000 pesos (más de 1.600 euros), lo que hoy ingresa como jubilado es menos del 25% de su salario, una cantidad absolutamente insuficiente considerando que Chile es uno de los países más caros de América Latina, con precios de los alimentos iguales o superiores a los de España u Holanda.
Como Mario, más de dos millones de pensionistas llegan a su última etapa vital inmersos en la precariedad de un sistema de previsión que, lejos de entregar tranquilidad y disfrute en los últimos años de vida, obliga a los ancianos y ancianas a buscarse la vida para sobrevivir. Profesores, funcionarios y empleados de todo tipo que se han pasado la vida trabajando, se ven obligados a seguir activos en el mercado laboral porque la cantidad que el Estado les entrega como pensión apenas llega al sueldo mínimo. Por eso, en Chile es habitual ver gente muy mayor pidiendo por la calle, vendiendo chocolates o pañuelos de papel en el transporte público, trabajando de porteros, o (en el caso de las mujeres) haciendo tareas de limpieza.
Una herencia de la dictadura
El actual sistema de pensiones del país suramericano es un legado más del macro-proceso de privatización instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Fue en 1981, de la mano del ministro de Trabajo de la época, José Piñera (hermano del actual presidente Sebastián Piñera), cuando se implementó un nuevo modelo provisional como parte de un paquete de medidas económicas importadas desde Estados Unidos por los llamados Chicago Boys, un grupo de tecnócratas formados al alero del padre del neoliberalismo, Milton Friedman.
«Antes teníamos un sistema de reparto de la seguridad social basado en más de 30 cajas de previsión según el sector productivo. No era perfecto, había algunas desigualdades muy notorias y algunas incongruencias, pero en términos generales el sistema se sostenía», explica Carolina Espinoza, dirigente sindical de la Confederación de Funcionarios de Salud Municipal (Confusam) y portavoz de la Coordinadora «No Más AFP».
A pesar de que el dictador cuestionó la propuesta y dudó de aplicarla hasta el final, los jóvenes de la Escuela de Chicago lograron convencerle con la condición de mantener a las Fuerzas Armadas en el antiguo sistema de reparto. Un privilegio que los militares mantienen hasta hoy.
El modelo impuesto por Pinochet (y exportado a varios países del mundo) se basa en un sistema de ahorro privado a través del cual el trabajador contratado, deposita cada mes un 10% de su salario a una cuenta individual gestionada por entidades privadas del sector financiero conocidas como Administradores de Fondos de Pensiones (AFP).
Las AFP son empresas que, según establece la ley, invierten los ahorros de los contribuyentes en instrumentos del mercado financiero (acciones, depósitos a plazos, pagarés, monedas, etc.) para generar rentabilidad en el tiempo. El rendimiento de estos fondos, en base a las fluctuaciones del mercado, determina la cantidad de dinero que cada persona habrá acumulado cuando llegue el momento de su jubilación.
La pensión que se asigna no se define en función de las últimas remuneraciones, sino en base a una ecuación que considera el saldo total acumulado durante el período de ahorro, la expectativa de vida, las condiciones del mercado y la composición familiar.
En función de la edad, los ahorros se distribuyen en cinco tipos de fondos de distinto riesgo y rentabilidad. Mientras un joven de 18 años depositará su dinero en el fondo A, que rinde más pero también es más arriesgado, una persona de 60 lo invertirá en el E, que termina siendo como tener el dinero bajo la almohada: poca ganancia y poco riesgo. «Ha habido crisis financieras en las que hemos perdido los ahorros de todo lo depositado en la vida porque estamos sujetos a los vaivenes del mercado financiero», lamenta Espinoza.
Las mujeres, peor
Según datos de la Fundación Sol, que estudia el mercado de trabajo y las pensiones en Chile, el 50% de las personas que jubilaron en noviembre de 2017 y que cotizaron durante 30 y 35 años, recibieron un promedio de 238.174 pesos (320 euros). Si el foco se centra sólo en las pensiones de vejez (sin contar la jubilación por invalidez u otros), la cifra promedio que recibe el 90% de los pensionistas de las AFP es de menos de 160.000 pesos (215 euros).
«Cuando se aplicó el modelo se dijo que la tasa de reemplazo (la pensión que se entrega en relación al salario) sería del 70%. Sin embargo, en el mejor de los casos, se alcanzan tazas que para los hombres llegan al 30% y para las mujeres no superan el 25%, y eso sólo corresponde a una minoría en el sector laboral de Chile, que tiene salario estable y permanente», apunta la líder sindical.
Pero, si no llega al bolsillo de los abuelos y abuelas chilenas, ¿dónde va el dinero de los más de 10 millones de trabajadores afiliados al sistema, que supone más de 75% del PIB del país? Los principales beneficiarios del negocio de las AFP son los grandes grupos económicos del país, como la banca, y las transnacionales de sectores como la minería. La Fundación Sol estima que el 40% de los fondos de previsión se invierte en el extranjero y alrededor del 15% en grandes empresas nacionales, ya sea en bonos o acciones. El Estado es otro gran receptor de las inversiones, llegando a cerca del 25% del total de los fondos, mientras que el sector financiero recoge alrededor de un 20% de los ahorros de los trabajadores.
«Estamos dando una pelea de David contra Goliat porque las AFP son las dueñas del país y pueden comprar a todos los sectores políticos, manejan los capitales y los entregan a las grandes familias dueñas del país», critica Carolina Espinoza.
Las cifras son aún más desalentadoras para las mujeres. La Fundación establece una diferencia del 42% entre las pensiones de unas y otros. Las mujeres que se jubilan antes (a los 60 años) y cobran menos durante su vida laboral, se agrupan en sectores económicos de menor remuneración y tienen una esperanza de vida más alta interrumpiendo su vida laboral para hacerse cargo del cuidado de hijos y abuelos, lo que genera interrupciones en el trabajo y, por lo tanto, más períodos sin cotizar.
Por eso, en el último tiempo han empezado a proliferar encuentros de mujeres que se reúnen para debatir sobre sus condiciones tras la jubilación, los efectos de la maternidad en la vida laboral y otros impedimentos que han dificultado la cotización a lo largo de su trayectoria.
Un sistema intocable
El sistema de pensiones es uno de los grandes pendientes de Chile, junto con la educación y la salud, para garantizar los derechos básicos de la ciudadanía. «Ningún gobierno tras la vuelta a democracia no ha tenido la fuerza para generar cambios estructurales en el tema previsional, todo lo que se ha hecho ha sido en la lógica de modificar colateralmente y con medidas parche», dice Carolina Espinoza.
La propuesta del presidente Sebastián Piñera no es una excepción y, a juzgar por su discurso durante la campaña, no impulsará modificaciones sustantivas al actual modelo. Su propuesta pasa por que el empleador aumente un 4% la cotización de sus trabajadores, pero sin tocar el modelo de negocio de las AFP. De hecho, seguirá responsabilizando a la ciudadanía de tener ingresos míseros por no haber trabajado suficiente, por haber destinado pocos recursos a su ahorro individual, o argumentando que la edad de jubilación es demasiado baja para acumular una pensión digna.
Pero ese discurso ya no sirve a los chilenos y chilenas. El modelo actual se ha ganado muchos detractores y su rechazo es transversal, en contra no sólo de las paupérrimas prestaciones que recibe la gente mayor, sino también del uso y destino de su dinero.
La sociedad chilena despertó y desde 2016 reclama cambios para volver al sistema de reparto solidario. El debate se ha instalado con fuerza en la agenda social, política y mediática, y las protestas han llegado a la calle con multitudinarias manifestaciones en todo el país. La próxima será el 22 de abril. La Coordinadora «No Más AFP» trabaja con una agenda intensa y en los próximos meses pretende aumentar la presión sobre los gobernantes convocando una huelga nacional e impulsando un proyecto de ley para cambiar un sistema que consideran obsoleto, humillante y profundamente injusto.