El gasoducto sudamericano que cruzará la Amazonia para llevar combustible desde el mar Caribe hasta el Río de la Plata todavía es un sueño, pero por las costuras de sus tubos ya afloran problemas económicos, políticos y ambientales. El proyecto consiste en llevar gas por tuberías desde yacimientos en el Caribe sur y el océano […]
El gasoducto sudamericano que cruzará la Amazonia para llevar combustible desde el mar Caribe hasta el Río de la Plata todavía es un sueño, pero por las costuras de sus tubos ya afloran problemas económicos, políticos y ambientales.
El proyecto consiste en llevar gas por tuberías desde yacimientos en el Caribe sur y el océano Atlántico frente a la costa de Venezuela, hacia Brasil y Argentina, con un recorrido de entre 7.000 y 9.300 kilómetros, según distintos estimados, enlazándose con tendidos de Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.
Cuando los presidentes Néstor Kirchner, de Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Hugo Chávez, de Venezuela, lanzaron el proyecto el año pasado se habló de costos de 7.000 millones de dólares, pero hay estimados de 25.000 millones.
Tampoco hay certidumbre sobre la capacidad venezolana para sostener el abastecimiento, el proyecto todavía dista de tener un trazado definitivo y un cronograma, y la posibilidad de obtener gas más barato dispara polémicas en el área.
En Venezuela, organizaciones ecologistas lanzaron sus primeros alertas sobre el impacto ambiental del gasoducto y exigen una discusión pública de todo el proyecto.
Ildo Sauer, director de gas y energía del gigante brasileño Petrobras, dijo la semana pasada que con el proyecto su país podría ahorrarse 11.000 millones de dólares anuales en importaciones de gas, al comprar el combustible con precios equivalentes a 26 dólares por barril (unidad de medida petrolera, de 159 litros).
La estatal Petrobras, según el noticiero Globonews, contaría con una oferta venezolana de venderle gas a precio subsidiado para garantizar su adhesión al proyecto, alrededor de un dólar por cada millón de BTU (Unidad Térmica Británica), mientras que Brasil paga ahora a Bolivia 3,23 dólares por millón de BTU.
En La Paz, que discutirá nuevos precios con Brasil en marzo, el anuncio fue considerado «un globo de ensayo de las trasnacionales cuando vamos a la nacionalización de los hidrocarburos», según el diputado oficialista Gustavo Torrico.
El opositor Oscar Ortiz consideró que se trata de «una bofetada, una competencia desleal» de Venezuela con Bolivia, y pidió al gobierno de Evo Morales distanciarse de Caracas.
El ministro venezolano de Energía, Rafael Ramírez, salió al paso de la versión, pues «un dólar ni siquiera cubre los costos de producción costa afuera en Venezuela, que es de 1,60 dólares por millón de BTU. El precio lo anunciaremos cuando definamos la ruta, pero nunca será menor de cinco dólares» por unidad, aseveró.
Pero el presidente boliviano Morales dijo el martes: «No se puede pensar que, con semejante inversión, el gas de Venezuela pueda costar más barato en Brasil, es algo absurdo que no se puede creer».
Técnicos de Venezuela, Brasil y Argentina siguen delineando un proyecto para que Kirchner, Lula y Chávez puedan adoptarlo cuando se reúnan el 11 de marzo en el distrito argentino de Mendoza, después de asistir a la investidura de Michelle Bachelet como nueva presidenta de Chile.
Una delegación de la firma rusa Gazprom ha contactado autoridades petroleras de Venezuela y Brasil en las últimas semanas, interesada en participar en la construcción del gasoducto.
El proyecto, considerado el más ambicioso de infraestructura física de América del Sur, abordará el trazado, los costos, el financiamiento y la producción y suministro de gas, así como los enlaces con tuberías ya existentes.
Se encuadra dentro de la alianza energética entre Estados de la región, Petrosur, y en la Iniciativa de Infraestructura Regional Sudamericana, aupada por Brasilia como soporte material de la naciente Comunidad Sudamericana de Naciones.
Cada capítulo acarrea polémicas. «El plan de atravesar la Guayana venezolana y la Amazonia debería encender todas las alarmas de gente preocupada por ese pulmón del planeta, hogar además de culturas aborígenes», comentaron a IPS integrantes de la organización ambientalista venezolana Red Alerta Petrolera-Orinoco Oilwatch.
Colocaron como ejemplo el gasoducto de Camisea, en Perú, «una tubería para llevar gas amazónico al océano Pacífico peruano y que en pocos años de vida ya protagonizó cuatro importantes derrames de gas líquido, con daños al entorno y a las poblaciones».
Se trata de «un plan del más rancio y primitivo desarrollismo neoliberal», que oferta un combustible más limpio que el crudo, «pero tiene mayores riesgos operacionales, contribuye como el petróleo al calentamiento del planeta, implicaría deforestaciones a lo largo del trazado y es vulnerable a desastres naturales o sabotajes», criticaron.
La red ambientalista demanda suspender el proyecto hasta realizar un debate democrático en la región sobre su pertinencia, y recuerda que hay «opciones menos comprometedoras y onerosas», como el transporte por buques.
En este punto coinciden expertos como Luis Giusti, ex presidente del gigante estatal Petróleos de Venezuela, para quien «no es por casualidad que después de unos 3.000 kilómetros de distancia, el transporte preferido para el gas licuado son los (buques) tanqueros».
En el Cono Sur «los mercados del gas natural están regulados, mientras que los precios requeridos para justificar la inversión de 25.000 millones de dólares excederían los 20 dólares por millón de BTU, que no paga ni el mercado abierto», recordó.
Pero el otro problema es la capacidad de suministro. Chávez aseveró que su país tenía reservas suficientes para abastecer a la región «durante 100 años».
Venezuela tiene en reservas de 149 billones de pies cúbicos de gas natural, es decir, 56 por ciento de las de toda América Latina y el Caribe, aunque su producción sea inferior a la de Argentina o México.
«Pero gran parte de ese gas no es libre, sino asociado a petróleo», recordó a IPS el experto Elie Habalián, quien fue gobernador de Venezuela ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo, lo que significa que para su extracción se requieren inversiones cuantiosas para producir crudo y además reinyectar gas a los yacimientos que extraen «oro negro».
Venezuela tiene una producción de gas cercana a la de su consumo, y para ciudades y refinerías de su occidente prevé importar el fluido desde Colombia durante el próximo quinquenio, en tanto desarrolla nuevos proyectos y exploraciones en la plataforma atlántica frente al delta del río Orinoco y entre su litoral sobre el Caribe.
Según Luis Rojas, ex directivo de la compañía estatal de gas, esos proyectos pueden agregar gas libre para solucionar el déficit de 2.000 millones de pies cúbicos diarios que deberá afrontar el país con su programa para distribuir gas a hogares e industrias en las 20 principales ciudades y reemplazar con el fluido los 120.000 barriles diarios de combustible líquido que consumen sus plantas termoeléctricas.
El gasoducto, recordó el grupo de opinión nacionalista Soberanía, servirá para transportar 150 millones de metros cúbicos o 5.300 millones de pies cúbicos de gas por día, «la bicoca de 46 por ciento de la producción de gas» de Petróleos de Venezuela.
«El famoso tubo ya no recorrerá 7.000 u 8.000 kilómetros sino 9.283, según Petrobras, y no costará entre 17.000 y 20.000 millones de dólares, sino 23.270 millones. Tanta precisión asombra», agregó un texto de estudiosos petroleros de Soberanía, respecto de informaciones procedentes de la compañía brasileña.
Finalmente, los presidentes deberán desentrañar la fórmula del financiamiento del ambicioso proyecto, para el que se descuentan aportes del Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento. Esta última, para todas sus operaciones otorga financiación por 3.500 millones de dólares anuales.