En una «declaración» conjunta, más de 200 personalidades hacen un llamado a «estar atentos para defender a las víctimas» del «lawfare», un concepto utilizado para designar una instrumentalización política de la justicia. «No, la justicia no debe ser usada como arma de violencia política. Sin embargo, esto se ha convertido hoy en caso corriente en casi […]
En una «declaración» conjunta, más de 200 personalidades hacen un llamado a «estar atentos para defender a las víctimas» del «lawfare», un concepto utilizado para designar una instrumentalización política de la justicia.
«No, la justicia no debe ser usada como arma de violencia política. Sin embargo, esto se ha convertido hoy en caso corriente en casi todas las partes del mundo. Desde ya, con la criminalización de los lanzadores de alerta, los sindicalistas, los activistas ambientales y los participantes en protestas arrestados arbitrariamente, los derechos de los ciudadanos han estado retrocediendo significativamente. El mantenimiento del orden liberal le cuesta muy caro a la democracia. En este punto, ya se está cruzando un umbral. Esto es lo que se llama la táctica del lawfare. Se trata de una instrumentalización de la justicia para eliminar a los competidores políticos.
El lawfare comienza con denuncias no probadas, se extiende mediante obsesivas campañas de denigración y obliga a sus víctimas a interminables justificaciones sin objeto alguno. Luego, el acoso sigue con prisión y multas. El lawfare secuestra los debates políticos en los tribunales. En fin, distorsiona el papel de las elecciones que ya no son realmente libres.
Hay muchos ejemplos. Citemos en América del Sur, al Lula brasileño, quien fue condenado sin pruebas y se le impidió presentarse a las elecciones presidenciales. Su «juez», Sergio Moro, se ha convertido, desde entonces, en el Ministro de Justicia del presidente de extrema derecha Jaïr Bolsonaro. Pero también el ecuatoriano Rafael Correa y la argentina Cristina Kirchner, son perseguidos sin tregua. En África, el mauritano Biram Dah Abeid fue encarcelado por una denuncia sin pruebas retirada después de varios meses de prisión. Y de nuevo, el abogado Massoum Marzouk, opositor del régimen de Al Sissi, encarcelado por cargos antiterroristas falaces.
En Europa, podemos mencionar al francés Jean-Luc Mélenchon quien fue acusado sin pruebas y está procesado por rebelión, o el líder ruso Sergei Oudaltsov, del Frente de Izquierda, condenado a cuatro años de prisión por organizar protestas antigubernamentales. En Asia, el líder camboyano Kem Sokha, encarcelado durante un año con el fin de privarlo de participar en las elecciones legislativas de 2018 o el acoso judicial en Filipinas contra la senadora Leila de Lima, figura de la oposición al presidente Duterte.
Se han alzado muchas voces en todo el mundo para denunciar esta situación: grupos de abogados, funcionarios religiosos como el Papa Francisco, personalidades de la defensa de los derechos humanos, sindicalistas o políticos.
Nuestra declaración conjunta acoge con beneplácito estas protestas. Pedimos vigilancia para proteger a las víctimas de este tipo de operaciones, independientemente de sus afiliaciones políticas. Llamamos a la cooperación mundial de las resistencias jurídicas. Pedimos que se denuncie ante la opinión pública a los gobiernos y a los magistrados como el juez Sergio Moro de Brasil, que aceptan desempeñar este papel nocivo contra las libertades individuales y políticas.»
Entre los primeros firmantes se encuentran: Adolfo Pérez Esquivel,Hebe de Bonafini, Ignacio Ramonet, Aminata Traoré, Manon Aubry y Martin Schirdewan, Shumona Sinha, Eugenio Raul Zaffaroni, Rashida shams al Din, Janak Chaudhari, Luiz Inácio Lula da Silva, Rafael Correa, Pepe Mujica y Pablo Iglesias.