«Hay que aspirar a Papa para llegar a sacristán». Para las elecciones del 26S el partido de gobierno se fijó metas muy altas en función de alcanzar la mayoría en la AN. El PSUV ganó 18 de los 24 estados, 56 de los 87 circuitos y 98 de los 165 diputados. Aunque no logró la […]
«Hay que aspirar a Papa para llegar a sacristán». Para las elecciones del 26S el partido de gobierno se fijó metas muy altas en función de alcanzar la mayoría en la AN. El PSUV ganó 18 de los 24 estados, 56 de los 87 circuitos y 98 de los 165 diputados. Aunque no logró la mayoría calificada de 2/3 para aprobar leyes orgánicas o 3/5 para leyes habilitantes, obtuvo la mayoría absoluta, la cual es más que suficiente para sancionar el marco legal pendiente que permita desarrollar la CRBV y avanzar en la construcción de una sociedad libre de pobreza y exclusión social. El hecho de no haber logrado todas las metas planteadas no debe interpretarse como una derrota. Ya quisiera cualquier partido político, luego de once años de gobierno, mantener la mayoría absoluta en el parlamento.
La correlación de fuerzas en la nueva AN
La correlación de fuerzas es favorable al gobierno y despeja el peligro de sabotaje de la oposición a través de maniobras de voto censura al vicepresidente o ministros/as, para lo cual se requiere el voto de 3/5 partes de los diputados/as. Por si fuera poco, la participación de casi el 70 % de los electores registrados en el REP le confiere una sólida legitimidad a la mayoría absoluta del PSUV en la próxima AN. Y en caso de necesitar la mayoría calificada, la diversidad de fuerzas contradictorias que componen la MUD, más los dos diputados del PPT, le abren a la bancada oficialista un importante compás de negociaciones y potenciales alianzas, inaugurando así una nueva etapa en la que será necesario dejar de mandar para aprender a gobernar generando consensos y construyendo acuerdos.
De la victoria al triunfalismo
La clara victoria del PSUV no puede llevar a la obnubilación del triunfalismo que impide analizar de manera más clara y sensata los mensajes y advertencias que pueden quedar sumergidos en la euforia de la celebración. Sobre todo si tomamos en cuenta que así como los candidatos de la Revolución obtuvieron el respaldo de 5.433.040 votos, también concentraron el rechazo de 5.320.175 electores.
Está claro que la demora del CNE en anunciar los resultados se debió a lo reñido que resultó el escrutinio en muchos circuitos. En la mayoría de estos finalmente los candidatos del PSUV se impusieron por apenas un pequeño margen. Esta cerrada diferencia es justamente lo que explica por qué la oposición, una vez hecha la sumatoria nacional de sus resultados parciales, si bien acumuló casi el mismo número de votos que el PSUV, no logró un número equivalente de curules. Muchos de sus candidatos, aunque sacaron una alta votación, fueron derrotados por una pequeña diferencia. Pero lo que no queda claro es cómo en la Venezuela bolivariana y revolucionaria, donde no hay tantos capitalistas ni oligarcas -como una vez se lo dijera Fidel Castro al propio Chávez-, los candidatos de la oposición hayan acumulado una votación tan alta.
Los errores cometidos: revisión, rectificación y reimpulso
Un análisis más agudo de estos resultados obliga a preguntarse si los candidatos tenían un verdadero arraigo popular o fueron importados de otros estados e impuestos por la Dirección Nacional; si estamos en presencia de un pueblo plenamente consciente y comprometido o todavía hay mucho clientelismo político que superar; si el obligatorio «trabajo voluntario» al que fueron sometidos los funcionarios públicos fue causa de abstención electoral; si la gestión de gobierno ha sido todo lo eficiente que el pueblo exige; si la inflación, el desempleo y la inseguridad son un invento mediático o verdaderos problemas que causan estragos en la población; si la torpeza con la que se procedió a expropiar pequeños comercios familiares, cercanos a sitios históricos y plazas públicas, lejos de ser visto como una conquista popular fue interpretado, por el contrario, como una amenaza a la propiedad personal y familiar; si el caso de miles de contenedores de comida podrida, cuando el ingreso de muchas familias ni siquiera alcanza para comprar la canasta alimentaria, puso en bandeja de plata argumentos a la oposición para evidenciar la supuesta indolencia e incapacidad del gobierno; si el burocratismo, la incompetencia y la corrupción son calumnias de los enemigos de la Revolución o verdaderas prácticas perversas que están minando la fe, la esperanza y el entusiasmo de la gente; si es cierto que la abstención favoreció a la oposición o, por el contrario, muchos de los que antes votaban por los candidatos del gobierno esta vez lo hicieron por la oposición; si estos resultados son una manifestación de deslealtad y traición o una advertencia sobre muchas cosas que es necesario mejorar.
No seamos ingenuos. Cada vez que haya elecciones bajo las reglas de la democracia burguesa las transnacionales y sus socios nacionales explotarán al máximo nuestros errores para reconquistar el poder, imponer sus leyes al gobierno y descalabrar así la Revolución. El Socialismo de Allende perdió bajo las balas fascistas lo que ganó con los votos del pueblo y la Revolución Sandinista perdió en las urnas lo que ganó con la vida de millares de combatientes.
Las tareas de la nueva AN
Hasta ahora el socialismo venezolano ha sido esencialmente rentista. La mejora en los indicadores sociales y el cumplimiento anticipado de las metas del milenio ha sido gracias a la inversión social de la renta petrolera y no a la creación de nuevas relaciones económicas que aseguren una distribución progresiva del ingreso a favor de las grandes mayorías asalariadas que viven de un ingreso fijo.
Asegurar el carácter irreversible de los progresos en el campo social impone al Gobierno la necesidad de contar con un marco legal que le permita acelerar la creación de un nuevo modelo productivo de amplia y creciente inclusión social; fundamentado en el control de los trabajadores directos, de los consumidores y de la comunidad organizada sobre los procesos de producción, distribución y comercialización; y, a través del cual la mayor parte de las ganancias no se distribuya sólo como dividendos entre los accionistas, sino que un porcentaje creciente sea invertido como ganancia social, en función de resolver los problemas comunes de los trabajadores y la comunidad.
Más que reactivar la economía capitalista -que aún pesa el 70% del PIB- la prioridad del Gobierno será contar con nuevas leyes que le permitan reorientar los incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, capacitación de la fuerza de trabajo, asistencia técnica, etc. en función de promover una nueva economía social que elimine la explotación del ser humano, la depredación del ambiente y la degradación de los valores éticos y morales.
Con este fin, una de las leyes clave será la «Ley para la promoción y desarrollo de nuevas formas de Propiedad Social», la cual es necesaria para delimitar los sectores económicos que el Estado se reserva por razones estratégicas, tales como petróleo, gas, industrias básicas, electricidad, telecomunicaciones, ferrocarriles, metros, puertos y aeropuertos. Al mismo tiempo, servirá para identificar los sectores en los que se estimulará y protegerá la economía social, particularmente los relacionados con las canastas alimentaria y básica, cuya producción debe quedar bajo el control de los trabajadores directos, los consumidores y la comunidad organizada. Esta ley también tendrá que dejar claro cuáles son los sectores en los que se permitirá y fomentará la inversión privada nacional y extranjera, siempre y cuando se comprometa con la construcción de un nuevo modelo productivo que erradique las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión social.