En la medida en que se acercan las elecciones presidenciales fijadas para el 7 de octubre, los sectores opositores al gobierno del presidente Hugo Chávez dejan ver con mayor claridad sus intenciones de recuperar por cualquier medio el poder perdido en 1999. Numerosos analistas locales advierten desde hace varios meses sobre planes de cierto sector […]
En la medida en que se acercan las elecciones presidenciales fijadas para el 7 de octubre, los sectores opositores al gobierno del presidente Hugo Chávez dejan ver con mayor claridad sus intenciones de recuperar por cualquier medio el poder perdido en 1999.
Numerosos analistas locales advierten desde hace varios meses sobre planes de cierto sector de la oposición, dirigidos a crear el caos y la desestabilización en el país, ante la certidumbre de una casi inevitable reelección del mandatario en la venidera cita electoral.
La victoria de Chávez en esos comicios se da por prácticamente segura en la mayoría de las encuestas y las empresas consultoras que realizan de manera periódica esos estudios solo difieren al valorar el tamaño de la ventaja que el presidente obtendrá sobre su principal adversario, Henrique Capriles Radonski.
Con variaciones muy ligeras, casi todos los sondeos de opinión otorgan una intención de voto que oscila alrededor del 30 por ciento a favor de Capriles, candidato único de la mayor parte de las formaciones opositoras y genuino representante de la élite económica y financiera privada.
Esas mismas encuestas vaticinan la reelección del Jefe del Estado con porcentajes de votación superiores al 57 por ciento, mientras que el propio Chávez intenta ir más allá, al exhortar a sus partidarios a buscar el 70 por ciento de los sufragios.
«La oligarquía, imposibilitada para desplazar al gobierno revolucionario por la vía de las elecciones que ellos mismos diseñaron, busca la vía violenta para recuperar el poder», señaló a finales de agosto un respetado columnista de la prensa capitalina.
«Los golpes, los intentos de captura violenta del poder por parte de la oligarquía, son una ley en las revoluciones pacíficas, son su constante», afirmó este analista, y agregó que «las elecciones, los períodos en que la oligarquía se mantiene en la legalidad, solo son etapas de preparación y desgaste para nuevas embestidas».
En lo que concierne a los comicios presidenciales de octubre próximo, una de las líneas de la estrategia opositora se mueve en dos niveles: por un lado participa con su candidato en el proceso y, por otro, hace todo lo posible por deslegitimar al que lo organiza, el Consejo Nacional Electoral.
Se trata, en la práctica, de crear una matriz de opinión de que el proceso electoral no es confiable.
Al mismo tiempo, mediante encuestas prefabricadas realizadas por empresas desconocidas o de escaso prestigio en esa área, se intenta inducir la idea de que Capriles está muy cerca, empatado o incluso por encima de Chávez en la intención de votos.
Con eso se prepara el escenario para acusar de fraudulentos los comicios si, como todo parece indicar, el actual mandatario es reelecto el 7 de octubre.
LOS SUCESOS DE AMUAY
«La sórdida campaña de la burguesía, no la que sucede en la superficie, sino aquella soterrada, sutil, oblicua, la que incide en la psiquis colectiva, está en pleno auge», afirmó el periodista Toby Valderrama, en un reciente artículo de su habitual columna Un grano de maíz, que publica el diario Vea.
En esa campaña se insertan las reacciones de líderes opositores y medios de prensa privados en torno al trágico incidente ocurrido el sábado 25 de agosto último en la refinería de Amuay, la mayor de Venezuela, con un saldo de más de 40 fallecidos y cerca de un centenar de heridos.
En horas de la madrugada de ese día, una fuga de gas en una de las áreas de almacenamiento de hidrocarburos provocó una fuerte explosión, que ocasionó graves daños materiales en ese sector de la refinería y en las zonas urbanas de la cercanía, además de las víctimas humanas.
Desde que se conoció el suceso y durante varios días, mientras se luchaba por apagar el fuego provocado por la explosión, se multiplicaron las declaraciones, marcadas por un denominador común: desacreditar a la actual dirección de la industria petrolera venezolana y culpar al presidente Chávez del desastre.
Incluso, la televisora Globovisión, punta de lanza de la oposición mediática al gobierno de Chávez, sacó del ostracismo a José Toro Hardy, integrante destacado de la llamada Meritocracia que dirigió Petróleos de Venezuela (Pdvsa) hasta el sabotaje petrolero de 2002-2003.
En declaraciones divulgadas por esa televisora privada, Toro Hardy calificó lo ocurrido en la refinería de Amuay de «el siniestro más grande en la historia de Venezuela» y lo atribuyó «al despido de los especialistas en materia petrolera durante el año 2002».
Otros medios se pronunciaron en esa misma línea y atribuyeron el suceso a falta de mantenimiento y a advertencias sobre problemas en la refinería que no fueron atendidos por la dirección de Pdvsa, porque «los gerentes estaban pendientes del simulacro de las elecciones (previsto para el día siguiente) antes que de sus funciones».
Capriles, por su parte, dijo desconfiar de los trabajadores de Pdvsa que están comprometidos con la Revolución Bolivariana y afirmó que cuando sea presidente colocará en la empresa petrolera a «a trabajadores que estén comprometidos con la industria y no comprometidos con un partido político».
«El objetivo es el petróleo, el ministro de Petróleo y Minería», escribió Toby Valderrama en otro artículo, y agregó: «Buscan crear la imagen de falta de pericia, de desidia en la empresa y falta de capacidad de los directivos».
EL SÍNDROME DE ATOCHA
En horas de la mañana del 11 de marzo de 2004, en la madrileña estación de Atocha, varios artefactos explosivos estallaron en un tren de cercanías, con un saldo de 191 personas fallecidas y mil 858 heridas, en lo que fue calificado del segundo mayor atentado terrorista perpetrado en Europa hasta entonces.
Tres días después, se efectuaron las elecciones legislativas, para la que todas las encuestas vaticinaban que el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, se alzaría con el triunfo y relevaría a José María Aznar en la jefatura del gobierno.
Sin embargo, el triunfo se lo llevó el socialista José Luis Rodríguez Zapatero con una ventaja del 4,9 por ciento de los votos, un resultado atribuido a la influencia de los atentados sobre el electorado español.
Entonces, numerosos analistas de la prensa madrileña coincidieron al afirmar que el vuelco en las elecciones se debió a la irritación causada por la manipulación informativa del gobierno sobre el atentado, lo que se sumó al descontento por la participación de España en la invasión a Iraq.
Ahora, en Venezuela, la situación es otra y, por el momento, se ignoran las causas exactas que originaron la explosión en la refinería de Amuay.
La persistente y amplia brecha que separa en intención de votos a Chávez de Capriles en la mayoría de las encuestas, ha motivado en varias ocasiones preguntar a los especialistas si la consideran irreversible.
A juicio de Oscar Schémel, presidente de la encuestadora Hinterlaces, una de las más prestigiosas firmas consultoras del país, esa ventaja es irreversible, salvo que ocurra algún «evento extraordinario que genere una angustia colectiva».
«Una miserable derecha venezolana se está aprovechando de lo sucedido en Amuay para crear una matriz de opinión que siembre el miedo entre los venezolanos», dijo el periodista Mario Silva en su programa La Hojilla, que transmite Venezolana de Televisión.
Todo indica, en resumen, que el tratamiento que la oposición política y la oposición mediática han dado al incidente de la refinería de Amuay, intenta, a todas luces, propiciar en octubre, en Venezuela, lo que los socialistas españoles alcanzaron ocho años atrás en Madrid como consecuencia del atentado de Atocha.
* Alfredo G. Pierrat es corresponsal de Prensa Latina en Venezuela
Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?opc=mostrar_noticia&option=com_content&task=view&id=540972