El censo electoral en Iraq es alto secreto y no lo conoce nadie, salvo EEUU. No había observadores internacionales para verificar la limpieza de las votaciones ni los hay para el recuento electoral. Los 192 observadores registrados estaban en hoteles de Bagdad y allí siguen sin salir. Tampoco hay un órgano imparcial que pueda dar […]
El censo electoral en Iraq es alto secreto y no lo conoce nadie, salvo EEUU. No había observadores internacionales para verificar la limpieza de las votaciones ni los hay para el recuento electoral. Los 192 observadores registrados estaban en hoteles de Bagdad y allí siguen sin salir. Tampoco hay un órgano imparcial que pueda dar fe de la limpieza de las elecciones ni del proceso posterior. Pese a tan absolutas arbitrariedades, Occidente ha proclamado como un éxito las elecciones en Iraq y da por ciertas las cifras de participación anunciadas por el gobierno impuesto por EEUU. Se trata de un acto de fe ciega, similar al de los gobiernos que juraban, por sus muertos, que existían armas de destrucción masiva.
Delegados de NNUU han reconocido que las cifras dadas son meras apreciaciones, ya que nadie ha podido verificarlas. Pues bien, aun dando por buena la cifra de que la participación rondó el 60% del censo electoral, debe recordarse que, según el propio gobierno iraquí, sólo se inscribió el 60% de la población con derecho a voto, cifrada en 14 millones de iraquíes. De los 1,2 millones de iraquíes en el extranjero, votó el 94% de los inscritos, pero se registró solamente un 23%. Ciñéndonos a tales cifras -que, repetimos, no son fiables al carecer de censo electoral- habría votado, como mucho, un 40% de los iraquíes en edad de hacerlo. ¿Puede afirmarse con seriedad que lo celebrado el 30 de enero ha sido un «éxito electoral»? ¿No podría la resistencia iraquí, siguiendo esa lógica, afirmar por el contrario, que el éxito ha sido suyo, pues del 100% de votantes se abstuvo el 60%, que es bastante más que el 40% admitido oficiosamente?
Iraq es, no hay que olvidarlo, un país ocupado por 200.000 soldados extranjeros y en estado de guerra. Las elecciones se desarrollaron bajo estado de sitio, sin que nadie pudiera hacer libremente campaña por la abstención ni realizar actividad política alguna contra la ocupación del país y los medios de comunicación estaban controlados por las fuerzas invasoras. Un país agredido y ocupado está impedido de ejercer libremente su derecho a la autodeterminación. En el caso de Timor Este, NNUU exigió la retirada del ejército indonesio para proceder a celebrar elecciones, pues era inadmisible celebrarlas mientras Indonesia controlara Timor. Por demás, EEUU no ha derrochado 300.000 millones de dólares para devolver Iraq a los iraquíes. Por eso Bush se dio prisa en interpretar el «éxito electoral» como un «espaldarazo» a la ocupación del país, aunque la situación sea la opuesta, es decir, que la inmensa mayoría de los iraquíes que votaron lo hicieron pensando en que así acelerarán la salida de las tropas extranjeras. Pero, según los antecedentes, EEUU sólo abandona los países que invade en dos circunstancias. Derrotado militarmente, como ocurrió en Corea en 1953 y Vietnam en 1975, o tras dejar un ejército cipayo que, como la Guardia Nacional de Somoza o Trujillo, actúe como guardián de sus intereses. Pero nada indica que pueda hacer de Iraq un país bananero u otra Arabia Saudita.
Mientras Bush interpreta a su manera las elecciones, otras cifras, estas del ejército de EEUU, revelan distinta realidad. El número de soldados muertos en acciones guerrilleras ha pasado de 17 en mayo de 2003 a un promedio de 82 mensuales. Los soldados heridos, de 142 a 808 al mes. Los ataques de la resistencia han ascendido de 735 mensuales a 2.400 y los coches-bomba de cero a 13 por mes. Este enero la resistencia derribó tres helicópteros y un avión, con 48 soldados muertos. El colmo: la efectividad de los sabotajes ha obligado a importar gasolina en un país que tiene las segundas mayores reservas petroleras del mundo.
Dar por buenas unas elecciones celebradas en tales condiciones no sólo agitará la confrontación entre chiítas, sunitas y kurdos, sino que implicará legitimar -también hay que recordarlo- las guerras de agresión y validar los crímenes internacionales. La Carta de NNUU y el Tribunal Penal Internacional verán mermada su credibilidad, pues no tendrá sentido defender un orden jurídico y un tribunal mundial si una farsa electoral basta para limpiar los más abominables crímenes y presentar a los criminales como guardianes de la paz. O serán, simplemente, órganos para juzgar a tiranuelos perseguidos por los mismos que hoy aplauden o silencian los crímenes en Iraq. Estamos ante una nueva derrota de la humanidad y el renacimiento en triunfo del más rancio y atroz colonialismo.
Una última nota. Las elecciones recuerdan las celebradas en El Salvador en 1982, realizadas para enmascarar la intervención de EEUU y derrotar a la guerrilla. Cerrada toda posibilidad de solución política, la guerra continuó ocho años más, dejando 70.000 muertos y centenares de miles de detenidos, torturados y desplazados. En esa espiral de horror están metiendo a Iraq, entre vítores a los agresores y el silencio cómplice ante sus víctimas. Lo dicho y repetido tantas veces. Si algo enseña la historia es que la historia no enseña nada.
Augusto Zamora R. es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid [email protected]