Este domingo los venezolanos elegirán a los gobernadores de sus 23 estados al cabo de una insípida campaña marcada por la incapacidad de los candidatos para hacer ofertas creíbles bajo el peso de la dura crisis económica, lo que deja la consulta como una nueva medición de fuerzas entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro […]
Este domingo los venezolanos elegirán a los gobernadores de sus 23 estados al cabo de una insípida campaña marcada por la incapacidad de los candidatos para hacer ofertas creíbles bajo el peso de la dura crisis económica, lo que deja la consulta como una nueva medición de fuerzas entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición, que busca su remplazo. Después de la elección un diálogo puede abrirse camino.
De nuevo el gobierno y la oposición de Venezuela vuelven a medirse en las urnas, esta vez en unas elecciones de gobernadores que apenas han levantado el ánimo de una población aturdida por la inflación rampante, la mayor del mundo.
Según las encuestas, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (Mud) parte como favorita para ganar la mayoría de las 23 gobernaciones de estados (provincias). Actualmente sólo tiene tres. Pero una abstención potencialmente alta, complicaciones para ejercer el sufragio y la acción de la aceitada maquinaria oficialista pueden cambiar esa perspectiva y hacer que el gubernamental Partido Socialista Unido (Psuv) renueve cargos que se pondrán en disputa este domingo 15.
La Mud apuesta a que la búsqueda de un cambio de gobierno y la angustia por la crisis económica motiven a gran parte del electorado y le permitan ganar una abrumadora mayoría de gobernaciones.
El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) confía en movilizar a millones de electores que siguen el ideario del fallecido líder Hugo Chávez y defienden los beneficios de los programas sociales que ha sostenido el gobierno en medio de la crisis.
Esa confrontación Maduro versus oposición, Mud versus Psuv domina el panorama de un modo que prácticamente no deja campo para terceras opciones y despoja a la consulta de su carácter regional o ejercicio de descentralización, pues los candidatos encarnan opciones políticas nacionales y están muy lejos de recoger necesidades y aspiraciones regionales.
Desde hace un siglo y medio Venezuela es una república federal, aunque sólo nominalmente. Hace menos de 30 años inició la elección directa de los gobernadores de cada estado, pero desde que Chávez llegó al poder, en 1999, prácticamente todas las consultas electorales tienen como único o principal carácter el pronunciarse a favor o en contra del chavismo.
Las elecciones del próximo domingo debieron efectuarse a finales de 2016, cuando venció el mandato cuatrienal de los gobernadores, pero el Consejo Nacional Electoral (Cne) las postergó indicando que el año pasado debió ocuparse de procesar una solicitud popular de referendo revocatorio del mandato de Maduro, finalmente abortado por varios tribunales locales.
La recomposición del mapa político, que puede demostrar la nueva correlación de fuerzas, se traducirá en decisiones del gobierno y de la oposición ante el diálogo que está planteado realizar en República Dominicana y cuyo principal animador es el ex presidente del Estado español José Luis Rodríguez Zapatero.
También la cantidad de votos a uno y otro lado del espectro político, quizá más que el número de gobernaciones ganadas, pesará en la conducta de la «comunidad internacional», pues Venezuela se ha convertido en un tema de debate en el hemisferio sur y en Europa.
Oposición y abstención
Las encuestas de firmas privadas favorecen ampliamente a la Mud frente al Psuv. Tradicionalmente en las elecciones regionales participa no más de 60 por ciento del electorado, pero varias encuestadoras, como Datanálisis, Delphos o Consultores 21 auguran para el domingo una intención de participación superior. Otro sondeo, de Venebarómetro, registró en setiembre que 56 por ciento de los electores están muy dispuestos a votar y, de ellos, 63 por ciento prefiere a la oposición y 27 por ciento al oficialismo.
Los análisis se han centrado más en la participación/abstención que en el juego de ofertas y simpatías, porque al cabo de 20 consultas electorales en 20 años y luego de que en cuatro meses de este año (de abril a julio) el país fuera sacudido por protestas callejeras saldadas con más de 120 muertes y centenares de heridos y detenidos, las opiniones se han mineralizado en favor o en contra del gobierno de Maduro.
El oficialismo se apoya en su musculatura para movilizar a sus seguidores, y en los programas sociales gubernamentales que alcanzan a varios millones de personas, principalmente receptoras de cajas con alimentos subsidiados, de viviendas gratuitas y de pensiones que paga puntualmente el Estado.
Aunque la intención de votar se ha incrementado en las últimas semanas, señalan los encuestadores, el gobierno también repunta. Según Datanálisis, la valoración positiva de Maduro pasó de 17 a 23 por ciento en setiembre. El alza se atribuye al cese de la agitación callejera que siguió a la elección, el 30 de julio, de la Asamblea Nacional Constituyente -repudiada por la oposición- y al rechazo a las sanciones que Washington dispuso sobre Maduro, decenas de sus colaboradores y el gigante estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
«Ahora corremos el riesgo de ganar las 23 gobernaciones», ironizó Maduro, mientras que los dirigentes opositores confían en ganar entre 12 y 18 de los cargos en juego.
Venezuela tiene 31 millones de habitantes, según las estadísticas oficiales, y el padrón electoral es de 19,5 millones de mayores de 18 años. Los electores potenciales esta vez son 18 millones, porque no se elige autoridad regional en el Distrito Capital, que comprende dos tercios de Caracas.
La cifra cierta como referente más cercano es la elección del parlamento el 6 de diciembre de 2015, cuando la Mud reunió 7.707.422 votos, con los que alcanzó 112 escaños de los 167 en la Asamblea Nacional, mientras que el Psuv y sus aliados sumaron 5.599.025.
Algunas trabas
Para esta elección de gobernadores, inicialmente prevista para diciembre pero adelantada al 15 de octubre por decisión de la Asamblea Constituyente y el Cne, se ha cambiado la empresa proveedora de software electoral (la anterior firma, Smartmatic, proveedora del software electoral durante 15 años, había declarado que los resultados de la elección del 30 de julio para la Asamblea Constituyente «fueron inflados» en al menos 1,3 millones de votos), se han eliminado algunos controles, como marcar con tinta indeleble un dedo de cada votante, se ha reducido el número de mesas de votación a disposición de los electores, y el 10 de octubre, cinco días antes de la consulta, se han cambiado o reunido varios cientos de los 14 mil centros de votación diseminados en el país.
Según afirma la oposición, en los 205 circuitos eliminados o relocalizados por el Cne en puntos más distantes de los originales para los electores, en 2015 la Mud consiguió 245 mil votos y el Psuv apenas 65 mil.
El Cne redujo la observación o acompañamiento internacional para estas elecciones a una misión del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), que preside el ecuatoriano Nicanor Moscoso y que ya avaló la elección de la Constituyente en julio.
La medida más discutida por la oposición es que el árbitro electoral desautorizó cambios en las candidaturas: cada partido de la Mud inscribió primero a su candidato a cada gobernación, y luego hizo una elección primaria, para después en bloque apoyar al favorecido por la consulta. De esa manera, en anteriores elecciones, los votos por los perdedores en la consulta interna se sumaban al abanderado favorecido con la renuncia de quienes habían sido sus competidores en la alianza, pero para este 15 de octubre el Cne negó esa posibilidad, lo que obliga a cada partido a pedir el voto para un aspirante, color y símbolo distintos a los tradicionales de su organización, y temen que así se dispersen y anulen unos cuantos sufragios en cada máquina receptora de votos.
El peso de la crisis
El contexto económico para esta elección es de crisis. La marca principal es la inflación, sin cifras oficiales desde hace dos años pero la más alta del planeta, según fuentes no gubernamentales. La firma de consultores Ecoanalítica la ubica en 525 por ciento para 2016 y cree que en 2017 cerrará en 1.400 por ciento, después de que en agosto -un mes de vacaciones escolares y bajo consumo, tradicionalmente de inflación baja- alcanzara 35 por ciento, marcando la mayor alza mensual en la historia económica venezolana.
En el bienio 2016-2017 los precios se han duplicado cada cuatro meses, y el área más sensible es la de los alimentos. A la carestía se suma la escasez, lo que da lugar a largas colas de compradores de productos esenciales de la dieta, tales como leche, harinas, aceite, azúcar, arroz o café, abriéndose campo a especuladores que venden cada quilogramo a un precio diez o 20 veces mayor que su valor nominal.
La contrapartida es que con el equivalente a un centavo de dólar se pueden comprar muchos litros de gasolina o boletos para viajar en el Metro de Caracas.
Según el Fondo Monetario Internacional, la inflación en Venezuela fue de 254 por ciento en 2016, se prevé que será de 652 por ciento en 2017, y alcanzaría a 2.349 por ciento en 2018.
El presidente Maduro recalca que en Venezuela hay una inflación inducida por agentes internacionales y de la oposición derechista interna, entre ellas páginas web que atacan la moneda y, por añadidura, Washington y sus aliados en Europa y América Latina cercan la economía venezolana obstaculizando el financiamiento y el crédito, ayudando a que se disparen los precios de bienes esenciales, como alimentos, insumos y piezas de repuesto.
La moneda, el bolívar, se deprecia a gran velocidad con respecto al dólar, hasta 38 por ciento en un mes, según Ecoanalítica. El gobierno, mientras imprime dinero inorgánico, dirige un control de cambios con varias tasas oficiales, incluida una de diez bolívares por dólar, mientras en el mercado negro el billete verde estadounidense se cotiza a más de 25 mil.
El gobierno ha decretado en 2017 cuatro aumentos del ingreso mínimo mensual (salario más bono por alimentación), el cual se ubica desde setiembre en 325 mil bolívares, equivalentes, según una de las tasas oficiales, a 30 dólares, pero a menos de 13 dólares de acuerdo al mercado negro.
Han disminuido la producción y exportación de petróleo, «salario nacional» del país, y el gobierno está en apuros para atender compromisos de deuda externa que se vencen en octubre y noviembre, pues si cumple con los pagos dispondrá de menos recursos para la importación de alimentos (más de la mitad del consumo nacional), medicinas e insumos.
Campaña insípida
El peso de la crisis económica y la persistente confrontación Maduro versus Mud dejan muy poco margen para una confrontación electoral animada con ofertas creíbles en las regiones, desprovistas de autonomía y sobre todo de recursos para encarar los problemas más acuciantes de la población.
La mayoría de los aspirantes son figuras grises, carentes de arrastre propio y que actúan como repetidoras de las consignas nacionales del oficialismo y la oposición. Hay algunas excepciones, como los oficialistas Francisco Arias, un ex militar que acompañó a Chávez en la fallida sublevación del Ejército en 1992 y que es gobernador del estado de Zulia, fronterizo con Colombia, y Aristóbulo Istúriz, un locuaz docente que ha sido vicepresidente de la república y busca retener la gobernación de Anzoátegui, estado petrolero de oriente.
En la oposición destacan Andrés Velásquez, un ex sindicalista que fue candidato presidencial a finales del siglo pasado y busca ahora gobernar el estado de Bolívar, en el sureste fronterizo con Brasil, y Henri Falcón, quien tras acompañar a Chávez durante años se hizo opositor, se proyecta como un «presidenciable» y busca ser reelecto en Lara, un estado agroindustrial del centro-oeste.
Influencia exterior
Venezuela continúa como tema de atención para varios gobiernos del mundo. Estados Unidos impuso sanciones financieras (bloqueo de cuentas, prohibición de transacciones y de visados) sobre decenas de funcionarios, incluido el presidente Maduro. Además, prohibió nuevas emisiones de bonos venezolanos en su territorio, lo que dificulta el refinanciamiento de deudas de la nación y de Pdvsa, e incrementa las previsiones que toman bancos y exportadores al comerciar con Caracas.
El presidente estadounidense, Donald Trump, no cesa de criticar al gobierno de Maduro, se ufana de las sanciones impuestas y en un acto en la Casa Blanca el 6 de octubre insistió en que «rechazamos la represión socialista y llamamos a la restauración de la democracia y de las libertades de los ciudadanos venezolanos».
Canadá adoptó sanciones similares a las estadounidenses contra 40 responsables venezolanos, y en la Unión Europea se discute seguir ese camino.
Los cancilleres del Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú) se reunieron en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en setiembre para reiterar en una declaración que en Venezuela se ha producido una ruptura del orden democrático y que harán esfuerzos por encontrar una salida pacífica a la actual crisis.
El presidente Maduro ha replicado en las últimas semanas con su presencia en una reunión de los países islámicos en Kazajistán, donde se entrevistó con el presidente iraní, Hasan Rouhani, y con una gira por Rusia, Bielorrusia y Turquía. La clave de ésta ha sido renegociar deudas con Moscú, un trámite que también se ha adelantado con Pekín, pues en años recientes Rusia y China han sido proveedores de recursos para Caracas.
¿Diálogo y acuerdo?
El pasado 13 de setiembre delegados del gobierno y de la Mud viajaron a República Dominicana, invitados por su presidente, Danilo Medina, para explorar allí, por separado y con el español Rodríguez Zapatero como intermediario, la posibilidad de entablar un diálogo para negociar acuerdos sobre la crisis política, económica y social de Venezuela.
Una segunda cita, el 27 de setiembre, se abortó porque la Mud consideró que el gobierno no había dado pasos para posibilitar el encuentro. En particular deploró que sigan en prisión decenas de manifestantes de las protestas de 2014 y de este año, y que alcaldes y otros dirigentes opositores hayan sido encarcelados y algunos forzados a exiliarse. También se resiente por las trabas para que la oposición se desenvuelva en la elección de gobernadores.
Evidentemente ambas partes se han concentrado los últimos días en la prueba electoral del 15 de octubre. Sin embargo, Maduro dijo hace una semana que borradores de un acuerdo para el diálogo «están adelantados en un 95 por ciento», aunque uno de los enviados de la Mud a la capital dominicana, Luis Florido, replicó de inmediato que «eso es falso, hay cero por ciento de adelanto».
Hay señales de que sería posible retomar el diálogo, pues en su impulso se han interesado gobiernos europeos -visitados, por separado, por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, y el opositor que preside el parlamento, Julio Borges- y varios latinoamericanos, ya señalados por el gobierno y la Mud como acompañantes: Bolivia, Nicaragua, México, Chile y Paraguay. El canciller mexicano, Luis Videgaray, dijo que su país está listo para acompañar los esfuerzos de diálogo. El Vaticano también se interesa.
El embajador de Venezuela en Santo Domingo, Alí Uzcátegui, anunció: «Para la próxima semana, después de las elecciones, hay la propensión a retomar el diálogo de una manera efectiva y eficiente». Florido replicó: «Nuevamente desmentimos al gobierno. La negociación política no ha avanzado, ha retrocedido, porque nos quitaron las garantías electorales al no permitir la sustitución de candidatos, e intentan hacer un fraude electoral».
Pero el alcalde caraqueño y negociador por el gobierno, Jorge Rodríguez, dijo este 10 de octubre: «Después de las elecciones nos vamos a sentar a terminar de cerrar el acuerdo de convivencia en el que ya hemos avanzado muchísimo los sectores de la derecha venezolana y las fuerzas de la revolución».
El general Vladimir Padrino, ministro de Defensa y estrecho aliado de Maduro, apuntó al día después de las elecciones y dijo, al anunciar el despliegue de uniformados para custodiar los comicios: «Estamos seguros de que el 16 de octubre, escúchese bien, se abrirá un camino para fortalecer el diálogo nacional».
El politólogo John Magdaleno dijo: «Lo verdaderamente crucial, más que el número de gobernaciones, es la votación» que obtengan las partes y que puedan mostrar como cartas fuertes si se entabla una negociación.
Sobrepuestas las crisis económica, social y política, una negociación estaría a la orden del día, además porque 2018 es el último año del sexenio de Maduro y una vez cumplida la elección de este 15 de octubre se abriría otro horizonte electoral, con la presidencia y el poder real en juego y, quizás, la suerte de dos décadas de revolución bolivariana.
Consigna de un chavismo crítico
Voto sí, MUD y PSUV no
A pesar de sus múltiples cuestionamientos al Consejo Nacional Electoral (Cne), que considera «se ha convertido en un instrumento incondicional al servicio de la voluntad del Poder Ejecutivo», la Plataforma en Defensa de la Constitución instó a los venezolanos a participar en las elecciones del próximo domingo.
Feroz crítica de la Mud, esta agrupación -de intelectuales, personalidades de los movimientos sociales, la política, la cultura, militares retirados y ex ministros del ex presidente Hugo Chávez, que defienden la Constitución de 1999, impulsada por él- ha denunciado sistemáticamente lo que considera son violaciones de la Constitución y atropellos del gobierno y el oficialismo venezolanos, desde que se desató la crisis institucional en Venezuela a fines de marzo pasado. Y ha intentado encarnar la voz de una alternativa de izquierda al oficialismo, en medio de un clima político altamente polarizado.
El pasado lunes 9 recomendó en una declaración votar por candidatos «despolarizados» que defiendan un programa de izquierda, o bien votar nulo, pero «de todas maneras asistir al acto de votación».
Para la Plataforma en Defensa de la Constitución, tanto el oficialista Psuv como la Mud «han dejado de representar a la mayoría del país» y «en forma sistemática, las encuestas de opinión más confiables indican que alrededor de 60 por ciento de la población no se identifica» con estas fuerzas políticas.
Luego de enumerar lo que estima ser omisiones y trabas del Cne en la organización de las elecciones del domingo, aseguró que su llamado a la participación electoral no implica «de modo alguno» que recomiende votar por candidatos de la Mud, cuya «única oferta electoral ha sido la salida de Maduro» y cuyo programa de gobierno representa un «ajuste neoliberal de efectos aun más regresivos que el que está aplicando el gobierno actual», aunque no lo manifieste públicamente, pues «perderían muchos votos», aseguró el comunicado.
«Precisamente porque un elevado nivel de abstención es el objetivo que buscan tanto el gobierno como ese sector de la oposición de derecha -afirmó la Plataforma en Defensa de la Constitución, que incluye a figuras como el sociólogo Edgardo Lander, organizador del Foro Social Mundial de 2006- es por lo que la respuesta ciudadana tiene que ser todo lo contrario, acudir masivamente a los centros de votación (…) y lograr el doble objetivo de recuperar las elecciones como forma de procesar las diferencias.»