Electricidad nuclear: Los contribuyentes pagan, las empresas se lucran

Con su Ley de Política Energética, el senador Domenici intenta crear más incentivos para la industria de la energía atómica. Otorgaría 1,1 mil millones de dólares para la producción de combustible de hidrógeno y 2,7 mil millones para investigación y desarrollo de nuevos reactores bajo el programa Energía Atómica 2010, un esfuerzo conjunto gobierno/industria para identificar sedes de nuevas plantas de energía atómica y desarrollar tecnologías nucleares avanzadas. En 2003, el Congreso aprobó una enmienda a la legislación sobre energía del Senado, otorgando aproximadamente 35 millones al programa de Energía Atómica 2010. El programa es una política para ampliar la industria nuclear con la meta de aumentar en 50.000 megavatios la generación de energía eléctrica de origen atómico para el 2020 , sembrando 50 nuevos reactores de aquí a 16 años. En esa dirección, el proyecto de ley otorgará mejores regulaciones acorde a los intereses de la industria y proporcionará nuevos subsidios para promover la inversión del sector privado energético antes de 2005, a fin de obtener que las nuevas centrales eléctricas estén desplegadas en Estados Unidos en 2010.

La inversión total de capitales para un reactor nuclear nuevo podría estar en el orden de 1,6 mil millones de dólares. El proyecto que aprobará el Congreso establecerá una norma de ‘equidad preferencial para la inversión’ que reduciría la tributación las de inversiones en nuevas instalaciones privadas de un valor por sobre 200 millones de dólares. La Ley de Energía Atómica dispone un sistema regulatorio favorable a la industria donde el gobierno comprará grandes volúmenes de energía a las compañías nucleares, que podrían cargarle al fisco al 50% del precio de mercado, y el gobierno, a su turno, revendería esta energía a los contribuyentes a tarifas más altas que las normales para compensar la diferencia.

La ley Domenici concede ventajas a la explotación minera del uranio lixiviado y promueve más instalaciones para enriquecer uranio, aduciendo que son necesarias para la producción energética. Aunque el proyecto enfrenta algunas preocupaciones ambientales de ciertos senadores en una nueva revisión, la percepción dominante es que simplemente se sacará adelante el programa nuclear. La nueva ley todavía permite que el uranio empobrecido sea tratado como basura de ‘bajo nivel’ y requiere que el ministerio de Energía tome posesión y disponga de la basura generada en las instalaciones de propietarios privados, sin ningún costo para los dueños. La ley hará fácil construir instalaciones de enriquecimiento de uranio acelerando el proceso y torciendo las regulaciones de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (Environmental Protection Agency, EPA).

La promoción de instalaciones de enriquecimiento que propicia la Ley de Política Energética beneficiará a los servicios de energía de Luisiana, que son operados por una corporación europea, la Erenco. Esta transnacional ha fracasado en sus tentativas de construir plantas privadas de enriquecimiento de uranio en Luisiana y Tennessee y está bregando por conseguir una licencia para construir una planta de enriquecimiento en Nuevo México, el estado casero de Domenici.

Finalmente, la ley derogará la prohibición de exportar uranio altamente enriquecido a otros países, haciendo caso omiso a las disposiciones domésticas contra el peligro terrorista. Un libre mercado de uranio altamente enriquecido aumentaría bastante las posibilidades de que material nuclear caiga en manos terroristas ansiosos por fabricar bombas, mientras –al mismo tiempo–, la presencia de más reactores en Estados Unidos significa más blancos para los terroristas. La actual administración apoya la expansión de la energía nuclear, pero no ha hecho ningún esfuerzo por prevenir descuidos de seguridad bajo la nueva ‘legislación patriótica de seguridad doméstica’.

Actualización de Michael Mariotte y Cindy Folkers: El proyecto de ley de energía 2003/2004 de Bush continúa atascándose en el Senado, a pesar de la utilización de varios procedimientos legislativos voluntariosos por pasarlo. Esta legislación fue engendrada en las reuniones secretas del equipo energético de Cheney (la ‘Cheney Energy Task Force’), que han sido el foco de mucha atención legal. El secreto de esta ‘fuerza de tarea’ es renombrado y constituye otra tentativa del gobierno de Bush de impedir el conocimiento público de las acciones gubernamentales. La organización institucional de la industria energética, el ‘Nuclear Energy Institute’, está satisfecho con la ‘task force’, más que con cualquier otro simple interés por la energía de cualquier época. No es sorprendente que la nueva ley llegue con roturas de impuestos, subsidios y otras iniciativas contempladas en las políticas para las viejas fuentes de energía, otorgando muy poco a los esfuerzos por una energía eficiente, sustentable o renovable. Esta es una política energética más conveniente para los años 60, carece de visión y de cualquier fundamento en favor de la autonomía energética de EEUU.

Con los esfuerzos implacables de la organización NIRS (Nuclear Information and Resource Service) y de muchos otros activistas nacionales, locales y grupos ambientales, el proyecto de ley de la energía (HR-6) fue derrotado el 21 de noviembre de 2003 por un votación 57-40. Los autores del proyecto no podrían superar a un filibustero apoyado por igual entre republicanos y demócratas. Sus numerosas disposiciones polémicas hicieron impopular al HR-6 en ambos partidos, incluyendo los créditos tributarios de 6 a 15 mil millones de dólares para la producción de los nuevos reactores nucleares. En total, este proyecto cosechó tanto odio que incluso no pudo ser tratado en la sala para un voto final.

El senador Domenici introdujo de nuevo su proyecto de energía en 2004, esta vez como S 2095, con muy pocos cambios respecto a la iniciativa legislativa original. La excepción más notable es que fueron excluidos los créditos fiscales, o tributarios, para la producción de energía nuclear (Production Tax Credit, PTC). Pero como el proyecto todavía no tiene apoyo como para pasar el Senado, Domenici decidió dividirlo en dos cuerpos, para tratara de pasar por separado las secciones de política y de impuestos. NIRS ahora está preparándose para oponerse a estos dos proyectos univitelinos. La porción política del proyecto S 2095 hasta ahora ha fallado, pero el fragmento tributario podría pasar sin cambios como enmienda de otra ley. Una vez más, el PTC nuclear tampoco es parte de este paquete de impuesto a la energía, pero Domenici amenazó con agregarlo por separado. Este crédito en impuestos ascenderá por lo menos a 6 mil millones de dólares y podría alcanzar a tanto como a 15 o aún a 19 mil millones, según estimaciones de EarthTrack.