El 23 del mes de febrero Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre el Estado de los Derechos Humanos en el Mundo, panorama que abarca 160 países. El capítulo sobre Brasil describe el agravamiento de la situación en el ámbito de los DDHH, indicando la responsabilidad directa del Congreso brasileño en esa degradación de los […]
El 23 del mes de febrero Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre el Estado de los Derechos Humanos en el Mundo, panorama que abarca 160 países. El capítulo sobre Brasil describe el agravamiento de la situación en el ámbito de los DDHH, indicando la responsabilidad directa del Congreso brasileño en esa degradación de los derechos y libertades de la población.
Entre otros varios temas, la entidad pone como ejemplo: el proyecto de ley 2016/15 que «tipifica» el terrorismo, tiene como objetivo central criminalizar los movimientos sociales; la aprobación en Diputados -iniciativa de la bancada BBB*- de una enmienda a la Constitución pretende reduce la mayoría penal contra los derechos de niños y jóvenes; un proyecto de ley 5.069/13 aprobado por la cámara de diputados de un Estatuto de la Familia -el nombre ya indica el origen en la «bancada biblia»- dificulta los abortos de mujeres víctimas de violación; y entre otros un notorio avance en el debate del proyecto de enmienda constitucional (PEC 215) que permite al Congreso impedir cualquier clase de nueva demarcación de tierras indígenas, lo que ha promovido un crecimiento de la violencia «ruralista» y sus sicarios, contra los indígenas y la población rural en general.
Amnistía también destaca el número creciente de asesinatos de jóvenes y niños negros. A la vez que resalta que no se pudo calcular la cantidad de homicidios realizados en 2015, por «falta total de transparencia» en la mayoría de los estados, pero con la certeza que superó el asesinato de 58 mil personas, la cifra de 2014. Aquí destaca los casos emblemáticos de matanzas y ejecuciones policiales e intentos de alterar la escena del crimen, para criminalizar a las víctimas.
Es evidente que el Congreso está dominado por la mafia BBB y una mayoría de corruptos, destacándose entre ellos los presidentes Eduardo Cunha de la cámara de diputados y Renan Calheiros del senado, investigados ambos por innumerables artimañas para apropiarse de dineros públicos o coimas con obras estatales y realizar fuga de capitales.
Pero la responsabilidad del gobierno central, tanto en el tema de corrupción como en el de represión y racismo no es menor. Allí se destaca la operación «Lava-Jato» que investiga las coimas que pagaban las principales corporaciones para intervenir en las obras de Petrobras. El conjunto de la clase política, tanto gobierno como oposición, tuvieron injerencia destacada en la utilización de sobornos para financiar las campañas electorales, o abrir cuentas personales en paraísos fiscales.
Respecto al racismo y a los DDHH la mayor acción de exterminio se realizó en Manaos en un único fin de julio/2015 donde 37 personas fueron asesinadas por un grupo de exterminio de policías, en represalia por la muerte de un colega.
La que le sigue en importancia por la cantidad de muertes fue en el barrio de Cabula en Salvador de Bahía, donde 12 jóvenes negros fueron asesinados -y otros cuatro heridos- por policías militares, y en una intervención judicial plagada de ilegalidades, los asesinos fueron eximidos de culpa. Mientras el Ministerio Público condenó el hecho como ejecuciones extra-judiciales. El principal defensor de la policía asesina fue el gobernador de Bahía, Rui Costa, del PT. Pero además, la complicidad del PT se expresó en que ningún funcionario del gobierno petista, ni del estado ni del país, hizo una acusación contra el gobernador nordestino, o condena por la manipulación de la investigación y la intervención judicial.
Racismo y Terrorismo de Estado en Rio de Janeiro
El Instituto de Seguridad Pública de Rio informó hace pocos días la cantidad de personas muertas en «enfrentamiento» con la policía del estado en 2015. Fueron 644 intervenciones letales de las policías militares. Aquí no se incluyen ni las víctimas de los grupos de exterminio, aunque está ampliamente demostrado que cuentan con integración de los diferentes sectores policiales que intervienen en una represión estatal «encubierta», ni se cuentan las víctimas de las «milicias», mafias de origen policial que controlan varias favelas en Rio. Por eso además de los 644 homicidios policiales, una parte importante de los 4.197 que se definen como «homicidios dolosos» es posible que también sean responsabilidad de agentes gubernamentales encubiertos.
En todo el mundo cualquier muerte violenta se caracteriza de «homicidio» y debe ser investigada por la justicia. En Brasil, hay varios términos diferentes, para caracterizar las muertes violentas: «lesión corporal seguida de muerte», «latrocinio», «homicidio doloso» y el más conocido es el antes llamado «auto de resistencia» que ahora se denomina como «homicidio derivado de oposición a la intervención policial» con el mismo objetivo de antes: eximirlo de cualquier investigación. De modo que esas 644 intervenciones letales de las policías -en especial las PMs- quizá solo representen una fracción de las verdaderas cifras del crimen policial.
Estos 644 homicidios indican 25,4 homicidios por 100 mil habitantes. Pero el aspecto más importante de estas dudosas cifras oficiales es la proporción de personas negras o pardas asesinadas en 2015: 77,2% del total.
Rio de Janeiro por haber sido capital de Brasil, en sus favelas quizá arrastre la más fuerte tradición de racismo estructural, institucional e interpersonal del país. La relación que el Estado siempre creó con la favela de lazos de clientelismo electoral y de corrupción política con el dinero del tráfico, ahora ha pasado a un segundo plano. El PMDB que contó con los dos últimos gobernadores de Rio, bajo Álvaro Cabral, con el apoyo del gobierno petista, comenzó por implantar las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs) en el territorio de las favelas. Con el asesinato de Amarildo, quedó demostrado que las UPPs eran centros de tortura y desaparición de personas. El modelo UPP comenzó a ser superado por la resistencia de los favelados y entonces el gobierno del PT, desde 2008, inició la intervención militar directa de varias favelas con unidades del ejército que venían de hacer su experiencia de laboratorio en la represión a la población de Haití, con la Minustah. En junio de 2008 los militares invadieron el Morro da Previdencia; en noviembre de 2010 ocuparon el Complexo do Alemão que reúne 13 favelas; desde mayo de 2012 irrumpieron en la favela Santo Amaro, y en abril de 2014 entraron masivamente en el Complexo da Maré con 2700 soldados del ejército y la marina.
Esta ocupación policial y militar de Rio barrió con el estado de derecho en la ciudad y en cualquier otro país del continente hubiera sido caracterizada como terrorismo de estado. Fue la falsa imagen de «progresista» del gobierno PT que le permitió que esa acción de represión brutal sobre la población desarmada, pasara como una «necesidad nacional» para garantizar los mega-eventos de la mafia internacional del futbol.
Es decir que, en Rio de Janeiro no puede haber ninguna duda que la ocupación policial-militar de las favelas, debe ser caracterizada como Terrorismo de Estado y que el gobierno petista tiene la responsabilidad principal sobre esta represión brutal contra la población pobre desarmada, en especial sobre negros y pardos.
Racismo y Terrorismo de Estado en São Paulo.
En 2015, según la Defensoría de las Policías del Estado de São Paulo -es una especia de fiscalía que controla la acción policial-, policías mataron 862 personas en todo el estado. Una cifra que con seguridad no refleja la exacta realidad de las intervenciones policiales letales.
Júlio César Fernandes, el titular de la Defensoría, afirma que la elevada letalidad policial está ligada a la falta de investigación y la punición de los agentes envueltos en la gran mayoría de los casos. «Lo que normalmente sucede es que los ‘boletines de ocurrencia’ redactados por los participantes policiales, se clasifican mayoritariamente como ‘enfrentamientos’ y todo pasa a ser archivado».
Como no existe ninguna intervención de la sociedad civil y todo se resuelve en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Pública y en los comandos de la Policía Militar, bajo un gobierno estatal de Geraldo Alckmin (PSDB) que ha dado innumerables pruebas de racismo y de apoyo irrestricto a la represión policial de la sociedad, nada se investiga y la matanza racista continúa.
La última información sobre asesinatos policiales en São Paulo, hasta el fin de semana de carnaval, indica que desde el inicio de año y en menos de dos meses, 27 personas fueron muertas por policías en la capital del estado.
En enero 2016 fueron contabilizadas un total de 20 muertes causadas por policías, lo que denota un ritmo de escalada respecto a 2015. En febrero hubo un caso en Villa Leopoldina y por lo menos 6 muertes sólo en el feriado de carnaval hasta el miércoles de cenizas. Y la impunidad sigue dominando la escena.
Con 8 muertes en 2015, Brasil es el 5º país más peligroso para periodistas
El pasado año Brasil volvió a ubicarse entre los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, con el resultado de ocho muertes de periodistas en el ejercicio de su profesión, según el informe sobre la libertad de prensa editado por la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (ABERT).
De acuerdo a la organización no gubernamental Press Emblem Campaign (PEC) sostenida por periodistas y con sede en Suiza, Brasil subió cinco posiciones en relación a la anterior pesquisa, ocupando el 5º lugar como país más letal para los periodistas, por encima de naciones en guerra como Libia, Yemen y Sudán del Sur.
El caso más emblemático ocurrió en agosto de 2015, cuando hombres armados ejecutaron a Gleydson Carbalho en el estudio de radio que trabajaba, en Camocim (Ceará). Una expresión de la impunidad con que actúan los sicarios en los estados del nordeste brasileño. Recordemos que Ceará fue gobernado por el neoliberal PSDB desde 1991 a 2007, y si contamos el primer gobierno del caudillo Tasso Jereissati iniciado en 1987 cuando aún él pertenecía al PMDB, se trató de dos décadas de dominio de un personaje nefasto que hoy ocupa el cargo de senador. Desde el 1º de enero de 2015 Ceará tiene un gobernador del PT.
Pero fue en noviembre de 2015 el peor mes para el periodismo brasileño cuando se realizaron tres ejecuciones en 11 días: un periodista de radio en Pernambuco y dos blogueros independientes en Maranhão. La mayoría de los periodistas muertos trabajaba en el tema político o en la indagación de casos de corrupción contra políticos o empresarios. La expansión de la corrupción en Brasil, con un Congreso que aloja no menos de 400 representantes indagados por corrupción en algún momento de su trayectoria política, no abre buenas perspectivas de seguridad para los profesionales.
A estas muertes hay que agregar el registro de 114 casos de agresiones, atentados, ataques, amenazas, intimidaciones, contra periodistas en 2015. En el rubro «agresiones» que suma 64 casos se destaca el aumento de ataques contra la prensa perpetrado por policías y en especial, policías militares, a pesar de estar claramente identificadas la víctimas como profesionales de la comunicación.
Corrupción: pilar de la Desigualdad
Como ya lo hemos afirmado anteriormente, la documentación histórica en Brasil demuestra que desde la colonia hasta la fecha, la supuesta «hacienda pública» siempre funcionó como un activo patrimonial de los grandes empresarios privados en componenda con los principales agentes estatales, y representantes políticos. Esto implicaba que la corrupción era publicitada y penalizada si se trataba de pequeños montos. La corrupción política en Brasil es una práctica fundamental para garantizar la desigualdad social. Se coloca siempre como barrera entre los derechos del ciudadano común y su acceso a los recursos del Estado.
Durante el «lulismo» la corrupción jugó un rol importante para la acumulación de capital de las corporaciones de la construcción o ligadas a la industria petrolera, -por ejemplo-, que se transformaron a partir de las «licitaciones» coimeadas de obras públicas, en transnacionales. Como los definió Dilma con toda precisión, los distintos Programas de Aceleración del Crecimiento (PAC) garantizaron un «festival de licitaciones». La operación Lava Jato, con todas su inequidades investigativas, es una muestra de cómo la corrupción dominó todo el proceso. Jugó un rol de primera línea también como contrapeso a los avances en derechos sindicales, sociales o aumento del salario mínimo durante el «lulismo» que podían reducir los lucros empresariales. Para el capitalista brasileño ha sido en toda su historia un factor fundamental e insoslayable. Y a los empresarios poco les importa cuál es el partido que usufructúa el gobierno en tanto la corrupción continúe siendo el eslabón que los une a la «hacienda pública». La corrupción se combina y complementa con el racismo para mantener a la población negra en un nivel de acceso inferior a la salud, educación, transporte y servicios sociales en general.
Si tomamos en cuenta sólo el caso de São Paulo, podemos tener una leve idea de lo que significa la corrupción estructural e institucional en Brasil. Según el Anuario de Justicia de São Paulo 2016 publicado el 24/02, cuatro de cada diez municipios del estado (entre nov./2014 y oct./2015) tuvo sus prefeitos (intendentes) condenados por «Improbidad Administrativa». Los principales motivos para esas 266 condenas, fueron contratación de servicios sin licitación, fraudes a licitaciones, evasión de concurso público para llenar cargos, uso indebido de dineros públicos y utilización del cargo para propaganda personal. Y es indudable que estos datos son sólo un anémico reflejo de la realidad.
Las Olimpíadas de la corrupción
El informe de Amnistía Internacional ya citado denuncia las injustas remociones de sus casas impuestas a pobladores de Rio de Janeiro, para la realización de las obras de los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos Rio 2016. Lo pone como ejemplo de violación de derechos humanos en el país. Hubo ausencia de notificación con tiempo suficiente a los afectados; indemnizaciones insuficientes y sin preocupación por un reasentamiento adecuado. La falta de respeto a la población se acentuó en Vila Autódromo, al lado del parque Olímpico en la zona oeste de Rio, donde se derrumbaron las casas antes que los pobladores pudieran sacar sus pertenencias.
El complemento de esta prepotencia son los fraudes ya denunciados por el Ministerio Público Federal (MPF) en la contratación de empresas por el Comité Olímpico Brasileño (COB) desde 2008. Para el MPF el proceso selectivo de empresas de servicio para la traducción a otros idiomas de materiales de la COB no se trató más que de una «farsa», una «simulación». De las tres empresas concurrentes en la licitación dos pertenecían a la misma familia (V&B y Primacy) y la tercera (Efficiency) era inexistente. Para completar el mamarracho licitatorio la apertura de propuestas se hizo a «puertas cerradas» sin participación de los oferentes, contrariando la transparencia exigida por la ley.
La acusación ante juzgado de Rio de Janeiro contra el COB, el vice-presidente del Comité, el Ministro Interino de Deportes, un gerente del COB y las empresas que participaron en el fraude los transforma en «reos» de la justicia.
La ejemplar resistencia de los estudiantes secundarios en São Paulo
En noviembre/diciembre de 2015 más de 220 escuelas para niños y jóvenes entre 13 y 18 años fueron ocupadas en São Paulo en jornadas ejemplares con elevado grado de organización y originalidad. Y garantizando en todo momento actividades culturales y educativas para los ocupantes. Con dicha movilización se consiguió una victoria parcial contra la reforma de la educación que intentó el gobernador Geraldo Alckmin (PSDB) en el estado. El proyecto de reforma neoliberal se iniciaba con el cierre de 93 escuelas y la transferencia a otras zonas de cerca de un millón de estudiantes. Las ocupaciones se inscriben en un nuevo ciclo de luchas iniciado en junio de 2013 en defensa de los servicios públicos. En 2013 la lucha fue por el transporte popular, y en parte logró ser desvirtuada por manipulación de los grandes medios de comunicación, y con la inclusión oportunista de consignas que nada tenían que ver con las exigencias originales de los manifestantes contra el aumento del boleto.
En 2015, la ocupación de las escuelas impidió que se adulteraran los objetivos de la lucha y esta se mantuvo siempre bajo la conducción de una juventud que hace sus primeras experiencias de disputa social. Los ocupantes impidieron los intentos de desocupación en los centros al unir un amplio abanico de fuerzas políticas y sociales en su apoyo que envolvió a los profesores, padres y madres de alumnos, movimientos sociales, artistas y otros segmentos de la población. Se creó una red de solidaridad que aumentó a medida que las ocupaciones se ampliaban y la represión se intensificaba. Cuando se intentó el desalojo de los centros, los estudiantes llevaron la movilización a las grandes avenidas de la ciudad y el gobierno estadual lanzó la represión de los truculentos policías militares, responsables de la matanza sistemática de jóvenes negros en el estado. A pesar de los apaleamientos y prisiones de menores la movilización continuó. El resultado fue la derrota transitoria de la reforma y la renuncia del secretario de educación que la estaba implementando.
El programa de reforma educacional que se mantenía en secreto, al trascender su publicación fue rechazado por todas las universidades del estado y las instituciones que nuclean a los profesores. La reforma, llamada «reorganización», para ocultar su ideología neoliberal fue identificada como un clásico recorte de gastos en la educación y el inicio de un proceso de privatización de la enseñanza pública a través de tercerizaciones y concesiones. El gobernador Alckmin intentaba disfrazar la «reforma» e impedir una discusión abierta y pública con los interesados.
Con el comienzo de las clases este año, ya se puede percibir una inquietud en las escuelas secundarias, por el aumento de las salas de clase con exceso de alumnos. En una resolución del gobierno de enero 2016 se aumentó a 50 el techo de alumnos por sala. Según la opinión de profesores se pretende reintentar una «reorganización sigilosa» en perjuicio de los estudiantes y de la enseñanza.
Referencias
Amnistía Internacional. Estado de los Derechos Humanos en el Mundo. Informe 2016 – 236 pg. Portugués. https://anistia.org.br/wpcontent/uploads/2016/02/Informe2016_Final_Web-1.pdf
Instituto de Segurança Pública (ISP) Rio de Janeiro. https://public.tableau.com/profile/instituto.de.seguran.a.p.blica.isp#!/vizhome/LetalidadeViolenta/Resumo
Ouvidoria das Polícias do Estado de São Paulo. Se trata de una especie de Ombudsman o Defensor del pueblo respecto a las instituciones de seguridad. http://www.ouvidoria-policia.sp.gov.br/
ABERT. 2015: um ano cruel para o jornalismo brasileiro. Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV. http://www.abert.org.br/web/index.php/notmenu/item/24810-2015-um-ano-cruel-para-o-jornalismo-brasileiro
UOL Notícias. 4 em cada 10 cidades de SP têm prefeiros condenados. São Paulo, 25 02 2016. http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/02/25/4-em-cada-10-cidades-de-sp-tem-prefeitos-condenados-revela-anuario-justica.htm
Jovempan. Comitê Olímpico do Brasil é acusado de contratar empresa de forma irregular 25 02 2016. http://jovempan.uol.com.br/esportes/mais-esportes/rio-2016/comite-olimpico-do-brasil-e-acusado-de-contratar-empresa-de-forma-irregular.html
*BBB es la bancada mayoritaria de la Cámara de Diputados, significa Boi (buey, por los ruralistas o agro-industria); bala (por policías, militares y defensores de la represión) y Biblia (por los religiosos intolerantes, principalmente evangélicos).
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