Contratistas ligadas a la operación Lava Jato cortaron casi 600 mil puestos de trabajo y agravaron recesión económica
En febrero de 2016, el asistente administrativo Marcelo Sales, de 57 años, fue despedido después de casi seis años trabajando en la OAS Emprendimientos en Salvador (estado de Bahía, en la costa de Brasil). El mismo día, 22 colegas también fueron desligados de la empresa. El clima entre los trabajadores, él recuerda, era de sufrimiento con noticias que involucraban al grupo empresarial en la Operación Lava Jato, que investiga los esquemas de corrupción en la Petrobras.
«Quedamos decepcionados y preocupados con el desempleo, pero nosotros sabíamos que, en verdad, somos apenas café pequeño en esa historia toda», dijo. Después de un año y cuatro meses del despido, Marcelo aún está desempleado.
La OAS recortó cerca de 120 mil puestos de trabajo entre 2014 y 2016. En la filial en que trabajaba, según el ex empleado, la justificación para los despidos en masa fue la reducción de costos. En 2016, la deuda total de la OAS alcanzó USD$ 3,36 mil millones. Al final de octubre de aquel año, el Tribunal de Justicia de São Paulo aprobó el pedido de recuperación judicial del grupo.
Las diez mayores empresas citadas en la [operación] Lava Jato, incluyendo la OAS, recortaron, entre el fin de 2013 y diciembre de 2016, casi 600 mil puestos -el equivalente al 5% del total de personas que entraron en la cola del desempleo en el mismo período, que fue de 11,2 millones. El levantamiento fue hecho por el periódico Estado de S. Paulo.
Crisis
Pero el efecto de la Operación puede haber sido aún más devastador si se consideran los puestos indirectos que fueron cerrados en la cadena productiva de estas empresas. El ingeniero de productos Saulo Labaki, de 56 años, fue despedido en abril de 2015 de una empresa que proveía equipamientos a Petrobras para perforación de pozos submarinos.
«Petrobras interrumpió algunos contratos y nuevos proyectos fueron recortados, entonces la construcción tuvo un corte brutal», relató. Saulo estima que casi 60% de su equipo fue desligado en el mismo período. La Asociación de Empresas de Servicios Petroleros estima que el sector de gas y petróleo perdió aproximadamente 440 mil empleos entre 2013 y 2016.
Evaluación
Para el profesor del Instituto de Economía de la Universidad de Campinas (UNICAMP) José Dari Krein, los procesos investigativos de la Lava Jato están ocurriendo de «manera oscura». El economista afirma que la operación ha fragilizado a los sectores y empresas que tuvieron un papel determinante para apalancar el crecimiento de la economía del país en la última década.
Según informe de la consultora Tendencias, la caída de las actividades de Petrobras y de las contratistas involucradas en la Lava Jato tuvieron gran impacto en el resultado negativo del Producto Interno Bruto (PIB) – que fue de 3,8% en 2015 y de 3,6% en 2016. El cálculo estima que la operación es responsable por hasta 2,5 puntos porcentuales de la caída del PIB en cada año.
El profesor de la UNICAMP defiende que la corrupción debe ser «sistemáticamente combatida y abolida», pero «sin destruir las empresas». «Lo ideal sería combatir la corrupción, castigar los corruptores, inclusive la presidencia de las [empresas] contratistas, pero tratar de preservar la estructura de los negocios porque eso tiene un efecto muy perverso sobre la dinámica económica», ponderó.
En la misma línea, André Tokarski, coordinador del Frente Brasil Popular (FBP), considera que la corrupción es endémica a escala mundial. En estos casos, considera que el Estado debería crear mecanismos legales para asumir temporalmente el control accionario de estas empresas.
«Alemania, en la reconstrucción post segunda guerra mundial, preservó a las empresas y castigó a los empresarios que colaboraron con el régimen nazi. Y nosotros aquí estamos dilapidando. Si dueños de empresas cometen crímenes, las empresas y los empleos que ellas generan deberían ser preservados», dijo.
Propuestas
Entre los planteos del Plan Popular de Emergencia, un documento en el que propone medidas para la salida de la crisis y la recuperación del crecimiento del país, el Frente Brasil Popular (FBP) -que está formado por más de 80 organizaciones- propone la alteración del artículo 243 de la Constitución Federal. El objetivo es expandir la confiscación de bienes y propiedades empresariales también para los sentenciados por corrupción.
Actualmente, la legislación restringe la confiscación a los condenados por trabajo esclavo y drogas. Con la propuesta del Frente, los activos serían incorporados a la economía estatal y garantizarían la continuidad de estas empresas y, consecuentemente, el empleo de sus trabajadores.
Aumento del desempleo
El plan del FBP también prevé otras estrategias para revertir la crisis de empleo en el país. El dato más reciente del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE) mostró que había 14 millones de personas desempleadas en Brasil en el trimestre entre febrero y abril de este año. En el período, la tasa de desempleo en el país fue de 13,6%.
Todavía según el IBGE, Brasil ganó cerca de 2,6 millones de nuevos desempleados en el primer año de gobierno golpista de Michel Temer (PMDB) – un aumento de 23,1% en relación al trimestre anterior a su toma de posesión como presidente interino, en abril de 2016.
En este escenario, la recolocación profesional parece todavía aún más difícil. Es lo que ahora une tanto a Saulo como a Marcelo, que vuelven a buscar trabajo, estando ambos ya sobre los 55 años de edad. «Creo que mi edad es un agravante, pero [la economía] está difícil de recuperar», dijo el ingeniero.
Según el Ministerio de Trabajo, el gobierno viene tomando «iniciativas para impulsar la generación de empleos, al mismo tiempo que los senadores analizan la propuesta de modernización laboral, que también incentivará la contratación de más trabajadores en el sector privado».
Pero, para Dari Krein, las propuestas que el gobierno federal presenta como alternativa para la generación de empleo son «falacias». «El proyecto que Temer está ejecutando, basado en el documento Puente para el Futuro, cree en la tesis de que hay que retirar al Estado y favorecer al sector privado», dijo el profesor de la UNICAMP.
Entre otras medidas, el Plan Popular de Emergencia defiende además la creación de un Fondo Nacional de Desarrollo y Empleo, financiado por el uso parcial de las reservas internacionales y la revocatoria de todas las medidas de la misma índole aprobadas durante el gobierno usurpador.
Traducción: Pilar Troya