El actual mes de julio debería ser encarado por Dilma Rousseff como un marco importante de las absurdas limitaciones de su gobierno, en relación de las decisiones equivocadas que vienen siendo asumidas desde el inicio de su mandato. El inicio de la gestión del actual gobierno fue marcado por el temor de un recrudecimiento inflacionario, […]
El actual mes de julio debería ser encarado por Dilma Rousseff como un marco importante de las absurdas limitaciones de su gobierno, en relación de las decisiones equivocadas que vienen siendo asumidas desde el inicio de su mandato. El inicio de la gestión del actual gobierno fue marcado por el temor de un recrudecimiento inflacionario, que lo llevó a decidir, a través del Banco Central, por la elevación sistemática de la tasa Selic, en cinco diferentes veces consecutivas. El ministro de Hacienda declaraba entonces, que su objetivo era producir una desaceleración en el ritmo de la actividad económica como forma de aflojar la presión inflacionaria que, supuestamente, se presentaba como una peligrosa tendencia a ser combatida. Otra preocupación explícita del equipo económico, era con el proceso de valorización del real frente al dólar, especialmente por los efectos negativos producidos en los resultados de la balanza comercial. A partir de la mitad del año pasado, con todo, la percepción de los gestores de la política económica se había alterado: la desaceleración económica se hacía sentir de forma más intensa que lo deseable y el agravamiento de la crisis europea se agregaba a las preocupaciones del gobierno. Las medidas de elevación de las tasas de intereses acabaron por producir un estancamiento económico en el tercer trimestre del año y las medidas de inyección de liquidez -adoptadas por los bancos centrales norteamericano y europeo- mantuvieron el alza los flujos de capital especulativo para países como Brasil, contribuyendo a la indeseable valorización del real. En este contexto, el 2012 comenzó con Dilma Rousseff preocupada en evitar el pobre crecimiento del PIB observado en el 2011 (2,7%), abajo de la media mundial y el más débil desempeño entre los países de la propia América del Sur. Para el gobierno, la idea era buscar asegurar una expansión del PIB de 4,5%. En relación al cambio, las medidas buscaban inhibir operaciones de préstamos y financiamientos entre las filiales de las multinacionales y sus matrices, para que ayudaran a disminuir el flujo de entrada de recursos especulativos. Además, la salida de recursos de extranjeros aplicados en las bolsas de valores y mercaderías, acabó. Desde el punto de vista del ritmo de la actividad económica, los resultados no podrían ser más desalentadores. Sucesivas evaluaciones fueron hechas por el gobierno y por instituciones ligadas al mercado, y hoy existe un consenso que, en la mejor de las hipótesis, la economía deberá crecer en torno de apenas 2%. Varias medidas han sido anunciadas, siempre en torno de exoneraciones fiscales y de concesiones de créditos subsidiados a sectores empresariales, aunque no han surtido el efecto esperado. Hay incertidumbres por parte del capital privado para nuevas inversiones y las respuestas en la esfera del consumo se muestran tímidas ante el fuerte endeudamiento de las familias, contraído en los últimos años mediante la política en curso de reducción de las tasas de interés.
La gran alternativa que podría estar al alcance del gobierno, sería una guiñada en los llamados gastos públicos, tanto en términos de nuevas inversiones como en el incremento presupuestal, sobre todo en atención a las demandas salariales de los funcionarios. Por tanto, la disminución de las metas de superávit fiscal podría abrir un margen de maniobra importante al gobierno, para viabilizar esos objetivos. Pero, esta es una medida casi prohibida dentro de la lógica del gobierno. Para el rompimiento de la verdadera dictadura fiscal representada por el superávit primario, de forma consecuente y sustentable, habría necesidad de un amplio cambio en el conjunto de la política macroeconómica. Mecanismos de control de los flujos cambiarios, mayor eficacia fiscalizadora sobre los bancos y una sustantiva mudanza en el patrón de administración de la deuda pública, con una fuerte reducción en tasas de interés de los títulos públicos, mucho más allá de la reducción de la tasa Selic. Esas serían medidas esenciales. Habría, particularmente, la necesidad de una fuerte atención con nuestras cuentas externas, presionadas fuertemente por la cuenta de servicios y por la reducción del saldo comercial, que año trás año viene aumentando el déficit en cuenta corriente del país. Controlar la remesas de lucros al exterior y dotar a nuestras exportaciones de mayor competitividad, a través de una tasa de cambio desvalorizada, serían también medidas importantes para una transición que tuviese como objetivo una nueva realidad económica, favorable al capital productivo, la generación de empleos de calidad y la ampliación de los gastos públicos. La mayor dificultad para un cambio de esa naturaleza no se encuentra en la esfera técnica. Los obstáculos son de naturaleza política. La adopción de una política económica alternativa implicaría romper con el pacto de poder hegemónico, construido desde mediados de los años 90, y que tiene en los bancos y multinacionales a sus principales accionistas y beneficiarios. Exigiría, por tanto, coraje político para enfrentar a los actuales dueños del poder. Pero, como todo lo indica, el gobierno Dilma se encuentra en una trampa dictada por sus opciones de gobernabilidad, heredadas del gobierno Lula. Abriendo mano del papel protagónico que debe guiar el Estado en un país dominado por el capital financiero, el recrudecimiento de las actuales dificultades del gobierno deberá ser respondido con mayores concesiones al capital privado. Cambios en la legislación laboral vuelven a ganar destaque y, bajo el manto de la inversión, lo que se anuncia es un conjunto de medidas para entregar a la iniciativa privada los sectores de infraestructura.
Aeropuertos, ferrovías, carreteras y puertos deberán ser concedidos a operadores privados, inclusive extranjeros, a través de las asociaciones público-privadas, y donde curiosamente -como viene ocurriendo desde el inicio de la tragedia de las privatizaciones- el siempre presente BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) estará actuando como financiador de esas operaciones.
De esa forma, en medio del agravamiento de la crisis del capital financiero en el mundo desarrollado, en medio de la fragilidad del Estado brasilero frente a sus obligaciones constitucionales con nuestro pueblo (en términos de educación, salud, vivienda popular o transportes públicos), continuamos profundizando los principios y las políticas dictadas por el neoliberalismo para un país periférico. El precio de esa opción, de condenar a Brasil a una condición subalterna de las presiones privatistas y extranjeras, es alto y grave: mantenemos la triste trayectoria de renuncia a nuestra soberanía, autodeterminación y de nuestra propia inteligencia, por cuenta de la incapacidad y cobardía de las elites económicas y políticas.
Paulo Passarinho es economista y presentador del programa radial Faixa Livre.
Traducción de Correspondencia de Prensa