La visión geopolítica que subyace en el texto de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, referida en la «Exposición de motivos», postula la existencia de un mundo organizado a través de un sistema de derecho internacional, regido por el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la cooperación, la solidaridad y el […]
La visión geopolítica que subyace en el texto de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, referida en la «Exposición de motivos», postula la existencia de un mundo organizado a través de un sistema de derecho internacional, regido por el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la cooperación, la solidaridad y el multilateralismo, vale decir los presupuestos que guiaron el surgimiento de las Naciones Unidas después de la II Guerra Mundial.
Luego de la llamada «Guerra Fría» y a partir del colapso de la Unión Soviética, de manera sostenida se fue creando una doctrina de política exterior, en los EEUU, destinada a justificar la hegemonía norteamericana a escala planetaria, asumiéndose como único poder soberano global capaz de ejercer la violencia legítima. Esa doctrina encontró la oportunidad de concretarse, de manera plena, después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, a partir de los cuales el gobierno norteamericano postuló, al interior de una declaración de «guerra infinita» contra el «terrorismo», una suerte de Estado de excepción globalizado. Y, quizá, en este punto convenga recordar la conocida definición de un teórico fascista quien postulaba, en la segunda década del siglo XX, que «soberano es aquel que decide cuándo decretar un Estado de excepción».
Esta pretensión, de aprovechar la brutal tragedia del 11 de septiembre para proyectar, en todos los terrenos, una soberanía política global, se manifestó, como es ampliamente conocido, no sólo en la violación de la mayor parte de los acuerdos existentes que regulaban la guerra hasta esa fecha del 2001, sino que, además de ello, pretendió encubrir, con un barniz de legitimidad, el propósito de consolidar la presencia militar norteamericana en el Medio Oriente. Todo lo anterior, además, se encuentra acompañado por importantes transformaciones en la concepción de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Dichas transformaciones han sido englobadas bajo el concepto de «Revolución en los Asuntos Militares» y tienen el propósito de crear una fuerza armada regular ultra-tecnificada, a nivel de los sistemas de comunicación, control y comando, integrando los más importantes avances cibernéticos dentro del sistema de armamentos. Uno de los propósitos de esta «Revolución en los Asuntos Militares» ha sido tratar de crear una situación bélica en la que las Fuerzas Armadas norteamericanas, por su superioridad técnica, puedan, eventualmente, no tener bajas. Es la conocida doctrina de «bajas cero», como se la conoció durante el conflicto de la década de los 90 en los Balcanes. Y, simultáneamente, esta transformación viene acompañada, como la otra cara de la moneda, de la figura del mercenario o «contratista privado» (cuya compañía transnacional más conocida es la «Blackwater», propiedad del financista de los Bush, Eric Prince).
En un contexto como el anterior, de «guerra infinita» y de «Estado de excepción global», el mercenario adquiere, para la máquina de guerra norteamericana, una importancia suprema: es el combatiente que va, contratado por una empresa transnacional, a hacer el «trabajo sucio» sin que sus acciones puedan ser atribuidas a Estado alguno ya que son, por un lado «contratistas privados» y, en número considerable, su nacionalidad de origen es bastante diversa, contando, en sus filas a no pocos salvadoreños, colombianos y chilenos vinculados a las violaciones a los derechos humanos en sus países de ciudadanía. Esta figura representa, a escala global, lo que ha sido la tristemente célebre noción del «paramilitar» en Colombia.
Hoy por hoy mientras la elite norteamericana, independientemente de su adscripción partidista, no renuncie a esa pretensión de soberanía global y de control sobre los recursos naturales estratégicos de la tierra, la principal hipótesis de conflicto, para todo Estado nacional que pretenda ser soberano, es la de tener que enfrentar, eventualmente, una agresión militar por parte del gobierno de los EEUU, tanto de sus fuerza regulares como de sus mercenarios. Planteando que estas son, por tanto, las líneas generales de la visión geopolítica que sustenta a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en términos de su principal hipótesis de conflicto, la creación de la Milicia Nacional adquiere su radical importancia. De hecho, ya que se trata del ciudadano de a pie convertido en soldado, la figura del miliciano nacional bolivariano es el reverso absoluto, la negación más plena, de lo que representan, dentro de la corriente neoliberal de privatización de la guerra, el mercenario o el «paramilitar».
Esta Milicia Nacional Bolivariana debería, además, valorarse como un importantísimo elemento disuasivo, de carácter estratégico, orientado a mostrar, ante los ojos de los enemigos actuales o potenciales de nuestra nación, los grandes riesgos de una agresión contra nuestro territorio: la guerra de resistencia de todo un pueblo, en tanto hipótesis de conflicto, contra un eventual agresor externo, claramente evoca, en la percepción de cualquier factor enemigo, el llamado «trauma de Vietnam» y el actual empantanamiento de las fuerzas norteamericanas en Irak, una experiencia, por cierto, que el público norteamericano no va a querer repetir a corto o mediano plazo.
Por otro lado, la coexistencia entre la Milicia Nacional Bolivariana y las fuerzas convencionales de nuestro ejército no implica, en lo absoluto, contradicción alguna. Al contrario: de lo que se trata es de combinar, de manera flexible, tanto los elementos más sofisticados, a los cuales podamos acceder, de la guerra moderna con la rica experiencia de las guerras de liberación de los pueblos del Tercer Mundo. Y, junto a lo anterior, vale la pena recordar que la combinación de fuerzas convencionales con fuerzas milicianas es algo que no sólo se encuentra presente en la vasta y rica tradición de las luchas de los pueblos por su soberanía, como es el caso de Vietnam, sino que, incluso, en el momento actual, dicha combinación forma parte de la estructura fundamental de las fuerzas armadas suizas, insospechables, desde todo punto de vista, de cualquier radicalismo político.
A partir de lo anterior, resulta altamente significativo que una parte considerable de los ataques de la oposición se concentren en el tema de la Milicia Nacional Bolivariana (enlazándolo, además, con el tópico de la derogada Ley del Sistema de Inteligencia y Contrainteligencia) como ocurre con las últimas declaraciones, en «Aló ciudadano», el día 14 de agosto, de Rocío San Miguel, un personaje, por cierto, que ha manifestado, en ocasiones anteriores, durante una entrevista a un diario colombiano, que nuestro país constituye una amenaza militar para Colombia.
Durante su participación en el programa de TV ya señalado, Rocío San Miguel cuestionó la Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, destacando que esta normativa «afecta a todos los venezolanos y no sólo al sector militar». De acuerdo con su interpretación, en esta ley se «introdujo una cláusula donde se activa parte de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, cuando se asigna a la Fuerza Armada para que dirija el sistema de Inteligencia y Contrainteligencia Militar sin control, sin estar supeditado a otro poder y sin la preexistencia de una norma que regule su actuación».
Explicó que en la práctica esto significa que las actividades de los «Consejos Comunales estarán bajo la coordinación de las milicias populares bolivarianas, es decir expuestos al sistema de Inteligencia y Contrainteligencia Militar».
Las declaraciones anteriores no se corresponden, en lo absoluto, con el texto de la Ley. En ninguno de sus artículos aparece referencia alguna a la supeditación de los Consejos Comunales a la lógica militar de la Milicia Nacional Bolivariana. Esta mentira tiene el propósito de reforzar un argumento, igualmente falaz, expresado anteriormente: el de la no «preexistencia de una norma previa» que regule la manera en que la Fuerza Armada va a dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia. En realidad, lo que hace esta Ley Orgánica es asignar una función a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sin negar, en ninguno de sus enunciados, que se vaya a elaborar, como ya lo anunció anteriormente el Presidente, una nueva Ley del Sistema Nacional de Inteligencia que especifique el modo en que la Fuerza Armada va a asumir su rol de dirección y coordinación en esos aspectos ligados a la seguridad del Estado.
Pero más allá de estas manipulaciones, lo importante es advertir que el ataque fundamental contra la Ley de la FANB se encuentra concentrado en la Milicia Nacional y, por ende, afecta, de manera directa, a la principal hipótesis de conflicto de la República Bolivariana de Venezuela, dentro de la actual coyuntura global. Este hecho revela, de manera más o menos transparente, según creo, hacia dónde apunta, en términos estratégicos, este tipo de manipulación informativa: a socavar y, eventualmente, anular o destruir, la capacidad del Estado venezolano de ejercer plena soberanía sobre su territorio, destruyendo, de paso, la unidad cívico-militar implícita en la noción de corresponsabilidad, entre Estado y sociedad, en la defensa del país.